Son tiempos de
diálogo forzado para el gobierno, pero las expectativas formadas –si es que las
hubo realmente– se diluyen en proporción directa a la claridad que tiene el
convocante, respecto a los objetivos políticos que se propone al activar este
mecanismo.
El 9 de
febrero se dio inicio a una ronda de conversaciones entre el Ejecutivo,
representado por la premier Ana Jara, y un grupo de delegados de partidos
políticos a los que, en algunos casos, resultó muy difícil identificar; aunque
todos compartiendo el denominador común de no representar a ningún segmento
significativo de la población. Si del convite hubieran participado el
fujimorismo y el aprismo, que decidieron no acudir a la cita, la naturaleza del
cónclave no habría variado porque, una vez más, se revela la enorme y creciente
distancia entre este país de deleznable formalidad y aquél otro real, que
empieza a agitarse en la medida que los impactos del fin de fiesta del
crecimiento económico se hacen más palpables.
Como era
previsible, gran parte de lo «acordado» corresponde en realidad a decisiones
que pudo tomar el Ejecutivo dentro de sus atribuciones, sin necesidad de
consensuarlo en un diálogo que debió ser político y está terminando muy próximo
a lo farandulero. ¿Había necesidad de hacer la parafernalia que vimos para
anunciar que iba a «suspenderse» las actividades de la DINI por seis meses, sin
proponer fórmula alguna acerca de las investigaciones pendientes sobre este
organismo? ¿Es un resultado político concluir que en el segundo semestre del
presente año «se evaluará» la posibilidad de subir en 75 soles la remuneración
mínima, olvidando, además, que por el mismo intento el gobierno ajustició a su
Premier anterior?
Pero la cuestionable
calidad política del anfitrión y de los invitados fue solo parte del problema. Porque
hay otra dimensión, más importante y decisiva, que no parece ser objeto de
fórmulas para manejar los desafíos que se le presentan a la gobernabilidad,
para usar el vocablo universal que aplican los integrantes del Ejecutivo para
cualquier ocasión en la que intuyen problemas.
Un primer
ámbito en donde el gobierno no puede dialogar por diversas carencias es el
social. Una serie de situaciones altamente explosivas son apenas contenidas y
al menor movimiento desencadenan violencia, como la que viene sucediendo en
Pichanaki en donde nadie quiso dialogar, ni una empresa con tan nefastos
antecedentes sociales como Pluspetrol, ni el gobierno, ni las autoridades
regionales.
Un segundo frente
en este espacio ya lo planteó el flamante presidente de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos
Gálvez, quien porta la voz dura y confrontacional de los empresarios mineros.
Sin ambages, afirmó que la consulta previa es una traba para las inversiones y
sostuvo, además, que el MINAM resulta, en su imaginación, el «enemigo» a
enfrentar. Lo interesante del caso, como afirma José de Echave, es que en el sector minero no se ha aplicado ni un
solo proceso de consulta y no se tiene ninguna evidencia que muestre al MINAM
como enemigo de las inversiones.
Luego enfila,
como no puede ser de otra manera, contra la «tramitología» para advertirnos que
en esta época de vacas flacas, los empresarios mineros no están dispuestos a
perder rentabilidad por veleidades ambientales o sociales, dicho de manera
directa y sin preocuparse de guardar ninguna apariencia.
El otro frente
surge desde el propio gobierno, en boca, claro está, del inefable ministro de
Economía, Alonso Segura. Por alguna extraña razón, el titular del MEF parece no
haber evaluado políticamente lo sucedido con la derogatoria de la ley de
promoción de empleo juvenil que impulsó con desmedido entusiasmo, atinando
apenas a buscar en su baúl de clisés ochenteros el que podría ser más preciso
para esta ocasión, según su incomprensible parecer: «no mezclar la política con
la economía».
Desgraciadamente,
esto no es todo. Solicitó que el Legislativo apruebe el
proyecto de Ley 4008, que
según sus considerandos «promueve el mejor desempeño del mercado laboral»,
modificando la legislación vigente para reducir costos a las empresas y
facilitando el despido colectivo por cuestiones económicas. Afirmó Segura que «hay una serie de otros
temas de agenda, otros proyectos que se mandaron al Congreso en noviembre del 2014
y que están esperando aprobación». Entre ellos, el referido proyecto.
¿Cuál es el motivo de la
presión del ministro? Uno de los aspectos del 4008 es la reducción del
porcentaje de trabajadores requeridos para el despido colectivo por motivos
económicos de 10% a 5% porque, según el texto, «es necesario establecer un
porcentaje más adecuado que permita a las empresas ajustar de manera más
eficiente el número de trabajadores». En otras palabras, permitir el avance del
capital sobre el trabajo como manera de «no ahuyentar la inversión».
Otro
de los puntos es que las empresas pueden establecer bonos de hasta 20% de la
remuneración anual, que no serán considerados para el cómputo de las
gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones. Como señala Pedro Francke, con este Pulpón «no
le quitan tres sueldos y medio a cada joven como la Ley Pulpín, pero
reducen cada gratificación y la
CTS en 20%, es decir, un total de 60% de un sueldo por año,
lo que se aplica tanto a jóvenes como a adultos».
En
síntesis según el ministro Segura, los políticos deben limitarse a aprobar lo
que proponen los técnicos; lo contrario es mezclar «la economía con la política».
Si en el camino se «incendia la pradera» estaríamos ante un «efecto colateral»
que debería seguramente, manejarse con la ley en la mano (léase represión).
Entonces,
ante este panorama, ¿vale el optimismo ante la posibilidad de que voceros
políticos de nula representatividad se «pongan de acuerdo» con el gobierno,
mientras los poderes reales del país presionan sin que se vislumbre mecanismo
alguno para encauzarlos hacia los intereses políticos del gobierno?
Lamentablemente, estos no existen, y por ello la política termina siendo un
mero ejercicio de resistencia ante las presiones ejercidas y no un interés por
la construcción de consensos, como debió ser.
desco Opina / 13 de febrero de 2015
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