Militares, política y representación

La elección del general José Williams como presidente del Congreso de la República, es un dato político muy importante. En primer lugar, no es el primer ni el único militar retirado que vemos en el recinto parlamentario, durante los últimos 20 años. A modo de explicación, debe recordarse que la ley 28480 del 30 de marzo de 2005, reformó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, reconociendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el derecho al voto y a la participación ciudadana.

Este mandato tomó forma en las elecciones del 2006, cuando los efectivos militares ejercitaron por primera vez su derecho al voto. Desde entonces, ha sido habitual que oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean parte de la representación política del país. En esa línea, si bien no tenemos ningún estudio que permita vislumbrar siquiera las tendencias que podrían tener los votos que provienen de las denominadas familias militar, naval y policial no sería descabellado pensar, por una serie de razones, que podríamos estar ante un comportamiento electoral esencialmente corporativo.

Esta conjetura, podemos relacionarla con una primera constatación significativa. El congresista que obtuvo la mayor votación en el actual Congreso es el almirante Jorge Montoya, con 138 231 votos. El siguiente fue José Luna Gálvez, que tuvo 91 055; entre uno y otro hay 47 176 votos de diferencia, una cifra superior a la cantidad que lograron 121 congresistas. Demás está decir que el almirante Montoya fue, también de lejos, el representante con mayor votación de su partido, Renovación Popular, seguido por María Jáuregui, con 68 003 votos.

El siguiente militar congresista más votado fue el general José Williams, de Avanza País, con 44 789 votos, sólo superado por Adriana Tudela (47 139 votos). Luego, está el almirante José Cueto Aservi, con 36 769 votos que lo hicieron el cuarto congresista más votado de Renovación Popular. A continuación, estuvo el general Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso (organización a la que ya renunció), con 19 222 votos, superado por Alejandro Soto, Gladys Echaíz y Segundo Acuña[1].

Entonces, no solo debemos considerar que Montoya fue el congresista más votado, sino también que Williams obtuvo la posición 11, Cueto la 15 y Chiabra la 42. Es decir, los cuatro militares que integran el actual Congreso de la República se ubicaron en el primer tercio de los congresistas más votados. Las preguntas que siguen a continuación, casi de manera natural son, entre otras, ¿quiénes votaron por ellos?, ¿a quiénes representan? y ¿ante quiénes y cómo debieran rendir cuentas?

En todo caso, si bien no podemos afirmar casi nada sobre las características de sus votantes, algo puede deducirse de los objetivos de su acción política, a partir de su actividad parlamentaria. Así, una primera cuestión a remarcar es que todos ellos concentran parte importante de su actividad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Los cuatro parlamentarios mencionados forman parte de ella, siendo el congresista Williams quien la preside, mientras el representante Montoya se desempeña como secretario de ésta. Otro espacio de acción es la Comisión de Inteligencia, donde encontraremos a tres de los cuatro oficiales retirados: Cueto, quien la preside, Williams y Chiabra.

Williams, en su exposición sobre los objetivos que se propone la Comisión de Defensa, señala que la labor legislativa, debe estar enfocada en producir “las normas necesarias para el mejor funcionamiento de los sectores e instituciones que tenemos a cargo en nuestra comisión [cursivas nuestras]; algunas de ellas están referidas a la Policía Nacional del Perú, a los Institutos Armados, a los Bomberos, entre otros”.

Sobre esto, si se toman en cuenta los proyectos de ley que se han procesado en dicha comisión, constataremos que están en línea con lo afirmado por Williams, lo cual, plantea una situación a discutir sobre las maneras políticas que adoptan los militares para procesar sus propias demandas y, además, inducir al resto del sistema político a alinearse a las perspectivas y visiones que los oficiales congresistas proponen a sus colegas.

Es decir, no es que se esté militarizando el sistema político, sino, por el contrario, los militares ahora se expresan a través de las reglas democráticas, en lugar de subvertirlas mediante golpes de Estado, como ocurría en un pasado cada vez más lejano. Este es un cambio crucial que merece no perderse de vista.

 

desco Opina / 23 de setiembre de 2022

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[1] Se agradece a Carla Toche y María Fernanda Pacheco por el ordenamiento de los datos congresales.

Lo municipal: las coordinaciones que no coordinan

 

La coordinación entre las autoridades del distrito y de la provincia no es un problema exclusivo de Lima, pues ocurre en prácticamente todo el país. La gestión local de los distritos se concentra en las realidades más tangibles y al alcance de las decisiones y recursos de la circunscripción y del vecindario. Eso es muy positivo. Cuando más cerca están los vecinos de la autoridad, mejor será la participación y el control ciudadanos en numerosos aspectos de la vida urbana. La pandemia del Covid-19 ha mostrado que muchas municipalidades han sido las herramientas más apropiadas para llegar al vecindario, orientando inclusive la acción de los demás organismos públicos. Desde los puestos de vacunación y el reparto de víveres hasta la detección y llegada a las personas solas o a los barrios más alejados han podido ser muestras en muchos casos de un redoblado esfuerzo municipal en muchos distritos donde la voluntad de la autoridad era más importante que el presupuesto del que se disponía. Para no hablar de los ruidos molestos, los animales sin dueño en las calles, la basura y desmonte en los muros perimétricos de los colegios, las edificaciones irregulares y tantos asuntos de la vida cotidiana que no es necesario enumerar.

Pero las ciudades tienen asuntos y necesidades que competen a toda la ciudad. Así, por ejemplo, las enfermedades, los roedores y los vehículos que transportan a delincuentes no conocen de límites distritales, razón por la que el esfuerzo de un solo distrito tendría que ser enorme para obtener magros resultados y sólo en el mejor de los casos. Peor es la situación de Lima y Callao, que conforman una gran metrópoli y que padecen de manera conjunta los mismos problemas y no tienen ningún canal que los obligue a funcionar de manera coordinada.

Por el lado de la municipalidad provincial, una vez que obtienen el puesto, las autoridades provinciales se comportan de manera muy arbitraria en lo que a la relación con los distritos se refiere, aún en los casos en que provengan de los distritos de Lima. Lo más curioso de todo es que la autoridad metropolitana de Lima no está interesada en los problemas cotidianos de toda su ciudad. Así, cuando un candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima habla de la seguridad ciudadana, se está refiriendo únicamente al serenazgo del Cercado. Lo peor sucede cuando los regidores metropolitanos, ilustres desconocidos en muchos casos, sienten que tienen más importancia que un alcalde distrital.

El caso del Cercado de Lima es aún más complicado, puesto que el vecindario siente que el alcalde se preocupa poco o nada por todo el territorio de «su» distrito y mucho por los importantes negocios metropolitanos. Un vecino de Palomino o de los Barrios Altos, encontrará que la oficina de registros civiles se encuentra en el distrito de Jesús María, pero un alcalde distrital descubrirá que el metropolitano o el gobierno central han decidido hacer una obra importante en su jurisdicción sin consultarles a ellos primero.

El teniente alcalde de Lima, ahora alcalde en funciones, viene proponiendo que los problemas de gestión de la ciudad se atiendan mejor fusionando los 43 distritos de Lima hasta que queden solamente 5, sin entender que lo que los políticos han desunido los burócratas jamás unirán. No podrá responder a la pregunta de si Lima y Callao también se debieran unir para una mejor gestión que necesita la metrópoli con urgencia, pues la respuesta también es obvia. ¿Será necesario explicarle cómo son las relaciones entre Independencia y San Martín de Porres, los problemas entre San Isidro y Magdalena o las disputas entre Pachacamac y Lurín?

La metrópoli necesita de salidas radicales que sean viables que exigen pensar simultáneamente, tanto en los barrios como en la metrópoli de 10 millones de habitantes. Como es de esperar, este tema de debate no ha sido mencionado por los candidatos metropolitanos, pues escapa a su comprensión. Tal vez se sientan mejor así, para poder culpar de los problemas a los alcaldes de los distritos o al gobierno central. Pensando en soluciones, podrían estudiarse medidas que respetan la variopinta multiplicidad de circunscripciones municipales y hasta regionales.

La primera consiste en crear autoridades metropolitanas en, al menos, tres aspectos: (i) La autoridad metropolitana del plan Lima-Callao, conformada en su mayoría por las municipalidades, coordinando con el gobierno central. Se evitaría así, por ejemplo, una Línea Amarilla contratada por el alcalde de Lima que se detiene en las puertas del Callao, que no aparecía en el negocio. También evitaría que Lima apruebe un Plan de Desarrollo Metropolitano, que toma decisiones sin saber si habrá o no (y por dónde pasaría) el tren de cercanías que el MTC piensa contratar, que irá de Ica hasta Barranca. (ii) La autoridad metropolitana de Seguridad ciudadana, que promueva una policía y un serenazgo metropolitanos y no solamente la conexión «sin fronteras» y el patrullaje integrado de algunos distritos con recursos, dejando a los demás a la deriva. (iii) La autoridad metropolitana del transporte para Lima y Callao, que reformule la actual ATU de manera tal que se impida que se estén echando la pelota unos a otros. Las relaciones entre los gobiernos municipales y el gobierno central podrán discutirse mejor y los acuerdos tendrán que ser sobre la base de propuestas y planes concretos de aplicación poco a poco, se entiende, en toda la metrópoli.

La segunda medida es la más sencilla de implementar: los alcaldes distritales deben conformar automáticamente el concejo metropolitano. Ellos serán los regidores y no personas extrañas que no son responsables de sus actos ante nadie. Lima, por ejemplo, en vez de tener 40 regidores tendrá 43 que, a su vez, serán alcaldes en su distrito. Ello ayudará a que los mismos alcaldes distritales miren a toda la urbe y no solamente su (propio) ombligo. De ese modo se sentirán impelidos a coordinar entre ellos, a conformar mancomunidades para resolver los problemas comunes y a pensar mejor en el rol que tiene cada distrito en el concierto de urbanizaciones de la gran ciudad.

 

 

desco Opina - Regional / 2 de setiembre de 2022

descoCiudadano

Elecciones con doble rasero

La reciente contienda electoral desarrollada en el país nos lleva a reflexionar sobre el desconocimiento del juicio y las demandas que los peruanos esperan de los partidos políticos en su afán de representatividad, donde las sorpresas ya no solo radican en los departamentos del sur, sino también en la propia capital. La legislación no ha podido salvarnos de la evidente fragmentación del Congreso, dejando de esta manera posibilidades para la continuidad de procesos poco transparentes y representativos.

También sabemos que al interior de cada elección lo que se tiene son pobladores que, bajo su desconcierto, militancia o esperanza, determinan su voto. Para el país, es notoria la trayectoria de elección que ha mantenido la zona sur, donde Huancavelica no es ajena al depósito de su confianza a los representantes vinculados a lo que conocemos como la «izquierda», afinidad que ha sido constante durante los últimos procesos electores.

Los resultados electorales en la región Huancavelica, designan como representante –y además con la mayor cantidad de votos– a un virtual congresista de Unión Por el Perú, partido al que hoy se le califica como el más radical de la izquierda, aunque éste no considere esa orientación dentro de sus parámetros de ideología política. Esta tendencia no solo ha calado a nivel de Huancavelica, sino también en el resto de la zona sur del país, desplazando al Frente Amplio, referente en la contienda del 2016.

Entonces, lo que encontramos como resultado de fondo de esta elección congresal, no es sino un constante reclamo por la ausencia histórica del Estado que, sin embargo, entra en conflicto a nivel local, cuando constatamos que en Huancavelica sus funcionarios regionales de más alto nivel, se encuentran actualmente envueltos en procesos judiciales por delitos de corrupción. Es el caso del gobernador regional Maciste Díaz, sobre el que pesa una sentencia de cuatro años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple por los hechos vinculados a la compra de computadoras portátiles en el año 2014 (durante su primera gestión), según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica.

En condiciones parecidas se encuentran otros funcionarios de su actual gestión y exfuncionarios de confianza de la anterior. Igual suerte corre su vicegobernador, Guillermo Quispe Torres, sentenciado a ocho años de prisión por haber formado parte de un comité de selección del Gobierno Regional de Huancavelica que en el 2013 favoreció al Consorcio Capillas I, en una licitación para la construcción de una carretera en Paucará.

Es decir, aparentemente existiría un doble rasero para elegir autoridades y representantes en Huancavelica, pues pareciera que sus representantes nacionales son escogidos por plantear un discurso radical contra la corrupción, mientras regionalmente, insisten con autoridades muy cuestionadas en ese sentido.

Más allá de los motivos que estén detrás de estas decisiones, lo que debemos comprender es que no fomentan la construcción de un escenario adecuado para debatir y procesar las decisiones indispensables que permitan superar los problemas históricos de Huancavelica.

¿Cómo puede pensarse en una apuesta sólida y participativa para el desarrollo de la región cuando se tiene por un lado a pobladores que reclaman hacia afuera una desatención histórica para el caso de Huancavelica, mientras al interior se podrían estar conformando con la desastrosa frase «roba, pero hace»?

desco Opina - Regional / 7 de febrero de 2020

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