Los estropicios legales de un congreso ilegítimo

 

Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Por eso, el comunicado de los senadores norteamericanos se suma a la preocupación manifestada por los relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes, el pasado 19 de junio, advirtieron que las reformas propuestas podrían interferir en el funcionamiento interno de las ONG y las organizaciones sociales. En particular, resaltaron que obligarlas a registrar sus actividades y divulgar información sensible, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

De igual manera, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, también expresó su preocupación sobre este tema. Destacó la importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia, advirtiendo que las medidas que busca aprobar el Congreso, podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el clima de inversión en el Perú.

¿Por qué la preocupación? Lo que no asumen los patrocinadores del proyecto que busca modificar la Ley que norma el funcionamiento de APCI, es la complejidad que supone la referencia a la cooperación internacional. En efecto, cuando el objetivo es perseguir, criminalizar e ilegalizar y no buscar mejores canales para dar eficiencia a estos recursos, los impulsores de la norma no consideran que, según cifras oficiales, 73% de la cooperación para el desarrollo es manejada por el Estado peruano y sólo el 27% lo conducen las ONG y organizaciones sociales.

De ese más del 70% que administra el Estado peruano, la cooperación norteamericana representa casi el 60% del total. En el 2021, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), convino con el Estado peruano la transferencia de 321 millones de dólares, para proyectos de cooperación en Perú, durante los siguientes cinco años.

Estos recursos se destinan al desarrollo económico y social de las comunidades rurales que buscan fuentes de ingreso lícitas y sostenibles mediante el desarrollo de cadenas productivas. En otras palabras, lo que se intenta es la reconversión productiva sostenible de los campesinos cocaleros para, según el objetivo 1 que se propone el plan de USAID para nuestro país, “expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca”.

Una segunda área de cooperación es la mejora de la integridad pública para reducir la corrupción. En esa línea, USAID busca apoyar a las entidades de supervisión y control del Estado peruano, para la implementación de sus políticas y reformas destinadas a lograr mayor eficiencia y transparencia del aparato estatal. Así, según su objetivo de desarrollo 2, nuestro país, “incrementa la integridad pública para reducir la corrupción”.

Como vemos, las posiciones eminentemente personales, combinadas con la vocación profundamente antidemocrática que porta la mayoría de los integrantes del Congreso de la República dan como resultado estas inconcebibles conductas, en las que el necesario debate alrededor de los intereses nacionales queda totalmente de lado. Más aun, ni siquiera estamos ante situaciones inéditas, porque lo que vemos hoy tiene mucha semejanza con lo visto durante el autoritarismo fujimorista de los años 90 e, incluso, encarnado en las mismas personas y agitando los mismos pretextos.

 

 

desco Opina / 13 de diciembre de 2024

Las ONG en la mira de la coalición autoritaria

 

Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación. En la práctica, los parlamentarios estarían violando la libertad de asociación de las ONG, prohibiéndoles, además, la contratación con el Estado, recortándoles espacios de acción y otros derechos, aun cuando muchas de las propuestas planteadas por estas instituciones se hayan convertido en políticas públicas. Todo ello, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector del sector y que, dicho sea de paso, no esconde su entusiasmo por las propuestas.

Estamos siendo testigos de un paso más en la llamada “guerra cultural” que las derechas extremas vienen agitando desde distintos frentes como el Parlamento y los medios de comunicación. Esta vez, el objetivo es claro, limitar el avance que las ONG han promovido en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos, derechos dirigidos a las grandes mayorías, esas mayorías que pretenden invisibilizar desde el poder, acortando las pocas posibilidades que tienen para acceder a una vida digna.

Es en ese escenario, en donde el arduo trabajo de las ONG por la lucha contra la corrupción, la construcción de ciudadanía, el impulso de derechos y de la organización, el fortalecimiento de capacidades de la sociedad para el ejercicio de sus derechos políticos, así como la amplia generación de experiencias y propuestas de políticas públicas, resulta incómodo y peligroso para los intereses de los grupos de poder representados en el Congreso y el Ejecutivo. Hay que ser claras y claros, más allá de las ONG, se está afectando los derechos de distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, que trabajan de la mano con estas organizaciones sin fines de lucro y han construido una red importante mediante la cual se impulsan iniciativas que respaldan sus demandas y necesidades ante la debilidad, la indiferencia y la ausencia del Estado para hacerlo.

Las Organizaciones No Gubernamentales nunca nos hemos opuesto a la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas son parte de nuestro quehacer cotidiano y muchas de las instituciones estamos adscritas a compromisos internacionales y promovemos estas políticas ante la misma población con la que trabajamos, los donantes de los distintos proyectos, la cooperación internacional, la opinión pública, la APCI y las instituciones públicas cuando es requerido. Es falso que pretendamos ocultar nuestra información y los movimientos económicos que realizamos para sustentar nuestras acciones, acciones que año a año cumplimos sin perder el aliento, gracias a un trabajo minucioso que busca también la transparencia dentro de nuestras propias organizaciones.

Sí, estamos a favor de toda iniciativa que busque fortalecer los mecanismos de transparencia, que incluya el fortalecimiento de la propia APCI, a fin de asegurar su rol articulador en el sistema de cooperación internacional y de acuerdo a las necesidades de la agenda nacional. No, no vamos a permitir que el revanchismo político de los sectores antiderechos y conservadores del país, se superponga a los intereses comunes que movilizan a diario, y a lo largo de nuestra historia, a diversos actores, comunidades y población organizada, en pro de sus derechos y que reclaman por un sistema político legítimamente representativo y que sea capaz de asegurar una vida digna para todas y todos.

 

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2024

Palazos de ciego

La ingravidez es la experiencia de personas y objetos durante la caída libre. También de países como el nuestro, en donde pareciera haberse extinguido la política, en medio de una rápida desaceleración del crecimiento económico y la multiplicación de los conflictos sociales que, en sí mismos, no debieran ser problemas, sino datos de la realidad.

Sin embargo, sí es problema que el gobierno no muestre aptitud alguna para conducir la economía y los conflictos sociales sino a buen puerto, al menos a refugios temporales que permitan asegurar el menor daño posible. Simplemente, hace tiempo agotó su capacidad de reacción, si alguna vez la tuvo, y solo parece esperar que el sueño de la gran transformación convertido en pesadilla, termine lo más pronto posible.

Próximos a la sensación de ingobernabilidad, surgen especulaciones acerca de ollantazos y vacancias que no prosperan solamente porque si al gobierno le va muy mal, a la oposición le va peor. Unos paralizados porque a cada intento de movimiento salta la pus por todos sus costados y otros –las izquierdas– porque les cuesta reaprender a hacer política.

Pero, no confundamos el zafarrancho de combate con inmovilismo. En estos casos, sucede algo más delicado: los movimientos reflejos que ilusionan al moribundo con la vitalidad. Uno de ellos, sintomático, ha sido el denominador común de todos nuestros gobiernos en los últimos 35 años, luego de «re-inaugurar» nuestra democracia en 1980: el agente extranjero que subvierte el orden por intereses que no son los de la patria.

Belaunde buscó insistentemente europeos del este en Ayacucho. Al no encontrarlos se consoló con las franelas rojas que usaba la ONG Centro Labor, en Pasco, para limpiar de polvo a las obras de Mariátegui que tenía en sus anaqueles, pruebas indubitables de lucha armada y terrorismo para el segundo belaundismo. García envió a Rómulo León Alegría –nada menos– a Puno, en 1986, para acusar a los partidos de izquierda de «acceder a fondos de la cooperación internacional  para subvencionar la lucha armada».

La SECTI de Fujimori nos mostraría un rosario de estas situaciones, especialmente con las organizaciones de derechos humanos (recordemos su proyecto para limitar el sueldo de los profesionales de ONG a 2 o 3 sueldos mínimos vitales); con Toledo destacó su congresista Celina Palomino, y García, nuevamente, amagó varios intentos especialmente luego de Bagua.

Este recurso tan gastado y evidentemente efectista, vuelve a ser utilizado por el gobierno actual, alucinando que es una de las medidas que debe tomar para controlar los denominados conflictos socio-ambientales. El 25 de mayo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) anunció que había conformado grupos de trabajo que viajarían a las regiones con «altos índices de conflictos sociales» con el objetivo de supervisar los proyectos ejecutados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo.

Advirtió que quedarían fuera del registro de esta entidad las ONG y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que no hayan sometido a supervisión el uso que le dan a los recursos que reciben de la cooperación internacional, y aquellas que no hayan presentado la Declaración del Informe Anual de Actividades y un Plan Anual de Actividades para el año de inicio. Más aun, la directora ejecutiva de APCI, Rosa Herrera Costa, invocó a la ciudadanía que apoye esta acción planteando sus denuncias vía telefónica o electrónica. Es hasta cierto punto explicable que políticos y autoridades en busca de chivos expiatorios elijan una vez más como blanco a las ONG, pero esa actitud es inaceptable e inexcusable en un organismo especializado como APCI, que conoce muy bien a estas instituciones.

Frente a ello, como señala el comunicado de la Asociación Nacional de Centros (ANC), el gobierno debe recordar que en el Perú existe un clima de alta conflictividad social que no es responsabilidad de las ONG, e intentar buscar culpables, impide entender la profundidad del problema y conduce a falsas soluciones.

Continúa: «Los conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las instituciones del Estado, que debe corregirse a fin de que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de ellas». Ojalá se tenga en cuenta esto.

El problema no es Grufides, la Red Muqui o Coperacción; es un Estado que en más de una década no pudo construir un aparato mínimo para gestionar adecuadamente los conflictos, bajo el imperio de la ley. En esta materia, no podrá negarse la importante colaboración de la cooperación internacional, que solo la desidia de los últimos gobiernos evitó que se expresara en mejores intervenciones. Sería necesaria una clara y contundente rendición de cuentas en este sentido y dejar de lado el cansino y periódico señalamiento a las ONG que, hasta donde se conoce, jamás ha terminado en denuncias concretas y probadas de instituciones promoviendo conflictos o fomentando la violencia.

desco Opina / 5 de junio de 2015
Descargar aquí