Sobre las olas de la explosión social

 

Luego de más de diez semanas de explosión social y convulsión –es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola–, los números que dan cuenta de ella son escalofriantes y de escándalo. 48 civiles y un policía muerto en las protestas, 11 civiles más que perdieron la vida en hechos vinculados al bloqueo de carreteras, más de 1300 civiles y 580 policías heridos son algunas de las cifras que dan cuenta del terror, la violencia y el autoritarismo que el gobierno de Dina Boluarte viene impulsando como única respuesta a los profundos malestares que movilizan las protestas que se han estado sucediendo desde el 7 de diciembre pasado. Aunque éstas nuevamente han disminuido como parte de los flujos y reflujos que las caracterizaron desde un primer momento, están lejos de agotarse, como lo evidencia el Reporte del 23 de febrero de la Defensoría del Pueblo, que registra 36 puntos de bloqueo en vías nacionales, en 9 provincias de Puno y Cusco, movilizaciones y concentraciones en otras 7 en Lima, Junín, Cusco y Puno, así como convocatorias contra las paralizaciones, de esas que parece que alienta como parte de su estrategia el Ejecutivo.

Tras casi dos meses de polarización y enfrentamientos, aún no se entiende cabalmente lo que está pasando. Desde los extremos pareciera creerse que asistimos a la prolongación de un escenario de fantasías que Omar Coronel vislumbrara al inicio del mandato del profesor. Fracasado el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, deplorable imitación del de Alberto Fujimori, desde el nuevo gobierno, que rápidamente devino en autoritario y tempranamente incorporó a las fuerzas del orden estado de emergencia mediante, se instaló el discurso tradicional de la derecha del país frente a situaciones de protesta como las que estamos viviendo. Denunciar una conspiración e injerencia extranjera (Evo Morales, los ponchos rojos y sus balas dum dum), identificar terroristas y enemigos internos que azuzan (senderistas, movadefistas, mineros ilegales) y subrayar la ingenuidad e ignorancia de las mayorías movilizadas es un libreto viejo, que se cree efectivo para enmascarar la represión abierta. La multiplicación del «terruqueo» es, quizá, la única novedad en este escenario.

Si las protestas inmediatas tuvieron mucho de respuesta identitaria y de defensa del valor de un voto, ninguneado desde el momento cero por el Congreso de la República y la derecha extrema, las matanzas en Apurímac y Ayacucho, por lo menos dos menores de edad en el primer caso y seis personas, incluyendo a un menor, que no participaban en las protestas en el segundo, sumaron a sectores cada vez más numerosos que se movilizaban contra la represión y exigían el adelanto de elecciones por la falta total de legitimidad de un Ejecutivo que apostó rápido por la muerte y por la frivolidad de un Congreso y un Ministerio Público que mantuvieron los ojos cerrados y aplaudieron la respuesta de Boluarte. Las protestas se dieron en casi todas las regiones del país y la respuesta gubernamental, como ocurre siempre en esas circunstancias, fortaleció a los liderazgos más radicales en los distintos territorios.

La violencia estuvo claramente presente y no tuvo un solo origen. Muchas veces reactiva a la acción de las fuerzas del orden, aunque marginal, también hubo distintas violencias organizadas. Así, mientras los mineros informales de Chala atentaron contra locales judiciales donde se ventilan largos conflictos entre ellos, un sector de los movilizados en Madre de Dios lo hacía por su legalización. Delincuentes comunes y extorsionadores aprovecharon, como ocurre siempre, el espacio de las protestas y seguramente minúsculos remanentes del pasado también estuvieron activos.

Las movilizaciones de enero marcaron un tercer momento. La masacre de Juliaca, 18 muertos, incluyendo tres menores de edad y un policía bárbaramente asesinado y quemado, marcaron un punto de quiebre que fue seguido por la marcha a Lima, la intervención de la Universidad de San Marcos y las movilizaciones que se sucedieron posteriormente. Aunque éstas parecen haber amenguado los últimos días, todo indica que continúan, más fuertemente territorializadas en Puno, las provincias altas de Cusco y Apurímac, anunciando la posibilidad de nuevas olas en otros espacios del país, Lima incluida, donde los miedos y fantasías del alcalde metropolitano y las autoridades locales de Miraflores y San Isidro, los ha llevado a prohibir movilizaciones y protestas en sus respectivos territorios. Por lo menos aquellas que exigen que se vayan todos porque no han parpadeado, ni ellos, ni la Policía frente a las groseras manifestaciones de acoso contra Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.

Desde las izquierdas, más allá de algunas voces que persisten en el despropósito de negar el golpe de Castillo como parte de su afán por victimizarlo para obtener réditos, distintas lecturas parciales identifican desde un movimiento social pluricultural y de todas las sangres, hasta una movilización antineoliberal, coincidiendo, quizá, en la importancia de un momento claramente democratizador, en el que la protesta es notoriamente política y la creciente apelación a una Asamblea Constituyente alude fundamentalmente al rechazo al pasado y a la urgencia que adquiere un nuevo contrato social.

La última encuesta de IPSOS Apoyo no deja mucho lugar para dudas. La aprobación de la señora Boluarte llega apenas a 7%; 49% que llega a 60% en el medio rural, califica el comportamiento policial de excesivo; 41% en el interior del país considera que la Presidenta y sus ministros ordenaron disparar a matar y 49% cree que aquella y Otárola son quienes tienen mayor responsabilidad en la crisis frente a 10% que responde que el Movadef y otros grupos extremistas.

Todo indica que más tarde o temprano, el adelanto de elecciones se producirá, no obstante las dificultades de una explosión social y diversas movilizaciones que están lejos de lograr su articulación y que tienen expresiones como las del novísimo Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, que rechaza el adelanto de elecciones como parte de una farsa, escondiendo su posicionamiento político que apunta a hacer de la «reposición» de Pedro Castillo una carta electoral.

 

desco Opina / 24 de febrero de 2023

Sin un día siguiente

 

En Perú el escenario de contienda de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece llevar a un encontronazo final, en un combate en el que solo cabría vencer o morir en el intento. En torno a él, los analistas de todo tipo, gusto y condición se explayan explicando si tal o cual medida es democrática o no, si es viable, legal o inconstitucional, si cuenta con el respaldo de la ciudadanía o de los medios. Así, se abre un abanico enorme, que no es para refrescar un verano caliente que ya se aproxima.

En simultáneo, el cansancio y un hartazgo enorme envuelven a la ciudadanía. Si el Congreso inhabilitara al presidente Castillo, casi el 90% de los entrevistados en todo el país considera que entonces se convoque a elecciones generales. La aprobación del Congreso apenas si bordea los dos dígitos y si bien el Presidente casi la duplica, una contundente mayoría reitera la desaprobación del desempeño de quienes combaten infructuosos a diario y no gobiernan ni legislan para el país. La crecida de la indignación ciudadana, provocando que ésta se desborde y acabe como un desmadre, siempre es una posibilidad, aunque probablemente no en las actuales circunstancias en las que el fin de año convoca a personas e instituciones a balances y evaluaciones más íntimas que colectivas, por lo que no parece ser el mejor momento subjetivo.

La estrategia de enfrentamiento permanente, como se ha visto, no ha llevado a una confrontación final. Es una manera de sobrevivir en la que un giro hacia la distención dejaría ver los problemas que se han ido acumulado para uno y para otro. Es la turbulencia lo que permite la sobrevivencia de Castillo y es el desorden del Congreso el que permite que se regodeen en una oposición que a nada conduce, sea éste leal o no a la interpretación de su rol fiscalizador.

No hay forma de solucionar las cosas desde dentro. No pasa nada, pero no porque no pueda pasar –mientras los actores buscan danzar al borde del precipicio– sino porque la desesperación por hacerse del poder sin pasar por elecciones y sin legitimidad, no trae un día después de estabilidad y dirección hacia destinos mejores.

El escenario de la vacancia es posible pero no es el más probable. Siempre hay un espacio para que las aguas salgan de su curso. Si se dan los votos no es sostenible un gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la estrategia del Congreso para hacer esto, cuando saben que –antes y ahora– casi nadie los quiere en todo el país y ellos mismos no podrían sostenerse hasta el término de su mandato en julio del año 2026?  Son gemelos siameses inseparables: si uno muere ambos fallecen.

En un ejercicio de «balas de plata» si el gobierno provocara la censura del Gabinete de Bettsy Chávez y cierre del Congreso, la gran mayoría de la ciudadanía, sin duda, lo aprobaría. Nadie los quiere y las lágrimas por su partida se secarían muy pronto en el desierto de su olvido. Una medida así llevaría sin dificultad a que la popularidad del gobierno pueda pegar un salto, como ya ocurrió con Fujimori de una manera y con Vizcarra de otra. Podría subir en su aprobación inmediata, pero no hay argumentos para que se sostenga. Hay un gobierno que no manda ni sirve a las necesidades y prioridades del país. ¿Gobernaría mejor, superaría su pésima gestión?

Cuidando sus espaldas, el Congreso de la República ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial por el ejercicio de la cuestión de confianza. Se ampara en la decisión previa del TC de no observar la ley que restringe el referéndum, cuya revisión es el «argumento» del Ejecutivo para buscar la confianza.

Toca al TC precisar si le corresponde al Gobierno interpretar la decisión del Parlamento respecto al pedido del gabinete Torres, que fue considerada por el presidente como un “rehusamiento expreso de la confianza”. Al mismo tiempo en el Parlamento van por una tercera moción de vacancia del Presidente que podría tener viabilidad y alcanzar los votos rebuscando en el fondo de algunas curules.

Al «día siguiente» ya no habría a quién «echarle la culpa» en un campo de confrontación en el que se alimentaran los silencios profundos (en los que en realidad incurren) detrás de sus bravatas los políticos que elegimos el año 2021 y que quieren quedarse hasta el 2026.

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2022

Nada nuevo bajo el sol

 

Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.

Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%. La desaprobación del primero se mantiene en 66% en tanto que el Parlamento desciende un punto a 73%. La visita de la OEA, dicho sea de paso, no despierta mucha pasión entre la gente: 39% de los encuestados, 44% en el interior del país, no están enterados de la misma.

Desde el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un esperpéntico informe que acusa al mandatario de haber violado distintos artículos de la Constitución, desconociendo lo que aquellos establecen sobre la soberanía nacional, los tratados internacionales y el referéndum, recomendando acusarlo como presunto autor del delito de traición a la patria en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. Como sabemos bien, se trata de una historia vieja que se inició con la denuncia formulada y presentada en febrero de este año por varios rancios y desgastados políticos, entre los que destacaban Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, acompañados por periodistas igual de gastados como Hugo Guerra. La denuncia, adoptada por los legisladores Yarrow (Avanza País) y Cueto (Renovación Popular). El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no ha fallado en respuesta a la acción del abogado presidencial contra la Subcomisión, en la sesión de información del recurso planteado, el Procurador que representó al Congreso hizo un triste papel, minimizando la decisión de la Subcomisión, indicando que no se había tomado “una decisión de fondo”, apareciendo como incapaz de precisar cuál era el acto de traición a la patria. Aunque la acusación es evidentemente forzada y no puede sostenerse, habiendo sido criticada incluso por quienes defienden sin ambages el camino de la vacancia y perciben que con esta vía se fortalece al Presidente, sus promotores parecen decididos a seguir adelante y creen contar con los votos necesarios para su aprobación en la Comisión Permanente, lo que dicho sea de paso, no les asegura el resultado en el Pleno y terminar siendo un nuevo fuego artificial similar a los dos intentos anteriores de vacancia.

Desde el Ejecutivo, por su lado, el Premier, desde hace varios días insiste en obtener un voto de confianza pidiendo inicialmente la derogatoria de la Ley 31355 que establece que la cuestión de confianza sólo puede ser planteada respecto a la política general del gobierno, demanda que fue archivada por la Comisión de Constitución amparándose en que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la validez de la norma. Tras ese rechazo, Aníbal Torres insistió, habiéndose presentado al Pleno con un proyecto, orientado, según dijo, a fortalecer la participación política del pueblo, que busca derogar la Ley 31399 que fortalece la aprobación de normas de reforma constitucional. Más allá de la finta de la “bala de plata” orientada a amedrentar a sectores del Legislativo con su eventual cierre, parece claro que se trata también de un artificio para evidenciar ante la misión de la OEA, la tesitura de sectores de la oposición congresal que organizan su acción a partir de un vulgar cálculo del alcance de votos disponibles.

En esencia, nada nuevo bajo el sol en este enfrentamiento y en el malestar de la gente. En este escenario, más de 220 asociaciones civiles que proponen que se acorte excepcionalmente el mandato presidencial y congresal por la corrupción y el desgobierno imperantes, presentaron siete propuestas de reforma política. Aunque indudablemente valiosas, las mismas parecen reducir la crisis sistémica que vivimos, a su dimensión política y transmiten en su composición una imagen que todavía es demasiado limeña y limitadamente vinculada con distintos actores, movimientos y activismos sociales que tienen sus propias miradas del momento.

La calle, finalmente, como lo evidenciaron las movilizaciones de los unos y los otros, sigue fría. Malhumorada y preocupada pero definitivamente incrédula y desconfiada. Aunque se mueve lentamente, la vida sigue igual por el momento. La OEA, creemos, no encontrará nada particularmente nuevo y más allá de ella, esa calma chicha seguramente no será indefinida.

 

 

desco Opina / 18 de noviembre de 2022