La recesión y el lado oscuro de la luna

La recesión tomó forma de manera oficial y se convierte en el principal dato económico del año. Aun cuando se acepte lo que parece haber sido obvio, al menos desde mediados de año, no deja de ser un asunto desconcertante.

Para empezar, apenas un año atrás no era algo que estuviera en los cálculos de nadie que formara parte de los oráculos económicos. Hacia 2022, se señalaba que Perú constituía un caso especial, ya que pese a los constantes cambios políticos y tensiones sin resolver entre el Ejecutivo y el Legislativo, era visto como un ejemplo de éxito y estabilidad, en medio de la incertidumbre que empezaba a cernirse sobre las economías latinoamericanas.

Por entonces, según el Banco Central de Reserva de Perú, el PBI del país había crecido en 2021 un 13,2%, lo que significó su recuperación al nivel de prepandemia mucho antes de lo que habían pronosticado los expertos, habiendo crecido muy por encima de la media latinoamericana.

Pese a ello, ya estaban acumulándose cuestiones preocupantes. El PBI sumaba ocho meses consecutivos de desaceleración y las previsiones del BCR para el 2022 eran bastante modestas. Por otro lado, si bien la inversión extranjera no cayó, todo parecía indicar que iba a suceder, no tanto por las inestabilidades internas, como justificaban la situación algunos analistas nacionales, sino por el creciente impacto que ejercía un panorama internacional cada vez más incierto, sobre todo por la manera como fue evolucionando la inflación, que ya alcanzaba en todo el mundo desarrollado, niveles no vistos en décadas.

Asimismo, el sector minero –12,2% del PBI– experimentó un crecimiento estimado interanual de 9,6% en 2021 pero, nuevamente, esa cifra respondía en gran medida al enorme bache del año anterior y entre enero y noviembre de 2021, en realidad, la producción minera fue 5% inferior a la del mismo periodo de 2019. En un contexto de alza del precio de los metales, con la cotización del cobre en los mercados internacionales en niveles récord, muchos observadores temieron que el país estuviera perdiendo la oportunidad que suponía la tendencia mundial a buscar energías alternativas a los combustibles fósiles, para las que se requieren minerales que abundan en Perú.

Un informe del Instituto Peruano de Economía atribuyó el bajo desempeño del sector, a la "intensificación de los conflictos sociales y al agotamiento de recursos minerales en algunas zonas, ante el retraso de nuevas inversiones".

Iniciado el presente año, las cosas fueron para peor. En febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que la performance de las economías del mundo había dejado mucho que desear en el 2022, pero anunciaba que "lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión".

El crecimiento de Estados Unidos y la zona euro serían minúsculos, pero lo más preocupante fueron las proyecciones sobre China: su política de "Covid cero", que implicó continuos confinamientos y cierre de actividades comerciales, le pasó factura y, además, enfrentaba ya una crisis del mercado inmobiliario, una menor demanda mundial por sus productos y un yuan muy debilitado frente al dólar.

Dicho de otra manera, la desaceleración de China vino convirtiéndose en uno de los factores que afecta más el rumbo económico mundial, especialmente por los graves problemas que está produciendo en las cadenas de suministro.

Esto es crucial para una economía como la peruana, muy dependiente de sus exportaciones a China. En 2021, aquellas sumaron US$ 21 166 millones, lo que significó un crecimiento de 68,7%, con respecto al año anterior. De enero a noviembre de 2022, las exportaciones peruanas a China ascendieron a US$ 19 070 millones registrando una contracción de -0,7%, con respecto al mismo periodo del 2021. Sobre esto, hay que tomar en cuenta que las principales exportaciones a ese país son los minerales y la pesca, en ese orden.

Durante el 2023 la situación china continuó agravándose. Su crecimiento está estancado, los precios al consumo caen, la crisis inmobiliaria se agrava y las exportaciones se desploman.

En medio de este desalentador panorama mundial, en julio empezamos a tomar en cuenta que las cosas iban mal. Aunque la discusión que se dio entonces fue sobre si estábamos en “recesión técnica” –dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo– o no, lo cierto es que los resultados que mostramos no eran buenos y se estimaba que iba a ser muy difícil recuperarnos en los meses siguientes. Para entonces, Alex Contreras, ministro de Economía, aseguraba que estábamos recuperándonos, aunque su estimación era difícil de aceptar; en cualquier caso, ya se creía que algún factor permitía “maquillar” las estadísticas y hacer que la recesión no apareciera en los números con la magnitud que ya poseía.

Sin embargo, lo sorprendente no eran los síntomas sino el diagnóstico. Una parte importante de analistas económicos y evaluadores de riesgo, consideraban que en el centro del problema estaban dos factores: los problemas políticos y la conflictividad social, y el fenómeno de El Niño que, según Bloomberg, “ha paralizado la importante industria de harina de pescado”.

En suma, los impactos mayores e inmediatos se empiezan a ver en el decrecimiento del empleo y la disminución de la recaudación tributaria. Sin embargo, las 25 medidas que dio a conocer el MEF el 10 de noviembre, no consideran ninguno de ambos efectos. Contreras resaltó que “la minería y la agroexportación serán la base de la recuperación”. Así, las medidas se concentran en dos líneas: protección de la cadena de pagos e impulso sectorial, y más inversión privada.

En otras palabras, más de lo mismo: el manejo de cualquier cosa que podamos denominar “política económica” se reduce a asegurar a todo costo la inversión (si es privada, mejor) que garantice el crecimiento económico, aunque sea como efecto estadístico. Las personas, si somos consideradas, vendremos mucho después.

 

 

desco Opina / 17 de noviembre del 2023

Cuidado con el aislamiento

El Presidente Castillo, ya instalado en el gobierno y con el poder bajo el brazo, no ha dejado de sorprendernos. Su discurso inaugural relativamente exitoso reivindicó a los grupos históricamente discriminados y excluidos de las decisiones de poder –pueblos originarios, ciudadanos afroperuanos y descendientes de migrantes– así como a las minorías desposeídas del campo y la ciudad, afirmando que esa historia, tanto tiempo silenciada, era también la suya. La reivindicación de la diversidad en la identidad nacional estuvo acompañada por varios anuncios económicos que estaban dentro de lo esperable en el marco de las medidas que prometiera en la segunda vuelta y que buscaron ser tranquilizadoras para la inversión privada y la seguridad de la propiedad.

El parteaguas esperado fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pasaría por los canales constitucionalmente establecidos. Esto quiere decir, que deberá ser aprobada por la mayoría del Congreso (66 votos), en dos legislaturas ordinarias consecutivas y por un referéndum. Dada la composición de aquél, es difícil que la propuesta llegue a buen puerto por esa vía y el mandatario no lo ignora; el discurso, en consecuencia, aunque mantuvo la baza más fuerte de su campaña, no subió las aguas y «disimuló» las dificultades que a esas alturas tenía el Ejecutivo para componer su equipo ministerial y dio la impresión de un mandatario interesado en ampliar su legitimidad.

La designación del Gabinete y del Primer Ministro evidenció, por si hiciera falta, que se trata de un gobierno con un claro carácter plebeyo y una voluntad desordenada de cambio y reforma, con distintas voces a su interior y lejos aún de una visión y una estrategia compartidas claramente. El Gabinete expresa ese carácter plebeyo e inevitablemente tumultuoso –70.6% de sus integrantes nacieron en el interior del país y la mayoría estudió en universidades nacionales– lo que es positivo; lo problemático son las historias y trayectorias personales de varios de ellos y la eventual falta de capacidad y experiencia de otros. Más aún, en un marco donde la improvisación siguió evidenciándose en la designación de distintos funcionarios públicos alejados de los perfiles y capacidades mínimas requeridas, facilitando el trabajo de una oposición encrespada en medio de una polarización que continúa y que sectores del gobierno parecen interesados en mantener, si no ahondar.

En este proceso, el Ejecutivo viene perdiendo parte del capital político que empezaba a construir. Se le alejó el respaldo que sectores del centro político parecían dispuestos a darle en el Congreso; distintos opinólogos y analistas que enfrentaron los intentos por impedir la proclamación de Castillo en nombre de un supuesto fraude y denunciaron la intención golpista de sectores de la derecha más extrema, ahora critican acremente las primeras decisiones del gobierno y algunos especulan ya sobre el camino a la vacancia. Incluso algunas organizaciones sociales –sectores de ronderos y maestros, por ejemplo– expresan su desacuerdo con algunas de las medidas que se van adoptando.

Para hacer las cosas más difíciles, aunque los precios de los minerales han subido, lo que permitiría mayores ingresos fiscales que podrían alcanzar el 2% del PBI, financiando, por ejemplo, el bono ofrecido por el Presidente, también han subido los precios de lo que importamos –maíz, soya, trigo, combustibles y el balón de GLP– además del dólar, que amplifica dichas alzas que afectan severamente la economía de la gente, aumentando sus malestares y la incertidumbre. Esto impone una coordinación estrecha con la política monetaria del BCR y su rol frente a la volatilidad del dólar y las tasas de interés.

En el Congreso de la República, por su parte, Perú Libre sufrió una nueva derrota con la definición del cuadro de comisiones, totalmente dominado por la oposición. Que sectores de ésta –Renovación Popular– estén viviendo ya el clásico transfuguismo parlamentario, no hará que la derecha extrema detenga sus andadas golpistas y sus marchas, en esta ocasión con la vacancia como centro, mientras la mayoría del Congreso se apresta a iniciar un ciclo de interpelaciones ministeriales, facilitadas en más de un caso por los propios involucrados.

En este contexto, se equivocan el mandatario y Perú Libre si no entienden que su triunfo obedece a la esperanza de parte importante de su electorado en tener a un Presidente que sea como ellos y que gobierne en consecuencia. Sin desconocer las cualidades del mandatario e incluso el papel de Perú Libre, las expectativas generadas se explican antes por la identidad que por el liderazgo o la ideología. Se equivocan si no entienden que la gente quiere que el gobierno convierta en políticas los compromisos asumidos por el mandatario antes que se prolonguen las tensiones vividas desde el 6 de junio.

 

 

desco Opina / 13 de agosto de 2021

La crisis de fondo tras el enfrentamiento Gobierno-Congreso

Los sorpresivos, vertiginosos y poco discutidos cambios de cinco artículos de la Constitución Política relacionados con la inmunidad y el derecho al antejuicio de congresistas, el Presidente de la República y los ministros, han desatado un escándalo y una lluvia de descalificaciones a ambos poderes, por parte de medios masivos y distintos sectores políticos.

Analistas y opinólogos sostienen, variantes más, variantes menos, que estas medidas se explican por la reacción «hormonal» e irracional de los congresistas a la «pechada» del Presidente, quien cometió un error al desafiarlos (se acepta así que las disputas políticas son peleas entre machos irracionales).

Este ejercicio del poder muestra, a primera vista, la escasa preparación de los congresistas, así como una miopía inconcebible, más aun, considerando que entre quienes votaron los cambios hay al menos cuatro bancadas (AP, APP, Podemos y UPP) que tienen candidatos con serias aspiraciones presidenciales (incluso uno de ellos dentro del Congreso, y que ¡votó por ponerse la soga al cuello!). Eliminar inmunidades y derechos al antejuicio al Presidente y sus ministros, pero también imponer la asignación de un porcentaje del PBI a un sector (quizás luego se reclame agregar otros), es poner contra la pared a sus potenciales presidentes.

Todo esto muestra que los partidos no controlan y menos aún guían a sus congresistas, lo cual es entendible considerando su falta de militantes, de vida orgánica interna (suelen activarse sólo en elecciones) y programas de gobierno. Los candidatos al Congreso se reclutan por su aporte monetario a la campaña o por su atractivo electoral, sin lealtad política a ningún colectivo. Esto alimenta en el Congreso algo que ocurre también en organismos como las Fuerzas Armadas o la misma Policía Nacional: el desarrollo de intereses corporativos propios, donde convergen variopintas motivaciones. No escuchan ni dialogan mucho con otros poderes.

Hay sin duda desconocimiento y poca preparación, pero su renuencia a debatir y a escuchar a los tecnócratas del MEF o del BCR, y su afán de ejercer poder con el empuje digno de un tractor, no es ignorancia o falta de preparación. Hay intereses subalternos, pero también cero confianza; no creen lo que les dicen y sienten que los quieren mecer. Esto revela el marco de desconfianza generalizada que hay en el país y, por supuesto, en la política. Su cerrazón, hay que decirlo, aunque con otras formas, no es muy distinta a la que muestra la tecnocracia económica del país, por ejemplo, frente a un tema tan elemental como el bono universal.

La poca disposición a negociar agrava la lógica del enfrentamiento; en la cultura política peruana, aunque duela reconocerlo, está aún implantada la admiración a caudillos autoritarios y a soluciones de fuerza, tendiendo por tanto a ver negativamente la negociación: como juego de componendas entre pequeños grupos, o una debilidad que obliga a ceder cuando en realidad, quien tiene poder, debe imponer.

El Congreso anterior se comportó de manera similar, aunque con una diferencia no desdeñable: antes se actuaba en función de los intereses de un grupo o lideresa concreta, ahora hay una mayor fragmentación y dispersión, lo que hace más frágiles sus decisiones y más enredadas las posibilidades de entenderlas.

El Gobierno Nacional tampoco negocia, y en ese sentido no hace política. Sin partido, sin alianzas en el Congreso, sin ministros que respondan a un consenso político, sus márgenes de juego son siempre estrechos. No es raro entonces que no tienda puentes para el diálogo. El tema de fondo es, sin embargo, la crisis del sistema político, especialmente de representación, irresuelta desde hace más de 20 años, que hace que los equilibrios y la estabilidad política sean transitorios y precarios. Esto no puede afrontarse solo con maniobras y cubileteos en las alturas, ni con cambios de algunos artículos de la Constitución para reforzar a los partidos –algo sin duda necesario, pero no suficiente–, apuesta de alta incertidumbre si lo que se busca es ayudar a crear organizaciones políticas parecidas a las de otros países (también con serios problemas) o a las que colapsaron aquí en los años ochenta.

Junto a ello, tenemos también una crisis del Estado, cuyo aparato muestra una vez más sus alarmantes limitaciones a raíz de la pandemia; su disfuncional institucionalidad no parece ya reformable con cambios menores y parciales. Limitaciones ciertamente vinculadas a la propia historia del modelo en nuestro país.

Los límites de aquél, cuyo cuestionamiento parcial (que, si no, son la ley sobre retiros de fondos de AFP y ONP, y la moratoria de deudas de los bancos), más allá de las reales motivaciones subyacentes desde un poder tan desprestigiado como el Congreso, parecen estar resultando más efectivos que las escasas movilizaciones sociales y las opiniones críticas de los últimos años, para desesperación de los defensores del establishment. Quizás por todo esto, la ministra del MEF haya dicho que una macroeconomía sana no era igual a un país sano.

Todo parece indicar entonces, que llegaremos al bicentenario con un país no sólo políticamente crispado y polarizado, sino también con una crisis de fondo que la superación de la pandemia y de la recesión no solucionará. Que los cambios en el sistema político, el Estado y el modelo, necesarios para consolidar una sociedad democrática y próspera, estén en manos de quienes disfrutan con el desorden establecido, no nos augura un futuro promisorio.

desco Opina / 17 de julio de 2020

Los primeros anuncios del nuevo Presidente

Las declaraciones presidenciales advirtiendo la ratificación del Presidente del Banco Central de Reserva y la designación del ministro de Economía, llamaron la atención. El primero, olvidando su función, venía declarando contra el anunciado aumento de la remuneración mínima, mientras Castilla, ex vice ministro de Hacienda, estaba enfrentado con el equipo económico de Gana Perú que había denunciado el papel del Ministerio de Economía y Finanzas y el suyo particular, en la disminución que se ha producido en el crecimiento del país.

Mientras los sectores empresariales y el mundo del gran capital aplaudían, distintos analistas e incluso técnicos y políticos próximos al futuro gobierno, expresaban su desazón y sus temores, imaginando una gestión prisionera, si no entregada a quienes los combatieron duramente a lo largo del proceso electoral. En cualquier caso, la decisión presidencial permitió que el «affaire» protagonizado por su hermano con su viaje a Rusia, pasara a un segundo plano.

Ya en control del escenario, el Presidente Humala adelantó parte de la composición de su primer equipo ministerial. El premierato encargado a Salomón Lerner tuvo la virtud de tranquilizar a los nerviosos, mientras el nombramiento de Kurt Burneo en el Ministerio de la Producción, que además incorporará a distintos programas sociales, equilibraba las cosas. La presencia de Giesecke a la cabeza de la gestión ambiental del país, tanto como la de Roncagliolo en Relaciones Exteriores y la de García Naranjo en el MIMDES, le dan fuerza al discurso y a las orientaciones sostenidas por Gana Perú entre la primera y la segunda vuelta electoral.

Más allá de esa percepción, es evidente, como no podía ser de otra manera, que la integración definitiva del equipo ministerial y la precisión de quiénes ocuparán los principales cargos públicos, será resultado de un arduo y cerrado proceso de negociación. De varios en realidad. Con los empresarios y el gran capital es uno; con los partidos políticos aliados, en especial Perú Posible, es otro. Pero igualmente importantes serán los acuerdos con Gana Perú y los más internos, estrictamente dentro del nacionalismo. El resultado final, todo parece indicarlo, será el de la moderación y el cálculo, como sellos distintivos del futuro gabinete.

Diera la impresión, en consecuencia, que los primeros meses de la próxima gestión, se caracterizarán por el equilibrio entre distintas posiciones y el realismo pragmático que evidencian las decisiones que ha tomado hasta ahora el Presidente. Justificadas éstas legítimamente desde su reiteradamente declarado afán concertador, resta saber cuáles serán en definitiva las grandes orientaciones de su gobierno. A fin de cuentas, desde la sociedad y la opinión pública, resulta difícil imaginar al futuro Ministro de Economía negociando el impuesto a las sobreganancias con las principales empresas extractivas y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la misma que mediante su reciente y poco feliz campaña publicitaria, pone en evidencia en qué consiste su compromiso con la inclusión social.

Como es obvio, en este escenario móvil, quienes votaron por el candidato Humala, mantienen importantes expectativas sobre los anuncios que hará el Presidente Humala en su primer discurso. Si en éste no aparecen cuestiones como el incremento del salario mínimo, el futuro del lote 68 y el precio del gas, la Ley de Consulta, algunos de los programas sociales comprometidos y la manera como se atenderá el tema de las sobreganancias y las necesidades de renta del Estado, su vinculación con parte significativa de su electorado empezará a deteriorarse rápidamente.

Si por el contrario –más allá de nombramientos más y menos, que siempre encontrarán defensores y detractores– el Presidente ratifica algunos de los compromisos adquiridos en la campaña electoral, mantendrá las expectativas de cambio que alimentó primero su candidatura y después su victoria. La moderación mostrada hasta ahora indica realismo pero no está libre de riesgos. Es evidente que sus primeros anuncios marcarán, más de lo que puede suponerse, su relación con sectores importantes de la ciudadanía y es claro que si busca cumplir con sus compromisos, requerirá renovar sistemáticamente el apoyo que obtuvo de quienes votaron por él.

desco Opina / 22 de julio de 2011
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