La violación sexual y el mandato de masculinidad

 

El caso de la violación grupal a un menor, estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, por parte de sus compañeros, al parecer en presencia de adultos “responsables” de la integridad de los menores, debe llevarnos a una urgente reflexión en torno a la manera en la que estamos educando a niños, niñas y adolescentes en Perú.

Los perpetradores de este atroz delito merecen una sanción conforme a ley. No recibirán una pena de 25 años o cadena perpetua como un adulto, porque aún les falta uno o dos años para la mayoría de edad. Pero la gravedad de los hechos no admitiría una pena privativa de libertad menor de 5 o 6 años. No “un par de semanas en Maranguita” como sugiere el senador Rodrich. Estamos ante un crimen, no ante un juego que “se les salió de las manos” como afirma el padre de uno de los perpetradores.

Los adultos presentes no pueden ser juzgados sólo por no cumplir con el deber de atención a una persona en riesgo. Su presencia en el lugar de los hechos, con muy poca probabilidad de no haber notado lo que sucedía a pocos metros, es una clara incitación al ejercicio de ese tipo de violencia disciplinadora. Esos adultos estaban “educando” a los jóvenes, a los perpetradores del crimen y, a través de ellos, a la víctima.

Si el género es una construcción social, en sociedades patriarcales como la nuestra, la masculinidad es un estatus que debe ser adquirido, para que sea reconocido debe ser demostrado. Este proceso es gradual, desde la niñez, cuando oímos a madres, padres y docentes decir que “los niños no lloran”. Desde la infancia les exigimos que pierdan la sensibilidad, que neutralicen las emociones, que no lloren.

Rita Segato sostiene que esta manera de educar, que empieza violentamente desde la niñez, debe ser calificada como una “pedagogía de la crueldad”. Así, la primera víctima del patriarcado son nuestros niños. El proceso escala, se agrava, el mandato de masculinidad exige responder a las expectativas, a las exigencias del grupo. Es en este espiral de violenta demostración de masculinidad, que la violación se torna una práctica que más que satisfacer un placer individual, es una manera de ejercer dominación, de demostrar poder.

Esta violencia vivida, es luego una violencia ejercida. Quien fue víctima es luego victimario. Es un disciplinador. Segato sostiene que es un “moralizador” que busca castigar a la persona, la más de las veces una mujer, pero también a las diversidades y como vemos en este caso, a un hombre joven en situación de vulnerabilidad. Esta pedagogía de la crueldad lo que hace es cosificar, enseñar a extraer de los cuerpos cualquier idea de humanidad y transformarlos en objetos que pueden ser poseídos. Elimina la empatía.

El caso del Liceo Naval ha generado una reacción inmediata en el gobierno, que ya anunció que el plantel dejará de estar a cargo de las Fuerzas Armadas y quedará hasta el 2027 bajo la administración del Ministerio de Educación (Minedu). Esta debería ser una buena noticia y en cierto nivel lo es. Pero ese solo hecho no es garantía de transformación pedagógica.

Juan Carbajal, revisando cifras de la plataforma SíseVe del Minedu, muestra que, entre enero y agosto de este año, las denuncias por violencia sexual dentro de los colegios ascienden a 1198, representando un incremento del 32.6% frente al mismo periodo en años anteriores. Estamos hablando de un ritmo de 200 denuncias de violencia sexual al mes –desde marzo que inician clases– en los colegios del Perú.

Si un ministro de Justicia –que debiera centrar su atención en la defensa de los derechos humanos en el país–, cree que es muy difícil llevar a cabo procesos de sanción penal a docentes, a maestros contratados para educar a nuestra niñez que vienen violando de manera sostenida a niñas en Condorcanqui, si en una sesión del Congreso de la República es capaz de señalar que es un “problema cultural”, la violación sexual no dejará de ser una práctica de dominación que se ejerza sobre los más débiles en nuestras escuelas.

Detrás de la vida de violencia a la que condenamos como sociedad a las niñas y adolescentes de Condocanqui, donde se registran más de 1253 víctimas de violencia sexual entre el 2024 y julio del 2026, hay un mismo patrón de reproducción del patriarcado que el que vemos en casos que logran escalar a la escena pública nacional como el del Liceo Naval.

Ambos son muestra de esta crueldad hecha pedagogía, pero son también parte del espectáculo de la impunidad a la que este tipo de hechos nos tiene acostumbrados.

 

 

desco Opina Regional / 25 de setiembre del 2026

El Niño y los riesgos que Lima no puede ignorar

 

Lima es una ciudad acostumbrada a vivir casi sin lluvias. Sin embargo, las recientes precipitaciones intensas han demostrado que esta condición también puede convertirse en una vulnerabilidad cuando incluye la combinación de viviendas precarias, falta de drenaje y asentamientos humanos ubicados en laderas. En el contexto del Fenómeno El Niño, la gestión del riesgo vuelve a ocupar un lugar urgente: no solo por las lluvias, sino también por la amenaza permanente de un gran sismo en una ciudad donde miles de viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mantiene información y seguimiento sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027, así como avisos meteorológicos y monitoreo de las condiciones climáticas del país. Para una ciudad como Lima, donde las lluvias intensas no forman parte de la experiencia cotidiana, estos episodios muestran la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta.

A esta situación se suma el riesgo sísmico. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) cuenta con un escenario de riesgo para Lima y Callao que permite identificar los posibles impactos de un sismo de gran magnitud y orientar medidas de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, el mapa de riesgo sísmico elaborado por el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), permite conocer los niveles estimados de daño que podrían presentarse en las viviendas de los diferentes distritos de Lima ante un sismo severo.

Esta información adquiere especial importancia cuando se contrasta con lo que ocurre en los barrios de Lima Sur. Los testimonios que presentamos corresponden a lideresas con quienes trabajamos directamente en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Sus experiencias permiten observar cómo los fenómenos naturales impactan en la vida cotidiana de familias que cuentan con pocos recursos para prevenir o reparar los daños.

Deassy Huari, presidenta del comedor Mensajeros de la Paz, ubicado en Oasis de Villa, en Villa El Salvador, comenta que las lluvias recientes afectaron directamente a las familias de su comunidad. Las calaminas de muchas viviendas tienen años de uso y se encuentran desgastadas. Los pequeños agujeros que antes podían pasar desapercibidos se convirtieron, durante las horas de lluvia intensa, en puntos de ingreso de agua hacia los dormitorios y otros ambientes de sus casas.

La afectación no terminó al interior de las viviendas. En las calles hubo inundaciones y dificultades para movilizarse: un automóvil quedó varado y una combi tuvo problemas con el motor. Los niños y adolescentes que caminaban hacia sus colegios o regresaban a casa terminaron completamente empapados y luego algunos presentaron tos. Después de la lluvia emergió otra preocupación: los mosquitos. La humedad y el agua acumulada favorecieron su aparición y las familias se alertaron al encontrarlos en mayor cantidad y frecuencia. Las personas adultas también presentaron molestias en la garganta.

En Vista Alegre de Rinconada Alta, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Julissa Panta, presidenta del asentamiento humano, describe una realidad que suma otro riesgo: los sismos. En las laderas, las pircas requieren reforzamiento y, ante los movimientos, las piedras suelen deslizarse. La preocupación de las familias es que una vivienda que ya enfrenta dificultades frente a un terremoto, tenga también que soportar lluvias, humedad y fuertes vientos.

En el comedor popular Santa Rosa de Vista Alegre, el agua ingresó a las viviendas. Muchas familias no cuentan con recursos para realizar reforzamientos y viven con el temor de que ocurra un terremoto y las estructuras no puedan resistir. La expresión de las dirigentes es clara: sus casas no están preparadas para enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud.

La educación también se vio afectada. En Rinconada Alta del Distrito de San Juan de Miraflores, los estudiantes tuvieron dificultades para acudir al colegio debido a la neblina y, después de la lluvia del domingo 16 de agosto, uno de los centros educativos paralizó el dictado de clases durante dos días porque el agua se había empozado en el local. Para estas familias, una lluvia intensa no representa solamente un problema de infraestructura: también puede significar que los niños no puedan estudiar, que las familias tengan dificultades para movilizarse y que aumenten las condiciones de humedad y presencia de mosquitos que afecten su salud.

Los testimonios muestran tres impactos concretos de un mismo fenómeno: vivienda, educación y condiciones ambientales y de salud. Pero revelan también algo más profundo: en estos barrios la lluvia y los sismos no son riesgos inconexos. Se superponen sobre viviendas y comunidades que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para prepararse ni enfrentarlos.

Por eso, la gestión del riesgo no puede aparecer únicamente después de una emergencia. Mejorar los sistemas de drenaje, reforzar viviendas y pircas, mantener escuelas y espacios comunitarios, identificar zonas seguras y fortalecer la organización vecinal son medidas que pueden reducir el impacto de futuros eventos.

Las voces de Deassy y Julissa permiten mirar las cifras y los escenarios oficiales desde la vida cotidiana. Ellas no se refieren a escenarios hipotéticos: hablan de agua inundando sus casas, niños que dejan de asistir al colegio, mosquitos que aparecen después de la lluvia y familias que temen que sus viviendas no resistan un terremoto. Escuchar a quienes viven en estos territorios es también una forma de reconocer dónde están las mayores vulnerabilidades y qué medidas deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia mayor.

 

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2026

descoCiudadano

Pobreza, becas y remodelaciones

 

El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) podría leerse, a primera vista, como una buena noticia, porque la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Es decir, 567 mil personas dejaron de ser pobres en términos monetarios. Pero detenernos solo en esa cifra sería mirar el país desde una perspectiva peligrosa, pues una de cada cuatro personas en Perú sigue viviendo en pobreza.

La pregunta, entonces, no es solo si la pobreza bajó. La pregunta es qué hace el Estado con esa información. Y, sobre todo, qué decisiones toma cuando los datos le recuerdan que millones de personas siguen viviendo con ingresos insuficientes, servicios precarios y oportunidades que dependen más del esfuerzo individual que de una política pública sostenida.

En ese contexto, la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario resulta difícil de justificar políticamente. No se trata únicamente de jóvenes que quieren estudiar fuera del país. Se trata de una política que brinda una posibilidad concreta para que profesionales peruanos accedan a una formación de alto nivel y regresen a aportar al país. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) ha señalado que no cuenta con presupuesto para abrir una nueva convocatoria en 2026 y requiere S/ 119 millones para atender la demanda de becas, incluida una posible convocatoria de Beca Generación del Bicentenario y nuevos beneficiarios de Beca 18.

Lo indignante no es solo la falta de presupuesto, sino la selectividad para la ejecución de gastos. Para la educación, se invoca la evaluación y la espera. No obstante, para otras prioridades, los recursos parecen encontrarse con mayor rapidez y menor pudor. Mientras se deja en incertidumbre a estudiantes admitidos en universidades del extranjero, el Congreso avanza en la implementación de la bicameralidad, integrada por 130 diputados y 60 senadores desde julio de 2026. No se trata solo de cambiar nombres o funciones, pues se ha ejecutado 85 millones de soles para adecuar edificios, oficinas, salas y equipamiento del Parlamento. Asimismo, el Congreso ha iniciado el concurso público para remodelar su complejo deportivo, ubicado en el Centro de Lima, que cuenta con cancha sintética de fútbol, dos piscinas, juegos de mesa, cafetería y una pista de baile.

No es que el Estado carezca de recursos suficientes, más bien, los asigna según determinadas prioridades. Se decide qué puede esperar y qué debe acelerarse, decide qué vidas se acompañan y cuáles deben seguir resolviéndose solas. Aunque estas decisiones se presentan como técnicas, son profundamente políticas.

La pobreza monetaria no se combate únicamente celebrando una reducción porcentual, sino que debe priorizarse un enfoque multidimensional. Esta se combate sosteniendo trayectorias educativas, fortaleciendo servicios públicos, ampliando oportunidades y evitando que la vulnerabilidad sea tratada como una condición normal de vida. Si el 35,5 % de la población rural sigue en pobreza, y departamentos como Cajamarca y Loreto superan el 40 %, entonces el país no necesita solo discursos de eficiencia, requiere una discusión seria sobre justicia distributiva.

Por eso, el debate sobre las becas y la remodelación del Congreso no es un tema aislado. Es una fotografía incómoda de nuestras prioridades. Por un lado, jóvenes ven suspendidos sus proyectos académicos porque el presupuesto “no alcanza”. Por otro lado, una institucionalidad parlamentaria se amplía, se acomoda y se remodela, pese a tener una de las legitimidades más deterioradas ante la ciudadanía.

Tal vez ahí está la verdadera lección del informe de pobreza. El Perú no solo debe preguntarse cuántas personas salieron de la pobreza, sino cuántas podrían volver a caer en esta, si el Estado sigue administrando la desigualdad en vez de enfrentarla. Porque cuando la educación se posterga, la inversión social se reduce.

 

desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2026

descoCiudadano

La ESI en Arequipa: contra la ignorancia, no contra la infancia

 

La aprobación de la Ordenanza Regional N° 538 para implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación y Salud en Arequipa ha desatado una campaña de desinformación impulsada por grupos conservadores de la ciudad, con dos voceros visibles. El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, ha afirmado que la norma “es una aberración” y que en el fondo busca imponer la –inexistente– “ideología de género”. Por su parte, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, ha referido que su implementación es el inicio de un camino para la implementación de otras normas, como la del cambio de sexo a niños de 10, 11 y 12 años pagadas por el Estado sin autorización de los padres, como en Argentina, hecho que tampoco es cierto.

La realidad es otra en la región. Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la tasa de embarazo adolescente se ha mantenido entre 3.5 % y 3.7 %, sin mostrar señales de descenso entre 2024 y 2025. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 782 casos de embarazo adolescente en Arequipa y Caylloma, buena parte de ellos como resultado de violaciones sexuales.

Por otro lado, la violencia sexual contra menores progresa con cifras alarmantes: hasta junio de 2025 se han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual contra menores en la región. Y en el ámbito escolar, en el 2023 se reportaron 160 casos de violencia sexual en Arequipa, 222 en 2024, y en lo que va del año se registran ya 116 denuncias, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación.

Estas cifras revelan una cruda verdad: nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas. Y los eslóganes contra la implementación de la ESI solo sirven para perpetuar la ignorancia, el miedo y el abuso sexual.

La ESI, tal como lo establece la ordenanza, no promueve ninguna “ideología de género”. Sí promueve información basada en evidencia, derechos humanos, autocuidado y convivencia democrática. Busca prevenir embarazos no deseados, violencia sexual e infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer la participación informada de familias y comunidades. Para su elaboración se pidió la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación.

Su implementación supone ciertamente, un proceso largo que tiene que ser asumido en los planes operativos de las gerencias mencionadas, con la ejecución de actividades como capacitaciones a los actores educativos, campañas de comunicación y supervisión. Además, es imprescindible el acompañamiento de diversas instituciones de la sociedad civil, para que el Gobierno Regional no ceda frente a estas presiones y otras que han comenzado a llegar desde el ala fundamentalista del Congreso.

Esta campaña de desinformación debe responderse con contundencia: la educación sexual integral es un derecho, y su defensa es una obligación ética y social. ¿O preferimos seguir ignorando el embarazo de las adolescentes en la región mientras se esconde el verdadero problema bajo una falsa moralidad?

La ordenanza es un mandato de responsabilidad política y social. Ahora corresponde defenderla. No por capricho, sino por humanidad. Los datos lo demuestran, ofrecen la suficiente evidencia sobre la urgente necesidad de su implementación. Gracias a herramientas como la ESI, podemos empezar a transformar realidades en nuestra región, y dejar de disfrazarlas o, peor aún, actuar como que no suceden.

 

desco Opina – Regional / 12 de setiembre del 2025

descosur

La trampa del individualismo

El individualismo es una fuerza de innovación y autonomía, pero cuando no se orienta hacia el interés general, hacia formas de organización colectiva, se convierte en un factor de fragilidad social. Y es así como se vive en nuestro país. El predominio de la acción aislada debilita las redes comunitarias e institucionales, tanto en el campo como en las zonas urbanas. Como consecuencia de ello, se idealiza mal a los llamados emprendedores y se avala la lógica del “sálvese quien pueda”.

Esto tiene graves consecuencias, tanto en la vida cotidiana como en la estabilidad a largo plazo. Las salidas individualistas, que se traducen en falta de coordinación colectiva, nos impiden dar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias. Lo hemos vivido repetidamente en momentos de crisis. Recientemente con la pandemia, pero antes en epidemias, ocurrencia del Fenómeno de El Niño o procesos post terremoto, ya hemos visto que la acción individual no basta y que sin una estructura colectiva que organice los recursos, comunique con claridad y ejecute medidas comunes, los efectos negativos se multiplican y potencian.

No podemos olvidar la primera etapa de la pandemia de COVID-19. A falta de una estrategia comunitaria clara, las mayorías urbanas, sin ingresos formales ni redes de soporte barrial, rompieron las cuarentenas por necesidad. La descoordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, sumada a la desconfianza institucional, debilitó la efectividad de las medidas. El resultado: uno de los índices de mortalidad más altos del mundo.

Más recientemente, en 2023, la crisis climática provocada por el ciclón Yaku evidenció de nuevo esta carencia. En Lima y el norte del país, las lluvias causaron serios desbordes y colapsos de infraestructura básica. Sin organización vecinal sólida ni coordinación efectiva entre municipios y Defensa Civil, muchas familias lo perdieron todo.

Hoy, cuando los ciudadanos se desentienden del bien común y el Estado capturado por una coalición autoritaria y mafiosa actúa sin control social, se genera un nuevo ciclo de precariedad. Servicios esenciales como salud, educación básica, transporte público o gestión ambiental se deterioran sin que nadie haga nada. La falta de organización ciudadana para exigir el mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento, así como de los sistemas de riego, ha agravado la crisis hídrica en varias regiones del Perú, especialmente en zonas como Ica o Arequipa. Del mismo modo, los bajos niveles de participación colectiva en temas educativos complican la fiscalización y la mejora de los colegios públicos, con graves brechas de calidad docente, infraestructura y conectividad. En salud, la escasa colaboración ciudadana en campañas de vacunación o prevención ya ha generado brechas peligrosas. Las tasas de vacunación infantil han descendido por debajo del límite necesario para proteger contra enfermedades erradicadas como el sarampión y la tos convulsiva.

Sin espacios donde los ciudadanos se encuentren, escuchen y negocien, lo que crece es la desconfianza y la fragmentación social que facilitan la ineficiencia del Estado y la arbitrariedad de la clase política. En contextos como el peruano, donde la confianza en las instituciones es muy baja o inexistente, fomentar espacios de organización ciudadana no es un lujo de ONG, sino una necesidad y una obligación urgente para la estabilidad democrática y el bienestar común. ¿Quién exige rendición de cuentas en su municipio? ¿Quién fiscaliza los presupuestos participativos?¿Quién se une a una asociación barrial que no sea por puro interés inmediato? Las redes sociales, más allá de sus virtudes, nos están mostrando que lejos de unir, amplifican la distancia social: cada quien vive encerrado en la burbuja de su celular, repitiendo lo que quiere ver y oír, rechazando al que piensa diferente, imaginando que alguien ¿? se está ocupando del bien común.

No se trata de idealizar, toma tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero no conocemos otra forma para sostener viva la democracia, avanzar hacia una economía menos injusta y una sociedad menos cínica. No basta con indignarse en redes sociales ni con votar cada cinco años.

Recordemos que, en muchas zonas del país, principalmente en comunidades rurales, la acción colectiva sigue viva. Quizá lo urgente hoy sea aprender de quienes aún entienden que vivir en sociedad es más que coexistir: es construir juntos. Debemos recuperar el NOSOTROS y eso empieza en lo pequeño: en la asamblea del barrio, en el comité de agua, en la escuela donde estudian nuestros hijos e hijas, en los centros de trabajo, en las organizaciones de las mujeres de los barrios.

 

desco Opina - Regional / 4 de julio de 2025

descoCiudadano 

La selva y la ausencia de USAID

 

En la última semana del mes de enero el presidente norteamericano Donald Trump decidió paralizar por 90 días la asistencia financiera a los programas gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de reevaluar y reorientar dichos fondos. Su arremetida contra esta agencia ha sido más agresiva al señalar que "la corrupción está a niveles raramente vistos antes. ¡ciérrenla!" Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. había emitido un comunicado en el que detallaba haber iniciado “una revisión de todos los programas de asistencia exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior”.

USAID ha transferido en los últimos 24 años más de dos mil millones de dólares para proyectos diversos en Perú. Implementa diversos programas enfocados en áreas clave como la gobernanza, la salud, la educación, el desarrollo económico y el medio ambiente, pero es la selva peruana la que recibe una importante atención a través de los fondos para la lucha contra las drogas. USAID se convirtió en una de las fuentes financieras más importantes para el desarrollo de la selva peruana, pues desde sus presupuestos se promueven proyectos de asistencia técnico productiva y de infraestructura vial, se apoya principalmente a los gobiernos locales de las zonas sensibles al narcotráfico y en especial, la promoción de cultivos alternativos como café y cacao para la lucha contra los cultivos ilícitos. Además, a través de instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), se canalizan proyectos de desarrollo alternativo, pero parece que el gobierno de Trump no ha calibrado el impacto que tendrá esta medida en la lucha contra el tráfico de drogas que se ha realizado por años en nuestra Amazonía, y los efectos que traerá para las ciudades norteamericanas.

En este escenario el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú dijo estar “absolutamente convencido” de que “la ayuda en cuestiones críticas de seguridad de los EE.UU. no va a ser tocada porque es algo estratégico para los propósitos norteamericanos”, sin embargo, a pesar de que la lucha contra las drogas es estratégica para los intereses norteamericanos, reconoció que podría haber impactos en áreas como “salud, educación, producción, medio ambiente, entre otras”, en las cuales USAID implementa su cooperación a través de su relación con aproximadamente 60 ONG locales que “efectivamente van a sentir el impacto”. Por su parte, DEVIDA, un organismo oficial del Gobierno del Perú adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (no es una ONG), ha funcionado como la contraparte nacional para recibir fondos de la cooperación, especialmente del Gobierno de Estados Unidos, por lo que su dependencia económica a USAID es más que evidente. Si bien es cierto DEVIDA se crea en 1999, es desde 1981 que se inician las acciones de reducción del cultivo de coca, por presión del gobierno norteamericano, mediante el proyecto CORAH, el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga.

Las municipalidades de las áreas sensibles al narcotráfico reciben asistencia técnica brindada por DEVIDA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y USAID, lo que permite que se gestionen fondos adicionales a sus presupuestos municipales para invertir en proyectos y actividades. La suspensión del apoyo, en principio por 90 días, deja en tensión los compromisos con estos gobiernos locales, compromisos que han logrado resultados alentadores en la lucha contra la pobreza y en especial contra las drogas. El personal de DEVIDA señala que sus presupuestos para este 2025 están asegurados, sin embargo, se corre el riesgo que se frustren las expectativas futuras debido a la dependencia con el apoyo económico norteamericano. El personal de DEVIDA busca ganar la fidelidad de los agricultores para que estos no vuelvan a depender de los cultivos ilegales que sirven de insumo básico para el narcotráfico, con lo cual todo lo avanzado en la lucha contra las drogas corre el riesgo de perderse irremediablemente. El gobierno peruano debe de aclarar cuál es el futuro de esta institución en el caso de que el apoyo norteamericano no retorne nunca. Cabe mencionar que el esfuerzo de Trump por desmantelar USAID también desmantela los esfuerzos que su país ha hecho durante este tiempo para ejercer un “poder blando” global, como herramienta de influencia para persuadir a otros países, como el Perú, a fin de garantizar sus propios intereses por sobre los intereses de aquellos que se han mantenido como el patio trasero de Estados Unidos. La suspensión es por 90 días, pero los efectos serán por un mayor plazo.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de febrero de 2025

descocentro

Derechos de niñas, niños y adolescentes, más políticas incumplidas

 

En el Perú se han promulgado diversas políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, no se han cumplido adecuadamente para garantizar sus derechos. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos en áreas clave como la educación, la salud y la protección de la infancia.

Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño fuera aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 192 países, entre ellos el Perú, la situación de los niños, niñas y adolescentes no ha mejorado significativamente. En sus 34 años de vigencia, la Convención no ha supuesto mejoras significativas en las brechas de desigualdad, pobreza y pobreza extrema. En cuanto a la educación, se han registrado altos índices de deserción escolar y falta de acceso a una educación de calidad en muchas zonas rurales y marginales del país. Además, la falta de inversión en infraestructura educativa y la escasez de docentes capacitados han limitado las oportunidades de aprendizaje de miles de niñas, niños y adolescentes.

En términos de salud, se han observado deficiencias en la atención médica y la prevención de enfermedades, cómo anemia y desnutrición, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas. La falta de acceso a servicios básicos de salud como vacunas y atención prenatal, ha dejado a muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y la protección de la infancia también ha sido un desafío, ya que persisten altos índices de violencia, abuso y explotación infantil. A pesar de los esfuerzos para fortalecer el sistema de protección y promover la denuncia de casos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y protector para todos los niños, niñas y adolescentes en el Perú. No obstante, la abundante normativa legal y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA) que aparentemente "protegen" a la niñez.

En muchas zonas de la región Junín, la Convención de los Derechos del Niño – CDN, está en tela de juicio, porque la heterogeneidad territorial y sociocultural de la región es evidente, lo que hace que los niños y niñas no tengan los mismos requerimientos o necesidades, mientras el Estado sigue usando de manera uniforme las mismas políticas proteccionistas a pesar de nuestra reconocida diversidad y de la carencia de una hoja de ruta para implementar la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA), que ya tiene más de un año de promulgada pero nulo avance en su implementación.

Los resultados en la Región Junín, muestran que en los primeros nueve meses del presente año según el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se registraron 2206 denuncias en los CEM de la región, además de 5743 casos de violencia física, psicológica, sexual y económica en Junín. De ese total, el 38.4 % han sido hechos de violencia contra menores de 0 a 17 años. En otras palabras, 2206 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de maltrato. El departamento cuenta con 1 246 038 habitantes, de los cuales 65 600 son niños y niñas menores de 5 años; donde 4 de cada 10 niños menores de 36 meses de edad, sufren de anemia, vale decir el 42.9%. En comparación al año 2021, la disminución es de apenas 2.9 puntos porcentuales. La proporción de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición llega al 16.8%. Por si eso fuera poco, según la Dirección Regional de Salud de Junín, se registraron unas 1679 adolescentes embarazadas en el 2022; y la mayor concentración de trabajo infantil en el departamento se encuentra en la sierra, alcanzando un 22.1% del total de niños, niñas y adolescentes en la región, en tanto en la selva la incidencia de trabajo infantil es del 17.3%

En este mes de noviembre se conmemoran tres fechas representativas: el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil y Adolescente, el 19; el Día Universal del Niño en el marco de la Convención de los derechos del Niño, el 20; y el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguramente se seguirán realizando marchas, ferias, paseos, reconocimientos y otras actividades similares. Sin embargo, no vemos interés real en atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes en nuestra región, lo que obliga a preguntarse ¿cuándo se aprobará e implementará el Proyecto educativo Regional? ¿Desde cuándo se implementará el Plan Regional de la Infancia en nuestra región Junín?, ¿se cuenta con los recursos suficientes para su implementación?

 

desco Opina – Regional / 10 de noviembre del 2023

descocentro