Se perdió la oportunidad

Muchos no fuimos conscientes de la importancia que tuvo el reciente “nuevo feriado” declarado por las autoridades el pasado 6 de agosto, en conmemoración al Bicentenario de la batalla de Junín. Esta fecha merecía un mejor resultado que intentase reconstruir la tan llamada buena vecindad sudamericana; lejos de ello, ni siquiera los locales estuvieron satisfechos con el programa de actividades, ni con los asistentes y mucho menos con los ausentes a la celebración. De manera inesperada, la presidenta de la nación brilló por su ausencia, no hubo explicaciones claras de parte del Poder Ejecutivo y el supuesto impedimento por la condición médica de la mandataria no convenció a nadie; todo apuntaba al temor por la ola de abucheos e insultos a la que podía ser expuesta, más aun teniendo en cuenta los recientes acontecimientos por el rechazo de la ciudadanía a autoridades y funcionarios, siendo este la comidilla cotidiana de nuestro anecdotario político.

En el mes de febrero, como parte de las actividades preparatorias, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se puso en el ojo de la tormenta al reunirse con el embajador venezolano. En dicho encuentro se deslizó la idea de invitar al presidente Nicolás Maduro a la celebración, quien es abiertamente contrario al gobierno de Boluarte y quien, dicho sea de paso, no ha recibido el reconocimiento del gobierno peruano por su “reelección”. Ante esta controversia, el titular de la Dircetur declaró en febrero pasado: “aquí el tema es histórico, no político. Tampoco sabemos si los presidentes van a visitarnos, es posible que manden a otros representantes, es un tema protocolar”. Si bien esta oportunidad era idónea para reconstruir las deterioradas relaciones entre los países sudamericanos, los invitados del exterior no se hicieron presentes ya que nuestras relaciones diplomáticas con muchos países se encuentran en tensión.

El discurso del premier Adrianzén fue poco útil para limar asperezas con nuestros vecinos y menos aún con las organizaciones sociales de la región, que también se manifestaron sentirse excluidas de las celebraciones. La población organizó un festejo paralelo y se desmereció el homenaje, ya que a 200 años de la histórica gesta aún no tenemos una clara identidad patriótica que, sin negar la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad y superando los atisbos de discriminación y marginalidad, sea capaz de sobreponerse a las diferencias en aras de construir un proyecto nacional que nos dirija al desarrollo y a mejores condiciones de vida para todas y todos.

Los enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional del Perú eran de esperarse pues días antes, el Frente de defensa de los intereses de la provincia de Junín había anunciado que ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas presidirían las actividades del bicentenario; no era de sorprender, entonces, el minucioso resguardo de las autoridades, limitando el acceso de la población a los escenarios oficiales. Cabe señalar que el paro regional de inicios de julio puso sobre el tapete el permanente descontento de la población con el gobierno central y regional. Dicho paro, que comenzó la noche del 9 de julio, pretendía presionar al gobierno regional a fin que cumpla una serie de obras prometidas, entre ellas proyectos viales y construcción de sistemas de riegos para la región. En esta movilización, la provincia de Junín solicitaba al gobierno central el financiamiento de siete proyectos que en conjunto requieren alrededor de S/ 50 millones. Si bien esta paralización llegó a su fin por la mediación, es notoria la satisfacción de la ciudadanía en Junín.

El diciembre tendremos otra oportunidad para reconstruir la llamada “identidad sudamericana”, a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho. Para entonces, no bastarán los planes, programas y proyectos que está preparando la Comisión Multisectorial, conformada para dicho evento histórico; pues todo indica que las manifestaciones contra el actual régimen y las principales instituciones nacionales, seguirán en pie, quizá no en la forma convencional de expresión, sino aprovechando cualquier otro recurso que permita vislumbrar el descontento y el rechazo por las actuales condiciones de precariedad. En el corto plazo seguirán siendo irreconciliables nuestras diferencias, toca entonces apuntalar esas otras formas de expresión que permita recordar con algarabía aquella gesta emancipadora.

 

 

desco Opina - Regional / 16 de agosto de 2024

descocentro

Puno sí es el Perú

 

Comenzó la temporada de carnavales en Perú y con ella se dio paso a una serie de festividades acompañadas de coloridos pasacalles, picarescas coplas y largas jornadas de danzas, en honor, no sólo a la identidad y la cultura, sino también a la memoria. La fiesta de luces, agua, pintura, con alegorías y creativas dramatizaciones, caracteriza los carnavales del 2024 como un instrumento poderoso para expresar lo que sentimos y pensamos, desafiando los intentos por acallar y censurar nuestro derecho a la libre expresión y a ejercer nuestro sentido crítico.

No es una novedad que estas festividades estén cargadas de contenido político y crítico para llamar la atención sobre las problemáticas que atravesamos o para denunciar la indiferencia de las autoridades; tampoco causa extrañeza que, con ella, se enciendan las alarmas de conservadores y guardianes de “las buenas costumbres”. Como comenta el historiador José María Vásquez Gonzáles, en la revista Pacarina del Sur, “el carnaval era para la clase subalterna la fiesta en donde podían expresar los más exagerados desenfrenos del cuerpo, bailes exóticos, bebidas abundantes, exagerados cantos con insultos e injurias; y en donde los indígenas podían divertirse sin que ninguna autoridad pueda prohibirles gozar”. En efecto, originariamente estas festividades significaban una etapa previa a la Cuaresma, cuando se aprovechaba para “despedirse” de los placeres carnales. Estas expresiones no pasaban desapercibidas y fueron objeto de censura; por ejemplo, en el siglo XX, durante el gobierno de Leguía, se buscó ejercer control desde la oficialidad, como una forma de supeditar las pasiones populares que fluían desde la diversidad, contraponiendo la fiesta a los mesurados comportamientos que eran legitimados por los sectores aristocráticos del país.

Que escuchemos hoy frases cantadas como “¡Dina asesina, Otárola carnicero!”, mientras alegres comparsas de danzantes se desplazan por las calles de Huamanga y Juliaca, o que veamos desfilar a artistas recreando el “jalón de pelos”, portando máscaras y carteles conmemorativos a las protestas sociales, trae a la memoria la performance realizada por la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca – AHIDA, analizada por Renzo Aroni en 2015, durante los carnavales ayacuchanos, donde desde el 2011, los participantes exigen justicia para las víctimas de la masacre perpetrada por el Ejército en 1985 contra 69 personas de la comunidad, asesinando incluso a niños y ancianos. En 2023, se recreó la violenta represión avalada por el gobierno de Boluarte y compañía, que ocasionó la muerte de diez ciudadanos. Precisamente por su carácter político y crítico es que estas festividades son censuradas por algunos políticos y autoridades, por su temor a ser ridiculizados y exhibidos en su incapacidad e indolencia.

Esta intolerancia se refleja en comentarios como los de Edwin Moreno, alcalde de la provincia de La Mar en Ayacucho, quien calificó a las coplas y cánticos en contra del actual régimen como “exageraciones”, pidiendo que se haga un control sobre el contenido de estas. La Defensoría del Pueblo de Ayacucho, por su parte, hizo un llamado para que las autoridades prohíban estas expresiones bajo el pretexto de “prevenir la violencia contra la mujer”, en clara alusión a la figura de la hoy Presidenta. Hechos éstos que han sido rechazados por la propia población, por personalidades de la región e instituciones como el Colegio de Abogados que, mediante un pronunciamiento, piden el respeto a la libertad de expresión. La represión política ha estado presente en cada momento de nuestra historia, como un intento por invisibilizar las manifestaciones que interpelaban el orden imperante. Al respecto, el historiador Rolando Rojas comentó en una entrevista en 2020 que los carnavales eran prohibidos por su carácter transgresor, pues tenían un contenido social y político, permitiendo expresar una crítica al poder.

Hoy, que el poder ejercido por la coalición autoritaria que sostiene al gobierno evidencia una creciente impopularidad, es entendible su desesperación por cancelar las constantes expresiones culturales y artísticas que cantan y bailan en contra del régimen. Estamos siendo testigos de una forma de ejercicio político, que desde el arte cuestiona nuestra realidad y busca replantear lo que sectores de la sociedad han normalizado bajo el argumento de garantizar la “democracia” y la “libertad”. Si ejercer nuestro derecho a la cultura es una forma de transformar la sociedad, como diría Víctor Vich, entonces es una forma también de protestar. La medición de la opinión pública de enero de 2024 del Instituto de Estudios Peruanos – IEP, recoge que el 72% de la población encuestada concuerda con que las protestas son necesarias para hacernos escuchar.

Sigamos apelando a nuestro sentido crítico y creativo para encontrar nuevas formas de expresarnos y denunciar aquello que atenta contra la dignidad y la vida de la población, Encontremos pues, en la cultura y el arte, un escenario poderoso para resistir y preservar nuestra memoria, haciendo frente al autoritarismo y al sistema que corroe nuestras instituciones y la propia vida. Que el cantar “¡esta democracia, ya no es democracia!”, que el ondear de banderas y el expresar con el propio cuerpo el dolor y la denuncia pública para reafirmar que Puno sí es el Perú, sean un instrumento para interpelar las bases de nuestra sociedad y lo que somos.

 

desco Opina – Regional / 16 de febrero del 2024

Los olvidos que duelen

A pocos días de haberse cumplido treinta años de la terrible desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por acción del grupo paramilitar Colina; y de haberse hallado en Londres una caja con restos humanos de probablemente cinco de los estudiantes, es necesario interpelarnos y preguntarnos cuánto hemos hecho como sociedad para evitar hoy y en el futuro sucesos inhumanos como éste. 

Claramente no hemos sanado esa herida profunda que sigue sangrando; estamos lejos de ser una sociedad tolerante y solidaria, capaz de mirar más allá de sus narices y comprender y respetar sus diversas formas de pensar, sentir y existir. Nuestras actuales autoridades nos muestran cotidianamente con acciones y declaraciones la vulneración recurrente de lo poco que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos y de políticas que buscan mitigar la discriminación y el racismo. Es vergonzoso y lastima que se mantengan y perennicen usos coloniales que se creían ya superados y que reafirman la urgencia de romper esa lógica perversa que se mantiene viva en relaciones de poder que son clasistas y racistas. 

No debe sorprender en consecuencia que se empuje con empeño una corriente de opinión negacionista que pretende reescribir nuestra historia, esa que a ciertos sectores de nuestro país les parece incómoda y asusta, pero que con amor, memoria y dignidad se ha construido y ha resistido. No es casual que tengamos como presidenta del Congreso a un personaje con fuertes rasgos autoritarios y racistas, que sigue creyendo que nuestro país se divide entre blancos e indios, comportándose con frecuencia prepotentemente y expresando con nitidez a la idiosincrasia política más arcaica, conservadora y antiderechos del país. 

No es casual que desde el Congreso de la República se reivindique y se blinde a Merino y compañía mediante interpretaciones sesgadas de la ley y lecturas interesadas y tergiversadas de lo sucedido en las protestas de noviembre de 2020. Tampoco lo es que se archiven acuerdos internacionales que buscan proteger a defensores ambientales, dejando en la impunidad la muerte de líderes indígenas y los atropellos a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. No es casual que un sector de la prensa capitalina esté alineada a un manejo de la información poco objetivo e inhumano, que más allá de denunciar hechos delictivos vinculados al gobierno, frecuentemente tergiversa la realidad y a nombre de la libertad de expresión es capaz de ridiculizar a quienes cultural e ideológicamente no son como ellos. Su ligereza es funcional al afán de un sector de las clases privilegiadas que desconocen la legitimidad y la ciudadanía de los pueblos indígenas.  

 Resulta indignante que se llegue a banalizar el sufrimiento de miles de familias, invitando al público a experimentar cómo viven las comunidades de Puno a causa del friaje, tragedia que es propiciada por la incapacidad de nuestro sistema político y económico, pero que es trivializada  por empresas que instrumentalizan la precariedad para generar mayores réditos. 

Todo ello suma a esta estigmatización que se construye desde estereotipos de raza y género, por ejemplo, dando carta libre para la censura de lo diverso y de aquello distinto a lo que hegemónicamente se busca instaurar bajo el discurso de la integración nacional moderna, que defienden distintas voces del poder como María del Carmen Alva.  Resulta claramente condenable la normalización de este “racismo blando” apañado por un Estado que invisibiliza nuestra diversidad, limitando por un lado el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que no pueden acceder a condiciones de vida digna, y obligando indirectamente a una renuncia progresiva de la autoidentificación cultural para encajar en la lógica aspiracional de desarrollo y crecimiento individualista que promueve el neoliberalismo.  

desco Opina / 22 de julio de 2022

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