PERUMIN: con ruido, sin nueces… pero con el show de Manero

La semana pasada concluyó una nueva edición del PERUMIN, el evento más importante del empresariado peruano, superado apenas por la CADE, que tiene en la minería uno de sus barcos insignia. La reunión, realizada en Arequipa, estuvo atravesada por dos preocupaciones centrales que interesan especialmente a los grandes del sector: la demanda constante de la desregulación para lograr competitividad y la minería informal e ilegal, como parte de los principales desafíos que tienen en el futuro inmediato. La crítica al exceso de regulaciones que hace el empresariado, especialmente el minero, tiene ya más de una década argumentando que los excesos de trámites y regulaciones alejan las inversiones y afectan la competitividad. Ello a pesar de que los números muestran tercamente que, con las mismas regulaciones y trámites, Perú batió récords de inversión y duplicó la producción de cobre en la segunda mitad de la década pasada. Por cierto, a lo largo de este tiempo, con esa demanda han tenido resultados importantes a través de decretos supremos, leyes y diversas decisiones que golpearon especialmente la legislación ambiental. Más recientemente, el mecanismo usado fue el de los shocks desregulatorios construidos en las mesas minero-energéticas entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los empresarios del sector. En este PERUMIN, se anunciaron 385 medidas desregulatorias, para que no queden dudas de la “buena disposición” del Ejecutivo con el sector.

La otra gran preocupación que ocupó la reunión fue el crecimiento de la minería informal y de la claramente ilegal, vista hoy día como la mayor amenaza para sus actividades, entre otras cosas porque además de la violencia que entraña en muchos casos, le supone a la gran y mediana empresa una competencia directa, que además de pelearles cuotas en la producción, especialmente en el caso del oro, ha desarrollado su propio discurso, crece en su influencia política, permea a los partidos que anteriormente les eran funcionales y gana espacio en importantes territorios de la gran minería a la que empieza, incluso, a disputarle concesiones. En este campo, se insistió en la importancia de la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), sin entender que ésta no es una isla y lo que debe revisarse es la Ley General de Minería, pensada hace más de treinta años en función de la gran y mediana minería.

Sorprendió, que en un evento de tanta importancia, que incluso trajo a un expresidente argentino para una conferencia magistral sobre el liderazgo y su importancia tanto en el empresariado como en la política, no se dijera absolutamente nada sobre una reciente publicación del Banco Mundial, “De la abundancia a la gestión inteligente de los recursos naturales: Oportunidades para América Latina y el Caribe en la transición energética”, quizá porque, entre otras cosas, en ese texto se dice que “las emisiones que genera la minería siguen siendo elevadas, la huella ambiental es considerable y los riesgos sociales son profundos” o que “la falta de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos podría agravar las externalidades negativas que afectan a la tierra, la flora y la fauna, la gestión de los recursos hídricos y las comunidades locales. Los altos niveles de conflictos socioambientales en la minería provocan retrasos en la producción. Pero la minería sostenible ofrece la oportunidad de generar ingresos que permitan una mayor inversión en infraestructura y beneficios para la comunidad”

Lo que no fue una sorpresa fue escuchar al ministro de Agricultura, Ángel Manero, revelar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) apuesta, como todo el gobierno, por destrabar proyectos mineros, antes que por fortalecer la agricultura, explicando que en situaciones de urgencia o escasez se debería optar por destinar el recurso hídrico a la actividad minera. Justificando su posición, indicó que la minería le da más flujo de caja al país y, con esos ingresos, se pueden financiar proyectos que beneficien al sector agrario en un mediano plazo. No fue sorpresa, decimos, porque es el mismo personaje que en abril, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostuvo que la agricultura debe ser vista como un negocio y que en caso de pérdidas, los agricultores deberían abandonar el sector en lugar de esperar apoyo del Estado; el mismo ministro que defendió la Ley Chlimper 2.0 y presentó una propuesta para modificar la ley de moratoria de transgénicos, planteando la posibilidad de permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana.

Como le recordaron distintos gremios y especialistas, el personaje, que como en todas sus patinadas anteriores se deshizo en explicaciones, porque siempre sacan de contexto sus decires, olvidó, entre otras cosas, que el agua es un derecho humano y un bien público estratégico; que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos (30% de la Población Económicamente Activa), mientras que la minería apenas alcanzó 235 000 empleos en 2024, y que el 70% de los alimentos del país provienen de la agricultura familiar.

Si PERUMIN anunció su interés en una agenda nacional que se redujo en mucho a sus intereses, el ministro Manero, más allá del ridículo indignante, seguramente los hizo felices con su postura, que más allá de cualquier interpretación auténtica, es la del gobierno.

 

 

desco Opina / 3 de octubre de 2025

Crisis en el sur por el cambio climático

 

Para nadie es secreto que el cambio climático es un hecho incuestionable y que sus efectos son, y serán, cada vez más agresivos; pero ni la población ni las autoridades en el país parecen tomárselo en serio, todavía.

Quedan menos de cuatro meses para que el Niño Costero se manifieste con toda su ferocidad. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ha hecho un mapeo nacional de los 9000 puntos críticos por huaycos e inundaciones, pero lo que no vemos hasta ahora es el mismo esmero para comunicar sobre los puntos críticos de la sequía que está afectando a toda la zona altoandina por tercer año consecutivo. El Cenepred cuenta con un reporte sobre los escenarios de riesgo por sequía que debería tener no sólo la misma difusión en prensa que tiene el de inundaciones, sino que tendría que ser un documento de trabajo permanente para el gobierno nacional, de modo que las partidas presupuestarias apunten a la remediación y adaptación, así también para que los gobiernos regionales y locales comiencen a planificar acciones en el mismo sentido.

El año pasado vimos noticias sobre la desaparición de diferentes cuerpos de agua como la laguna de Cconchaccota en Apurímac, la dotación de abrevaderos artificiales de agua en la zona de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca en Arequipa (RNSAB), la muerte de camélidos sudamericanos y otras afectaciones en las zonas altoandinas reseñadas en un anterior artículo. Lo más visible este año son las noticias sobre la disminución del nivel del lago Titicaca en Puno, la alerta de que la ciudad de Cusco se quedaría sin agua para el consumo humano por la falta de reservas  en la laguna Piuray, así como el déficit de agua para la agricultura en los distritos del Chili no regulado en Arequipa; sin embargo, lo más alarmante es lo que no se ve. En la zona altoandina de Arequipa y Puno han aumentado los remates de ganado, pues las familias alpaqueras prefieren vender sus animales antes que perderlos por enfermedades y abortos debido a la falta de agua. Si bien esta acción les permite tener dinero ahora, a la larga las descapitaliza, teniendo en cuenta que su situación económica ya es vulnerable.

Según información del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili (CRRHCQCH), la demanda de agua para el consumo humano en la ciudad de Arequipa (que rondaría el millón 157 mil habitantes), está cubierta hasta abril del próximo año; de hacerse masiva esa noticia seguramente causaría un efecto contraproducente en la población, pues continuaría con los mismos malos hábitos de desperdicio en un contexto que ha cambiado. Debemos ser conscientes de que hay distritos en la ciudad que tienen agua por horas y que a sólo tres horas del centro hay personas que ni siquiera cuentan con agua segura. Por otro lado, es preocupante que a pesar de que la cuenca se maneja en un sistema integrado, el Consejo no cuenta con información detallada sobre la afectación de la sequía en su parte alta.

Las medidas preventivas son urgentes, así como contar con el presupuesto para atender a las personas cuyo sustento de vida se está evaporando; sin embargo, son necesarias también medidas a nivel macro, como solucionar el desperdicio de agua en la actividad agrícola. Según datos del Consejo de Cuenca, el 76 % de agua de la cuenca Quilca Chili es consumida por la agricultura, pero estos usuarios lo hacen de forma negligente: estiman que de cada 100 litros que usan, 45 son desperdiciados. Esto, por falta de sistemas de riego o por su inadecuado manejo, también por problemas con la infraestructura hídrica, como la de la Represa San José de Uzuña en Polobaya, cuya compuerta principal presenta deficiencias desde su inauguración. El desperdicio, por falta de eficiencia en el riego, es alevoso en este contexto.

Por otro lado, urge poner atención al cambio de matriz energética, ya que en muchas partes de nuestro país la fuente principal de energía es una hidroeléctrica. El gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), Markpool De Taboada, reveló que el 50% de la energía para atender a los usuarios de Arequipa proviene de centrales hidroeléctricas, el 40% es producida por gas, 5% depende del diésel y 5% de energías renovables; esto en una región con altos niveles de radiación que muy bien podrían usarse para producir energía. Por cierto, junto a esta revelación, también anunció el posible aumento de la tarifa de energía eléctrica por la sequía.

Hace unas semanas, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informaba que el Ejecutivo se comprometió a financiar con 9,6 millones de soles la construcción de 45 nuevas cochas en las cabeceras de las diferentes cuencas hidrográficas de la región; a setiembre aún no se ha efectuado ninguna coordinación con el Consejo de Cuenca para planificar su ubicación, teniendo en cuenta que en la RNSAB muchas de estas infraestructuras fueron construidas por descosur y la población mediante el financiamiento de sus proyectos y aporte de recursos municipales, así como con el financiamiento del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídrico. También hay otras obras realizadas por gestiones regionales pasadas.

Ya que la alerta por el déficit hídrico ha pasado a ser permanente en el sur, es vital la coordinación interinstitucional para que las medidas de adaptación y mitigación sean más exitosas y cubran a un mayor número de habitantes. El Midagri, que tiene diferentes acciones mediante Agrorural, debería tener esa apertura y dejar de ejecutarlas aisladamente y sin un adecuado análisis de contexto.

Hay diferentes frentes para afrontar la sequía, pero requiere una organización conjunta y celeridad con planes de emergencia para atenuarla en esta temporada. Hace falta tener mayor empatía con la población más vulnerable.

 

desco Opina – Regional / 15 de setiembre del 2023

descosur

Balance de inversión pública en Huancavelica

 

“En mayo de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció el esfuerzo para aumentar la inversión pública y transferir S/100 millones al Gobierno Regional de Junín y 374 municipios por haber alcanzado metas de ejecución presupuestaria”. Junín logró situarse en primer lugar del ranking entre los 25 gobiernos regionales, recibiendo un bono de 38.5 millones de soles como incentivo por su destacada labor.

En contraste, Huancavelica hasta el mismo mes, solo ejecutó el 32.4% del presupuesto asignado para inversión pública, ubicándose en el puesto 22 del ranking nacional, con una ejecución de 12.7% de los 300.8 millones de soles aprobados como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el 2023. Esto significa que la región no recibió ningún bono por parte del MEF y tiene un gran retraso en la ejecución de sus obras públicas.

Al cumplirse el primer semestre de gestión, cabe preguntarse cómo están las regiones de la zona centro en especial Huancavelica y, sobre todo, por qué existe insatisfacción en la población, ya que viene exigiendo la mejoría de los servicios públicos y mayor calidad de vida, en correspondencia al crecimiento económico experimentado en las últimas décadas.

Uno de los principales problemas que enfrenta Huancavelica es la alta incidencia de la pobreza y la desigualdad social. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 37.4% de la población vive en situación de pobreza y el 9.6% en situación de pobreza extrema. La pobreza se refleja también en los bajos niveles de salud y educación que tiene la población. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2022, la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años es del 65.0% y la tasa de desnutrición crónica infantil es del 29.9%. Estas cifras son alarmantes, pues afectan el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas, limitando sus oportunidades futuras.

Otro problema que afecta a la región es la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos, como las heladas, las sequías y las lluvias intensas. Estos eventos tienen un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, que es su principal actividad económica. Según la Dirección Regional de Agricultura, más de 16 000 agricultores han sido afectados por estos fenómenos durante el 2023, lo que ha generado pérdidas económicas y sociales.

Para ello, el Gobierno Regional de Huancavelica, en abril de 2023, lanzó el denominado "Gobierno Agrario" como una iniciativa que busca impulsar el desarrollo económico de la región a través de la diversificación productiva y el fortalecimiento del sector agropecuario, que emplea a más del 65% de la población huancavelicana.

 En este escenario, el PIM juega un papel importante al ser reflejo de la planificación que debe estimar las prioridades y necesidades de cada región. Sin embargo, al comparar el avance de éste entre las regiones, se observan grandes brechas que evidencian una desigualdad en la inversión pública. Esta inequidad genera descontento en los ciudadanos, quienes muchas veces consideran que no se gestiona o invierte lo suficiente para el cierre de brechas.

De acuerdo al PIM 2023, el GORE Huancavelica tiene asignadas presupuestalmente 15 funciones, cinco principales de las cuales son Transporte, Agropecuaria, Educación, Protección Social y Salud. Estas funciones representan el 88.5% del total del PIM regional. Sin embargo, al observar el avance de ejecución de gasto, vemos que sólo Educación (21.7%) y Transporte (14.1%) muestran una ejecución parcialmente aceptable, mientras que Salud (7.5%), Agropecuaria (6.4%) y Protección Social (0%) presentan un rezago preocupante.

Dentro de la función Agropecuaria, que es la más relevante para el "Gobierno Agrario", se distinguen cuatro divisiones funcionales: Agrario, Pecuario, Riego y Ciencia y Tecnología. Estas divisiones reflejan las prioridades del GORE Huancavelica para mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario, así como para promover la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado ejecutar más del 10% del presupuesto asignado, lo que evidencia una falta de gestión eficiente y eficaz.

La diversificación productiva es una estrategia clave para el desarrollo económico y social de Huancavelica. En este sentido, se han implementado seis inversiones en el sector agrícola y cuatro en el sector pecuario, con el fin de mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los cultivos y las crianzas de animales. Entre los proyectos más destacados se encuentran los vinculados al palto, la quinua y el orégano, que buscan aprovechar las ventajas comparativas y los mercados internacionales. Asimismo, se han impulsado iniciativas para la protección, conservación y aprovechamiento del recurso natural de vicuñas y alpacas, que son parte del patrimonio cultural y ecológico regional.

Según el último reporte del MEF, la provincia constitucional del Callao lidera el ranking de ejecución de los gobiernos locales con un 29.5%, mientras que los gobiernos locales de Huancavelica ocupan el décimo lugar con un 22.3% de ejecución del PIM. Estos datos muestran que aún hay mucho por hacer para mejorar la gestión pública y la eficiencia del gasto en la región.

Por lo señalado, es fundamental que el GORE Huancavelica tome medidas urgentes para revertir esta situación y garantizar la ejecución oportuna y transparente de los recursos. Asimismo, se requiere una mayor articulación con otros niveles de gobierno y el sector privado para potenciar el impacto del “Gobierno Agrario”. La participación de la sociedad civil también es crucial para dinamizar los proyectos en la región y contribuir al cierre de brechas y la reactivación de la economía local y regional.

 

desco Opina – Regional / 7 de julio del 2023

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