La trampa del individualismo

El individualismo es una fuerza de innovación y autonomía, pero cuando no se orienta hacia el interés general, hacia formas de organización colectiva, se convierte en un factor de fragilidad social. Y es así como se vive en nuestro país. El predominio de la acción aislada debilita las redes comunitarias e institucionales, tanto en el campo como en las zonas urbanas. Como consecuencia de ello, se idealiza mal a los llamados emprendedores y se avala la lógica del “sálvese quien pueda”.

Esto tiene graves consecuencias, tanto en la vida cotidiana como en la estabilidad a largo plazo. Las salidas individualistas, que se traducen en falta de coordinación colectiva, nos impiden dar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias. Lo hemos vivido repetidamente en momentos de crisis. Recientemente con la pandemia, pero antes en epidemias, ocurrencia del Fenómeno de El Niño o procesos post terremoto, ya hemos visto que la acción individual no basta y que sin una estructura colectiva que organice los recursos, comunique con claridad y ejecute medidas comunes, los efectos negativos se multiplican y potencian.

No podemos olvidar la primera etapa de la pandemia de COVID-19. A falta de una estrategia comunitaria clara, las mayorías urbanas, sin ingresos formales ni redes de soporte barrial, rompieron las cuarentenas por necesidad. La descoordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, sumada a la desconfianza institucional, debilitó la efectividad de las medidas. El resultado: uno de los índices de mortalidad más altos del mundo.

Más recientemente, en 2023, la crisis climática provocada por el ciclón Yaku evidenció de nuevo esta carencia. En Lima y el norte del país, las lluvias causaron serios desbordes y colapsos de infraestructura básica. Sin organización vecinal sólida ni coordinación efectiva entre municipios y Defensa Civil, muchas familias lo perdieron todo.

Hoy, cuando los ciudadanos se desentienden del bien común y el Estado capturado por una coalición autoritaria y mafiosa actúa sin control social, se genera un nuevo ciclo de precariedad. Servicios esenciales como salud, educación básica, transporte público o gestión ambiental se deterioran sin que nadie haga nada. La falta de organización ciudadana para exigir el mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento, así como de los sistemas de riego, ha agravado la crisis hídrica en varias regiones del Perú, especialmente en zonas como Ica o Arequipa. Del mismo modo, los bajos niveles de participación colectiva en temas educativos complican la fiscalización y la mejora de los colegios públicos, con graves brechas de calidad docente, infraestructura y conectividad. En salud, la escasa colaboración ciudadana en campañas de vacunación o prevención ya ha generado brechas peligrosas. Las tasas de vacunación infantil han descendido por debajo del límite necesario para proteger contra enfermedades erradicadas como el sarampión y la tos convulsiva.

Sin espacios donde los ciudadanos se encuentren, escuchen y negocien, lo que crece es la desconfianza y la fragmentación social que facilitan la ineficiencia del Estado y la arbitrariedad de la clase política. En contextos como el peruano, donde la confianza en las instituciones es muy baja o inexistente, fomentar espacios de organización ciudadana no es un lujo de ONG, sino una necesidad y una obligación urgente para la estabilidad democrática y el bienestar común. ¿Quién exige rendición de cuentas en su municipio? ¿Quién fiscaliza los presupuestos participativos?¿Quién se une a una asociación barrial que no sea por puro interés inmediato? Las redes sociales, más allá de sus virtudes, nos están mostrando que lejos de unir, amplifican la distancia social: cada quien vive encerrado en la burbuja de su celular, repitiendo lo que quiere ver y oír, rechazando al que piensa diferente, imaginando que alguien ¿? se está ocupando del bien común.

No se trata de idealizar, toma tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero no conocemos otra forma para sostener viva la democracia, avanzar hacia una economía menos injusta y una sociedad menos cínica. No basta con indignarse en redes sociales ni con votar cada cinco años.

Recordemos que, en muchas zonas del país, principalmente en comunidades rurales, la acción colectiva sigue viva. Quizá lo urgente hoy sea aprender de quienes aún entienden que vivir en sociedad es más que coexistir: es construir juntos. Debemos recuperar el NOSOTROS y eso empieza en lo pequeño: en la asamblea del barrio, en el comité de agua, en la escuela donde estudian nuestros hijos e hijas, en los centros de trabajo, en las organizaciones de las mujeres de los barrios.

 

desco Opina - Regional / 4 de julio de 2025

descoCiudadano 

Las ONG en la mira de la coalición autoritaria

 

Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación. En la práctica, los parlamentarios estarían violando la libertad de asociación de las ONG, prohibiéndoles, además, la contratación con el Estado, recortándoles espacios de acción y otros derechos, aun cuando muchas de las propuestas planteadas por estas instituciones se hayan convertido en políticas públicas. Todo ello, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector del sector y que, dicho sea de paso, no esconde su entusiasmo por las propuestas.

Estamos siendo testigos de un paso más en la llamada “guerra cultural” que las derechas extremas vienen agitando desde distintos frentes como el Parlamento y los medios de comunicación. Esta vez, el objetivo es claro, limitar el avance que las ONG han promovido en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos, derechos dirigidos a las grandes mayorías, esas mayorías que pretenden invisibilizar desde el poder, acortando las pocas posibilidades que tienen para acceder a una vida digna.

Es en ese escenario, en donde el arduo trabajo de las ONG por la lucha contra la corrupción, la construcción de ciudadanía, el impulso de derechos y de la organización, el fortalecimiento de capacidades de la sociedad para el ejercicio de sus derechos políticos, así como la amplia generación de experiencias y propuestas de políticas públicas, resulta incómodo y peligroso para los intereses de los grupos de poder representados en el Congreso y el Ejecutivo. Hay que ser claras y claros, más allá de las ONG, se está afectando los derechos de distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, que trabajan de la mano con estas organizaciones sin fines de lucro y han construido una red importante mediante la cual se impulsan iniciativas que respaldan sus demandas y necesidades ante la debilidad, la indiferencia y la ausencia del Estado para hacerlo.

Las Organizaciones No Gubernamentales nunca nos hemos opuesto a la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas son parte de nuestro quehacer cotidiano y muchas de las instituciones estamos adscritas a compromisos internacionales y promovemos estas políticas ante la misma población con la que trabajamos, los donantes de los distintos proyectos, la cooperación internacional, la opinión pública, la APCI y las instituciones públicas cuando es requerido. Es falso que pretendamos ocultar nuestra información y los movimientos económicos que realizamos para sustentar nuestras acciones, acciones que año a año cumplimos sin perder el aliento, gracias a un trabajo minucioso que busca también la transparencia dentro de nuestras propias organizaciones.

Sí, estamos a favor de toda iniciativa que busque fortalecer los mecanismos de transparencia, que incluya el fortalecimiento de la propia APCI, a fin de asegurar su rol articulador en el sistema de cooperación internacional y de acuerdo a las necesidades de la agenda nacional. No, no vamos a permitir que el revanchismo político de los sectores antiderechos y conservadores del país, se superponga a los intereses comunes que movilizan a diario, y a lo largo de nuestra historia, a diversos actores, comunidades y población organizada, en pro de sus derechos y que reclaman por un sistema político legítimamente representativo y que sea capaz de asegurar una vida digna para todas y todos.

 

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2024