Un Nuevo Plan para Lima: Que participen todos

El gobierno del ex - alcalde de Lima Luis Castañeda fue una acumulación de obras centradas casi exclusivamente en la vialidad y el transporte, algunas exitosas, pero dispersas y descoordinadas en la medida en que no respondían a una orientación integral. Lamentablemente, no se trató de un gobierno que se propusiera actuar en los campos del desarrollo económico local o el desarrollo humano, dos dimensiones que debieran considerarse ineludibles para estar a la altura de los retos y necesidades de la urbe más grande y poblada del país.

Un reflejo de este desinterés por una visión integral para Lima es que se haya gobernado al margen del Plan de Desarrollo vigente, al punto que al caducar el mismo, la administración Castañeda no hizo ninguna previsión para actualizarlo. La actual gestión metropolitana, que se propuso superar esta situación, convocó la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana al 2025. A la fecha se realizan Mesas Temáticas en las distintas “Limas”, con una dinámica participativa en la que se consulta sectorialmente a la sociedad civil organizada en sus gremios, sindicatos, asociaciones vecinales y grupos de interés local.

Reconocer la necesidad de contar con un plan de desarrollo significa admitir que la equidad distributiva no es consecuencia lineal de un manejo equilibrado de las cuentas, ni producto de una mera suma de esfuerzos individuales. En este sentido, la tarea de planeamiento se dirige a definir un marco común en función de prioridades, no sólo para la gestión municipal, sino para todos los actores de la ciudad. A este llamado no escapa el sector privado, entendiéndose por el mismo tanto a los capitales que empiezan en pequeños y medianos emprendimientos, como a los grandes complejos corporativos, ambos con fuertes impactos en el paisaje y la economía urbana, especialmente cuando se trata del desarrollo inmobiliario o las mega superficies comerciales, por mencionar apenas dos de los negocios más dinámicos de la ciudad. Esperamos que estos sectores acudan a las instancias de consulta que el equipo del PLAN ha previsto para ellos, recordándoles que es la falta de una visión para la ciudad la que la ha sumido en el desorden y la inseguridad y que, a la larga, es insostenible la bonanza basada en la acumulación rápida y el consumo superficial de bienes.

Nuestra capital refleja bien la tensión nacional entre una macro economía estable y una sociedad que dista mucho de sentirse segura y saludable: las alarmantes tasas de criminalidad, los altos costes en la atención de la salud y las vergonzosas cifras de la persistencia de la tuberculosis, contrastan con los optimistas y superficiales cálculos sobre cuántos celulares posee la gente o lo bien que se come en los cosmopolitas restaurantes capitalinos. Para distanciarse de esta paradoja, con la convocatoria a formular el Plan de Lima, la ciudad se ha propuesto trazar un nuevo horizonte. Lima quiere y necesita alejarse de la perversa cultura del corto plazo, aquella que nos hace repetir una y otra vez la historia de los acontecimientos que pudiéndose prever, se convierten absurdamente en desastres, como ha ocurrido en las recientes semanas en Chosica.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2012
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Viaje sin novedad

desco Opina - Regional / 14 de agosto de 2009

Desde el 21 de julio, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código de Tránsito, se han impuesto alrededor de 9 mil multas a nivel nacional, de las cuales 6 mil –67 por ciento– corresponden a la ciudad de Lima. Cabe preguntarse ¿realmente estas cifras indican una reducción en las infracciones? Más aún, ¿realmente se está produciendo un cambio?

En efecto, se ha reducido el número de multas por infracción, pero los usuarios no están convencidos de los datos oficiales, pues ello no significa que se haya producido un cambio sustancial orientado al respeto a la ley y al usuario. Ante la probabilidad de una fuerte multa, es visible una mayor preocupación por parte de los conductores de servicio público y, de otro lado, se aprecia un mayor control en las unidades de transporte público respecto al uso de paraderos y lugares de estacionamiento. Sin embargo, estos detalles siempre están supeditados a la presencia de efectivos policiales.

Recordemos que el nuevo Código de Tránsito fue promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como respuesta al alto índice de accidentes a nivel nacional y, en especial, en Lima, durante los pasados meses. Pero, ante la mayor dureza de las sanciones, el gremio de transportistas optó por la protesta contra las medidas tomadas por el Ministerio de Transportes, que imponía sendas multas y amenazas de traslado del vehículo infractor al depósito. Mientras tanto, los usuarios no tuvieron voz.

Ante la presión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, retrocedió con el argumento de priorizar el diálogo y la búsqueda de consenso, que devinieron en acuerdos. El ministro prefirió una postura flexible y transigir en algunos puntos que eran objeto de controversia –por existir entonces una coyuntura delicada para el gobierno– con consideraciones menos duras para los infractores que cometen faltas leves, como por ejemplo el decomiso del brevete.

De esta manera, encontramos dos aspectos importantes que resaltar sobre el ordenamiento del tránsito en la ciudad. De un lado, se anteponen intereses políticos coyunturales al beneficio de la mayoría, lo que no es ninguna novedad pero que a la larga agrava la situación y, de otro lado, se pretende generar un cambio en la cultura del conductor y de las autoridades.

Sobre lo primero, sería necesario plantear normas claras que puedan solucionar efectivamente el problema y que no se «derritan» ante la presión de los sectores que tienen intereses directos, aun cuando su potencial electoral sea importante: creemos importante resaltar que quien comete una falta debe ser sancionado.

Con respecto a la sanción, existe el riesgo que las multas elevadas propicien la corrupción y la coima en la negociación callejera, como muchos de nosotros hemos visto con lamentable frecuencia. Ello tiene que ver con la cultura enraizada –choferes, policías y usuarios– que se pretende cambiar y, otra vez, nos encontramos con diversos actores sociales involucrados –pero no comprometidos– con la solución del problema.

Mientras el efectivo policial sea un comisionista de la multa en tanto percibe el 25% de la misma, no podremos estar libres de negociaciones clandestinas en las vías. Y allí juegan un rol importante y hasta ahora no asumido, tanto las municipalidades como varios ministerios.

Por su parte, el triunfal anuncio del Ministro de Transportes, respecto a que 365 choferes son sancionados diariamente, nos parece un dato interesante para contrastar con las 1500 papeletas diarias que se emitían antes de la vigencia de este código. Pero, a la iniciativa le falta aún el sustento de la educación vial, de la campaña en concordancia con los medios, con la responsabilidad de los Ministerios de Educación y del Interior y con el liderazgo de la Municipalidad de Lima, que es la institución que tiene los recursos necesarios para tutelar el orden, el transporte y seguridad en la ciudad.

Así, la vigencia y puesta en marcha del Código de Tránsito debe ir articulado con un plan integral que solucione problemas esenciales de las ciudadanas y ciudadanos que se transportan diariamente por las vías de Lima, en concordancia con las necesidades de los que caminan por las calles, donde el gobierno metropolitano es el llamado a poner orden.

No hay solución específica ni parcial para un problema de amplio espectro: ésta debe involucrar a todos los sectores comprometidos. Si bien es cierto que en tiempos de gripe AH1N1 y de conflictos en el interior del país que requieren de atención inmediata del gobierno central y que absorben la atención de la opinión pública, el transporte no es un tema esporádico: se ha desarrollado y evolucionado con la ciudad, donde después de la época de los autos y buses empezaron a circular colectivos y mototaxis y, en el interior de ellos, personas con derechos, que requieren transportarse «sin novedad».

desco Opina - Regional / 14 de agosto 2009
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Protesta en Lima y los espacios públicos privados

desco Opina - Regional / 19 de junio de 2009

El conflicto amazónico ha conmocionado al país. La respuesta de la ciudadanía al gobierno fue contundente: aunque no se tiene una cifra oficial sobre cuántas personas se dieron cita en el centro de Lima el jueves 11, hay testimonios que señalan un poco más de doce mil personas entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios y estudiantes universitarios, que participaron en la marcha de rechazo a los hechos violentos de Bagua.

Pero es necesario delinear algunos efectos y contradicciones que se han evidenciado en la ciudad a partir de este contexto. En ese sentido, queremos llamar la atención sobre cómo el uso y acceso a determinados espacios de carácter público de nuestra ciudad está limitado y tiende a gestionarse como propiedad privada del Gobierno Metropolitano de Lima, en la que nuevamente no se les permitió a sus organizadores dirigirse a la Plaza de Armas, ni tampoco frente al Congreso de la República.

La Municipalidad de Lima, amparada en el Decreto de Alcaldía Nº 60, emitido durante la primera gestión del Alcalde Castañeda Lossio, en el que «Declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay (…)», ejerció la represión antes inclusive de efectuarse la marcha como fue su inicial propósito, a esta zona rígida y la haya reorientado hacia la avenida Abancay, rumbo al Congreso de la República.

Esta disposición, que deviene en hechos recurrentes por cierto, nos indica la aplicación discrecional de la citada norma. Lo que no se menciona es que el uso y el acceso a esta zona están restringidos cuando se trata de manifestaciones políticas que ponen de manifiesto críticas dirigidas al gobierno, pero no lo están cuando se trata de celebrar actos tales como los aniversarios de Lima y la boda de Juan Diego Flórez, que llevan un aroma de propaganda impregnado en las noticias, o la marcha de enero de 2007 en torno a la pena de muerte, cuando la movilización a favor del proyecto del gobierno llegó sin problemas hasta Palacio de gobierno; en contraste con la dura represión que sufrió algunos días después una concentración pacífica y de menor tamaño, pero contraria al proyecto de gobierno, por citar sólo algunos casos, en los que se hace evidente, que la Plaza de Armas no es de uso público, en tanto existe una administración que amparada en un Decreto de Alcaldía, decide a quiénes les concede el permiso de uso y a quiénes no.

Otro aspecto que se desprende del conflicto y que ha tenido un efecto particular en Lima, está relacionado con el papel que jugaron los medios de comunicación de alcance nacional en este conflicto. La movilización ciudadana en Lima fue anunciada como «disturbios» y reducida a desorden y caos vehicular, soslayando descaradamente la expresión de indignación de miles de peruanos y peruanas frente a los trágicos sucesos de Bagua, por responsabilidad del gobierno. La mayor cantidad de información disponible el día del enfrentamiento entre nativos y policías, provenía de medios de comunicación ubicados en la zona del conflicto y de prensa independiente instalada en Internet.

Durante los primeros días posteriores a los hechos del 5 de junio, era evidente la existencia de una amplia brecha entre la información publicada por un amplio sector de la prensa tradicional limeña y la del resto del país. La información que señalaba el número de caídos por parte de cada frente, es un ejemplo claro de ello. La prensa limeña insistía en que el número de nativos caídos y desaparecidos era menor al que anunciaban otros medios de comunicación, regionales o locales –fuera de la capital–, tanto oficiales como independientes. Inclusive hoy, no se cuenta con información oficial del número de nativos que resultaron muertos producto de los hechos de violencia en Bagua, lo cual indica el bajo nivel de integración que existe en nuestro país.

Todo ello nos lleva a cuestionar la orientación de un amplio sector de medios de prensa en Lima que, alineados a la posición del gobierno, no han hecho otra cosa que recrear un escenario alejado de la realidad que se vive por fuera de las fronteras capitalinas en torno a la crisis de Bagua y que pasó a primeras planas ante la evidencia de la crisis desatada en diversas zonas del país donde la indignación aún es una libertad ciudadana que se expresa.

El conflicto en la Amazonía ha sido de tal gravedad, ha generado tantas críticas a los Decretos Legislativos 1090 y 1069 a nivel nacional e internacional, ha propiciado tantos efectos contrarios a los que promovía este sector de la prensa en la capital, que no fue suficiente para el gobierno tener de su lado a los más poderosos medios de comunicación del país, para contrarrestar la indignación nacional –incluida Lima–, frente a los hechos ocurridos.

En las noticias difundidas al respecto, resulta preocupante que los contenidos guarden detrás de sí elementos racistas, al calificar a los nativos de «salvajes», «manipulados» o «ignorantes» que, lejos de contribuir a la resolución del conflicto, por el contrario, ha acentuado más el rechazo de muchos sectores de la opinión pública contra los políticos y la prensa, los cuales tenían el mismo discurso, incluso al asignarle un valor especial a los policías caídos, invisibilizando (por lo tanto, excluyendo) a los nativos que corrieron la misma suerte.

Nuestro país tiene registrados, según el reporte de mayo de la Defensoría del Pueblo, 212 conflictos activos. Señalar que todos ellos son responsabilidad del Gobierno Central o que atienden a reivindicaciones legítimas sería irresponsable. Sin embargo, esta cifra nos indica la situación de convulsión que se vive actualmente y que es responsabilidad del Estado resolver.

Un asunto que parece no tomar en cuenta el Presidente García es que los factores que determinaron su elección, en alguna medida están relacionados con las características actuales de nuestro país; un espacio urbano como Lima, que votó por la continuidad del modelo y el resto de regiones que claman que sus demandas sean escuchadas, expresan también, la amplia desigualdad y centralismo que persiste en nuestro país y que es un tema pendiente de resolver por este gobierno. Frente a ello, un Estado permeable a los diferentes patrones culturales de los pueblos originarios enfrentaría menos conflictos de este tipo y en el mejor de los casos, los anticiparía y buscaría formas de evitar que éstos ocurran. Una política intercultural y un modelo de desarrollo planteado desde la real inclusión de la diversidad de actores en juego, cuando se trata de asuntos territoriales, es una lección aprendida de esta crisis política que afecta a la totalidad de peruanos y peruanas y, en especial a las familias y comunidades de los ciudadanos peruanos que perdieron la vida o fueron heridos.

desco Opina - Regional / 19 de junio 2009
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Mancomunidades municipales urbanas

desco Opina - Regional / 27 de abril de 2009

La semana pasada, la marcha de 200 alcaldes de municipalidades rurales de muchas partes del país protestando por el recorte presupuestal municipal pasó algo desapercibida para la prensa. Sin embargo, el tema de las mancomunidades municipales a escala urbana y rural debería cobrar importancia porque fue creado como un instrumento para fortalecer el proceso de descentralización en el Perú. ¿Lo está logrando?

Los recortes presupuestales a las municipalidades ascienden ya a 1858 millones de nuevos soles para el año 2009, los cuales corresponden a los recursos asignados vía Foncodes, Foncomún, Canon y la transferencia de recursos ordinarios. Ante estas y otras iniciativas del Ejecutivo, que van en contra de los intereses y la capacidad operativa de los gobiernos locales, estos últimos han mostrado que la vía de las redes y la asociatividad son un medio efectivo para capear el temporal y, en el caso particular de la Red de Municipalidades Rurales del Perú REMURPE, para una visión compartida del desarrollo rural. Para esta asociatividad hay distintas vías, y una de ellas implica un referente administrativo-jurisdiccional intermedio, la mancomunidad. ¿Cómo vamos con esta figura en el ámbito urbano, en particular en Lima Sur?

En primer lugar la ley vigente -de incentivo a la conformación de mancomunidades- no propone en realidad un reordenamiento territorial. Es menos pretenciosa (y en esta limitación hay que evaluar sus avances), pues lo que hace es darle un “certificado” a un agrupamiento de territorios (no necesariamente contiguos). Esa sería su contribución para el fortalecimiento del proceso de descentralización y la reducción de la brecha existente entre municipalidades provinciales o distritales, grandes y pequeñas, lo que habría que revisarse, específicamente en Lima Sur.

La ley define a la Mancomunidad como “el acuerdo voluntario de dos o más municipios, colindantes o no, que se unen para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos”. Para los casos de AMASUR y la mancomunidad de los distritos del Litoral de Lima Sur, aún no se ha probado toda la fuerza que posee este instrumento de gestión, puesto que han priorizado la confluencia para brindar servicios públicos a la comunidad.

Tal es el caso evidente de Amasur que, aunque surgida antes de la normatividad vigente, su adecuación está tomando un tiempo que podría ser destinado a generar nuevos proyectos de desarrollo para los distritos asociados: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pachacamac y San Borja. Así, su accionar en tres años de gestión, se ha limitado a campañas de limpieza pública interdistrital. Recién a principios de este año, a pesar de que en la presentación pública de AMASUR ya se había hecho este anuncio, se ha difundido el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en Lima Sur que favorecería a todos los distritos de la mancomunidad.

Dado que las mancomunidades tienen prioridad en la distribución de los presupuestos, evidentemente es una ventaja pertenecer a una de ellas y, de esta manera, es obvio el interés de las pequeñas municipalidades por asociarse con las grandes, para que les reditúe en beneficios administrativos y geográficos.

Ello sería una manera de manifestar voluntad por el desarrollo y la equidad, teniendo en cuenta que la Ley de Mancomunidades también expresa su espíritu en base al principio de solidaridad. Pero, también podría ser una manera de generar más exclusión, si pensamos que las mancomunidades conformadas por distritos grandes podrían no acoger a distritos menos fuertes.

En todo caso, la Mancomunidad de los Distritos del Litoral de Lima Sur parece mostrar una realidad diferente. Formada inmediatamente después de la dación de la norma –aunque las intenciones se expresaron antes de ella- ha experimentado las ventajas de generar proyectos desde la asociatividad, entre otras cosas, por la prioridad que se les otorga como incentivo. Además, pensando en las municipalidades “pequeñas”, resulta ventajoso formar parte de una mancomunidad porque de esa manera le permite acceder a proyectos que de manera individual no lograrían poner en marcha. Sin embargo, los peligros están a la vuelta de la esquina.

Estas mancomunidades podrían estar dificultando la consecución de los objetivos de la descentralización. Si bien articulan a los poblados de menos recursos, también podrían servir como medios para perpetuar la zonificación de intereses económicos excluyentes. De esta manera, terminaría siendo irreal que una municipalidad pequeña, pueda alcanzar el desarrollo asociándose con una municipalidad de mayores recursos.

Es el caso del ordenamiento territorial en el lado este de los distritos del Litoral de Lima Sur, cuyo responsable es el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), pero que no ha priorizado este tema en su agenda. Las seis municipalidades que conforman la Mancomunidad de los Distritos del Litoral de Lima Sur acordaron planificar dicha zona, con asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero aún están en la fase de recaudación de fondos (1) .

La propuesta es que el uso sea compatible con un espacio ecológico y recreacional. Sin embargo, esto no está exento de problemas. Las indefiniciones jurisdiccionales-territoriales que se multiplican en Lima sin visos de solución, dificultan la debida claridad sobre los alcances de las decisiones tomadas y la población que debería estar comprometida con las mismas. De esta manera, surgen posiciones –con razón o sin ella- que argumentan exclusiones, como pueden ser los casos de la comunidad campesina de Cucuya, la comunidad campesina de Chilca, el Asentamiento Humano San José II y las 158 familias de las Pampas de San Bartolo.

De esta manera, es urgente –para la viabilidad de las mancomunidades municipales- la resolución de conflictos relacionados a demarcaciones territoriales. Los cuarenta conflictos interdistritales, que aquejan a muchas municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao, generan una gestión ineficiente tanto para la administración de sus recursos financieros, la formulación de planes de desarrollo y la aplicación de los presupuestos participativos. Demás está decir que la creación de mancomunidades municipales pueden ser un instrumento para mejorar la gestión administrativa y cumplimiento de metas en función del desarrollo. Por eso, nada mejor que evitar convertir a estos espacios asociativos en cajas de resonancia de los actuales conflictos. Para que así sea, un buen primer paso es fortalecer la vigilancia ciudadana, para evitar que se conviertan, por ejemplo, en una plataforma política para determinados aspirantes distorsionando así sus objetivos. En otras palabras, lo que debe evitarse es que la función pública pueda terminar privatizándose.

(1) Ver http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-17/incertidumbre-sobre-uso-lado-este-balnearios-impide-su-desarrollo.html

desco Opina - Regional / 27 de abril 2009
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