Sobre las olas de la explosión social

 

Luego de más de diez semanas de explosión social y convulsión –es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola–, los números que dan cuenta de ella son escalofriantes y de escándalo. 48 civiles y un policía muerto en las protestas, 11 civiles más que perdieron la vida en hechos vinculados al bloqueo de carreteras, más de 1300 civiles y 580 policías heridos son algunas de las cifras que dan cuenta del terror, la violencia y el autoritarismo que el gobierno de Dina Boluarte viene impulsando como única respuesta a los profundos malestares que movilizan las protestas que se han estado sucediendo desde el 7 de diciembre pasado. Aunque éstas nuevamente han disminuido como parte de los flujos y reflujos que las caracterizaron desde un primer momento, están lejos de agotarse, como lo evidencia el Reporte del 23 de febrero de la Defensoría del Pueblo, que registra 36 puntos de bloqueo en vías nacionales, en 9 provincias de Puno y Cusco, movilizaciones y concentraciones en otras 7 en Lima, Junín, Cusco y Puno, así como convocatorias contra las paralizaciones, de esas que parece que alienta como parte de su estrategia el Ejecutivo.

Tras casi dos meses de polarización y enfrentamientos, aún no se entiende cabalmente lo que está pasando. Desde los extremos pareciera creerse que asistimos a la prolongación de un escenario de fantasías que Omar Coronel vislumbrara al inicio del mandato del profesor. Fracasado el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, deplorable imitación del de Alberto Fujimori, desde el nuevo gobierno, que rápidamente devino en autoritario y tempranamente incorporó a las fuerzas del orden estado de emergencia mediante, se instaló el discurso tradicional de la derecha del país frente a situaciones de protesta como las que estamos viviendo. Denunciar una conspiración e injerencia extranjera (Evo Morales, los ponchos rojos y sus balas dum dum), identificar terroristas y enemigos internos que azuzan (senderistas, movadefistas, mineros ilegales) y subrayar la ingenuidad e ignorancia de las mayorías movilizadas es un libreto viejo, que se cree efectivo para enmascarar la represión abierta. La multiplicación del «terruqueo» es, quizá, la única novedad en este escenario.

Si las protestas inmediatas tuvieron mucho de respuesta identitaria y de defensa del valor de un voto, ninguneado desde el momento cero por el Congreso de la República y la derecha extrema, las matanzas en Apurímac y Ayacucho, por lo menos dos menores de edad en el primer caso y seis personas, incluyendo a un menor, que no participaban en las protestas en el segundo, sumaron a sectores cada vez más numerosos que se movilizaban contra la represión y exigían el adelanto de elecciones por la falta total de legitimidad de un Ejecutivo que apostó rápido por la muerte y por la frivolidad de un Congreso y un Ministerio Público que mantuvieron los ojos cerrados y aplaudieron la respuesta de Boluarte. Las protestas se dieron en casi todas las regiones del país y la respuesta gubernamental, como ocurre siempre en esas circunstancias, fortaleció a los liderazgos más radicales en los distintos territorios.

La violencia estuvo claramente presente y no tuvo un solo origen. Muchas veces reactiva a la acción de las fuerzas del orden, aunque marginal, también hubo distintas violencias organizadas. Así, mientras los mineros informales de Chala atentaron contra locales judiciales donde se ventilan largos conflictos entre ellos, un sector de los movilizados en Madre de Dios lo hacía por su legalización. Delincuentes comunes y extorsionadores aprovecharon, como ocurre siempre, el espacio de las protestas y seguramente minúsculos remanentes del pasado también estuvieron activos.

Las movilizaciones de enero marcaron un tercer momento. La masacre de Juliaca, 18 muertos, incluyendo tres menores de edad y un policía bárbaramente asesinado y quemado, marcaron un punto de quiebre que fue seguido por la marcha a Lima, la intervención de la Universidad de San Marcos y las movilizaciones que se sucedieron posteriormente. Aunque éstas parecen haber amenguado los últimos días, todo indica que continúan, más fuertemente territorializadas en Puno, las provincias altas de Cusco y Apurímac, anunciando la posibilidad de nuevas olas en otros espacios del país, Lima incluida, donde los miedos y fantasías del alcalde metropolitano y las autoridades locales de Miraflores y San Isidro, los ha llevado a prohibir movilizaciones y protestas en sus respectivos territorios. Por lo menos aquellas que exigen que se vayan todos porque no han parpadeado, ni ellos, ni la Policía frente a las groseras manifestaciones de acoso contra Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.

Desde las izquierdas, más allá de algunas voces que persisten en el despropósito de negar el golpe de Castillo como parte de su afán por victimizarlo para obtener réditos, distintas lecturas parciales identifican desde un movimiento social pluricultural y de todas las sangres, hasta una movilización antineoliberal, coincidiendo, quizá, en la importancia de un momento claramente democratizador, en el que la protesta es notoriamente política y la creciente apelación a una Asamblea Constituyente alude fundamentalmente al rechazo al pasado y a la urgencia que adquiere un nuevo contrato social.

La última encuesta de IPSOS Apoyo no deja mucho lugar para dudas. La aprobación de la señora Boluarte llega apenas a 7%; 49% que llega a 60% en el medio rural, califica el comportamiento policial de excesivo; 41% en el interior del país considera que la Presidenta y sus ministros ordenaron disparar a matar y 49% cree que aquella y Otárola son quienes tienen mayor responsabilidad en la crisis frente a 10% que responde que el Movadef y otros grupos extremistas.

Todo indica que más tarde o temprano, el adelanto de elecciones se producirá, no obstante las dificultades de una explosión social y diversas movilizaciones que están lejos de lograr su articulación y que tienen expresiones como las del novísimo Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, que rechaza el adelanto de elecciones como parte de una farsa, escondiendo su posicionamiento político que apunta a hacer de la «reposición» de Pedro Castillo una carta electoral.

 

desco Opina / 24 de febrero de 2023

¿Voto de confianza?

 

Los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo coincidieron con el voto de confianza a su segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Tras dos jornadas de debate, el pleno del Congreso le dio 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Un resultado menos ajustado del que esperaban los opositores más recalcitrantes del gobierno y ciertamente distante de la primera plana de un tabloide que insiste en hacer creer a sus lectores que fue «raspando y rezando». La votación, que supuso la ruptura de la bancada de Perú Libre con 16 de sus integrantes coincidiendo con la derecha más dura, cerró la crisis inmediata del Ejecutivo, provocada por la polémica presencia en ese mismo gabinete del ministro del Interior, Luis Barranzuela, agravada por la incomprensible celebración de una reunión social en su domicilio.

La Primera Ministra trabajó intensamente ese resultado. Su presentación en el hemiciclo días atrás, supuso la primera exposición ordenada de las políticas que prioriza el Ejecutivo. Hizo entonces énfasis en distintos temas entre los que destacaron algunos derechos básicos, la reactivación económica, la gestión de la pandemia, la descentralización del gobierno, la lucha contra la corrupción, la acción frente al cambio climático y el combate al racismo. Su búsqueda de diálogo con la representación parlamentaria y su afán por avanzar a un nuevo contrato social fueron en la misma dirección. Su voluntad de gobernar, a diferencia de su antecesor interesado en antagonizar como camino para llegar a la Asamblea Constituyente, quedó muy clara con su pública presión por la renuncia de Barranzuela, que finalmente tuvo que aceptar el mandatario.

Queda claro que habrá que observar hacia adelante cuánto afectará este hecho la confianza entre el Presidente y su Primera Ministra. Como es obvio, distintas lecturas interesadas en el fracaso de Pedro Castillo y de lo que representa, buscan presentar a Mirtha Vásquez como la posibilidad de contener y encauzar las decisiones presidenciales, tomando prácticamente las riendas del gobierno. Es decir, desplazando al mandatario

La investidura, sin embargo, no es necesariamente garantía de nada. De un lado, entre los rasgos más visibles de la actual gestión en sus primeros cien días, destacan su impredictibilidad y su inestabilidad, como lo evidenciaran las negociaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con los transportistas informales, la decisión de sacar a las FF.AA a cuidar el orden en el Callao o el confuso relevo de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.

Del otro, conviviendo con el desorden del Ejecutivo, sufrimos de una oposición con un nivel muy pobre, anclada aún en su fantasía del fraude, y tenemos un Congreso, como lo muestra la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que está desaprobado como de costumbre (75%, alcanzando incluso un 67% entre quienes se identifican como de derecha) y que en este primer tiempo sólo puede exhibir varias contrarreformas electorales y políticas, además de poco respeto por la Constitución que dicen defender, modificándola mediante procedimientos inconstitucionales.

Al darle la confianza a la señora Vásquez, el Congreso ha mantenido uno de los débiles hilos que se conservan para intentar la gobernabilidad democrática del país. En su decisión, además de los cálculos particulares de bancadas como las de APP, AP y un sector de Podemos, seguramente ha pesado la opinión pública que mayoritariamente aparecía a favor del voto de confianza y que más allá de juicios de valor y opciones ideológicas, evidencia hace ya buen rato su hartazgo por la polarización que alientan los extremos políticos del país, que actúan desde sus respectivas trincheras en un juego de ataque permanente, apuntando a destruir al enemigo antes que a construir nada.

En este escenario, la sociedad ha tenido un momento de alivio, que tampoco es garantía de nada. Aunque la tercera ola de la pandemia aún no ha llegado gracias a la vacunación y al esfuerzo que hay que reconocerle al gobierno, los conflictos sociales se han multiplicado las últimas semanas y más allá de la disposición que han mostrado la derecha y sus medios para alentarlos, incluso para promoverlos como ocurre con la futura paralización del transporte camionero, evidencian que las autoridades no han recibido un cheque en blanco y que antes que bomberos y mecedoras, la gente quiere respuesta efectiva a sus demandas.

En esa dirección, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en materia tributaria merece por lo menos un debate serio. Descalificar el tema, como viene ocurriendo con gran facilidad, sirve de poco si se quieren mantener los hilos de la gobernabilidad democrática en el país.

 

 

desco Opina / 5 de noviembre de 2021

Cuidado con el aislamiento

El Presidente Castillo, ya instalado en el gobierno y con el poder bajo el brazo, no ha dejado de sorprendernos. Su discurso inaugural relativamente exitoso reivindicó a los grupos históricamente discriminados y excluidos de las decisiones de poder –pueblos originarios, ciudadanos afroperuanos y descendientes de migrantes– así como a las minorías desposeídas del campo y la ciudad, afirmando que esa historia, tanto tiempo silenciada, era también la suya. La reivindicación de la diversidad en la identidad nacional estuvo acompañada por varios anuncios económicos que estaban dentro de lo esperable en el marco de las medidas que prometiera en la segunda vuelta y que buscaron ser tranquilizadoras para la inversión privada y la seguridad de la propiedad.

El parteaguas esperado fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pasaría por los canales constitucionalmente establecidos. Esto quiere decir, que deberá ser aprobada por la mayoría del Congreso (66 votos), en dos legislaturas ordinarias consecutivas y por un referéndum. Dada la composición de aquél, es difícil que la propuesta llegue a buen puerto por esa vía y el mandatario no lo ignora; el discurso, en consecuencia, aunque mantuvo la baza más fuerte de su campaña, no subió las aguas y «disimuló» las dificultades que a esas alturas tenía el Ejecutivo para componer su equipo ministerial y dio la impresión de un mandatario interesado en ampliar su legitimidad.

La designación del Gabinete y del Primer Ministro evidenció, por si hiciera falta, que se trata de un gobierno con un claro carácter plebeyo y una voluntad desordenada de cambio y reforma, con distintas voces a su interior y lejos aún de una visión y una estrategia compartidas claramente. El Gabinete expresa ese carácter plebeyo e inevitablemente tumultuoso –70.6% de sus integrantes nacieron en el interior del país y la mayoría estudió en universidades nacionales– lo que es positivo; lo problemático son las historias y trayectorias personales de varios de ellos y la eventual falta de capacidad y experiencia de otros. Más aún, en un marco donde la improvisación siguió evidenciándose en la designación de distintos funcionarios públicos alejados de los perfiles y capacidades mínimas requeridas, facilitando el trabajo de una oposición encrespada en medio de una polarización que continúa y que sectores del gobierno parecen interesados en mantener, si no ahondar.

En este proceso, el Ejecutivo viene perdiendo parte del capital político que empezaba a construir. Se le alejó el respaldo que sectores del centro político parecían dispuestos a darle en el Congreso; distintos opinólogos y analistas que enfrentaron los intentos por impedir la proclamación de Castillo en nombre de un supuesto fraude y denunciaron la intención golpista de sectores de la derecha más extrema, ahora critican acremente las primeras decisiones del gobierno y algunos especulan ya sobre el camino a la vacancia. Incluso algunas organizaciones sociales –sectores de ronderos y maestros, por ejemplo– expresan su desacuerdo con algunas de las medidas que se van adoptando.

Para hacer las cosas más difíciles, aunque los precios de los minerales han subido, lo que permitiría mayores ingresos fiscales que podrían alcanzar el 2% del PBI, financiando, por ejemplo, el bono ofrecido por el Presidente, también han subido los precios de lo que importamos –maíz, soya, trigo, combustibles y el balón de GLP– además del dólar, que amplifica dichas alzas que afectan severamente la economía de la gente, aumentando sus malestares y la incertidumbre. Esto impone una coordinación estrecha con la política monetaria del BCR y su rol frente a la volatilidad del dólar y las tasas de interés.

En el Congreso de la República, por su parte, Perú Libre sufrió una nueva derrota con la definición del cuadro de comisiones, totalmente dominado por la oposición. Que sectores de ésta –Renovación Popular– estén viviendo ya el clásico transfuguismo parlamentario, no hará que la derecha extrema detenga sus andadas golpistas y sus marchas, en esta ocasión con la vacancia como centro, mientras la mayoría del Congreso se apresta a iniciar un ciclo de interpelaciones ministeriales, facilitadas en más de un caso por los propios involucrados.

En este contexto, se equivocan el mandatario y Perú Libre si no entienden que su triunfo obedece a la esperanza de parte importante de su electorado en tener a un Presidente que sea como ellos y que gobierne en consecuencia. Sin desconocer las cualidades del mandatario e incluso el papel de Perú Libre, las expectativas generadas se explican antes por la identidad que por el liderazgo o la ideología. Se equivocan si no entienden que la gente quiere que el gobierno convierta en políticas los compromisos asumidos por el mandatario antes que se prolonguen las tensiones vividas desde el 6 de junio.

 

 

desco Opina / 13 de agosto de 2021