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viernes

La violación sexual y el mandato de masculinidad

 

El caso de la violación grupal a un menor, estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, por parte de sus compañeros, al parecer en presencia de adultos “responsables” de la integridad de los menores, debe llevarnos a una urgente reflexión en torno a la manera en la que estamos educando a niños, niñas y adolescentes en Perú.

Los perpetradores de este atroz delito merecen una sanción conforme a ley. No recibirán una pena de 25 años o cadena perpetua como un adulto, porque aún les falta uno o dos años para la mayoría de edad. Pero la gravedad de los hechos no admitiría una pena privativa de libertad menor de 5 o 6 años. No “un par de semanas en Maranguita” como sugiere el senador Rodrich. Estamos ante un crimen, no ante un juego que “se les salió de las manos” como afirma el padre de uno de los perpetradores.

Los adultos presentes no pueden ser juzgados sólo por no cumplir con el deber de atención a una persona en riesgo. Su presencia en el lugar de los hechos, con muy poca probabilidad de no haber notado lo que sucedía a pocos metros, es una clara incitación al ejercicio de ese tipo de violencia disciplinadora. Esos adultos estaban “educando” a los jóvenes, a los perpetradores del crimen y, a través de ellos, a la víctima.

Si el género es una construcción social, en sociedades patriarcales como la nuestra, la masculinidad es un estatus que debe ser adquirido, para que sea reconocido debe ser demostrado. Este proceso es gradual, desde la niñez, cuando oímos a madres, padres y docentes decir que “los niños no lloran”. Desde la infancia les exigimos que pierdan la sensibilidad, que neutralicen las emociones, que no lloren.

Rita Segato sostiene que esta manera de educar, que empieza violentamente desde la niñez, debe ser calificada como una “pedagogía de la crueldad”. Así, la primera víctima del patriarcado son nuestros niños. El proceso escala, se agrava, el mandato de masculinidad exige responder a las expectativas, a las exigencias del grupo. Es en este espiral de violenta demostración de masculinidad, que la violación se torna una práctica que más que satisfacer un placer individual, es una manera de ejercer dominación, de demostrar poder.

Esta violencia vivida, es luego una violencia ejercida. Quien fue víctima es luego victimario. Es un disciplinador. Segato sostiene que es un “moralizador” que busca castigar a la persona, la más de las veces una mujer, pero también a las diversidades y como vemos en este caso, a un hombre joven en situación de vulnerabilidad. Esta pedagogía de la crueldad lo que hace es cosificar, enseñar a extraer de los cuerpos cualquier idea de humanidad y transformarlos en objetos que pueden ser poseídos. Elimina la empatía.

El caso del Liceo Naval ha generado una reacción inmediata en el gobierno, que ya anunció que el plantel dejará de estar a cargo de las Fuerzas Armadas y quedará hasta el 2027 bajo la administración del Ministerio de Educación (Minedu). Esta debería ser una buena noticia y en cierto nivel lo es. Pero ese solo hecho no es garantía de transformación pedagógica.

Juan Carbajal, revisando cifras de la plataforma SíseVe del Minedu, muestra que, entre enero y agosto de este año, las denuncias por violencia sexual dentro de los colegios ascienden a 1198, representando un incremento del 32.6% frente al mismo periodo en años anteriores. Estamos hablando de un ritmo de 200 denuncias de violencia sexual al mes –desde marzo que inician clases– en los colegios del Perú.

Si un ministro de Justicia –que debiera centrar su atención en la defensa de los derechos humanos en el país–, cree que es muy difícil llevar a cabo procesos de sanción penal a docentes, a maestros contratados para educar a nuestra niñez que vienen violando de manera sostenida a niñas en Condorcanqui, si en una sesión del Congreso de la República es capaz de señalar que es un “problema cultural”, la violación sexual no dejará de ser una práctica de dominación que se ejerza sobre los más débiles en nuestras escuelas.

Detrás de la vida de violencia a la que condenamos como sociedad a las niñas y adolescentes de Condocanqui, donde se registran más de 1253 víctimas de violencia sexual entre el 2024 y julio del 2026, hay un mismo patrón de reproducción del patriarcado que el que vemos en casos que logran escalar a la escena pública nacional como el del Liceo Naval.

Ambos son muestra de esta crueldad hecha pedagogía, pero son también parte del espectáculo de la impunidad a la que este tipo de hechos nos tiene acostumbrados.

 

 

desco Opina Regional / 25 de setiembre del 2026

Las cifras de la tolerancia hacia la violencia contra la mujer

 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), publicados el pasado mes de julio, nos muestran una realidad marcada por la aceptación del uso de la  violencia en las relaciones dentro de las familias peruanas: el índice de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres es de 58,9% y en el caso de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes este alcanza el 58,5%. Si bien, por la metodología empleada, el índice no puede ser comparado con los cálculos del mismo realizados en el 2013 y 2015 (años en los que el índice fue de 51,8% y 52,1% y, 42,1% y 54,8%, respectivamente), las cifras manifiestan la vigencia del problema.

Más allá de ayudarnos a describir mejor esta dura realidad y ver qué tanto ha cambiado, la data mostrada por la ENARES nos invita a reflexionar sobre la forma usual de comprender el fenómeno de la tolerancia hacia la violencia dentro de las familias y, en consecuencia, a afinar el abordaje del problema desde las políticas públicas. Por ejemplo, vayamos solo al caso de la violencia contra la mujer y veamos los siguientes datos que han sido calificados como contratuitivos en varias presentaciones de los resultados de la encuesta: el 94,4% de la población está de acuerdo con que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley, pero a su vez, el 27,2% considera que si alguna mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece algún tipo de castigo; de la misma forma 33,2% considera que las mujeres infieles deben ser castigadas por la pareja, y el 26% considera que las mujeres deben estar dispuestas a mantener relaciones sexuales cuando sus parejas o esposos lo deseen.

¿Qué podemos inferir de esta aparente contradicción? Lo primero que se nos puede ocurrir es que, al formularse la pregunta de forma directa, las personas hayan respondido «correctamente» para salvar las apariencias. Sin embargo, de ser esto cierto, esta actitud se habría mantenido en las respuestas a las demás preguntas, algo que evidentemente no se dio. Descartada esta primera respuesta, parece más adecuado prestar atención a las formas de justificar la violencia, para notar que esta se da en el marco de una institución social con jerarquía y roles determinados, como lo es la familia, y que la violencia es ejercida como herramienta para corregir a quienes se salen de esos roles establecidos y desestabilizan la jerarquía.

La idoneidad de ver la tolerancia ante la violencia contra las mujeres, desde un enfoque que destaca la influencia de los roles, se sustenta en otro dato resaltante de la encuesta, que muestra que el 52,7% de la población está de acuerdo con que la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa y después sus sueños. Por ello, la distinción entre lo que se concibe como la «mujer» y la «mujer en su rol de pareja o esposa y madre» es fundamental para abordar el tema de la violencia. Ser conscientes de esta distinción, no resta gravedad a la problemática de las mujeres, entendiendo que esta no se reduce solo a la violencia doméstica y que, además, existe una fuerte presión social dirigida hacia las mujeres para ser madres y esposas al alcanzar una edad determinada. La distinción solo aporta una mayor precisión en la comprensión del problema.

A nivel de políticas públicas esto podría traducirse en un mayor énfasis en el diseño de estrategias de sensibilización, dirigidas tanto a hombres como a mujeres, que tengan por objetivo reconfigurar  la concepción de los roles dentro de la familia, lo que comprende la eliminación de las restricciones que impiden el bienestar pleno de las mujeres, el descarte de la violencia como elemento presente en las relaciones intrafamiliares, la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y el establecimiento de las nuevas masculinidades. Precisamente, estos temas han ido incrementando su presencia en las políticas para la lucha contra la violencia, elaboradas por el MIMP en los últimos años, por lo que aún falta mucho por trabajar al respecto y los resultados de la ENARES no hacen más que mostrárnoslos.

 

desco Opina - Regional / 2 de octubre de 2020

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