Sin consulta previa

 

El 2012 un grupo de comunidades en Puno realizó una gran protesta en contra de la empresa Bear Creek Mining Corporation que iniciaría una exploración en sus tierras para extraer plata. Tras largas semanas de violentas manifestaciones, el gobierno derogó la norma que favorecía la operación de Bear Creek y el proyecto Santa Ana se canceló. La empresa inició en 2014 un arbitraje internacional contra el Estado peruano, que ganó luego de un extenso proceso; sin embargo, en 2018 tuvo que renunciar a la concesión. El principal líder de la protesta, Walter Aduviri, fue condenado a siete años de prisión. Hace poco, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) nuevamente vulnera el derecho de otras comunidades aymaras que no quieren que el extractivismo sea parte de su desarrollo, ni económico ni cultural.

El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucará, ubicadas en la provincia de Chucuito, que exigían la nulidad de concesiones mineras que invaden su territorio comunal, porque se omitió la Consulta Previa. La empresa que pretende operar tal concesión, es una cementera del grupo Gloria. El TC dice en su sentencia que la Consulta Previa no es un derecho fundamental, pues no está reconocido en la Constitución, y recordó que el mecanismo tiene sus límites. En efecto, la norma no considera consultar sobre el otorgamiento de las concesiones, al entenderlo como un mero trámite burocrático. Nadie te avisa si la tierra donde está tu casa, tu chacra, o tu campo de pastoreo, se va a concesionar; un día el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), te despierta con la noticia en el periódico.

La sentencia alarmó a varias organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas, pero también de la Defensoría del Pueblo, que ha emitido un pronunciamiento en cautela de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y en contra de esta decisión del TC. Sin embargo, más allá de comunicados, esta sentencia hace ver la urgencia de la revisión de la norma de la Consulta Previa, que ya tiene diez años de vigencia, en tanto los conflictos socioambientales se siguen sucediendo.

Otro tema relevante sobre el que se tiene que poner un foco, a propósito de esta sentencia, es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento político para tomar decisiones sobre cómo regular el uso de un territorio, un proceso hundido en los sótanos de la agenda nacional por la presión de los mayores beneficiarios del actual modelo económico: los empresarios. La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), como se recuerda, es una herramienta que impulsó el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) para ordenar la gestión del territorio, que luego el Ministerio del Ambiente puso como requisito obligatorio para el planteamiento de los POT. Hasta el 2017 las ZEE de Arequipa, Apurímac y Moquegua, estaban en una etapa de formulación y ejecución; mientras que Cusco, Puno, Tacna y Madre Dios, ya tenían sus procesos concluidos y aprobados, pero a nivel meso, y debieron emprender los estudios a nivel micro, es decir para cada gobierno local, y otros estudios más para formular su OT. Un largo camino para decidir sobre el territorio, cuando bien estos estudios podrían ser complementarios y no un requisito.

Según el geoservidor del MINAM, Chucuito tiene un potencial minero no metálico, pero ¿es lo que quiere desarrollar la población como potencial económico?, la demanda de amparo presentada por una porción de las comunidades asentadas allí no dice que no. Para ello está el POT como instrumento político, pues no sólo basta con identificar las potencialidades económicas, sino también el tipo de desarrollo que plantea esa comunidad según criterios sociales, culturales, ambientales y otros. Por eso es tan discutible que se quiera seguir haciendo minería en las cabeceras de cuenca, aunque en la mente de muchos empresarios, tecnócratas y periodistas de derecha, estas sean un mito.

Según un reporte de CooperAcción del 2017, en el sur hay provincias que tienen más del 50% de su territorio concesionado como Condesuyos (53.5%) e Islay (54.9%) en Arequipa; Chumbivilcas (58%) en Cusco; Ilo (63%) en Moquegua; Cotabamba (74.8%) en Apurímac, entre otras. Chucuito solo tiene el 6% de su territorio concesionado, y esa cifra podría aumentar. Si bien una concesión no implica que ya esté siendo explotada, hay que ser conscientes de que en algún momento se puede realizar la exploración y explotación de la misma. ¿Acaso Ingemmet tiene idea de cuál es el tipo de desarrollo que quiere determinado distrito? Aparentemente no. Esta desconexión dentro de los organismos del Estado –no sólo a nivel de Lima, sino con los demás sectores subnacionales– provoca que luego, los responsables de un estallido que «espanta» a la inversión privada, sean los pobladores, jamás el Estado, desarticulado hasta ahora, que parece que nunca formula sus decisiones tomando en cuenta los escenarios futuros, menos a la población y su cultura.

 

 desco Opina – Regional / 1º de abril del 2022

descosur

Sobre la incertidumbre y los malos humores

 

El gobierno de Francisco Sagasti cumplió su primer mes de gestión en un escenario más difícil del que inicialmente previeron. Todo indica que todavía lejos de la inmunidad de rebaño, que aparece como sorprendente y perversa expectativa de muchos para lidiar con la pandemia, sin acceso a la vacuna contra el Covid-19 en el corto plazo –no obstante las promesas de la ministra de Salud de la gestión Vizcarra que era exageradamente optimista, desmentida por ella misma en su renovado rol de cabeza del sector en la gestión actual–, y con los hospitales llenándose de enfermos en varias regiones, el país enfrenta una crisis económica de magnitud y la inestabilidad política y social ha devenido ya en su forma de ser.

Con 25% de la PEA en el desempleo y con una caída de la masa salarial de más de 33% en Lima, entre octubre 2019 y el mismo mes de este año, el BCR estima en su último Reporte de Inflación que el PBI se contraerá hasta fin de año en -12.7%, proyectando un déficit fiscal de 9.2% por el mayor gasto no financiero y los menores ingresos. En otras palabras, una recesión que es sólo comparable con la que ocurrió durante la inflación a fines de los años 80 del siglo pasado. No debe sorprendernos, entonces, que los cálculos más conservadores estimen que la pobreza alcanzaría ya al 30% de la población.

En este contexto difícil, apenas en sus primeros treinta días de gestión, el gobierno ha perdido un ministro del Interior, derrotado por sus propios errores, pero especialmente por las resistencias de la corporación policial que exhibió su oposición a cualquier cambio que afecte su normalidad, acompañada por la beligerancia de la derecha más pura del país que evidenció que conserva toda su fuerza. Simultáneamente, empieza a descubrir que más allá del voto de confianza que le concedió el Congreso, un sector significativo de este poder está dispuesto a continuar en el juego de la vacancia perenne y no se conmueve por las buenas maneras y la disposición al diálogo del Presidente y su gabinete. Por si fuera poco, ha constatado que no goza tampoco de una gran confianza de la calle, como se observó en el conflicto con los agroexportadores.

Como es obvio, nadie espera que el cambio de gobernante resuelva el desplome de nuestro sistema político que en cuatro años ha asistido a la vacancia de dos mandatarios, el suicidio de un tercero, el cierre del Congreso y la instalación de uno nuevo con las mismas viejas mañas, la santificación de colaboradores en la judicialización de la política y las diarias luchas por el protagonismo mediático de fiscales interesados en segundos de pantalla antes que en acusaciones fundadas ante el Poder Judicial. Nadie esperaba tampoco mejoras significativas en la gestión de la pandemia con un aparato de salud que es el mismo con idénticas precariedades y carencias. Menos aún en el manejo de la economía, donde los grupos de poder imponen su «normalidad», no obstante el temor que les generan el Congreso, las elecciones y la reciente amenaza de una nueva Constitución.

Mientras tanto, el escenario de las elecciones 2021 empieza a «calentar» motores, con la mayoría de aspirantes desvinculados de la realidad antes descrita. La largada para esta competencia luce más poblada que nunca antes en nuestra historia; 23 candidatos parecen ser parte de una fiebre por la postulación, donde buena parte de ellos esconde apenas su interés por el poder en sí mismo, tras discursos vacíos dedicados al bien común y su voluntad de servirlo.

Las encuestas recientes de IPSOS y el IEP, aunque con matices, muestran una foto inicial similar. George Forsyth sigue apareciendo como cómodo puntero, distanciado de un pelotón inmediato de perseguidores y perseguidoras –Guzmán, Mendoza, Fujimori y Urresti–, aunque descendiendo mes a mes en el último trimestre, en la medida en que tiene que posicionarse y pronunciarse sobre el día a día del país, es decir hacer política. En un segundo grupo se ubican Lescano, De Soto, Humala, Acuña y Salaverry, impulsado por la candidatura congresal de Vizcarra, mientras el resto de aspirantes parecen desde ya condenados al fracaso. Es significativo que, a menos de 120 días de las elecciones, un tercio de los encuestados no sabe por quién votar o ya decidió no hacerlo por nadie (blanco o viciado).

Si es probable que del primer grupo salgan los contendores de la segunda vuelta, es seguro que el próximo Congreso será tanto o más fragmentado que éste; en la intención de voto congresal, la variable se encuentra en la valoración y recordación de las marcas, donde el Partido Morado (12%) es seguido por Somos Perú, Acción Popular, Fuerza Popular y FREPAP. En otras palabras, Forsyth y Mendoza tendrán que trabajar muy duro si quieren contar con parlamentarios.

Con un panorama de esta naturaleza y desnudados muchos de los límites del modelo económico, con una población que según IPSOS identificaba ya en octubre (22%) que el principal problema del país era el desempleo y la crisis económica, no debe llamar la atención que en la encuesta de noviembre, un 85% se pronunciara por cambiar la Constitución –60% mediante Asamblea Constituyente y 25% a través del Congreso–; identificando entre los cambios más significativos que demandan mejoras en educación y salud, combate de la delincuencia, lucha contra la corrupción, leyes favorables a los trabajadores, violencia contra la mujer y control de los precios básicos. Simultáneamente, la encuesta mostraba que 51% espera que el nuevo gobierno haga cambios moderados al modelo económico y 35%, cambios radicales.

Como es obvio, y más allá de la viabilidad y el sentido de la propuesta, que ameritan una discusión seria, los temores de diversos sectores que descalifican su sola posibilidad, se han disparado. Muchos de ellos, son los mismos que «terruquearon» las movilizaciones contra Merino o las acciones de los trabajadores de la agroexportación, sin tratar de entender el hartazgo de la gente con el actual orden de las cosas.

 

 

desco Opina / 18 de diciembre de 2020

La ficción del pacto social

En una coyuntura que compromete a los cuatro últimos expresidentes de la República en casos de megacorrupción y donde además el descontento social se traduce en desconfianza hacia el sistema, paros agrarios y movilizaciones en las calles que reclaman por nuevas elecciones, Martín Vizcarra asume la conducción del país como el nuevo Jefe de Estado.

Vizcarra aceptó su cargo frente a un Legislativo que dio la forzada apariencia de consenso y aprobación abierta. De cara a la clase política peruana, el nuevo Presidente de la República informó sobre su deseo de recuperar la confianza hacia el Estado, miró hacia el Bicentenario e invocó para un nuevo pacto social.

Durante su discurso en el Congreso de la República, expuso la agenda de lo que será su gestión: educación como eje central para la lucha anticorrupción, generación de empleo a través de la inversión privada para un crecimiento equitativo y estabilidad institucional para enrumbar al país dentro de un proceso democrático. Ese es el objetivo: reforzar la democracia a través de una serie de reformas para recuperar al país. Hay, sin duda, claridad.

Pero, las cosas empiezan a desdibujarse cuando queremos saber hacia dónde se apunta con este lanzamiento reformista, porque no es la primera vez que hemos escuchado propuestas similares y los resultados, como sabemos, solo han beneficiado a sectores de élite muy específicos. A nadie más. Y esto es así porque el marco sobre el que se quiere actuar deviene de manera cada vez más nítida como inadecuado e insuficiente para los cambios necesarios. Este marco es el constitucional, el mismo que organiza el modelo neoliberal desde 1993 y que ya no da fuego.  

Por eso, es necesario abrir el espectro político, generar un debate intenso y politizado, para establecer –políticamente–  la necesidad de generar un momento constituyente que nos conduzca a un nuevo ordenamiento normativo, con la esperanza de revigorizar la democracia, generar nuevos y más potentes actores que la sostengan y ofrecer más garantías para el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

De esta manera, el nuevo pacto social está directa e íntimamente relacionado a una Constitución que admita las reformas económicas, educativas y políticas necesarias para sostener la (re)construcción del país que se quiere para el Bicentenario. Sin una nueva Constitución, el pacto social será una continuidad más de lo que hay actualmente y Vizcarra, sin pena ni gloria, pasará como el que pudo hacer cambios pero no lo logró.

Para evitar ello, y con el objetivo de impulsar una Constitución popular, Vizcarra tiene el reto de hacer andar el aparato estatal y así levantar desde lo local, provincial y regional, lo que será este nuevo pacto social. A través de cabildos abiertos, agendas locales y regionales, el Ejecutivo tiene el deber de articular con las instancias correspondientes para que el Estado se vea en la capacidad de responder y aunar esfuerzos y, a su vez, recoger lo que sería una campaña hacia el momento constituyente.

Así, se requiere construir confianza. Esto es básico para generar formas de acción política que deben politizar ciertas demandas sociales. Porque, aunque suene paradójico, este no es un Estado asediado por la demanda social, sino uno donde la gente se va a quejar, que no le da cosas, que no sirve, que no funciona, pero al mismo tiempo, no sabe bien ni le interesa muchas veces profundizar qué es lo que no está recibiendo.

En resumen, el pacto social debe significar, antes que nada, la movilización ciudadana porque no estamos ante una vibrante sociedad que se esté manifestando de manera institucional, simplemente ha adquirido intereses más locales, regionales, sin esperanza de lo que pueda dar lo nacional.

De esta manera, la ocasión para castigar al gobernante se da cada cinco años, con las elecciones, pero difícilmente estas situaciones levantarán una nueva legitimidad. Esto, además, tiene relación directa con el hecho de que se gobierna tomando decisiones diferentes a las promesas con las cuales se eligió a los gobernantes.

desco Opina / 28 de marzo de 2018