Peligro inminente sin respuesta en Huancavelica

 

El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta. En Huancavelica se vive esta situación con riesgo evidente para la población y sus bienes. Un caso paradigmático es el del sector de Quinta Boliviana en el distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica.

Se trata de un territorio en constante situación de riesgo por la frecuente caída de rocas durante la temporada de lluvias. Más aún, durante los últimos años las lluvias se han intensificado provocando el debilitamiento y la erosión del Cerro Aparinacu. La población en ese territorio se encuentra expuesta a un posible desastre y vive temerosa de ser afectada por el desprendimiento de rocas.

Conocer ese riesgo no es novedad para sus pobladores y las autoridades de la ciudad. Según el Informe Técnico de caídas de roca del Cerro Aparinacu elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en el año 2018, el sector de Quinta Boliviana ubicado en el barrio de Ascensión, se encuentra en una situación de alto riesgo por la posible caída de rocas de ese cerro. El informe advierte expresamente que una roca fracturada de unos 30 m de largo por 40 m de altura podría desprenderse y afectar a las viviendas y familias que se encuentran debajo. La inspección geológica da cuenta de agrietamientos en la roca y evidencias de desprendimientos anteriores.

La vulnerabilidad del sector está fuera de dudas. Se incrementa en la temporada de lluvias por la saturación de suelos que favorece la meteorización y desmovilización de los depósitos coluviales de las laderas del cerro. Al riesgo que traen las lluvias se añade la propensión de la ciudad de Huancavelica a soportar sismos de gran intensidad por epicentros subductivos cercanos y fuentes corticales activos sobre zonas pobladas.

Esta situación, es todo un desafío para territorios como este en los que se requiere abordar en profundidad el análisis de los actores comprometidos con la finalidad de construir, urgentemente, alternativas de gestión social del riesgo. Más aún si tal como indica el informe, las laderas del cerro Aparinacu se caracterizan por una susceptibilidad que varía de alta a muy alta ante el peligro por movimientos en masa, tales como deslizamientos, flujos y erosión, frecuentes en la época de lluvias.

En el año 2021 la Municipalidad Distrital de Ascensión elaboró el Informe de Evaluación de riesgo por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku, hasta el sector urbano del Cerro Potocchi, el cual  ratifica que el sector de Quinta Boliviana se encuentra dentro de una zona de alta susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por caída de rocas a causa de precipitaciones intensas, la topografía accidentada y factores antrópicos como el inapropiado sistema de drenaje pluvial y residual.

La gestión social del riesgo en esta zona debe asumirse desde el sector urbano del cerro Aparinacu hasta el sector urbano del cerro Potocchi. Se requiere tomar en cuenta no solamente que es medio, alto y muy alto, según el análisis de susceptibilidad que se ha hecho. También es indispensable asumir que se está ante un escenario de exclusión que se manifiesta en dos grandes problemas relacionados entre sí: la pobreza de la mayoría de la población en ese territorio y la precaria legitimidad y eficiencia del sistema de gestión pública, de sus autoridades y funcionarios. Son al menos 485 viviendas y 1600 m de pistas y veredas que se encuentran dentro del área de incidencia directa e influencia del fenómeno, que presentan niveles de peligro considerables.

Finalmente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en su último reporte de Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo enero – marzo 2024, señala que Huancavelica se ubica en un contexto en el que por un lado se pronostica una probabilidad de normal – inferior, pero asimismo, considera la susceptibilidad de movimientos de masa de nivel alto a muy alto, que podrían activar la caída de rocas.

Hasta el momento, como en otros territorios habitados de nuestro país, no se han aplicado las acciones de mitigación requeridas ante un alto nivel de probabilidad de ocurrir en medio del escenario incierto del Fenómeno El Niño, y el peligro que se cierne en este caso, en torno a medio millar de familias, viviendas, infraestructura pública y más. Esta situación propia de muchos territorios del departamento de Huancavelica se repite en otras regiones de Perú, mientras la población convive día a día con peligros inminentes sin respuesta.

Es indispensable generar mayor conciencia ante estos riesgos y afrontarlos de manera adecuada. Para ello se requiere planes desarrollo territorial y de prevención articulados a instrumentos técnico-normativos sobre el uso del suelo que permitan una eficiente gestión del riesgo, la adecuada coordinación entre los diferentes entes del Estado, normas coherentes integradas a la gestión del territorio de tal manera que la información que se dispone respecto al riesgo de las ciudades no quede solo a nivel de diagnóstico. Exigir a los gobiernos regionales y locales asumir su responsabilidad frente a los efectos de los desastres naturales para minimizarlo en el futuro es una tarea urgente.

 

desco Opina – Regional / 22 de diciembre del 2023

descocentro

Las dimensiones políticas y sociales de los eventos naturales

Como ya es usual en esta época del año, varias regiones del país han sido declaradas en emergencia por las lluvias y los deslizamientos que suelen provocar, afectando a territorios, centros poblados y ciudades. Una vez más, las cuantiosas pérdidas materiales y las trágicas pérdidas humanas que tales eventos generan, especialmente entre la población de menores recursos, evidencian la complejidad del territorio que nos ha tocado habitar, algo que las mismas autoridades y funcionarios públicos reconocen.

Esto también manifiesta las archiconocidas fallas del Estado y la persistencia de un hecho hasta hoy irresuelto: el asentamiento de poblaciones en zonas de alto riesgo, por donde, inevitablemente, pasará la masa que arrastran los huaicos y deslizamientos, tanto en Lima Metropolitana, como en provincias.

Hay desastres y tragedias recurrentes y prácticamente anuales en el Perú (la otra es la muerte de niños en las alturas durante las olas de frío invernal) y la ciudadanía, con justificada indignación, responsabiliza al Estado por su incapacidad para reducir los daños que provocan los fenómenos climáticos. Las incapacidades de aquél para controlar y ordenar el territorio, para la planificación y prevención, la centralización de las decisiones y las imprecisas competencias entre sus distintos niveles, son sin duda fallas que hasta hoy no se subsanan, tanto por ausencia de voluntad política como por la presencia de intereses diversos al interior del aparato público y de las élites económicas y políticas del país.

Otro de los grandes problemas tiene que ver con la modalidad de ocupación del suelo por parte de la población; ante un Estado ausente, los asentamientos se han caracterizado no solo por una gran informalidad, sino también por ocupar zonas de riesgo como las quebradas, lechos de ríos secos y otras áreas vulnerables, por donde, tarde o temprano, el exceso de lluvias provocará los huaicos e inundaciones. Tal como el caso del poblado tacneño de Mirave lo muestra recientemente, esto ha ocurrido más de una vez a lo largo de las últimas décadas.

Cabe entonces preguntarse por qué la población, a sabiendas de la recurrencia de los huaicos y otros eventos extremos, persiste en ocupar los mismos espacios. La pobreza, la falta de alternativas, así como la visión de corto plazo predominante (no sólo en la población, sino también en los grupos políticos y empresariales) son elementos que lo explican, aunque distan de agotar el tema.

La experiencia de reubicar poblaciones y centros poblados es sin duda muy compleja y difícil; las experiencias recientes en el caso de la minería (por ejemplo, reubicación de Morococha en Junín, de Fuerabamba en Cotabambas) pueden ayudar a entender la magnitud de la tarea a emprender.

Estas experiencias demuestran que grandes sectores de población persisten en quedarse por razones que el Estado, los funcionarios y responsables del reordenamiento no pueden desdeñar, bajo pena de fracasar. Y es que para la gente, no sólo se trata de un desplazamiento físico; ello muchas veces significa cambios en su vida económica (abandonar el entorno donde generan sus ingresos y rentas); en su vida social (se rompen las redes y entramados sociales que permiten su reproducción social), y en las mismas dinámicas de poder y estatus locales. No se trata entonces de trasladar autoritaria y arbitrariamente a la población de un lado a otro.

Lo anterior, que no es frecuente pensar cuando se enfrenta la reubicación de poblaciones, plantea desafíos ineludibles para el Estado; por supuesto, se trata de avanzar en capacidades para planificar y ordenar el uso del territorio (algo que los intereses existentes y la visión predominante de libre mercado dificultan); desarrollar una cultura de prevención y reformar la institucionalidad vigente, respecto a las competencias vigentes entre los distintos niveles y sectores de gobierno; de realizar saneamiento físico y legal en ciudades y centros poblados; pero también de diseñar políticas democráticas y participativas para el desplazamiento, considerando variables tan delicadas e imprescindibles como las mencionadas en el párrafo anterior.

El desafío es indudablemente muy complejo, pero es lo que le toca enfrentar a un Estado que, aún bajo el modelo actual, no solo debe garantizar los mecanismos de libre mercado y promover las inversiones, sino también debe cautelar los derechos ciudadanos.

desco Opina / 15 de febrero de 2019

Habitualmente abandonados, habitualmente aislados

Tal vez ya se haya hecho habitual que durante el período de lluvias tengamos que referirnos a los deterioros de las vías de la selva central. De la misma forma, tal vez sea también habitual que los pobladores reclamen a las autoridades soluciones más estables a la falta de conectividad durante estas estaciones.

Pero en este caso, nos referiremos a la pertinencia de los mantenimientos viales. Igualmente, a la oportunidad de la ejecución de obras aprobadas y comprometidas que reducirían la afectación económica y la seguridad personal de los viajantes durante estas épocas.

En primer lugar, con financiamientos del MTC entre los meses de abril y mayo del 2013, se había aprobado e iniciado la construcción de tres puentes en el distrito de Villa Rica (provincia de Oxapampa). Estas obras sobre los ríos Yunculmas, Puellas y Chivis; permitirían conectar a Villa Rica con los distritos de Palcazú, Puerto Bermúdez y Constitución, y con el resto de la ruta hacia la Carretera Central y por ende con los principales mercados para los productos de estas localidades. Estas vías en temporadas lluviosas se convierten en verdaderas trampas mortales para los viajantes ya que al no existir puentes se deben de arriesgar a ingresar al torrente de sus caudalosos ríos. 

Dichas obras debían de culminar en un plazo de 7 meses. Sin embargo, a la fecha el avance es muy lento y, es así, que la preocupación de los pobladores y autoridades locales se manifiesta con justicia, ya que que las obras están parcialmente detenidas desde noviembre del año pasado. Desde esa perspectiva, se cuestiona la idoneidad técnica y operativa del Consorcio ganador de la licitación, porque el retraso ocasionará que la temporada de lluvias no permita el avance de las obras.

Entonces ¿por qué no se previó que las obras se inicien y ejecuten cuando las condiciones climáticas sí lo permiten para evitar suspensiones del trabajo?  El retraso deteriora los materiales por su abierta exposición a las lluvias. Las varillas de fierro de las columnas han quedado expuestas y es visible que el óxido avanza; no es necesario ser especialista en construcción para darse cuenta que esto reducirá la resistencia del metal.

Se ha hecho habitual la conformación de consorcios de empresas constructoras para la ejecución de este tipo de obras, lo cual no es malo, pero hasta la fecha sólo se demuestra ante la población que hay más interés en ganar la licitación que capacidad ejecutora. Asimismo, también se ha vuelto costumbre que las obras de proyectos de inversión  pública en la selva central no culminen en los plazos establecidos en los contratos. También ya es tristemente habitual que la instancia estatal correspondiente apruebe una serie de ampliaciones para el cumplimiento de los compromisos que no contemplan ningún tipo de penalidad.

Según los contratos, existen supervisores de obra que verifican el avance de las mismas, ¿existen deficiencias en la supervisión?, ¿malos procesos de planeamiento de obra? Cualquiera sea el caso, los responsables de esas deficiencias nunca serán sancionados y los afectados siempre son los habitantes de los territorios.

Tras los reclamos de los pobladores, llegaba otro disgusto: la empresa ejecutora del mantenimiento de la carretera (según contrato de concesión del MTC, por cinco años, desde febrero del 2010) brillaba por su ausencia, por lo que la desesperación de los pobladores y de las autoridades locales llegaba a la indignación. El retraso en la intervención para el mantenimiento de la carretera es visible desde hace un par de meses. Mientras tanto, los deslizamientos que ocurrieron en el mes de diciembre 2013 siguen dando problemas. ¿Por qué existe tanta permisibilidad de parte del Estado ante el incumplimiento de los contratos por parte de estas empresas constructoras? ¿Será corrupción, incapacidad técnica o negligencia?

desco Opina - Regional / 24 de enero de 2014

Programa Selva Central
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Arequipa al desnudo

Las lluvias, que cayeron con fuerza estos dos meses y aún no menguan, han develado la falta de planificación en toda nuestra región. En la ciudad se ejecutan obras viales sin considerar drenajes pluviales, y en las carreteras no se hacen mejoras definitivas sabiendo que en época de lluvia siempre hay desbordes, como en el caso de Pescadores en Ocoña (Camaná). La infraestructura agraria sigue siendo precaria, y no se percibe una política agraria nacional que también atienda a la pequeña agricultura con eficiencia. Y sobre las represas, los ciudadanos estuvieron en zozobra porque la represa de El Frayle, con un severo proceso de colmatación, continúa funcionando sin ser reparada o suplantada. Pareciera que en las decisiones de ejecución presupuestaria en infraestructura no se toma en cuenta una variable tan importante como el clima.

En esta temporada de lluvias, y también nevadas, la peor parte la llevaron los distritos rurales, los más vulnerables a la desidia de las autoridades. Mientras que Arequipa urbana el 60% de pistas se dañaron, los desagües colapsaron y las casas se inundaron, en la Arequipa rural pueblos enteros quedaron incomunicados por derrumbes y erosión en las carreteras internas, desabastecidos de agua potable y alimentos, y se perdieron cientos de hectáreas agrícolas e infraestructura de riego por la crecida de los ríos. Además decenas de pobladores vieron desaparecer sus precarias viviendas.

Las últimas semanas se ha cuantificando el daño ocasionado por las lluvias. Alfredo Zegarra, alcalde provincial de Arequipa, calculó 50 millones en pérdidas en el sector rural y 26 millones en el sector urbano en la provincia de Arequipa. Elmer Cáceres Llica y los alcaldes distritales de la provincia de Caylloma reportaron, en un comunicado público, la pérdida de 8 mil hectáreas de terrenos de cultivo y cosechas, que sumados a los daños de vivienda, infraestructura vial, educativa y salud, se han valorizado en S/.100 millones de soles. Las estimaciones sobre los daños en otras provincias fueron más conservadoras; sin embargo, hay perjuicios que van más allá de la fotografía del día, es decir ¿qué pasará con las personas que perdieron sus casas?, ¿qué pasará con los agricultores que con préstamos sacaron adelante sus cosechas ahora perdidas? ¿Cómo solucionarán sus problemas económicos las personas que perdieron su sustento de vida (como en Sibayo por ejemplo)?

El Gobierno Regional de Arequipa transfirió a varias municipalidades 3 millones 125 mil soles para atender emergencias en sus localidades, y a la fecha se ha gastado 7 millones en estos menesteres; pero no ha sido suficiente. El presidente regional, Juan Manuel Guillén ha estimado que se necesitarán por lo menos S/. 250 millones de soles para la reconstrucción, aunque remarcó que es necesaria una reunión con los alcaldes de todas las provincias para sustentar técnicamente esta petición ante el Ejecutivo.

Se hace necesario un serio levantamiento de información en cada localidad, pues hay variaciones sustanciales, por ejemplo, entre las hectáreas agrícolas perdidas reportadas en la prensa por las Juntas de Usuarios y las reportadas por Defensa Civil.

Juan Manuel Guillén ha enfatizado que no se hará rehabilitaciones (parches) sino que se reconstruirá. ¿Qué se reconstruirá? ¿Cómo se ejecutará este presupuesto? Es una tarea que hay que seguir de cerca. Resulta una tarea urgente la incorporación de la gestión de los riesgos, climáticos en particular, en la gestión pública y en instancias de concertación público-privada para enfrentar las vulnerabilidades en los ámbitos rural y urbano.

Ver reporte de daños en anexo adjunto.
desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2012
Programa Regional Sur
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Emergencia y cambio climático en Arequipa

Contrariamente a lo observado los últimos años, en los que las previsiones del SENAMHI se han caracterizado por anunciar probables sequías por los efectos del fenómeno del Niño –a los que nos habíamos acostumbrado en el contexto del cambio climático–, las últimas semanas se han caracterizado por intensas precipitaciones pluviales que han superado en un 100% el promedio de los últimos 50 años para esta misma época.

Esta situación ha desnudado las debilidades de los sistemas de prevención para afrontar los efectos de las variaciones climáticas, ocasionando costosos daños en viviendas, centros comerciales de reciente inauguración en medio del boom comercial de la región (y que se suponían poseedores de los mayores avances tecnológicos) destrozos de calles, algunas recientemente pavimentadas, interrupción de carreteras, colapso de las redes de desagüe, estimándose en 6,218 los damnificados en un total de 47 distritos.

El crecimiento urbano en lugar de guiarse por la definición de los usos del suelo en función de planes rectores o una adecuada caracterización del espacio, ha estado condicionado por las presiones de la población para acceder a una vivienda ante la inacción de los gobiernos locales y por la ausencia de políticas públicas. En su lugar, ha primado la iniciativa de traficantes de terrenos, culminando en invasiones que al poco tiempo son reconocidas con propósitos electorales.

Esta situación ha motivado, el 15 de febrero, la declaratoria de emergencia luego de la convocatoria del Comité de Defensa Civil y con la participación de los alcaldes distritales. Ahora se busca afrontar de la mejor manera posible, la destrucción de viviendas y del pavimento de la mayor parte de las calles. Como suele ocurrir tradicionalmente en la gestión pública, se actúa sobre los hechos consumados.

Los cauces naturales para el drenaje del agua de lluvia han sido invadidos por pobladores que construyeron sus viviendas, posteriormente autorizadas con las respectivas licencias municipales. Estas han sido las más afectadas por el embate de las aguas en las torrenteras especialmente en los distritos de Paucarpata y Mariano Melgar donde hay una mayor concentración de estas viviendas precarias.

Por otro lado, conforme avanza la estación lluviosa se acentúan los peligros de la improvisación. El sistema de represas ya tiene almacenado alrededor del 85% de su capacidad lo que está obligando a incrementar el desembalse de las mismas a fin de evitar su colapso. A ellos se añade el pronóstico de SENAMHI sobre la prolongación de las lluvias hasta el mes de marzo. Esta situación ha puesto en riesgo los cauces del río Chili, repitiéndose en otras cuencas como Majes donde se viene registrando la pérdida de 400 hectáreas de cultivos de arroz en terrenos ubicados en las proximidades del cauce. En este caso, los problemas se generan en gran medida por la expansión de las áreas de cultivo sobre las márgenes de los ríos por los agricultores denominados «avanceros», quebrantando la normatividad sobre los cauces.

Estos hechos, en medio de la campaña electoral, deberían ser una oportunidad para requerir el pronunciamiento de los candidatos en cuanto a propuestas de políticas ambientales, planes de zonificación económica ecológica y las políticas de organización de la prevención de los riesgos, sobre todo cuando las manifestaciones más evidentes del cambio climático están asociadas a la dificultad para predecir o pronosticar los eventos climáticos estacionales.

desco Opina - Regional / 25 de febrero de 2011
Programa Regional Sur
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