Esta temporada de lluvias –que culmina
entre marzo y abril– ha dejado al descubierto que la gestión reactiva de
desastres tiene un costo humano y económico que es inaceptable. Mientras
Arequipa lamentaba pérdidas humanas y una infraestructura colapsada, además de
viviendas dañadas, Puno y Cusco enfrentaban emergencias paralelas que siguen el
mismo patrón de vulnerabilidad y prevención postergada. Los datos de ejecución
presupuestal del 2025 revelan una verdad incómoda: los recursos para prevenir
estaban allí, pero su implementación llegó demasiado tarde o nunca llegó.
A nivel nacional, para el tercer
trimestre del año 2025, el desempeño presupuestal Programa Presupuestal 0068 de
reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, fue bajo,
según un reporte del Ministerio de Salud. En Arequipa, el Gobierno Regional sólo ejecutó el
58,6% del presupuesto, según este reporte. Puno, por su parte, enfrenta una
emergencia de dimensiones distintas, pero igualmente devastadora. Las intensas
lluvias han afectado a miles de familias, con viviendas colapsadas, cultivos
anegados y comunidades aisladas. Según el reporte antes mencionado, a finales
de setiembre Puno había ejecutado el 54% de ese presupuesto. En Cusco, la
situación combina amenazas múltiples, además de las inundaciones en la capital
y provincias bajas, el departamento enfrenta riesgos de deslizamientos en sus zonas
altas. La ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 hasta setiembre,
revela que se ejecutó el 57%. Sabemos que no es el único presupuesto para
prevención y atención de emergencias, pero este reporte nos muestra que aun
montos que no superan los 4 millones de soles, en el caso de los departamentos
mencionados, no pueden ser ejecutados con efectividad.
El factor común entre estos grandes
departamentos del sur, que agrupan a más del 75% de la población del total de los
departamentos que conforman la Macrosur, es la desconexión entre la planificación
y la acción. La brecha burocrática está a la vista. Los técnicos del Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)
y de otras instituciones especializadas en riesgos y desastres, han señalado
repetidamente que la ventana ideal para ejecutar obras de prevención se ubica
entre abril y junio, inmediatamente después de la temporada de lluvias. Esta
ventana permite descolmatar ríos, construir defensas ribereñas y estabilizar
laderas con tiempo suficiente antes del siguiente ciclo de precipitaciones.
Sin embargo, la dinámica política
regional, los procesos de contratación dilatados y, en algunos casos, la simple
negligencia administrativa, convierten este ciclo técnico ideal en un calvario
burocrático. Para cuando las licitaciones se publican, los expedientes se
aprueban y las obras se adjudican, la siguiente temporada de lluvias ya está
encima. Así, lo que debería ser prevención se convierte en una carrera contra
el tiempo que, con demasiada frecuencia, se pierde. En pequeña escala, a nivel
de gobiernos locales, pasa lo mismo. Y es más grave aún en municipalidades
donde el personal técnico es limitado.
El año pasado se reportaron varios
incendios forestales en estos tres departamentos, siendo Cusco el que tuvo más
siniestros: 78, afectando hasta 779 hectáreas, según los reportes a junio del Centro
de Operaciones de Emergencia Regional. Sin embargo, Arequipa tuvo una
afectación casi tan grave como Cusco: 671 hectáreas con solo dos incendios. Y
por qué hablamos de esto, porque hay una interconexión en las negligencias, que
aumenta el peligro en esta temporada. Los incendios forestales, como los que vimos en las faldas del
Misti, no sólo son una
tragedia ecológica, sino que crearon las condiciones ideales para la activación
de quebradas –emitiéndose una alerta roja– poniendo en riesgo a la población por
la caída de huaicos en lugares sin contención. La vegetación que antes
amortiguaba el impacto de las lluvias y permitía la infiltración del agua
desapareció, dejando suelos desnudos, erosionados e inestables.
La cultura de la prevención engloba
varias acciones para mitigar el peligro ante la temporada de lluvias, como la
reforestación (no solo plantar la semilla, sino regarlas para que estas
crezcan), la construcción de diques de retención de sedimentos, la instalación
de sistemas de monitoreo en las quebradas afectadas y la planificación del
territorio con alternativas para que las personas que ya construyeron sus
viviendas en quebradas sean reubicadas. Además de promover campañas de
concientización para evitar los incendios forestales que, en su mayoría, se
deben a la negligencia humana.
La responsabilidad de esta cadena de
fracasos en la prevención es transversal. Los gobiernos regionales y locales
tienen la obligación legal y moral de ejecutar los recursos destinados a
proteger a la población. El centralismo en la toma de decisiones, como no entregar a tiempo los recursos,
la falta de capacidades técnicas en los equipos locales y la politización de la
gestión de riesgo, son obstáculos que deben superarse con urgencia.
La ciudadanía también tiene un rol que
cumplir. La demanda social debe orientarse no solo a solicitar una respuesta
eficaz durante la emergencia, sino a la exigencia constante de prevención antes
de la crisis. La rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto destinado
a la gestión de riesgo debe ser un tema de debate público permanente en
diversos espacios, como las sesiones municipales, los presupuestos
participativos, las audiencias públicas, etc. y no sólo reclamarlas cuando las
lluvias ya causaron estragos en nuestras viviendas y calles.
La naturaleza no es impredecible en el
sur andino, sus ciclos son conocidos: después de unos meses de lluvias (que
traen inundaciones y huaycos), vienen las heladas. Lo verdaderamente
impredecible es cuánto tiempo más toleraremos la ausencia de la prevención en la
gestión pública regional y local. No se trata de repartir frazadas, víveres y
hacer campañas de ayuda humanitaria todos los años, sino de ser efectivos con
el presupuesto que se destina a la prevención.
desco Opina – Regional / 30 de
enero del 2026
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