Una política de aguas que hace agua

 El pasado 9 de enero del 2026 se publicó la Resolución Ministerial N° 007-2026-Vivienda por la cual se aprueba la transferencia financiera de más de 52 millones de soles a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas.

En nota de prensa se menciona que la decisión responde al esfuerzo conjunto entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sedapal, orientada a cerrar brechas en el acceso a agua potable, especialmente en sectores donde aún no existe infraestructura de redes y donde la presencia del Estado es crucial. Al margen de ello, podemos dar fe de primera fuente que el abastecimiento se da de manera igualitaria a todos los pobladores, esto significa, el llenado de un tanque de 1100 litros en el mejor de los casos, pues si no cuentan con este repositorio, se llenará aquel que la familia disponga. Este abastecimiento se hace una vez por semana y una vez por vivienda, sin importar que en ella habite una familia nuclear o extendida, provocando que el agua no alcance para las necesidades de todos los habitantes, quienes consideran que es mejor pagar por un servicio que les dote del agua que requieren, así como sucede en otras partes de la capital, en donde habrá un alza en la tarifa a partir del mes de febrero.

Este incremento de costo oscilará entre el 12% para hogares y el 20% en el sector industrial, según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, que ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras a nivel nacional, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio. En ese sentido, valdría la pena preguntarse cuáles son los planes estratégicos que se manejan desde esta empresa para dotar de agua a una ciudad que cuenta con alto nivel de estrés hídrico y si el hecho de asignarle más recursos servirá para brindar un servicio permanente y de calidad a quienes vivimos en ella. Esto, además de priorizar un uso más adecuado de este bien que es tan escaso y, sobre todo, generar conciencia de su uso para garantizar la sostenibilidad futura de la capital.

Qué podemos esperar de una política nacional de agua y saneamiento, teniendo en cuenta que más de la mitad de los colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado, aproximadamente 38 000 colegios sin agua potable y más de 41 000 sin desagüe, en donde miles de niños y niñas deben usar baños que ponen en riesgo su salud. Cerca del 18% de los centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras fuentes para abastecerse del recurso hídrico, y más de 9000 mil instituciones usan pozos sin tratamiento como desagüe. ¿Qué podemos esperar de una estrategia que no tome en consideración otros sectores como salud, industria, comercio y vivienda?

Soluciones aparecen como un oasis dentro de un vasto desierto. La idea de contar en Ancón con una planta desalinizadora que garantice servicio continuo a más de 570 000 personas en zonas vulnerables, parece un paso adelante, para ello la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una Asociación Público-Privada sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86 400 metros cúbicos de agua potable al día, lo que parece por demás interesante, pero dicha planta desalinizadora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1214 millones.

Habría que preguntarse cuánto de esa agua sirve para la industria y cuánta para consumo humano solo para poder tratar de entender si, en la relación costo beneficio, esta solución es realmente sostenible. En ese sentido, quizá eso que pensamos será un paso hacia adelante termina siendo todo lo contrario; por ello, la labor de cada uno de nosotros como ciudadanos es velar por la coherencia, pertinencia y eficiencia de lo que se propone, pues sabemos que los gobiernos de turno manejan el Estado poniendo la carreta por delante del caballo, cuando de desarrollo sostenible hablamos. 

 

desco Opina - Regional / 16 de enero de 2026

descoCiudadano

Majes Siguas II, nuevamente paralizado

 

A inicio de este mes, Cobra, la concesionaria del proyecto agroindustrial Majes Siguas II, nuevamente colgó los guantes. Tras años de tira y afloja para la aprobación de la famosa ADENDA 13 del contrato, que finalmente se aprobó en julio del presente año, lo que permitiría destrabar la ejecución del proyecto, paralizada desde diciembre de 2017.

Para que la firma de la adenda no se dilate hubo mucha presión de algunos sectores, como el empresarial; sin embargo, como advertimos en un artículo anterior, no se volvieron a discutir temas de fondo del proyecto como el modelo de adjudicación. El año pasado la empresa Cobra, perteneciente al conglomerado español ACS, fue absorbida por una más grande, la empresa francesa Vinci. Quizá este hecho resolvió las sombras de insolvencia financiera que se ceñían sobre la empresa y que fueran advertidas por el exparlamentario Horacio Zeballos hace buen tiempo cuando realizó una investigación desde su despacho sobre el proyecto, convirtiéndose en un aliciente más para la firma de la adenda.

Los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), han declarado a la prensa que Cobra está pidiendo una suspensión del inicio de actividades basados en una serie de faltas de parte del gobierno regional que ya fueron subsanadas entre el 2015 y 2016, indicando que no hay razón alguna para que el cronograma se retrase hasta abril de 2023, como requiere la empresa.

Desde que se firmó la adenda, el gobierno regional ha tomado diferentes acuerdos para garantizar el financiamiento del proyecto. En junio de este año autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto para este proyecto por un monto que asciende a S/ 43 813 420.88. Posteriormente, en setiembre, el Gobierno Regional de Arequipa aprobó realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener financiamiento con recursos provenientes de una Operación de Endeudamiento Externo por US$ 97 994 640.26 también para financiar el proyecto. El presupuesto actualizado del proyecto es de 2431.4 millones de soles. Sólo registra un avance físico del 12% y se ha recalculado como fecha de entrega el 31 de diciembre de 2026.

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, aseguró que no cederán al pedido de Cobra, que busca retrasar el reinicio del proyecto y que harán cumplir el cronograma presentado por la concesionaria en setiembre pasado. Por su parte, el Consejo Regional de Arequipa, quiere interpelar al gerente de Autodema por el retraso, pero no plantean un careo directo con la empresa.

No sólo la ejecución del proyecto está en el ojo de la tormenta, también lo está su supervisión. En un reciente informe de auditoría, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio por US$ 2 114 966 en Autodema, unidad ejecutora del GRA, por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto Majes Siguas II, a través de dos adendas al contrato, de las que serían responsables varios funcionarios y servidores tanto de anteriores gestiones como de la actual gestión.

Majes II, no sólo es un proyecto emblemático en el imaginario colectivo arequipeño, sino que también forma parte de los 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025, publicado recientemente por el gobierno nacional. Siendo así, sería deseable que el propio Ejecutivo respalde al GRA en el arreglo de este entuerto para decidir el reinicio del proyecto o llegar a un posible arbitraje internacional, si ese fuera el caso. Recordemos que Majes Siguas II es una obra público-privada, diseñada desde los escritorios de la tecnocracia de Proinversión, y que el Gobierno Regional de Arequipa ha cumplido cabalmente con los cinco desembolsos solicitados por Cobra, desde que se concesionó el proyecto para su ejecución.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de octubre del 2022

descosur

Proyecto Majes II, esperanza y frustración

 

La primera etapa de este proyecto estratégico para la región Arequipa logró poner en producción 15 000 hectáreas de cultivos, arrancadas al desierto al costo de 1300 millones de dólares, lo cual ha sido motivo de un permanente cuestionamiento por tratarse de la habilitación de tierras más cara del mundo en esas condiciones. Sin embargo, hay que señalar que en estos costos se incluye la gran parte de la infraestructura hidráulica (represa de Condoroma, 97 Km de canales con capacidad de transportar 36 m³/s de agua, bocatomas y otras obras), necesaria para la ejecución de la segunda etapa que permitirá la incorporación de 38 500 hectáreas adicionales.

La segunda etapa del proyecto Majes comprende: la represa de Angostura (1140 millones de m³ de capacidad), el canal de derivación Angostura-Colca (18.4 km), la bocatoma de Lluclla (30 m ³/s), el canal de derivación Lluclla-Siguas y el sistema de distribución (38 500 ha). Su objetivo es generar 90 000 empleos permanentes en la agricultura y 100 000 en actividades conexas, a lo que habría que agregar alrededor de 10 000 empleos en la fase constructiva de la infraestructura hidráulica y las centrales hidroeléctricas previstas con capacidad de generación de 540 MW, importantes para asegurar la cobertura de la creciente demanda energética.

Como en muchas obras públicas, el vía crucis de este proyecto en la segunda etapa comienza con la injustificada oposición de nuestros vecinos del Cusco en el año 2013, argumentado “el impacto ambiental negativo” que tendría porque los dejaría sin recursos hídricos para irrigar sus territorios. En el fondo, esta oposición tenía a la base fundamentalmente, expectativas políticas de corto plazo determinadas por los diversos procesos electorales en curso tanto a nivel nacional, regional o local. Una politización distorsionada del proyecto tenía como resultado que los partidos políticos desnudaran su falta de visión territorial y de largo plazo, dando lugar a que los partidos políticos de derecha e izquierda, opinaran de manera opuesta en Cusco y Arequipa. La tradicional rivalidad entre las dos regiones se exacerbó. En esta pugna, el proyecto se judicializó cuando la Municipalidad de Espinar logró una medida cautelar que paralizó el proyecto estableciendo la obligación de realizar un estudio de balance hídrico, que se hizo en convenio entre UNOPS y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El estudio confirmó la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, a pesar de ello se mantuvo la oposición de Espinar al mismo.

A esto, se han sumado las dificultades y problemas en la gestión del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Guillén Benavides focalizó su accionar en los aspectos judiciales. Yamila Osorio, suscribió doce adendas que elevaron significativamente el presupuesto original y, según los especialistas, desnaturalizó el proyecto por incrementar indebidamente la participación del Estado en beneficio de la empresa concesionaria, vulnerando los términos del contrato original. Y la gestión de Cáceres Llica, que durante la campaña de su elección tenía como bandera central la no suscripción de la Adenda 13, que significaba otro incremento en el costo del proyecto en 104 millones de dólares.

Sobre este último punto, hasta hoy se mantiene una gran controversia en la región entre quienes argumentan que este pedido de la concesionaria es improcedente por cuanto no está suficientemente demostrada la justificación técnica del cambio de diseño y porque adicionalmente, el contrato de concesión establece expresamente que la variación técnica contemplada como posibilidad al momento de suscribir el contrato “no modificaría el presupuesto o aporte del gobierno”. La falta de aprobación de la Adenda 13 hasta el momento, es el factor detonante de la situación actual del proyecto.

Han transcurrido más de diez años desde la suscripción del contrato de concesión en diciembre del 2010 con el Consorcio Angostura Siguas, el costo inicial del proyecto se elevó en el año 2015 a US$ 550 millones de dólares y estaría pendiente su incremento en 104 millones adicionales según la exigencia de la concesionaria, más otros costos por la paralización del proyecto, pasaría a costar US$ 700 millones, según cálculos de Autodema.

Las modificaciones al contrato de concesión inicial, así como las marcha y contramarchas en las diferentes gestiones regionales, sobre todo en la última, han colocado en una situación complicada y desventajosa al Gobierno Regional de Arequipa, que ha sido aprovechada por la concesionaria para poner en marcha el proceso de resolución del contrato, invocando incumplimientos del gobierno regional y anunciando la demanda de 220 millones de dólares por los perjuicios ocasionados en el proceso. En el fondo, esta medida busca ocultar la insolvencia técnica y financiera para cumplir con las obligaciones de la concesión, además de las dificultades que representa la inestabilidad de nuestro sistema político, donde persiste la confrontación entre el Parlamento, el Ejecutivo y otras instancias del poder. Son factores que podrían pesar en contra de la región en un posible arbitraje.

Otro tema importante, aunque no ha ocupado los titulares en los medios, es el referido al diseño centralista del proyecto a cargo de Proinversión, sin participación de las fuerzas vivas de la región, y con un modelo de adjudicación que busca recuperar la inversión mediante la subasta de lotes de 200 hectáreas, supuestamente para superar el error cometido en la primera etapa, donde se adjudicaron parcelas de 5 hectáreas. Un diseño así, pensado exclusivamente en la agroexportación y en la intervención de grandes inversionistas, no corresponde a las condiciones de la región ni a las demandas estratégicas del desarrollo regional y nacional, pues ignora el rol de la agricultura familiar y la necesidad de enfrentar los retos de la seguridad alimentaria.

Así las cosas, ahora lo que se requiere son los mayores esfuerzos para evitar que esta gran esperanza se convierta en una nueva frustración, para lo cual se demanda: una adecuada y eficiente defensa jurídica del Estado en los tribunales; la reformulación del proyecto en función de las necesidades estratégicas del desarrollo y con participación de las fuerzas regionales; y la realización de una nueva licitación internacional que elimine los vicios del modelo de asociación público privado, que ha sido fuente de corrupción en nuestro país.

 

desco Opina – Regional / 18 de febrero del 2022

descosur

El futuro de Caylloma

Un sismo de gran magnitud remeció Caylloma el 14 de agosto, dejando seriamente afectados a los pobladores de varios distritos de la margen derecha del Cañón del Colca, así como la infraestructura agrícola y edificaciones públicas. El Gobierno Regional y otras instituciones estatales respondieron con prontitud a la emergencia. La alerta llegó al Gobierno Nacional, que sin tardar decretó el estado de emergencia en doce distritos afectados para iniciar con la reconstrucción.

Para evitar que la cadena de solidaridad se tuerza, el alcalde provincial de Caylloma, Rómulo Tinta, hizo una advertencia a tiempo para que la ayuda sea canalizada adecuadamente. Este ha sido un punto a favor del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, en cuyos almacenes se están guardando las donaciones para repartirlas según las necesidades de los distritos. El Gobierno Nacional también ha sabido responder con efectividad, distribuyendo  la tarea de elaborar las fichas PIP (Proyectos de Inversión Pública) para la rehabilitación de la infraestructura hídrica dañada a las diferentes instituciones adscritas al MINAGRI, labor vital para la supervivencia de los pobladores del Colca, dedicados en su mayoría a las actividades agropecuarias. El Ministerio de Educación está enviando aulas prefabricadas para reponer la infraestructura educativa afectada, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también está haciendo lo mismo con lo que respecta a las casas dañadas.

Podemos decir entonces, que la emergencia ha sido respondida con efectividad, y Caylloma se está reponiendo rápidamente de los daños causados por este fenómeno natural. Sin embargo, un punto de vital preocupación merece una profunda discusión una vez pasada la urgencia de atención a los damnificados: cómo se realizará la reconstrucción de las viviendas, con qué materiales, en qué condiciones.

Recientemente, el INGEMMET ha levantado información en la zona y ha identificado más de 30 fallas de origen tectónico en el Cañón del Colca, descartando el origen volcánico de los constantes movimientos telúricos que se producen en esta área. La intensidad del último sismo, que causó tanto daño, no fue el de un terremoto, pero su cercanía a la superficie, la debilidad de las casas de adobe, el terreno blando donde se han levantado y las fallas tectónicas de la zona, ponen en evidencia la fragilidad de la población del Colca, todo lo cual es necesario tomar en cuenta en los futuros trabajos de reconstrucción.

¿Qué hacer para adelante? ¿En qué consistirá este programa de vivienda? Todavía son interrogantes que no se han resuelto. Diversas universidades vienen probando la construcción de viviendas resistentes a los movimientos telúricos e incluso han estado trabajando en modelos del llamado adobe estabilizado. ¿Serán tomados en cuenta? ¿Pueden ser una solución a largo plazo? El gobierno tendrá que ver la mejor alternativa, tomado en cuenta que la prioridad son los pobladores antes que las iglesias, por más monumento arquitectónico que sean. 

La participación de la población afectada en la discusión y planteamiento de las alternativas de reconstrucción va a ser decisiva y contribuirá a hacer sostenible el esfuerzo, ya que los especialistas en la materia deberán incluir en los futuros diseños las aspiraciones y demandas de la gente. En este sentido, el proceso no puede tener solamente una dimensión técnica sino también política, es necesario que está discusión sea participativa.

desco Opina - Regional / 26 de agosto de 2016

Programa Regional Sur
Descargar aquí