El último mensaje de Dina

 Entre julio de 2024 y estos días del año 2025, Dina Boluarte ha procurado proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad que resulte consonante con su anterior mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, transcurrido un año más de su nefasto gobierno, más allá del guión triunfalista de quienes le escriben los discursos a la presidenta, el Perú real parece ir en otra dirección cuando nos informamos adecuadamente sobre lo que ocurre.

La actual administración ha logrado mantener en funcionamiento algunas líneas de gestión pública, en medio de manejos no muy transparentes, reactivar a medias obras paralizadas, y adherirse al crecimiento de la minería, el turismo y la agroexportación, sólidos por los precios y las dinámicas internacionales, pero frágiles por su fuerte dependencia extranjera. Ha procurado también reforzar vínculos con actores regionales clave, como son Estados Unidos y Brasil, así como intentar avances en el proceso de adhesión a la OCDE, sin mostrar resultados significativos.

Todos estos logros, de dudoso alcance estructural, quedan largamente ensombrecidos por un proceso paralelo de debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas, la creciente concentración del poder y una deriva autoritaria, acompañada de una frivolidad que no hemos conocido antes, que pone en riesgo la viabilidad misma del pacto republicano fundado hace más de doscientos años. Parece ser el fin de un período y que en medio del desorden se aproximan tiempos nuevos del tipo reforma constituyente, aunque otros denominan de distintas maneras a la necesidad de refundación nacional.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2022, Boluarte, en medio de su precariedad personal, ha buscado consolidarse no como figura de transición, que sin ninguna duda lo es, sino como lideresa de un proyecto sostenido, que ha encontrado sustento en las alianzas frágiles y pragmáticas pactadas con ella. Estas alianzas le han permitido resistir múltiples cuestionamientos por la violación a los derechos humanos a inicios de su gobierno, así como a varias investigaciones fiscales por corrupción. Todo en medio de una persistente e histórica desaprobación y rechazo que roza con el cero por ciento estadístico.

A cambio, el gobierno ha cedido –sin ninguna vergüenza– en aspectos fundamentales del equilibrio democrático. La cooptación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, junto con la aprobación de normas regresivas en materia ambiental, educativa y cultural, reflejan una agenda orientada a desmantelar totalmente los mecanismos de control y de participación ciudadana. La reforma política –necesaria para enfrentar la crisis del sistema de representación– ha sido sistemáticamente postergada o distorsionada.

La narrativa de orden impuesta por el Ejecutivo, sustentada en un discurso de lucha contra la delincuencia y de fortalecimiento de la autoridad, ha servido para medidas de excepción y operativos militares-policiales desproporcionados como los realizados en Pataz o en Sicuani. Ha normalizado el estado de emergencia como herramienta de gestión cotidiana, particularmente en regiones que demandan mayor inversión y presencia del Estado. Continúa descuidando temas de servicios básicos, cuidados de salud, medicamentos y vacunas, educación de calidad, y se limita a la inauguración de nuevas infraestructuras en medio de una represión latente y sostenida.

En el plano internacional, el aislamiento diplomático del gobierno se ha ido revirtiendo en beneficio de una política exterior poco soberana, de alineamiento con los intereses geopolíticos más conservadores y la automarginación descolocada de espacios como la CELAC o la UNASUR. Mientras tanto, la retórica hacia afuera sigue siendo la de una restauración democrática –inexistente y mentirosa–, que contrasta con la política interna de mayor exclusión y criminalización del disenso. El uso recurrente del estado de emergencia en regiones como Puno, Cusco, Piura o La Libertad se ha convertido en práctica administrativa habitual. El país necesita estabilidad, sin duda, pero una que no sea sinónimo de silenciamiento de derechos y escasez de justicia.

Menos aún de retroceso a relaciones que corresponden al pasado. La cooptación de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como la designación discrecional de personajes mediocres en sectores clave como educación, justicia o fiscalización, desnudan una captura progresiva del Estado.

Se necesita una reconstrucción de la confianza en el Estado, particularmente en territorios históricamente marginados, donde la ausencia de derechos no puede seguir siendo compensada por la única presencia de cuarteles.

El mensaje de Dina Boluarte, más que una rendición de cuentas del trabajo del Poder Ejecutivo, será seguramente una afirmación de poder, de un poder prestado, rindiendo cuenta a quienes la mantienen. Pero, más grave aún, ese poder que se ejerce sin consentimiento popular claro ni control institucional efectivo, puede terminar socavando los cimientos de lo que aún nos queda de república. La historia muestra que la estabilidad sin legitimidad es siempre efímera. Lo que se presenta como calma puede ser apenas la antesala de una nueva ruptura, si no se recompone el vínculo entre Estado y sociedad.

Recuperar la democracia implica ir más allá de los equilibrios de poder: requiere reconstruir confianza, abrir canales de participación real y garantizar derechos a todos los peruanos y peruanas en todo su territorio.

 

desco Opina / 25 de julio de 2025 

El futuro de la Junta Nacional de Justicia

 

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%.

La misma encuesta registra la opinión pública sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impulsada por la mayoría del Congreso de la República, argumentada por varios de los abogados que denunciaron el supuesto fraude el 2021, incentivada por Patricia Benavides, quien le abrió un procedimiento competencial en el Tribunal Constitucional, aplaudida por la mayoría de opinólogos de la derecha, y por otros que insisten en pasar por sesudos y equilibrados demócratas. Sorprendentemente, tres de cada cuatro encuestados, en todos los segmentos de la muestra empleada, indican que la destitución de la Junta afectaría la democracia. Sorprendente, decimos, porque en septiembre, al inicio del proceso en el Congreso, apenas 19% estaba en contra de la investigación sumaria; un mes antes, hay que recordarlo, en la medición de la misma fuente, cerca del 50% de los encuestados no pudo darle un contenido al término democracia y 23% señaló que funcionaba mal y la vinculó con calificativos negativos.

Mientras la opinión pública es contundente, el comportamiento de los involucrados también lo es. La mandataria, dedicada a sus viajes mientras el país amenaza con incendiarse, está convencida que basta con responsabilizar de todo a su exsocio Castillo y hacer anuncios, grandilocuentes y vacíos, para atender la recesión económica, la inseguridad desbordada en su estado de emergencia y El Niño que toca la puerta. Su Premier, involucrado en controversias diarias, insiste en hacernos creer que es apenas un escudero, buscando esconder la incapacidad de su gobierno. Los congresistas, blindándose entre ellos y avanzando decididos a la captura de las instituciones, donde su llave inmediata es la JNJ. La Fiscal, por su lado, acelera las movidas en su interna, castiga a quienes la incomodan en el Ministerio Público y busca liquidar las indagaciones contra sus socios políticos. En esta película, hasta los extras actúan; así, el Defensor del Pueblo se apura en buscar prolongar su encargo y llenar la institución de los clientes de quienes le entregaron el encargo.

Sintiéndose seguros en su impunidad, convencidos que el estallido social que costó 49 vidas por acción de las fuerzas del orden, más de 1000 heridos y una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos judicializados por su participación en las protestas, se creen capaces de imponer su orden y garantizar sus negocios particulares, su permanencia en el poder y la prolongación del ciclo neoliberal. El descrédito de la política, el desapego de ella y la pérdida de contenido de la democracia han terminado por destruir las instituciones y liquidar la representación política, enfrentando a la sociedad con una generación de políticos a prueba de la opinión pública y carentes de cualquier recato, no haciéndose problemas de aparecer en fiestas que comparten con delincuentes y rechazando cualquier posibilidad por lo menos de control de daños, porque pedirles autocrítica es demasiado.

En este escenario oscuro, los próximos días asistiremos al desenlace del intento de destitución de la Junta, como paso previo a la arremetida que seguirá contra los órganos electorales. El pleno del Congreso, a última hora, postergó el debate del informe final, que recomienda su remoción por presunta falta grave, para el 8 de noviembre, fecha sospechosa porque ese día juegan Universitario de Deportes y Alianza Lima la final del campeonato nacional de fútbol. La postergación indica que no tienen los 87 votos que requieren y que las negociaciones entre las derechas continuarán. El dueño de APP, adelantó que su bancada no votará por la propuesta, lo que indica que busca un cuarto intermedio, dado el valor de su palabra, equivalente a un cenicero en una moto. Otros parlamentarios, buscando asegurarse un premio consuelo, estarían replanteando la propuesta, buscando la salida de algunos de los integrantes de la Junta y su reemplazo por quienes ocuparon los puestos siguientes en el concurso de su nombramiento.

Simultáneamente, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial del Ministerio Público contra la misma Junta por una supuesta vulneración de sus funciones institucionales. El tema de fondo son dos investigaciones preliminares contra Benavides –el cambio en la conformación del equipo que investiga a los “Cuellos Blancos”, donde habría comunicaciones entre la Fiscal de la Nación y Antonio Camayo, así como la remoción del fiscal que investigaba el caso Sánchez Paredes–, vale decir, temas de gestión que no afectan la autonomía de la Fiscalía.

El desenlace de ambas situaciones probablemente terminará en que permanecen en su cargo algunos miembros de la JNJ, pero su conformación sufrirá cambios. En el país es evidente que las encuestas, más aún, la opinión pública, carecen de todo peso para los políticos que actúan hace años guiados por sus intereses inmediatos y blindados por el desapego a la política y la fragmentación de la sociedad.

Para que las cosas empiecen a cambiar, mientras los miles que se movilizaron en los primeros meses del año, especialmente en el sur andino, recuperan fuerzas, encuentran caminos para articularse y compartir su agenda –tema irresuelto hasta hoy–, sumando los nuevos y diversos malestares por la situación económica, la inseguridad, la corrupción y el abuso cotidiano, iniciativas importantes como la Plataforma por la Democracia tienen el desafío de encontrarse con ellos y construir puentes entre su defensa institucional de lo poco que queda de democracia y las demandas más amplias de la sociedad, que lo que exige, en el mediano plazo, más allá de nuevas elecciones, es un contrato social distinto. Lo que está en disputa en el corto plazo, es la derrota de la apuesta autoritaria y antidemocrática que busca asegurar sus intereses individuales y un nuevo ciclo neoliberal.

 

 

desco Opina / 3 de noviembre de 2023

La temporada de un circo que se prolonga

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta cabal de la caída en picada de la aprobación del Congreso de la República. Ésta, que se inició con 31% en agosto 2021, no obstante que un sector del mismo alentado por la furia de Keiko Fujimori permanecía inalterable en la cantaleta del fraude electoral, ha llegado en julio de este año apenas a 6%. Porcentaje éste, prácticamente uniforme en el país -entre 7.4% en el oriente y 3.8% en el norte- así como en los distintos sectores sociales, entre 6.5% en el segmento C y 5.2% en el A/B. La misma encuesta identifica con claridad parte de sus “méritos”, cuando reconoce su poder, identificando a los parlamentarios como el grupo con mayor poder en el país (34%) y simultáneamente señalando con claridad meridiana, 78%, que abusa permanentemente del poder que tiene. 

Que el actual Congreso y la mayoría de sus integrantes hicieron méritos para tal valoración, no hay duda. Que el deterioro de la democracia es el telón de fondo no admite murmuración; el Latinobarómetro 2023 muestra que sólo 8% de peruanas y peruanos está satisfecho con la democracia, el porcentaje más bajo de la región, mientras que 90% cree que los partidos son inútiles y no funcionan bien, el porcentaje más alto de la región. Lo indignante es la indiferencia, si no el desprecio de parlamentarios que se asumen impunes e inimputables y no se cansan de ofrecer espectáculo en una temporada que es más larga que la de cualquiera de los circos que se instalan en estas tierras en fiestas patrias.

Si nos limitamos a revisar los últimos noventa días de su acción, encontramos una diversidad de números. Si queremos leyes cuestionables pensemos en la norma que reduce la vigencia de la colaboración eficaz a ocho meses tras ocurridos los hechos, cerrando la ventana de tiempo para proteger a los corruptos. Si buscamos leyes que favorecen a sectores ligados a las economías ilegales, se aprobó que los bienes incautados a la minería ilegal no sean destruidos y pasen a instituciones del Estado. Si interesan disposiciones inconstitucionales, revisemos aquella que faculta a Boluarte para que gobierne temporalmente desde el exterior, lo que le permitirá realizar viajes que no podía hacer por carecer de un Vicepresidente para asignarle sus funciones; que el Tribunal Constitucional no haya dicho nada sobre la materia, no debe ser motivo de sorpresa.

Si además de “legislicidios”, interesa encontrar casos flagrantes de abuso de poder, está la inhabilitación por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que cuando ejerció como fiscal general, entre 2019 y 2022, “demoró” en tomar acciones contra el entonces presidente Pedro Castillo. Como es notorio, dicha magistrada es una abierta rival interna de la fiscal general, Patricia Benavides, señalada con fundadas razones como aliada del gobierno y del Congreso, por lo que la inhabilitación termina siendo una intervención abusiva contra el aparato judicial. En otras palabras, el Congreso gritando a los cuatro vientos, una vez más, que no tiene que rendirle cuentas a nadie.

Cuando creíamos haberlo visto todo, asistimos al matrimonio por interés de Fuerza Popular y Perú Libre, el cínicamente autonombrado Bloque Democrático, santificado por APP a cambio de la presidencia de una mesa directiva resultante de ese romance, aplaudido por la mayoría de congresistas, sin importar si se dicen de izquierda o de derecha. Como en el caso de la parlamentaria Lady Camones, el congresista cusqueño Alejandro Soto fue impuesto por César Acuña Peralta, el dueño de la agrupación, y como en aquella ocasión, el congresista tiene más de un anticucho en su haber. Tras su elección, ya no caben dudas de que se benefició de una ley promovida y defendida por él, aprobada el 11 de mayo, que fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción, norma a la que recurrió en julio, días antes de ser elegido, para archivar una acusación en su contra por estafa y falsedad genérica. Enredado en sus cuentos había mentido al sostener que ese caso había prescrito el 2018. Mentiras, hay que decirlo, que resultan costumbre, como lo evidencia su inútil y patético afán por negar el parentesco de una de sus contratadas con la madre de su hijo, argumentando cobarde y machistamente una relación de choque y fuga. 

Su caso es de los más graves de los últimos tiempos y compromete a buena parte de los congresistas que lo eligieron y de los partidos que lo sentaron en la presidencia. La norma a la que se acogió, que lo beneficia y que defendió activamente antes de su aprobación, es la misma que acaba de aprovechar, por ejemplo, el ex Secretario General de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. El Presidente del Congreso aparece, así como el integrante aventajado de un Congreso pleno de “mochasueldos”, viajeros frecuentes con recurso públicos o invitados de grandes empresas internacionales, empleadores de sus clientes y defensores de intereses variopintos.

Finalmente, en las últimas horas, la curiosa implosión de la bancada de Acción Popular se constituye en el último número del espectáculo. Iniciada por la congresista Alva, la misma que nos tiene acostumbrados a sus buenas maneras y a su talante democrático, la corrida de ocho parlamentarios de la lampa por la elección del “niño” Darwin Espinoza como vocero, no deja de sorprender. Por varias razones. Los renunciantes son ocho y los que eligieron quince. Entre los que se van hay tres congresistas sindicados de “niños” o de vínculos con ellos, un cuarto denunciado por quitarles el sueldo a sus trabajadores, una congresista investigada por supuestos vínculos con el ex ministro de Vivienda Geiner Alvarado y uno investigado en la fiscalía por lavado de activos y desbalance patrimonial, cuando fue alcalde. Es decir una banda de angelitos, seguramente como quienes permanecen en la bancada. 

Así las cosas, aunque se trate de una temporada que parece que no dejará de sorprendernos, es comprensible que 80% de los encuestados crean que el adelanto de elecciones es lo más conveniente para el país y que 77% coincida con el pedido de cierre del Congreso. Parece no haber otra vía a menos que uno sea tan ingenuo o interesado como para alentar a Boluarte y al Congreso a un salto de calidad en la aprobación de normas, reformas y gestión para reforzar el “incipiente” impulso reformista que han descubierto en el discurso de la mandataria.

desco Opina / 11 de agosto de 2023

Hay que ponerle el cascabel al gato

 

Tiempo de paradojas, como en los años 80. Ahora, como entonces, la defensa de la legalidad quiere justificarse con el uso desproporcionado, indiscriminado, ilegal e ilegítimo de la fuerza estatal. Así ha quedado claro, con las respectivas evidencias, que en los operativos organizados para contener las movilizaciones sociales hubo dos situaciones: una, el grueso del contingente policial enfrentando directamente a la población, provocando, es cierto, un gran daño; dos, la presencia de francotiradores que han asesinado con disparos certeros y a distancia a personas que, obviamente, no estuvieron en el centro de las manifestaciones. Resta saber con precisión quiénes son, y, sobre todo, cuáles eran las motivaciones de sus acciones.

Estamos frente a situaciones en donde al menos un grupo o un sector de actores estaría esforzándose para no dejar siquiera ruinas del estado de derecho. Si bien en sí mismo, esto ya es más que preocupante –intolerable– para los que aún creemos que la democracia es la mejor manera de organizarnos políticamente y, por lo tanto, no debiéramos destruirla, sino al contrario, fortalecerla, lo cierto es que debemos dilucidar si estas acciones tienen relación con otras intenciones, más evidentes, de desmontaje acelerado de lo poco o casi nada que quedaba del intento de democratización que se operó en el 2000-2001.

Porque, sin duda, hacia eso apunta la decisión del Tribunal Constitucional. Los señores magistrados, integrantes de dicha instancia, debieran tener muy en cuenta que el legalismo es un defecto del sistema y no provoca para nada ninguna situación garantista; además de su inconveniencia política, en un momento en que todas las instituciones del Estado están cuestionadas, es decir, carecen de legitimidad. En otras palabras, a nadie parece ya interesarle que las acciones de las entidades públicas estén sujetas a la ley, porque las instituciones mismas y las personas que forman parte de ellas no gozan de la más mínima confianza por parte de la ciudadanía.

De esta manera, permitir que el Congreso continúe con los criticados procedimientos que ha venido usando para designar el Defensor del Pueblo, que pueda ejercer funciones judiciales que no le competen, que sin más esté en condiciones de imponer sus criterios políticos sobre entidades como SUNEDU o, si fuera poco lo anterior, advertir a la Junta Nacional de Justicia sobre las supuestas inconductas y malos procedimientos de los jueces que han intervenido en los procesos constitucionales de amparo “afectando competencias reservadas al Congreso de la República”, es decir, exigir que sean sancionados, lo único que hace es allanar el camino para el quiebre definitivo del equilibrio y la fiscalización –el “check and balance”– entre los poderes públicos, una de las cuestiones básicas en las que se fundamenta cualquier mínimo de democracia.

Sin embargo, hay más. Si empieza a ser evidente que la democracia se demuele en función a una mayor concentración y centralización del poder, no debemos perder de vista que esto no se reduce a la fantástica entronización de un Congreso en el que no cree ningún peruano o peruana.

El fracaso de las reglas democráticas que debía gestionar un Estado que nunca pudo adquirir un estándar mínimo de legitimidad, posiblemente fortaleció las relaciones clientelares organizadas alrededor de la figura de los patrones locales, tensando las concepciones de ciudadanía democrática y ciudadanía consuetudinaria, de compromiso cívico y relaciones patrón-cliente en un juego de suma cero o, en su defecto, otorgando amplio espacio para la consolidación de éstas últimas en función a su articulación en alianzas más amplias.

Si fuera el caso, cuestiones tan misteriosas como la reelección de gobernadores regionales y otras autoridades no sólo acusados, sino incluso sentenciados por actos de corrupción, otros mostrándose casi orgullosamente como lobistas de negocios tan cuestionados como los cultivos de palma aceitera, o alcaldes sospechosos de narcotráfico, entre otras, si partimos del dogma democrático, empezarían a adquirir más sentido y darle consistencia a nuestros desafíos políticos.

Los patrones distribuyen recursos y la población movilizada es un medio por el cual obtienen mejores «posiciones de negociación» ante un Estado al que no van a cuestionar en sus fundamentos, sino a exigirle un «reparto de la torta» más acorde con sus expectativas. Pero, para que ello suceda, los patrones no pueden tejer sus redes con una gran cantidad de clientes, ni que ellos tengan un grado de autonomía tal que no permita «disciplinarlos» alrededor de sus objetivos.

En ese sentido, cuestiones tan formales como un proceso electoral, parecen imponer ampliamente su pertinencia en momentos como los actuales, en los que ya vamos viendo los límites de la protesta en las calles, que se asemeja cada vez más a ese «derecho al pataleo» al que se refería Luis Alberto Sánchez.

Gobiernos como el actual, así como los detentadores de poderes más circunscritos, ambos productos de los procesos políticos concentradores y centralizadores, deben ser obligados a allanarse a intensos procesos de negociación, deliberación y consensos, evidenciando en el camino no sólo su endeblez como resultado de un pacto político que nunca se dio, sino también, en esa ruta, mostrando a los verdaderos beneficiarios de las decisiones que se toman en el país, aquellos que se afirman cada vez más en sus posiciones de dominio en la medida que no se presentan ni se presentarán como agentes deliberantes. Ahora bien, ¿quién le pone el cascabel al gato?

 

desco Opina / 10 de marzo de 2023