La minería informal en Perú no es un fenómeno
reciente, pero su visibilidad y expansión han alcanzado un punto crítico los
últimos años, no solo por los enfrentamientos violentos entre sus pares, sino
también por los crímenes sangrientos perpetrados por la delincuencia en las mismas
zonas de explotación, además de las frecuentes protestas.
Desde finales de junio, los mineros informales han
organizado bloqueos y paros en corredores estratégicos en el norte y el sur del
país, exigiendo por cuarta vez la prórroga del Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo) y cambios en el régimen de formalización. Con esta
medida presionaron al Congreso para que se apruebe la ley que regula el régimen
especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Ley
MAPE). La dilación del paro obligó a la
Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a revisarla al término
de la primera semana de julio. Sin embargo, el predictamen no alcanzó los votos
necesarios para su aprobación y el proyecto quedó reprogramado para su discusión
en una próxima legislatura.
Durante la tercera semana de protesta, la
Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú
(Confemin Perú) hizo una tregua para facilitar el diálogo con la Presidencia
del Consejo de Ministros. Confemin exige la devolución de los Reinfo a 50 000
mineros, que en la víspera fueron excluidos del proceso. En este punto hay que precisar que el proceso de
formalización de este sector inició en el 2012 y que, desde entonces, no ha
logrado los objetivos esperados, permitiendo que muchos mineros ilegales se
capitalicen sin que sean sancionados debido a que su proceso de formalización estaba
en curso.
Hay que recalcar que en este conflicto convergen
intereses legítimos de supervivencia económica y derechos territoriales de
varios grupos poblacionales que han sido largamente olvidados por el Estado, y
que han visto en la pequeña minería (formal, informal, comunal, pero también en
la ilegal) una puerta para salir de la pobreza, sin prever los altos costos que
esta actividad y las condiciones en las que se realiza, genera para su salud y la
vida misma. Esta realidad no niega el impacto que esta actividad tiene sobre
los derechos de otras poblaciones también olvidadas y que requieren de una
respuesta expeditiva del Estado, a fin de contrarrestar los graves daños
ambientales provocados por los relaves, el uso de dragas, quimbaletes y
químicos que contaminan sus tierras y el agua que usan para sus actividades
productivas. Ejemplo de ello son La Rinconada en Puno y diferentes lugares de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por esta actividad ilegal.
Si bien este gobierno no tiene ni la capacidad ni
las ganas de solucionar este problema desde la raíz, es decir resolviendo
problemas estructurales, sí podría comenzar por revisar el marco legal de las
concesiones mineras, que es una de las demandas de la Confemin y uno de los
escollos para la efectividad del proceso de formalización.
Según datos de CooperAcción, el 15,5 % del territorio nacional –cerca
de 20 millones de hectáreas– está concesionada a titulares formales (generalmente a la mediana y
gran empresa) que, por un pago de derecho de vigencia que varía entre los US$
0.5 y US$ 3 mensuales por hectárea, pueden mantener esa titularidad por un
tiempo indeterminado. Esto ha permitido que por muchos años estos
“propietarios” realicen convenios con mineros informales para que exploten sus
concesiones a cambio de una cantidad de dinero o un porcentaje de lo que
extraigan. Con el inicio de la formalización, el gobierno solicitó como
requisito a los informales, la oficialización de esos convenios en contratos
que en muchos casos no se lograron concretar. Sin tierra no hay actividad que
formalizar. De allí que, de los 84 000 mineros inscritos en el Reinfo, solo
el 2.4% haya logrado formalizarse.
Así las cosas, las protestas recientes no son solo
expresiones desesperadas; revelan la crisis profunda de un modelo extractivo
que excluye y genera inequidad territorial. Mientras miles de hectáreas están
ya aseguradas por empresas formales, un sector amplio de mineros artesanales
sigue excluido del sistema, expuestos a la vulnerabilidad legal y la coerción de
actores criminales.
El Estado extiende concesiones, pero carece de
mecanismos eficaces para garantizar la conexión entre concesiones grandes y la
minería artesanal, informal o comunal. Además, el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (Ingemmet) ha demostrado que ha sido poco cuidadoso al aprobar
concesiones, superponiéndolas a otros derechos territoriales, como los comunales o zonas de amortiguamiento de reservas naturales.
Apurímac es un ejemplo de ello, una de las regiones con más territorio
concesionado (56%) y en donde los conflictos no cesan entre las comunidades y las
grandes empresas.
Nuestro país necesita transitar hacia un modelo más
inclusivo, ordenado y equitativo. Aunque suene bastante discutible, es
necesario una reforma del Reinfo, pero con un saneamiento territorial serio que
permita identificar las concesiones ociosas y a los titulares que han abusado
de los “convenios” de la mano con los informales, recibiendo cómodamente
pingües ganancias, pero invirtiendo solo en los derechos de vigencia, sin que
les importe si se explota gente, si se contamina o si se fomenta en zonas
aledañas la trata de personas. Se necesita simplificar los procesos de
formalización para la minería informal, pero sin precarizar los controles
ambientales ni dejar expuestas zonas con ecosistemas frágiles como en la selva.
Hacer minería en los ríos de nuestra Amazonía no es un asunto negociable, en
especial por la poca capacidad que ha demostrado el Ejecutivo para el control
de la actividad en territorios intangibles.
El Estado enfrenta un dilema: mantener la inviolabilidad
de las concesiones –en la que creemos ha perdido capacidad– o reconfigurar el
marco concesional para incluir a la pequeña minería como aliada estratégica. La
respuesta se cae de madura, solo hace falta decisión política. Quedan cinco
meses y medio para cerrar el proceso de formalización y que los informales
pasen a engrosar la fila de los ilegales.
desco Opina – Regional / 18 de
julio del 2025
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