Tomando el pulso a la Nación

Mientras la economía mundial se agita principalmente por el conflicto bélico iniciado por Rusia, nuestro paisaje nacional se remueve principalmente, por ahora, por los temblores recurrentes de la crisis política permanente que afecta al país.

Hay un contubernio en marcha que se sustenta en la voluntad nada oculta de nuestros políticos por aferrarse a la cuota de poder que han alcanzado dentro del Estado. La pretensión de ganar a cualquier precio en el corto plazo, lleva al colapso del país en el mediano plazo. Se aprecia así, como el cuestionado Ministro de Salud alaba las virtudes profesionales de uno de los principales dirigentes del fujimorismo en el Congreso al tiempo que esta bancada se niega a sumarse al pedido de interpelación del Dr. Condori, cuestionado por el propio Colegio Médico al que pertenece. 

Esta alianza populista fujicerronista se manifiesta también en su oposición al adelanto de elecciones generales, en acuerdo con otros sectores de la derecha que en el Congreso avanzan en su afán de acabar con el tibio intento de reforma política. Así, votaron juntos por la ley que suspende las primarias para las elecciones municipales y regionales de octubre y aprobaron extender el plazo para la inscripción del padrón de afiliados, además de suspender las causales de cancelación de la inscripción de partidos y movimientos regionales.

La pugna por vacar al presidente Castillo se repite una vez más, aunque se sabe bien que en los predios congresales no se cuenta con los votos necesarios para tal propósito y convocar a nuevas elecciones. Al mismo tiempo, la medida se reitera en términos de limitar el proceso a solamente elecciones de un nuevo poder Ejecutivo cuando en realidad el desgaste y pérdida de legitimidad es mayor en el poder Legislativo y suena inviable que de ocurrir lo uno no se lleve a cabo una renovación total del Congreso.

Nada de lo expresado debe entenderse como el apoyo al desacertado ejercicio de gobierno del Presidente de la República quien, a todas luces ha abandonado sus banderas de cambio y solo parece interesado en sobrevivir en un mar de mediocridad pese a algunas expectativas que ya pocos mantienen.

El flagelo persistente de la corrupción alimenta las raíces del descontento diario, aunque en realidad, muy pocos peruanos se escandalizan en serio con el sistema institucionalizado de los de arriba y los de abajo y su penetración en el Estado. En esos términos es como se hacen negocios –formales e informales– en el Perú del neoliberalismo de los últimos treinta años. Como si fuera poco, la Fiscalía de la Nación enfrenta una situación en la que por falta de quorum de sus miembros titulares deberá encargar interinamente la dirección de esta importante institución ya que el mandato de su actual titular vence esta semana. Las mismas instituciones responsables de evitar y luchar contra la corrupción son demasiado débiles para cumplir con su cometido, o se ven comprometidas por la influencia de los transgresores mismos.

Situación más grave es la del Tribunal Constitucional, conformado casi en su totalidad por miembros cuyos cargos han vencido hace mucho tiempo y no son reemplazados por la incapacidad del Congreso Nacional para asumir la selección y elección de los nuevos miembros. Sin embargo, toman decisiones que avivan el enfrentamiento entre peruanos al emitir fallos sumamente cuestionables como el permitir la excarcelación de Alberto Fujimori, tras la restitución de su irregular indulto por parte del expresidente Kuczynski.

En medio de ese escenario, en verdad caótico, las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser propositivas y no sólo cuestionadoras. Lograr esto, en un contexto de pobreza y de desencanto con la democracia, no es fácil. La propuesta del expresidente Sagasti de apelar a la recolección de firmas para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal, adelantando las elecciones generales, no es algo que pueda hacerse rápidamente y requiere de una voluntad política y respaldo organizativo que por ahora no existen.

Las clases sociales, los grupos y las instituciones también pueden ser actores más allá de la escena oficial del Estado: como los sindicatos, las comunidades campesinas y nativas, las iglesias; tal como lo hacen los periódicos, la radio y la televisión que defienden sus propios intereses y filtran la información. Ese escenario, más amplio que el oficial y oficioso no lo compartimos, y eso dificulta mucho resolver la confrontación actual de manera inteligente como producto de un diálogo informado.

 

desco Opina / 25 de marzo de 2022

Urgente: gobierno frágil necesita comunicación clara

 

Finalmente, el gobierno anunció un conjunto de medidas para combatir la pandemia que parecía haber amenguado desde octubre. Desde fines de diciembre la curva de muertos empezó a incrementarse, la relación entre el número de hospitalizados y las camas UCI con ventilador ocupado mostraba un preocupante aumento, mientras el número de casos activos ya no aparecía en descenso y, simultáneamente, las pruebas que se aplicaban también disminuían. El denominado factor Rt, que mide el potencial de propagación del virus –el número efectivo mayor a 1 indica el riesgo de perder el control de la pandemia–, empezó a crecer en distintas regiones y en el país. La movilidad de las personas, la apertura de la economía con protocolos difíciles de controlar y las fiestas de fin de año incidieron, sin duda.

El incremento del número de contagios ocupaba espacio creciente en los medios, evidenciando que no obstante el tablero de control de la pandemia –el Grupo Prospectiva del MINSA elabora y publica los indicadores necesarios– no habían decisiones claras, confiando, quizá, en que se había alcanzado la inmunidad de rebaño y se empezaba a avanzar en la compra de la vacuna.

La ministra de Salud, presionada por los números y los medios, empezó el año alertándonos sobre un posible rebrote, «para darle algún nombre», según dijo. La Defensoría del Pueblo puso su dosis de presión, advirtiendo al inicio de la semana que en Lima y Callao quedaban apenas seis camas UCI con ventilador y que en distintos centros hospitalarios se encontraban decenas de pacientes aguardándolas. En este escenario, la ministra Mazzetti, a menos de una semana de su declaración anterior, aceptó que estamos enfrentando ya una segunda ola del Covid-19, como viene ocurriendo en buena parte del mundo.

Así las cosas, conferencia de prensa mediante, el gobierno anunció el miércoles 13 de enero, las medidas que se adoptarán entre el 15 y el 31 del mismo, para hacer frente a la situación. El mandatario explicó que las mismas se sustentan en un tablero de control que combina indicadores sanitarios y epidemiológicos con otros económicos, como la situación del PBI y el empleo. Punto sin duda a favor del Ejecutivo que, sin embargo, pierde parte importante de su fuerza porque no se dice nada sobre cómo se pondera específicamente cada uno de los indicadores empleados. Difícil saber entonces cómo se combinan salud y economía en el nuevo escenario. Más difícil de entender por qué, contando con el tablero de control, no se anunció un monitoreo transparente y diario que involucre a ciudadanas y ciudadanos en un esfuerzo que los tiene como actores centrales.

En base a tales indicadores, el Presidente Sagasti y la Primera Ministra, identificando las situaciones particulares que existen en las distintas regiones del país, nos mostraron un semáforo que identifica tres niveles de alerta –moderada, alta y muy alta– en base a las cuales se establecen restricciones de movilización de las personas y porcentajes de aforos en diversas actividades económicas. Segundo punto a favor del Ejecutivo que se propone una estrategia focalizada y en ajuste permanente. Pierde también parte de su fuerza porque al desconocerse la ponderación de los indicadores, resulta incomprensible, por ejemplo, por qué Lima Metropolitana y Callao están en el nivel de alerta alta y no en el de muy alta, dados los números sanitarios y epidemiológicos que muestran, no obstante sus claras ventajas de equipamiento y acceso.

Todo indica que es el peso de Lima Metropolitana y Callao en la economía nacional lo que explica su ubicación en ese nivel. Es decir, la economía primando sobre la salud a pesar de la voluntad gubernamental de mostrar lo contrario. Como no hay reactivación con pandemia, es obvio que aquella también se verá afectada. En esa dirección, aunque todavía hay tiempo para corregir, es sorprendente que no se dijera nada sobre un nuevo bono universal, porque la compensación es un derecho en este escenario, donde buena parte de las medidas se descargan sobre la gente, pero también porque reactiva la economía que sufre por falta de demanda, lo que ya es notorio. Parece que los miembros del Ejecutivo no han registrado el malestar que sigue generando la entrega del Bono Universal anterior.

Independientemente de las luces y sombras de las medidas gubernamentales, lo que genera preocupación e incomodidad es la limitada capacidad de comunicar evidenciada una vez más por el Presidente y sus ministros, que sólo atinaron a precisar desordenadamente las medidas ante las preguntas de los periodistas, transmitiendo una imagen de debilidad e indecisión, que refuerza su fragilidad.

 

 

desco Opina / 15 de enero de 2021

Sobre la incertidumbre y los malos humores

 

El gobierno de Francisco Sagasti cumplió su primer mes de gestión en un escenario más difícil del que inicialmente previeron. Todo indica que todavía lejos de la inmunidad de rebaño, que aparece como sorprendente y perversa expectativa de muchos para lidiar con la pandemia, sin acceso a la vacuna contra el Covid-19 en el corto plazo –no obstante las promesas de la ministra de Salud de la gestión Vizcarra que era exageradamente optimista, desmentida por ella misma en su renovado rol de cabeza del sector en la gestión actual–, y con los hospitales llenándose de enfermos en varias regiones, el país enfrenta una crisis económica de magnitud y la inestabilidad política y social ha devenido ya en su forma de ser.

Con 25% de la PEA en el desempleo y con una caída de la masa salarial de más de 33% en Lima, entre octubre 2019 y el mismo mes de este año, el BCR estima en su último Reporte de Inflación que el PBI se contraerá hasta fin de año en -12.7%, proyectando un déficit fiscal de 9.2% por el mayor gasto no financiero y los menores ingresos. En otras palabras, una recesión que es sólo comparable con la que ocurrió durante la inflación a fines de los años 80 del siglo pasado. No debe sorprendernos, entonces, que los cálculos más conservadores estimen que la pobreza alcanzaría ya al 30% de la población.

En este contexto difícil, apenas en sus primeros treinta días de gestión, el gobierno ha perdido un ministro del Interior, derrotado por sus propios errores, pero especialmente por las resistencias de la corporación policial que exhibió su oposición a cualquier cambio que afecte su normalidad, acompañada por la beligerancia de la derecha más pura del país que evidenció que conserva toda su fuerza. Simultáneamente, empieza a descubrir que más allá del voto de confianza que le concedió el Congreso, un sector significativo de este poder está dispuesto a continuar en el juego de la vacancia perenne y no se conmueve por las buenas maneras y la disposición al diálogo del Presidente y su gabinete. Por si fuera poco, ha constatado que no goza tampoco de una gran confianza de la calle, como se observó en el conflicto con los agroexportadores.

Como es obvio, nadie espera que el cambio de gobernante resuelva el desplome de nuestro sistema político que en cuatro años ha asistido a la vacancia de dos mandatarios, el suicidio de un tercero, el cierre del Congreso y la instalación de uno nuevo con las mismas viejas mañas, la santificación de colaboradores en la judicialización de la política y las diarias luchas por el protagonismo mediático de fiscales interesados en segundos de pantalla antes que en acusaciones fundadas ante el Poder Judicial. Nadie esperaba tampoco mejoras significativas en la gestión de la pandemia con un aparato de salud que es el mismo con idénticas precariedades y carencias. Menos aún en el manejo de la economía, donde los grupos de poder imponen su «normalidad», no obstante el temor que les generan el Congreso, las elecciones y la reciente amenaza de una nueva Constitución.

Mientras tanto, el escenario de las elecciones 2021 empieza a «calentar» motores, con la mayoría de aspirantes desvinculados de la realidad antes descrita. La largada para esta competencia luce más poblada que nunca antes en nuestra historia; 23 candidatos parecen ser parte de una fiebre por la postulación, donde buena parte de ellos esconde apenas su interés por el poder en sí mismo, tras discursos vacíos dedicados al bien común y su voluntad de servirlo.

Las encuestas recientes de IPSOS y el IEP, aunque con matices, muestran una foto inicial similar. George Forsyth sigue apareciendo como cómodo puntero, distanciado de un pelotón inmediato de perseguidores y perseguidoras –Guzmán, Mendoza, Fujimori y Urresti–, aunque descendiendo mes a mes en el último trimestre, en la medida en que tiene que posicionarse y pronunciarse sobre el día a día del país, es decir hacer política. En un segundo grupo se ubican Lescano, De Soto, Humala, Acuña y Salaverry, impulsado por la candidatura congresal de Vizcarra, mientras el resto de aspirantes parecen desde ya condenados al fracaso. Es significativo que, a menos de 120 días de las elecciones, un tercio de los encuestados no sabe por quién votar o ya decidió no hacerlo por nadie (blanco o viciado).

Si es probable que del primer grupo salgan los contendores de la segunda vuelta, es seguro que el próximo Congreso será tanto o más fragmentado que éste; en la intención de voto congresal, la variable se encuentra en la valoración y recordación de las marcas, donde el Partido Morado (12%) es seguido por Somos Perú, Acción Popular, Fuerza Popular y FREPAP. En otras palabras, Forsyth y Mendoza tendrán que trabajar muy duro si quieren contar con parlamentarios.

Con un panorama de esta naturaleza y desnudados muchos de los límites del modelo económico, con una población que según IPSOS identificaba ya en octubre (22%) que el principal problema del país era el desempleo y la crisis económica, no debe llamar la atención que en la encuesta de noviembre, un 85% se pronunciara por cambiar la Constitución –60% mediante Asamblea Constituyente y 25% a través del Congreso–; identificando entre los cambios más significativos que demandan mejoras en educación y salud, combate de la delincuencia, lucha contra la corrupción, leyes favorables a los trabajadores, violencia contra la mujer y control de los precios básicos. Simultáneamente, la encuesta mostraba que 51% espera que el nuevo gobierno haga cambios moderados al modelo económico y 35%, cambios radicales.

Como es obvio, y más allá de la viabilidad y el sentido de la propuesta, que ameritan una discusión seria, los temores de diversos sectores que descalifican su sola posibilidad, se han disparado. Muchos de ellos, son los mismos que «terruquearon» las movilizaciones contra Merino o las acciones de los trabajadores de la agroexportación, sin tratar de entender el hartazgo de la gente con el actual orden de las cosas.

 

 

desco Opina / 18 de diciembre de 2020

Cómo quedan las promesas de Vizcarra en Junín

 

Semanas atrás observamos perplejos como el Congreso, una de las instituciones con el más bajo índice de respaldo de la población, logró destituir del poder al hasta entonces presidente de la República, Martin Vizcarra, recurriendo a una segunda e ilegal moción de vacancia por incapacidad moral, tras descubrirse indicios de supuestas coimas, cuando éste se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El resto es historia conocida, en menos de una semana el país juramentó a dos presidentes interinos: el primero, con nulo respaldo ciudadano, lo que generó innumerables manifestaciones civiles a nivel nacional frente a las que la sociedad huancaína no fue ajena; y el segundo, una vez presentada la renuncia de Merino –en medio de una crisis política de grandes proporciones, muertos y heridos de por medio–, Francisco Sagasti, quien asumió interinamente la presidencia de la República, con la misión de asegurar la vía más democrática posible para las elecciones presidenciales de abril próximo.

En la región central, específicamente en Junín, se vivió muy de cerca todo este proceso, pues es necesario recordar que la última actividad oficial desarrollada por el expresidente Vizcarra, se llevó a cabo en la ciudad de Huancayo, hasta donde llegó una vez concluida la presentación de sus descargos y defensa ante el Congreso de la República en la mañana del 9 de noviembre último.

Aquel día –en el corto tiempo que pasó en tierras huancaínas– el expresidente cumplió una nutrida agenda: la puesta en funcionamiento del puente de Chupuro, importante obra añorada por gran parte de la población de la zona sur del Valle del Mantaro; el inicio de obras de trascendencia en materia de infraestructura vial en distritos de Huancayo (pistas y veredas); y la supervisión del avance de otras que fortalecen la conectividad regional y que servirán para la reactivación económica de la población, que hasta la fecha mantiene gran incertidumbre por las consecuencias que viene acarreando el Covid-19, por mencionar algunas.

Nos cuestionamos ahora, qué sucederá en adelante; sobre todo respecto a las responsabilidades asumidas por la comitiva que encabezó Vizcarra aquel 9 de noviembre, como la reafirmación de una pronta iniciación de trabajos para la puesta en marcha de la tan ansiada carretera central de 4 carriles, que no solo beneficiaría a Junín, sino a toda la región central del país.

Luego de aquella importante iniciativa de reunirse con autoridades locales y recibir de éstas innumerables solicitudes de financiamiento, nos preguntamos sin ninguna certeza ¿cómo quedan las negociaciones que esforzadamente pudieron realizar los alcaldes que lograron reunirse con Vizcarra? Todos conocemos que los ministros que acompañaron al expresidente aquel día ya no están más, e incluso gran parte de los funcionarios de confianza –como ocurre cada vez que hay un cambio de administración–, también cambian; entonces, ¿todo vuelve a foja cero?

Es necesario que la sociedad civil se muestre más preocupada que antes, pues cabe recordar que la región Junín, no habría sido beneficiada adecuadamente respecto a la planificación presupuestaria para el próximo año. Esperemos que nuestros representantes regionales puedan por lo menos intentar generar un cambio y así lograr el incremento del presupuesto regional que tanta falta nos hace.

Será que podemos confiar en que la administración de Francisco Sagasti cumplirá con los acuerdos que en su momento –y a pocas horas de ser vacado– Martín Vizcarra prometía alegremente a la gran cantidad de población que se congregó para escucharlo, o es que como ya mencionamos, estos deberán volver a gestionarse para llevarlos a cabo. Solo el tiempo aclarará este panorama; las dudas sobre estas interrogantes deben movilizar a la sociedad civil organizada de Junín, exigiendo respuestas e interpelando a las autoridades regionales y al gobierno nacional, de modo que estos compromisos se asuman y ejecuten tal cual fueron anunciados.

 

 

desco Opina - Regional / 27 de noviembre de 2020

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