Tragedias de la incompetencia neoliberal

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.

El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.

Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.

La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.

El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.

Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.

 

desco Opina - Regional / 14 de marzo de 2025

descoCiudadano

¿Quién define miedos y necesidades?

 

El comportamiento social de los seres humanos como individuos se ajusta a ciertas pautas y normas de comportamiento común. Uno de los temas importantes de ese comportamiento es el correspondiente a la seguridad de las personas, como resultado de nuestros múltiples procederes y conductas en sociedad. La posibilidad de pautar su desarrollo es compleja justamente por la naturaleza humana: el llamado libre albedrío, que explica cómo la conducta humana, individual o grupal, es en gran medida reflejo y consecuencia de la voluntad, aunque en tensión con la influencia de fuerzas externas a la persona y de las condiciones en las que vive.

Nos movemos con dificultad en ámbitos que van desde la seguridad alimentaria, la seguridad medio ambiental, la seguridad jurídica y otras, en la perspectiva de alcanzar la ausencia de riesgo, lo que significa conseguir la confianza en algo o alguien. Son variados los tipos de seguridad que anhelamos que, en su conjunto, apuntan a disfrutar un estado de bienestar individual y colectivo como seres humanos. Los peruanos figuramos como una de las sociedades con menor confianza interpersonal entre todos los países de América y aparecemos entre los últimos a nivel mundial de desconfianza. Nuestros problemas de inseguridad son graves en distintas dimensiones.

Como se sabe bien en la antropología social, la seguridad es una de las necesidades básicas a satisfacer por el ser humano, definidas hace buen tiempo por Bronisław Malinowski, y redefinidas posteriormente por diversos autores como Manfred Max-Neef, quien nos plantea demandas de seguridad en temas como la protección, la subsistencia, la participación, el entendimiento, la libertad, la identidad y el afecto.

En nuestro país los principales enfoques que encausan la búsqueda de la seguridad son los de la gestión de riesgos (principalmente enfocado hacia la prevención) y la seguridad ciudadana (en su dimensión de evitar la delincuencia y la violencia urbana). Lamentablemente, el tema de la seguridad se ha concentrado en atender más la dimensión policial que ocupa a distintas autoridades de los distintos niveles del Estado, descuidando seriamente otras como la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como clamorosamente ocurre con las NBI de vivienda, de atención en servicios sanitarios, mala educación básica y paupérrimos ingresos económicos mínimos.

El haber invertido y confundido causas, condicionantes y consecuencias de orden estructural y de orden situacional, nos ha llevado a construir un diagnóstico equivocado de la realidad. Así, la problemática de la seguridad se reduce a un tema de resguardo del orden público. En alianza tácita con el gobierno, los medios de comunicación –que viven del amarillismo de las noticias– y muchos alcaldes y otras autoridades sin formación ni capacidades para liderar sus comunidades, se limitan a reducir el problema de la seguridad a un asunto policial.

La declaración de emergencia en dos distritos de Lima, a los que se suma Sullana en el norte del país ha llevado a sacar a las calles a tropas militares para patrullar zonas urbanas “que requieren pacificarse”, en un símil de un escenario de guerra. Esa decisión equivocada del gobierno ha provocado que muchas autoridades del país clamen hoy para que sus distritos y provincias también sean declaradas en emergencia, como si las medidas adoptadas constituyeran un bálsamo de paz. A eso se suma, sin mayor análisis, la población de muchos distritos acicateada por sus miedos comprensibles, exigiendo la presencia del ejército y que se aplique “mano dura” contra la delincuencia. El ánimo general demanda seguridad sin importar que por ello se pierdan libertades fundamentales, que las medidas restrictivas nos obliguen a vivir en un permanente toque de queda patrullados por soldados preparados para la guerra y no para el combate a la delincuencia para restablecer el orden público y la tranquilidad.

Ante este panorama urgen medidas sensatas, practicadas exitosamente en otros países, que pasan por iniciar una profunda reforma de la institución policial que incluya el sistema de formación de la Policía Nacional, su organización y funcionamiento, el reemplazo de personal altamente corrupto y el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación.

En la urgencia operativa, es claro que necesitamos agentes de inteligencia que permitan golpear a quienes conducen las bandas que se han asentado en el país, en todos los casos en complicidad con muchos malos policías. Tienen que replantearse las estrategias de seguridad a partir de una lectura integral de la realidad que vive nuestra sociedad, golpeada por una de las peores crisis de la era republicana. Es pues así que la inteligencia policial tendría que ser la primera en ser declarada en estado de emergencia.

Finalmente, la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana, que ahora se aplica mal a un ámbito urbano por el que transitan casi dos millones de personas en Lima, es más de lo mismo que siempre hemos soportado. No existe un plan orgánico bien estructurado, ajustado a cada realidad específica y eso explica en parte por qué todos los operativos anteriores han fracasado estruendosamente; éste no tiene por qué ser diferente con la mirada obtusa que se aplica al tema de la seguridad ciudadana, personal y social.

 

desco Opina - Regional / 13 de octubre de 2023

descoCiudadano

Lo municipal: las coordinaciones que no coordinan

 

La coordinación entre las autoridades del distrito y de la provincia no es un problema exclusivo de Lima, pues ocurre en prácticamente todo el país. La gestión local de los distritos se concentra en las realidades más tangibles y al alcance de las decisiones y recursos de la circunscripción y del vecindario. Eso es muy positivo. Cuando más cerca están los vecinos de la autoridad, mejor será la participación y el control ciudadanos en numerosos aspectos de la vida urbana. La pandemia del Covid-19 ha mostrado que muchas municipalidades han sido las herramientas más apropiadas para llegar al vecindario, orientando inclusive la acción de los demás organismos públicos. Desde los puestos de vacunación y el reparto de víveres hasta la detección y llegada a las personas solas o a los barrios más alejados han podido ser muestras en muchos casos de un redoblado esfuerzo municipal en muchos distritos donde la voluntad de la autoridad era más importante que el presupuesto del que se disponía. Para no hablar de los ruidos molestos, los animales sin dueño en las calles, la basura y desmonte en los muros perimétricos de los colegios, las edificaciones irregulares y tantos asuntos de la vida cotidiana que no es necesario enumerar.

Pero las ciudades tienen asuntos y necesidades que competen a toda la ciudad. Así, por ejemplo, las enfermedades, los roedores y los vehículos que transportan a delincuentes no conocen de límites distritales, razón por la que el esfuerzo de un solo distrito tendría que ser enorme para obtener magros resultados y sólo en el mejor de los casos. Peor es la situación de Lima y Callao, que conforman una gran metrópoli y que padecen de manera conjunta los mismos problemas y no tienen ningún canal que los obligue a funcionar de manera coordinada.

Por el lado de la municipalidad provincial, una vez que obtienen el puesto, las autoridades provinciales se comportan de manera muy arbitraria en lo que a la relación con los distritos se refiere, aún en los casos en que provengan de los distritos de Lima. Lo más curioso de todo es que la autoridad metropolitana de Lima no está interesada en los problemas cotidianos de toda su ciudad. Así, cuando un candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima habla de la seguridad ciudadana, se está refiriendo únicamente al serenazgo del Cercado. Lo peor sucede cuando los regidores metropolitanos, ilustres desconocidos en muchos casos, sienten que tienen más importancia que un alcalde distrital.

El caso del Cercado de Lima es aún más complicado, puesto que el vecindario siente que el alcalde se preocupa poco o nada por todo el territorio de «su» distrito y mucho por los importantes negocios metropolitanos. Un vecino de Palomino o de los Barrios Altos, encontrará que la oficina de registros civiles se encuentra en el distrito de Jesús María, pero un alcalde distrital descubrirá que el metropolitano o el gobierno central han decidido hacer una obra importante en su jurisdicción sin consultarles a ellos primero.

El teniente alcalde de Lima, ahora alcalde en funciones, viene proponiendo que los problemas de gestión de la ciudad se atiendan mejor fusionando los 43 distritos de Lima hasta que queden solamente 5, sin entender que lo que los políticos han desunido los burócratas jamás unirán. No podrá responder a la pregunta de si Lima y Callao también se debieran unir para una mejor gestión que necesita la metrópoli con urgencia, pues la respuesta también es obvia. ¿Será necesario explicarle cómo son las relaciones entre Independencia y San Martín de Porres, los problemas entre San Isidro y Magdalena o las disputas entre Pachacamac y Lurín?

La metrópoli necesita de salidas radicales que sean viables que exigen pensar simultáneamente, tanto en los barrios como en la metrópoli de 10 millones de habitantes. Como es de esperar, este tema de debate no ha sido mencionado por los candidatos metropolitanos, pues escapa a su comprensión. Tal vez se sientan mejor así, para poder culpar de los problemas a los alcaldes de los distritos o al gobierno central. Pensando en soluciones, podrían estudiarse medidas que respetan la variopinta multiplicidad de circunscripciones municipales y hasta regionales.

La primera consiste en crear autoridades metropolitanas en, al menos, tres aspectos: (i) La autoridad metropolitana del plan Lima-Callao, conformada en su mayoría por las municipalidades, coordinando con el gobierno central. Se evitaría así, por ejemplo, una Línea Amarilla contratada por el alcalde de Lima que se detiene en las puertas del Callao, que no aparecía en el negocio. También evitaría que Lima apruebe un Plan de Desarrollo Metropolitano, que toma decisiones sin saber si habrá o no (y por dónde pasaría) el tren de cercanías que el MTC piensa contratar, que irá de Ica hasta Barranca. (ii) La autoridad metropolitana de Seguridad ciudadana, que promueva una policía y un serenazgo metropolitanos y no solamente la conexión «sin fronteras» y el patrullaje integrado de algunos distritos con recursos, dejando a los demás a la deriva. (iii) La autoridad metropolitana del transporte para Lima y Callao, que reformule la actual ATU de manera tal que se impida que se estén echando la pelota unos a otros. Las relaciones entre los gobiernos municipales y el gobierno central podrán discutirse mejor y los acuerdos tendrán que ser sobre la base de propuestas y planes concretos de aplicación poco a poco, se entiende, en toda la metrópoli.

La segunda medida es la más sencilla de implementar: los alcaldes distritales deben conformar automáticamente el concejo metropolitano. Ellos serán los regidores y no personas extrañas que no son responsables de sus actos ante nadie. Lima, por ejemplo, en vez de tener 40 regidores tendrá 43 que, a su vez, serán alcaldes en su distrito. Ello ayudará a que los mismos alcaldes distritales miren a toda la urbe y no solamente su (propio) ombligo. De ese modo se sentirán impelidos a coordinar entre ellos, a conformar mancomunidades para resolver los problemas comunes y a pensar mejor en el rol que tiene cada distrito en el concierto de urbanizaciones de la gran ciudad.

 

 

desco Opina - Regional / 2 de setiembre de 2022

descoCiudadano