Los estropicios legales de un congreso ilegítimo

 

Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Por eso, el comunicado de los senadores norteamericanos se suma a la preocupación manifestada por los relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes, el pasado 19 de junio, advirtieron que las reformas propuestas podrían interferir en el funcionamiento interno de las ONG y las organizaciones sociales. En particular, resaltaron que obligarlas a registrar sus actividades y divulgar información sensible, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

De igual manera, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, también expresó su preocupación sobre este tema. Destacó la importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia, advirtiendo que las medidas que busca aprobar el Congreso, podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el clima de inversión en el Perú.

¿Por qué la preocupación? Lo que no asumen los patrocinadores del proyecto que busca modificar la Ley que norma el funcionamiento de APCI, es la complejidad que supone la referencia a la cooperación internacional. En efecto, cuando el objetivo es perseguir, criminalizar e ilegalizar y no buscar mejores canales para dar eficiencia a estos recursos, los impulsores de la norma no consideran que, según cifras oficiales, 73% de la cooperación para el desarrollo es manejada por el Estado peruano y sólo el 27% lo conducen las ONG y organizaciones sociales.

De ese más del 70% que administra el Estado peruano, la cooperación norteamericana representa casi el 60% del total. En el 2021, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), convino con el Estado peruano la transferencia de 321 millones de dólares, para proyectos de cooperación en Perú, durante los siguientes cinco años.

Estos recursos se destinan al desarrollo económico y social de las comunidades rurales que buscan fuentes de ingreso lícitas y sostenibles mediante el desarrollo de cadenas productivas. En otras palabras, lo que se intenta es la reconversión productiva sostenible de los campesinos cocaleros para, según el objetivo 1 que se propone el plan de USAID para nuestro país, “expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca”.

Una segunda área de cooperación es la mejora de la integridad pública para reducir la corrupción. En esa línea, USAID busca apoyar a las entidades de supervisión y control del Estado peruano, para la implementación de sus políticas y reformas destinadas a lograr mayor eficiencia y transparencia del aparato estatal. Así, según su objetivo de desarrollo 2, nuestro país, “incrementa la integridad pública para reducir la corrupción”.

Como vemos, las posiciones eminentemente personales, combinadas con la vocación profundamente antidemocrática que porta la mayoría de los integrantes del Congreso de la República dan como resultado estas inconcebibles conductas, en las que el necesario debate alrededor de los intereses nacionales queda totalmente de lado. Más aun, ni siquiera estamos ante situaciones inéditas, porque lo que vemos hoy tiene mucha semejanza con lo visto durante el autoritarismo fujimorista de los años 90 e, incluso, encarnado en las mismas personas y agitando los mismos pretextos.

 

 

desco Opina / 13 de diciembre de 2024

Para recuperar las Fiestas Patrias

 

El gobierno de Dina Boluarte llega a su segundo Mensaje a la Nación por 28 de julio en el curso interminable de su profunda crisis de legitimidad. Producto de una fortuita, forzada y convenida convivencia con la derecha y el fujimorismo, no tiene más horizonte que el de la restauración de los poderes enraizados en un capitalismo excluyente y sostenerse con los reflejos autoritarios que comparte con sus aliados, dos líneas que se expresan claramente en los múltiples cambios constitucionales perpetrados con impunidad y descaro por un Congreso casi tan rechazado como la Presidenta.

Es poco lo que la ciudadanía espera del Mensaje a la Nación. Es un gobierno con casi nada qué decir sobre lo actuado, poco que ofrecer al país en lo que resta de su mandato y con una enorme deuda en los dos frentes que más preocupan a la gente, que son el descontrol de la delincuencia organizada y el deterioro de la economía. Con tal precariedad e ineptitud, a la Presidenta y su equipo sólo les queda el recurso del que han hecho uso y abuso desde que tomaron el poder: la ceremonia vacía y el ritual hipócrita.

Esta obsesión por el discurso conmemorativo o de saludo en los días feriados, adornado por un lenguaje corporal forzado y una sonrisa más parecida a una mueca, es algo que no se ha señalado suficiente acerca del desempeño de Boluarte. No es una observación superflua, sino más bien un aspecto de la superficialidad de la Presidenta que pone en radical evidencia la falta de sustancia de su gobierno.

Así, en vista de la radicalización de la situación anómala que vivimos al menos desde 2016, en medio de grandes desarreglos y roturas de la institucionalidad democrática, las ceremonias de conmemoración de nuestra Independencia —ya bastante disminuidas por una ritualidad marcial y una desfasada impronta religiosa— parecen este año 2024, más que nunca, condenadas a estar más cerca de la farsa y muy lejos de ser la expresión pública de nuestra pertenencia y compromiso con el país.

Y es que la verdadera riqueza de los ritos reside en su capacidad para conectar la mente y el corazón, en este caso, las razones y los sentimientos sobre la importancia de hacer patria y atender al propósito original de la independencia política, de pensar en nuestro origen y en nuestro destino común. Como mucho, nuestros gobernantes están pensando en sobrevivir en el cargo y en evitar la cárcel que se les presenta como casi único futuro al final de su aventura en el poder.

Como sea, la celebración no es del gobierno en su ejercicio, sino de la independencia del Perú, una patria que se soñó liberada de la dependencia y sojuzgamiento colonial y que ahora se retuerce en manos del autoritarismo y el oportunismo, herida aún por la represión sangrienta y en incertidumbre por la incapacidad de las autoridades y la falta de compromiso de la clase empresarial, que nos pide a todos y todas ponernos la camiseta del capital, pero nunca se pone ella misma la camiseta de trabajar por el país de todos.

El reverso de esta moneda, no hay que dejar de decirlo, está en las organizaciones republicanas populares de la sociedad peruana, que pugnan por la recuperación de la democracia. Como ha quedado evidenciado en los carnavales del último par de años —verdaderos espacios de confrontación crítica al gobierno— y como se muestra crecientemente en los desfiles descentralizados, la cultura y las tradiciones aparecen como un refugio para la defensa de los valores que tejen nuestra identidad y orgullo nacional.

También lo son las marchas, plantones y concentraciones que ponen en el centro las demandas de justicia e igualdad: la lucha de los familiares y víctimas de la represión de 2022-2023, la reivindicación de los derechos humanos, la agenda de las mujeres organizadas para defender su libertad sexual y la igualdad de condiciones, la de los trabajadores por protegerse de los abusos empresariales, todas son verdaderas manifestaciones de apego a una comunidad nacional. Nos corresponde a las mujeres y hombres de todas las edades y todas las regiones, aferrarnos a valores y derechos compartidos, como la libertad, la justicia y la igualdad. La lucha por mantener y recuperar derechos es lo que nos ha de conducir a fortalecer nuestro sentido de pertenencia a la patria peruana, tan mancillada en estos tiempos.

 

 

desco Opina / 26 de julio de 2024

 

La agenda de desarrollo pendiente para Lima Metropolitana

 

La población de Lima Metropolitana que bordea los 11 millones de habitantes, es un tercio de la población de todo el Perú. Pese a ser la capital del país, las y los ciudadanos no ejercen sus derechos; ni el gobierno nacional –con sus Ministerios–, ni el gobierno metropolitano y las gestiones distritales pueden solucionar los problemas que aquejan a la población que vive en esta ciudad.

Sus problemas son conocidos y los vemos y sentimos cada día. Enfrentamos la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres y la infancia, la contaminación ambiental, el constante peligro de desastres resultado de fenómenos naturales, el caos vehicular, la malnutrición, la incidencia de casos de tuberculosis, el desempleo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad extrema y un largo etcétera más. La ineficiencia de las autoridades y los casos de corrupción han contribuido a que esta problemática se mantenga y en muchos casos se incremente.

Todos y todas –habitantes presentes y futuros– tenemos derecho a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de esta ciudad; que tiene que ser inclusiva, segura y sostenible para vivir una vida plena y decente.

¿Cuál es la agenda que se tiene que trabajar para que las mujeres, los hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, población LGTBIQ+ y toda la población ejerzan sus derechos y tengan calidad de vida? Un grupo importante de lideresas de Lima Metropolitana, preocupadas por la situación de la ciudad, han analizado esta problemática y elaborado la “Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima. Defendiendo nuestro derecho a la ciudad que queremos”. También se cuenta con el “Acuerdo de Gobernabilidad para Crecer en Comunidad. Lima Metropolitana 2023 - 2026”, en donde han participado organizaciones de la sociedad civil de Lima Metropolitana; sin embargo, este acuerdo no ha sido suscrito por el actual alcalde de Lima Metropolitana. Presentamos los principales puntos estas agendas.

En el aspecto social, uno de los temas que es parte de esta agenda de desarrollo para Lima Metropolitana es la inseguridad ciudadana. El acoso callejero tiene que ser prohibido y sancionado, se necesitan observatorios de seguridad ciudadana para el mapeo de la delincuencia, contar con sistemas de alerta ciudadana, impulsar y apoyar el trabajo en redes comunitarias y promover la vigilancia ciudadana. Para los casos de violencia contra las mujeres, es vital que funcionen las instancias de concertación para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, es urgente que se implementen y funcionen las casas refugios.

El Consejo Participativo Metropolitano/Provincial de Educación (COPARE) tiene que funcionar con el objetivo de realizar el seguimiento de la implementación del Proyecto Educativo de Lima Metropolitana. Se deben implementar espacios de trabajo cultural y artísticos, actividades de integración cultural y valoración de la identidad, historia, lengua y costumbres en los espacios púbicos, además de la creación de programas y actividades culturales y deportivas concretas orientadas a las y los jóvenes de todos los grupos étnicos, generacionales y sociales.

Es de suma urgencia el funcionamiento de la Mesa Multisectorial para la Prevención y Reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. Otra urgencia es la reducción de la incidencia de la tuberculosis a través del funcionamiento del Comité Multisectorial de Lucha contra la TBC. La prevención del embarazo adolescente tiene que ser trabajada de manera articulada con el Ministerio de Salud con una adecuada educación sexual integral.

Se necesita una política metropolitana sobre la vejez y el envejecimiento que asegure el ejercicio de derechos y una vida digna a las personas adultas mayores.

Sobre la gestión del territorio, se necesita el fomento de la vivienda en espacios con adecuadas condiciones de habitabilidad, así como contar con un programa de vivienda nueva, renovación urbana y densificación para los sectores D y E. El enfoque de gestión de riesgos de desastres tiene que ser parte del desarrollo local y los ecosistemas frágiles tienen que ser protegidos. Se tiene que garantizar la intangibilidad de las áreas verdes, los espacios públicos y la forestación en las laderas. Las acciones frente al cambio climático tienen que ser priorizadas, y se debe diseñar e implementar un programa de segregación de residuos sólidos. Necesitamos un sistema integrado de transporte público.

Otro aspecto de la agenda es la promoción de emprendimientos y el desarrollo de actividades económicas, lo que requiere el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades para el empleo y el emprendimiento, con énfasis en la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Necesitamos una gestión descentralizada y planificada, la generación y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el buen uso de los recursos públicos para la gestión local. La planificación de la ciudad debe ser concertada y participativa; se debe fortalecer la participación ciudadana de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, población LGTBIQ+, vecinos y vecinas en la priorización de la problemática y en la elaboración de las estrategias de intervención a través de la formulación e implementación de una política pública metropolitana. La Municipalidad Metropolitana de Lima debe asumir las funciones de gobierno regional que están señaladas en la normatividad, educación y salud son parte de esas competencias que deben ser asumidas.

La Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), en su artículo cuarto del título preliminar, nos dice: “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. La actual gestión municipal metropolitana tiene la obligación de desplegar todos los esfuerzos para que la población limeña ejerza sus derechos, tiene que trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional y con todas las municipalidades distritales; los espacios de coordinación y concertación, señalados líneas arriba, tienen que funcionar y la participación ciudadana tiene que darse de manera plural y efectiva. Las y los vecinos deben ejercer su derecho a la vigilancia ciudadana.

 

desco Opina / 28 de abril de 2023

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