Los olvidos que duelen

A pocos días de haberse cumplido treinta años de la terrible desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por acción del grupo paramilitar Colina; y de haberse hallado en Londres una caja con restos humanos de probablemente cinco de los estudiantes, es necesario interpelarnos y preguntarnos cuánto hemos hecho como sociedad para evitar hoy y en el futuro sucesos inhumanos como éste. 

Claramente no hemos sanado esa herida profunda que sigue sangrando; estamos lejos de ser una sociedad tolerante y solidaria, capaz de mirar más allá de sus narices y comprender y respetar sus diversas formas de pensar, sentir y existir. Nuestras actuales autoridades nos muestran cotidianamente con acciones y declaraciones la vulneración recurrente de lo poco que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos y de políticas que buscan mitigar la discriminación y el racismo. Es vergonzoso y lastima que se mantengan y perennicen usos coloniales que se creían ya superados y que reafirman la urgencia de romper esa lógica perversa que se mantiene viva en relaciones de poder que son clasistas y racistas. 

No debe sorprender en consecuencia que se empuje con empeño una corriente de opinión negacionista que pretende reescribir nuestra historia, esa que a ciertos sectores de nuestro país les parece incómoda y asusta, pero que con amor, memoria y dignidad se ha construido y ha resistido. No es casual que tengamos como presidenta del Congreso a un personaje con fuertes rasgos autoritarios y racistas, que sigue creyendo que nuestro país se divide entre blancos e indios, comportándose con frecuencia prepotentemente y expresando con nitidez a la idiosincrasia política más arcaica, conservadora y antiderechos del país. 

No es casual que desde el Congreso de la República se reivindique y se blinde a Merino y compañía mediante interpretaciones sesgadas de la ley y lecturas interesadas y tergiversadas de lo sucedido en las protestas de noviembre de 2020. Tampoco lo es que se archiven acuerdos internacionales que buscan proteger a defensores ambientales, dejando en la impunidad la muerte de líderes indígenas y los atropellos a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. No es casual que un sector de la prensa capitalina esté alineada a un manejo de la información poco objetivo e inhumano, que más allá de denunciar hechos delictivos vinculados al gobierno, frecuentemente tergiversa la realidad y a nombre de la libertad de expresión es capaz de ridiculizar a quienes cultural e ideológicamente no son como ellos. Su ligereza es funcional al afán de un sector de las clases privilegiadas que desconocen la legitimidad y la ciudadanía de los pueblos indígenas.  

 Resulta indignante que se llegue a banalizar el sufrimiento de miles de familias, invitando al público a experimentar cómo viven las comunidades de Puno a causa del friaje, tragedia que es propiciada por la incapacidad de nuestro sistema político y económico, pero que es trivializada  por empresas que instrumentalizan la precariedad para generar mayores réditos. 

Todo ello suma a esta estigmatización que se construye desde estereotipos de raza y género, por ejemplo, dando carta libre para la censura de lo diverso y de aquello distinto a lo que hegemónicamente se busca instaurar bajo el discurso de la integración nacional moderna, que defienden distintas voces del poder como María del Carmen Alva.  Resulta claramente condenable la normalización de este “racismo blando” apañado por un Estado que invisibiliza nuestra diversidad, limitando por un lado el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que no pueden acceder a condiciones de vida digna, y obligando indirectamente a una renuncia progresiva de la autoidentificación cultural para encajar en la lógica aspiracional de desarrollo y crecimiento individualista que promueve el neoliberalismo.  

desco Opina / 22 de julio de 2022

descoCiudadano

Los otros frente al Bicentenario

 

A pocos días de conmemorarse los 200 años de independencia del Perú, nuestra nación atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida republicana; las últimas elecciones presidenciales 2021 dejaron al aire una fractura pendiente que se creía equivocadamente, sanada. Las disonantes voces en defensa de un voto, según ellos alterado mediante «fraude en mesa», han avivado un conflicto por años agudizado, argumentando a favor de la invalidez de un voto diferente, que asumen como uno precario e ignorante.

Impulsaron sin remordimiento discursos de odio y repudio con alta carga discriminatoria y racista, desmereciendo el proceder de esos «otros», cuya «inferioridad» sería la razón por la que decidieron su voto hacia Pedro Castillo, un candidato totalmente alejado de la imagen que esta elite económica, militar y «academicista» estaba acostumbrada a recibir y aceptar. Este discurso ha calado y forma parte del ideario político y cultural de ciertos sectores privilegiados de Lima y de otros grupos sociales ideológicamente afines, amenazando con radicalizar sus dichos y acciones.

No solo se alude a poblaciones y comunidades que votaron por Castillo como «ciudadanos de segunda clase» –como manifestara Alan García–, sino que se refieren a ellos como incapaces para decidir sobre sus propias vidas, cubriéndolos con una sombra de ignorancia; lo que les hace suponer que necesitan de alguien más competente y consciente de la vida moderna para tomar buenas decisiones. En una entrevista reciente, Mario Vargas Llosa, sostuvo –haciendo alarde de su fina estampa europea– que estos ciudadanos habían emitido un voto irresponsable debido a su ignorancia y a la poca información a la que pueden acceder.

¿Estamos frente a un nuevo escenario con un claro carácter colonial ligado a sectores de la derecha peruana, personificados en figuras como López Aliaga, Vargas Llosa o Pedro Cateriano? Pareciera que sí. Recordemos declaraciones como las de Fernando Rospigliosi, quien previo a las elecciones del 6 de junio manifestó que en Perú no existen movimientos indígenas y que éstos son creación de las ONG que, contrariamente a lo que se cree, las poblaciones indígenas buscan desde siempre integrarse al proceso modernizador, siendo necesario para ello, negarse y asumir la identidad criolla. Hace pocos días se vio en las calles de Lima a un grupo de simpatizantes fujimoristas cantando a voz en cuello un estribillo aterrador con un típico sesgo anticomunista irracional, portando símbolos que añoran ese pasado hispanista instalado en el Perú colonial.

¿Todo este proceder responde a un intento por velar por la institucionalidad del país y por el respeto del voto de las y los peruanos? Aníbal Quijano mencionaba, desde su impronta de la descolonialidad, que el orden establecido en el ejercicio del poder colonial, alza ideales como el de la libertad, podemos sumarle el de la democracia, que supone –bajo este andamiaje neoliberal– el aprovechamiento de unos sobre otros, para hacer posible que el orden marche como siempre, con provecho para unos pocos y mediante el sacrifico de otros muchos. Se hace urgente replantearnos el problema de las libertades y la manera de pensar la democracia y la nación desde otra perspectiva y otra lógica no hegemónica. Contra lo que se nos quiere hacer creer, el ejercicio de nuestras libertades no puede ser a costa de la negación de nuestras propias identidades, de lo que somos, hacemos y pensamos; el ejercicio de nuestra ciudadanía se basa en aspectos como el derecho al voto y la capacidad de elegir a nuestras autoridades y representantes. Es importante y necesario que ad portas del Bicentenario apostemos por la construcción de cimientos democráticos reales, con una capacidad de integración legítima, para que desde nuestra diversidad podamos participar libremente de la vida pública y política, sin temor a etiquetas con deseos de muerte que llaman a cerrar fronteras con aquellos que no piensan como nosotros.

Los espectáculos que hemos visto en las últimas semanas nada tienen que ver con la defensa del país y de la integridad de sus habitantes; quienes han apostado y siguen haciéndolo por la candidata Fujimori y la defensa del modelo, han rebasado los debates puramente «economicistas». Estamos frente a un quiebre cultural que se forja desde los cimientos educativos y aun desde los medios de expresión cotidiana como redes sociales y medios de comunicación. Esta nueva afrenta social con la que damos inicio al Bicentenario, nada importa a esta política falsamente liberal y limeña, a la que le hace ruido que un profesor sindicalista, rondero y campesino pueda llegar a representarlos, dando pie a un proceso de cambio que trastoque ese orden que depende de la vulnerabilidad de los «otros», quienes forman parte de los sectores mayoritarios que decidieron su voto de un modo distinto.

 

desco Opina - Regional / 9 de julio de 2021

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