Peligro inminente sin respuesta en Huancavelica

 

El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta. En Huancavelica se vive esta situación con riesgo evidente para la población y sus bienes. Un caso paradigmático es el del sector de Quinta Boliviana en el distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica.

Se trata de un territorio en constante situación de riesgo por la frecuente caída de rocas durante la temporada de lluvias. Más aún, durante los últimos años las lluvias se han intensificado provocando el debilitamiento y la erosión del Cerro Aparinacu. La población en ese territorio se encuentra expuesta a un posible desastre y vive temerosa de ser afectada por el desprendimiento de rocas.

Conocer ese riesgo no es novedad para sus pobladores y las autoridades de la ciudad. Según el Informe Técnico de caídas de roca del Cerro Aparinacu elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en el año 2018, el sector de Quinta Boliviana ubicado en el barrio de Ascensión, se encuentra en una situación de alto riesgo por la posible caída de rocas de ese cerro. El informe advierte expresamente que una roca fracturada de unos 30 m de largo por 40 m de altura podría desprenderse y afectar a las viviendas y familias que se encuentran debajo. La inspección geológica da cuenta de agrietamientos en la roca y evidencias de desprendimientos anteriores.

La vulnerabilidad del sector está fuera de dudas. Se incrementa en la temporada de lluvias por la saturación de suelos que favorece la meteorización y desmovilización de los depósitos coluviales de las laderas del cerro. Al riesgo que traen las lluvias se añade la propensión de la ciudad de Huancavelica a soportar sismos de gran intensidad por epicentros subductivos cercanos y fuentes corticales activos sobre zonas pobladas.

Esta situación, es todo un desafío para territorios como este en los que se requiere abordar en profundidad el análisis de los actores comprometidos con la finalidad de construir, urgentemente, alternativas de gestión social del riesgo. Más aún si tal como indica el informe, las laderas del cerro Aparinacu se caracterizan por una susceptibilidad que varía de alta a muy alta ante el peligro por movimientos en masa, tales como deslizamientos, flujos y erosión, frecuentes en la época de lluvias.

En el año 2021 la Municipalidad Distrital de Ascensión elaboró el Informe de Evaluación de riesgo por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku, hasta el sector urbano del Cerro Potocchi, el cual  ratifica que el sector de Quinta Boliviana se encuentra dentro de una zona de alta susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por caída de rocas a causa de precipitaciones intensas, la topografía accidentada y factores antrópicos como el inapropiado sistema de drenaje pluvial y residual.

La gestión social del riesgo en esta zona debe asumirse desde el sector urbano del cerro Aparinacu hasta el sector urbano del cerro Potocchi. Se requiere tomar en cuenta no solamente que es medio, alto y muy alto, según el análisis de susceptibilidad que se ha hecho. También es indispensable asumir que se está ante un escenario de exclusión que se manifiesta en dos grandes problemas relacionados entre sí: la pobreza de la mayoría de la población en ese territorio y la precaria legitimidad y eficiencia del sistema de gestión pública, de sus autoridades y funcionarios. Son al menos 485 viviendas y 1600 m de pistas y veredas que se encuentran dentro del área de incidencia directa e influencia del fenómeno, que presentan niveles de peligro considerables.

Finalmente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en su último reporte de Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo enero – marzo 2024, señala que Huancavelica se ubica en un contexto en el que por un lado se pronostica una probabilidad de normal – inferior, pero asimismo, considera la susceptibilidad de movimientos de masa de nivel alto a muy alto, que podrían activar la caída de rocas.

Hasta el momento, como en otros territorios habitados de nuestro país, no se han aplicado las acciones de mitigación requeridas ante un alto nivel de probabilidad de ocurrir en medio del escenario incierto del Fenómeno El Niño, y el peligro que se cierne en este caso, en torno a medio millar de familias, viviendas, infraestructura pública y más. Esta situación propia de muchos territorios del departamento de Huancavelica se repite en otras regiones de Perú, mientras la población convive día a día con peligros inminentes sin respuesta.

Es indispensable generar mayor conciencia ante estos riesgos y afrontarlos de manera adecuada. Para ello se requiere planes desarrollo territorial y de prevención articulados a instrumentos técnico-normativos sobre el uso del suelo que permitan una eficiente gestión del riesgo, la adecuada coordinación entre los diferentes entes del Estado, normas coherentes integradas a la gestión del territorio de tal manera que la información que se dispone respecto al riesgo de las ciudades no quede solo a nivel de diagnóstico. Exigir a los gobiernos regionales y locales asumir su responsabilidad frente a los efectos de los desastres naturales para minimizarlo en el futuro es una tarea urgente.

 

desco Opina – Regional / 22 de diciembre del 2023

descocentro

El final del camino

 

Parafraseando las primeras líneas de Ana Karenina, todas las democracias en problemas se parecen unas a otras, pero cada democracia que funciona tiene un motivo particular para hacerlo. En efecto, estas semanas dramáticas no pueden llevarnos a eludir la constatación de que lo experimentado nos acerca a los malestares democráticos que se despliegan por el mundo más allá de especiales particularidades.

En nuestro caso, apropiándonos de la mirada que propone Fernando Coronil para Venezuela, pero que puede extenderse perfectamente a casi todos los países, la democracia empezó a trabarse hasta imposibilitarse en la medida en que el Estado perdió su magia, algo que, desde la derecha y la izquierda, trataron infructuosamente de reconstituir. La última edición de este libreto fue Pedro Castillo, que buscó gobernar con la consigna «no más pobres en un país rico».

Ahora lo sabemos, ya no estábamos para resumirnos en un factor trascendente y unificador de la nación, generado por un Estado que hacía mucho tiempo fue erosionado constantemente en su legitimidad. Entonces, si en Venezuela, según Coronil, la deificación del Estado tuvo lugar como parte de la transformación del país en nación petrolera, percibiéndose como una nación con dos cuerpos, uno político compuesto por sus ciudadanos y otro natural cuya materia era su rico subsuelo, en nuestro caso, el mito del país minero tuvo su correlato fracasado en una ciudadanización que no se condensó en el Estado sino, por el contrario, se distanció de él hasta convertirse en un factor corrosivo.

Para que ello suceda, se rompieron los relatos. La magia a la que alude Coronil, refiere a una realidad extraordinaria, pero también a una presentación selectiva de elementos que provoca una ilusión de existencia común mediante invisibles manipulaciones apoyadas en la distracción y la diversión. Como la historia, la magia pende entre la ficción y los hechos, entre los trucos y la verdad.

En esta lógica, nuestro sueño devino en pesadilla. El discurso de los políticos –y referimos aquí a Christian Salmon– terminó por sustituir la acción por el relato, la deliberación por la distracción, el arte de gobernar por la puesta en escena. La comunicación política ya no apuntaba solo a formatear el lenguaje, sino a hechizar las mentes y sumirlas en un universo espectral del que los políticos son a la vez performers y víctimas. En suma, nada de eso fue simple incapacidad, sino una consecuencia de las cuerdas separadas, que debía evitar la contaminación de la economía por la política.

Ese fue el gran triunfo del neoliberalismo. Como lo dijo claramente Margaret Tatcher en 1981, “la finalidad es cambiar el corazón y el alma”. En efecto, vendió –y se compró a raudales– la fantasía del emprendedor individualizado y narcisista que fue, y esto es lo esencial, un relato que no se dispensó exclusivamente «desde arriba». Hubo y hay una incesante reinterpretación desde los medios de comunicación y los espacios sociales que alternan codificación y descodificación, encriptación y desciframiento, narración y contra narración.

Así, el político no fue el único que propuso una historia; están los medios de comunicación, las empresas, las iglesias, las organizaciones sociales, los internautas y demás que, con sus comentarios en los posts, sus tweets y sus blogs, interactúan con sus relatos. A veces hasta consiguen hacerle sombra al otro y logran imponer su narración. Una multitud de emisores de intensidad variable obran, cada uno por su cuenta, para captar las atenciones e imponer a la opinión una movilización permanente.

En fin, el Estado nacional eclosionó, revelando que no estábamos solos y que no éramos semejantes. Como afirma Frederick Cooper, ahora debe encontrar un balance entre la homogeneidad y la complejidad social y “esto es justamente lo opuesto a lo que la mayoría de los Estados está haciendo en nuestros días”.

Es lo que mostramos nítidamente desde Perú estos últimos años. Nadie puede dudar de las inmensas brechas existentes entre nuestra abstracta comprensión de «lo peruano» y la pertenencia a colectividades definidas por la religión, la etnicidad, la ocupación o el género. Apelando nuevamente a Cooper, “necesitamos ver las cuestiones de la inclusión y la diversidad en relación no solo con la protección de los derechos individuales en la entidad política, sino con las estructuras sociales que pueden promover o impedir las oportunidades de los individuos y sus familias de alcanzar un modo de vida decente y digno”.

Es decir, la ciudadanía no remite a una relación directa y sin intermediarios entre el individuo y el Estado. Tampoco es per se un mecanismo nivelador. La ciudadanía discurre a través de las comunidades locales, por medio de diversos grados de pertenencia y a través de diferentes jerarquías.

Pero, tememos, nada de esto está en discusión. Para aquellos que depositan al menos parcialmente sus esperanzas en el cambio del régimen constitucional, debemos recordarles que los lazos verticales, entre el Estado y los ciudadanos, como los horizontales, entre las diferentes y desiguales comunidades ciudadanas, son espacios sumamente complejos e inestables y reacios a cualquier reduccionismo formal, incluyendo los jurídicos.

 

desco Opina / 27 de enero de 2023

Los olvidos que duelen

A pocos días de haberse cumplido treinta años de la terrible desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por acción del grupo paramilitar Colina; y de haberse hallado en Londres una caja con restos humanos de probablemente cinco de los estudiantes, es necesario interpelarnos y preguntarnos cuánto hemos hecho como sociedad para evitar hoy y en el futuro sucesos inhumanos como éste. 

Claramente no hemos sanado esa herida profunda que sigue sangrando; estamos lejos de ser una sociedad tolerante y solidaria, capaz de mirar más allá de sus narices y comprender y respetar sus diversas formas de pensar, sentir y existir. Nuestras actuales autoridades nos muestran cotidianamente con acciones y declaraciones la vulneración recurrente de lo poco que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos y de políticas que buscan mitigar la discriminación y el racismo. Es vergonzoso y lastima que se mantengan y perennicen usos coloniales que se creían ya superados y que reafirman la urgencia de romper esa lógica perversa que se mantiene viva en relaciones de poder que son clasistas y racistas. 

No debe sorprender en consecuencia que se empuje con empeño una corriente de opinión negacionista que pretende reescribir nuestra historia, esa que a ciertos sectores de nuestro país les parece incómoda y asusta, pero que con amor, memoria y dignidad se ha construido y ha resistido. No es casual que tengamos como presidenta del Congreso a un personaje con fuertes rasgos autoritarios y racistas, que sigue creyendo que nuestro país se divide entre blancos e indios, comportándose con frecuencia prepotentemente y expresando con nitidez a la idiosincrasia política más arcaica, conservadora y antiderechos del país. 

No es casual que desde el Congreso de la República se reivindique y se blinde a Merino y compañía mediante interpretaciones sesgadas de la ley y lecturas interesadas y tergiversadas de lo sucedido en las protestas de noviembre de 2020. Tampoco lo es que se archiven acuerdos internacionales que buscan proteger a defensores ambientales, dejando en la impunidad la muerte de líderes indígenas y los atropellos a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. No es casual que un sector de la prensa capitalina esté alineada a un manejo de la información poco objetivo e inhumano, que más allá de denunciar hechos delictivos vinculados al gobierno, frecuentemente tergiversa la realidad y a nombre de la libertad de expresión es capaz de ridiculizar a quienes cultural e ideológicamente no son como ellos. Su ligereza es funcional al afán de un sector de las clases privilegiadas que desconocen la legitimidad y la ciudadanía de los pueblos indígenas.  

 Resulta indignante que se llegue a banalizar el sufrimiento de miles de familias, invitando al público a experimentar cómo viven las comunidades de Puno a causa del friaje, tragedia que es propiciada por la incapacidad de nuestro sistema político y económico, pero que es trivializada  por empresas que instrumentalizan la precariedad para generar mayores réditos. 

Todo ello suma a esta estigmatización que se construye desde estereotipos de raza y género, por ejemplo, dando carta libre para la censura de lo diverso y de aquello distinto a lo que hegemónicamente se busca instaurar bajo el discurso de la integración nacional moderna, que defienden distintas voces del poder como María del Carmen Alva.  Resulta claramente condenable la normalización de este “racismo blando” apañado por un Estado que invisibiliza nuestra diversidad, limitando por un lado el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que no pueden acceder a condiciones de vida digna, y obligando indirectamente a una renuncia progresiva de la autoidentificación cultural para encajar en la lógica aspiracional de desarrollo y crecimiento individualista que promueve el neoliberalismo.  

desco Opina / 22 de julio de 2022

descoCiudadano

El Estado victimizado

 

Transcurrido medio año en emergencia, ahora sabemos que se nos fue la vida intentando descubrir las claves de nuestra gobernabilidad en medio de la crisis sanitaria y en el esfuerzo fuimos trazando el imaginario mundo informal-formal, ad hoc para consolidar nuestras zonas de confort y evitar hacernos preguntas incómodas ante las evidencias.

Por eso, nada más molestoso que constatar, sin aceptar, que los actores reales que se estaban conformando en los años previos eran los de la des-gobernabilidad, los que intuitivamente buscan descomponer lo que no los incluye, los que quedaron al margen de nuestro orden. Todo ello, será reforzado por los estereotipos, que consolidan y agravan las brechas existentes y para el caso los medios de comunicación son una excelente caja de resonancia.

-    A lo anterior, debiéramos adosar la direccionalidad de las políticas gubernamentales durante la pandemia. Los mensajes dirigiendo las responsabilidades a «la sociedad», catalizados por la tragedia de la discoteca Thomas y las puestas en escena de algunos velorios y entierros de las víctimas, son más que elocuentes para establecer un modo de comprensión que, esencialmente, busca poner en duda o negar cualquier posibilidad de construir alguna condición de víctimas alrededor de ellas.

-     Evitar, en primera instancia, hacerse preguntas básicas sobre el comportamiento de las fuerzas del orden en esas circunstancias. Ellas siempre se desempeñarán correctamente y si no fuera así, las personas responsables serán identificadas y sancionadas, pero siempre quedando incólume los procedimientos institucionales.

-    Mostrar que los costos sociales, cualquiera que estos sean, son de entera responsabilidad de la sociedad.

Hay un problema en todo ello. Como señala John Comaroff (nada más antipolítico remitirse a él en estos momentos, pero que valga el riesgo), debemos buscar alguna comprensión al «desorden excesivo». Para el caso, contradiciendo la versión victimizada del Estado peruano, la única evidencia que tenemos hasta el momento es que la democratización ha venido acompañada con un aumento de la «desobediencia», incluyendo el crimen y la violencia. Esto desnuda dos mitos: primero, el denominado «control ciudadano», en cuya base reside alguna idea difusa de «sociedad civil» en medio de gobernanzas cada vez más «técnicas»; segundo, la contundencia de los procesos electorales como mecanismo vinculante entre autoridad y gobernado.

En efecto, en medio de ambientes determinados por la privatización y la desregulación, difícilmente podía asumirse que la sociedad civil y las elecciones, como han sido entendidas en el siglo XXI, hayan sido esas panaceas que quiso entenderse por el predicamento contemporáneo de las multilaterales.

Entonces, sin intermediaciones, ¿será que la democracia electoral obnubila las causas y determinaciones de la presencia cada vez mayor de la ilegalidad? Al respecto, hay que considerar desde el inicio que el aumento de las manifestaciones al margen de las normas y la criminalidad no son simplemente un espasmo, una respuesta antisocial a la pobreza, el desempleo o la escasez. Tampoco son meramente la acción de poderes que no pueden ser subsumidos por el Estado o de bandas que funcionan como un cuasi-Estado. Menos aún, es la consecuencia de un vacío normativo.

Así, el propio Estado y su obsesividad por el PBI ha generado su espejo antitético. Con el fundamentalismo de mercado se han esfumado gradualmente las fronteras entre lo informal y lo ilegal, regulación e irregularidad, orden y desorden organizado. En ese sentido, las economías –y modos de vida– que se forman fuera de los marcos formales, sean criminales o no, son frecuentemente las expresiones más perfectas de los principios de la oferta y demanda, capaces de generar ganancias cuyas dimensiones serían impensadas en marcos con mayores controles.

Como vemos, altos rendimientos económicos son inherentes al sustento activo de ambigüedades formuladas entre la presencia y la ausencia de la ley: los retornos obtenidos del control de la incertidumbre, el terror, incluso la vida misma, son como venimos constatando, inmensos.

De esta manera, el debate no debiera ser en dónde radica la culpa de la situación descontrolada que vivimos, como quisiera plantear un Estado ansioso de ser identificado como víctima. Por el contrario, se trata de preguntar quién está recibiendo las enormes utilidades que produce este desorden organizado que nos negamos a conocer, imponiéndole el rótulo de «país informal».

 

 

desco Opina / 11 de setiembre de 2020