Peligro inminente sin respuesta en Huancavelica

 

El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta. En Huancavelica se vive esta situación con riesgo evidente para la población y sus bienes. Un caso paradigmático es el del sector de Quinta Boliviana en el distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica.

Se trata de un territorio en constante situación de riesgo por la frecuente caída de rocas durante la temporada de lluvias. Más aún, durante los últimos años las lluvias se han intensificado provocando el debilitamiento y la erosión del Cerro Aparinacu. La población en ese territorio se encuentra expuesta a un posible desastre y vive temerosa de ser afectada por el desprendimiento de rocas.

Conocer ese riesgo no es novedad para sus pobladores y las autoridades de la ciudad. Según el Informe Técnico de caídas de roca del Cerro Aparinacu elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en el año 2018, el sector de Quinta Boliviana ubicado en el barrio de Ascensión, se encuentra en una situación de alto riesgo por la posible caída de rocas de ese cerro. El informe advierte expresamente que una roca fracturada de unos 30 m de largo por 40 m de altura podría desprenderse y afectar a las viviendas y familias que se encuentran debajo. La inspección geológica da cuenta de agrietamientos en la roca y evidencias de desprendimientos anteriores.

La vulnerabilidad del sector está fuera de dudas. Se incrementa en la temporada de lluvias por la saturación de suelos que favorece la meteorización y desmovilización de los depósitos coluviales de las laderas del cerro. Al riesgo que traen las lluvias se añade la propensión de la ciudad de Huancavelica a soportar sismos de gran intensidad por epicentros subductivos cercanos y fuentes corticales activos sobre zonas pobladas.

Esta situación, es todo un desafío para territorios como este en los que se requiere abordar en profundidad el análisis de los actores comprometidos con la finalidad de construir, urgentemente, alternativas de gestión social del riesgo. Más aún si tal como indica el informe, las laderas del cerro Aparinacu se caracterizan por una susceptibilidad que varía de alta a muy alta ante el peligro por movimientos en masa, tales como deslizamientos, flujos y erosión, frecuentes en la época de lluvias.

En el año 2021 la Municipalidad Distrital de Ascensión elaboró el Informe de Evaluación de riesgo por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku, hasta el sector urbano del Cerro Potocchi, el cual  ratifica que el sector de Quinta Boliviana se encuentra dentro de una zona de alta susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por caída de rocas a causa de precipitaciones intensas, la topografía accidentada y factores antrópicos como el inapropiado sistema de drenaje pluvial y residual.

La gestión social del riesgo en esta zona debe asumirse desde el sector urbano del cerro Aparinacu hasta el sector urbano del cerro Potocchi. Se requiere tomar en cuenta no solamente que es medio, alto y muy alto, según el análisis de susceptibilidad que se ha hecho. También es indispensable asumir que se está ante un escenario de exclusión que se manifiesta en dos grandes problemas relacionados entre sí: la pobreza de la mayoría de la población en ese territorio y la precaria legitimidad y eficiencia del sistema de gestión pública, de sus autoridades y funcionarios. Son al menos 485 viviendas y 1600 m de pistas y veredas que se encuentran dentro del área de incidencia directa e influencia del fenómeno, que presentan niveles de peligro considerables.

Finalmente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en su último reporte de Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo enero – marzo 2024, señala que Huancavelica se ubica en un contexto en el que por un lado se pronostica una probabilidad de normal – inferior, pero asimismo, considera la susceptibilidad de movimientos de masa de nivel alto a muy alto, que podrían activar la caída de rocas.

Hasta el momento, como en otros territorios habitados de nuestro país, no se han aplicado las acciones de mitigación requeridas ante un alto nivel de probabilidad de ocurrir en medio del escenario incierto del Fenómeno El Niño, y el peligro que se cierne en este caso, en torno a medio millar de familias, viviendas, infraestructura pública y más. Esta situación propia de muchos territorios del departamento de Huancavelica se repite en otras regiones de Perú, mientras la población convive día a día con peligros inminentes sin respuesta.

Es indispensable generar mayor conciencia ante estos riesgos y afrontarlos de manera adecuada. Para ello se requiere planes desarrollo territorial y de prevención articulados a instrumentos técnico-normativos sobre el uso del suelo que permitan una eficiente gestión del riesgo, la adecuada coordinación entre los diferentes entes del Estado, normas coherentes integradas a la gestión del territorio de tal manera que la información que se dispone respecto al riesgo de las ciudades no quede solo a nivel de diagnóstico. Exigir a los gobiernos regionales y locales asumir su responsabilidad frente a los efectos de los desastres naturales para minimizarlo en el futuro es una tarea urgente.

 

desco Opina – Regional / 22 de diciembre del 2023

descocentro

Un año hacia abajo

 

En el Perú actual la idea de consenso político ha desaparecido. La elección de la Mesa Directiva del Congreso con cuatro listas postulando ha sido un buen ejemplo de ello. La desorganización de la oposición parlamentaria se confirma así como un factor clave para explicar la sobrevivencia de un gobierno cuya incapacidad se traduce en una creciente impopularidad. Y si no existió capacidad de acuerdo de los congresistas siquiera en el conflicto con el Ejecutivo, menos la hubo en relación a metas nacionales de cualquier tipo, que urgen sobre todo en el ámbito económico.

El año legislativo estuvo marcado por contrarreformas en lo constitucional, lo electoral y lo educativo, esfuerzos en los que participaron todas las bancadas sin distinción. Del lado de la oposición en particular, el grueso de su tiempo estuvo dedicado a buscar la vacancia presidencial mediante dos intentos fallidos, cuando no se procedió a la censura selectiva de ministros, no tanto como forma de control político, sino como un mecanismo para corroer al Ejecutivo, que entre eso y sus nombramientos fallidos, finalmente ha sumado cincuenta y nueve ministros en un año. Varios de esos relevos están relacionados a casos de corrupción sobre los cuales el mandatario no ha logrado ofrecer al país una explicación satisfactoria.

El mensaje a la nación del presidente de la República el 28 de julio, ha sido también una demostración reiterada de que el obstáculo más grande al desarrollo del Perú continúa siendo la tremenda ineficiencia e ineficacia de parte del actual sector público, agravada por la inoperancia y  la rampante corrupción que facilita este gobierno. Sin verdadera autocrítica y con cifras cuestionables, el Presidente Castillo siguió el guion de sus predecesores: una gris enumeración de avances en una realidad paralela, salpicada de anuncios populistas y de críticas a los medios de comunicación y la oposición. Para la anécdota quedan sus señalamientos a la “oligarquía” y sus vacías menciones a la justicia redistributiva, la reforma agraria o la asamblea constituyente, tres banderas con las que hoy nadie relaciona su Presidencia. A un año de gestión es cosa olvidada la declarada voluntad política del gobierno para introducir estas reformas. Ante la vacilación de sus gabinetes, y del propio Castillo, que frenaron los cambios sociales y económicos que se necesitan.

Los pocos aciertos del gobierno se diluyen ya en el pasado: la exitosa campaña de vacunación y el retorno más o menos ordenado a la “nueva normalidad”. El país continúa con una economía ortodoxa, equilibrada desde el BCR y el MEF aunque con un crecimiento cada vez más lento, siempre dependiente de la exportación minera, atravesada por serios conflictos sociales que ponen en cuestión el desarrollo de nuevos proyectos. También está el incremento en el gasto social, aunque sin cambiar en lo sustancial los mecanismos de asignación del presupuesto público.

Queda claro que estamos ante un régimen liderado por personas sin experiencia, sin apoyo político de las mayorías y rodeado de facciones clientelares y corruptas, en un ambiente de elevada conflictividad, todo ello síntoma de una democracia que alberga a una clase política que colapsó y que carece totalmente de liderazgos aglutinantes.

Ahora el Perú tiene instituciones menos sólidas y un presidente sin liderazgo. Nada que celebrar y, lo que es peor, ninguna propuesta por donde seguir, en la medida en que la convocatoria a elecciones generales continúe como una opción declarativa. Lo esperable es que en los próximos meses continúe el proceso de fraccionamiento y de marchas sin rumbo por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Ninguna señal de algo diferente en el empate de suma cero que vive el país.

 

desco Opina / 1 de agosto de 2022

El Niño de la selva

Desde inicios del año se anuncian las posibles consecuencias que dejará el fenómeno El Niño en nuestro país. Casi por coincidencia, en esta ocasión las autoridades subnacionales entrantes son quienes asumen la responsabilidad administrativa de este problema en sus jurisdicciones, haciendo presumir una escasa experiencia para afrontar esta clase de situaciones.

La coyuntura, sin embargo, fue suficiente para que el gobierno central asuma de manera directa la disposición de recursos financieros para acciones de prevención, pretexto de la falta de experiencia en la gestión por parte de las nuevas autoridades.

La selva central no está ajena a las consecuencias del fenómeno El Niño, ni tampoco a la urgencia de invertir en prevención. Sin embargo, a pesar de ser una región que soporta fuertes embates climáticos con cierta regularidad, no realiza un registro técnico de las ocurrencias climatológicas ni de los daños de un fenómeno como El Niño; y, a pesar de que los estragos ya se están haciendo visibles, no tiene identificado a este tipo de fenómenos climatológicos de manera específica.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que, de acuerdo al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), cada jurisdicción municipal debe instalar comités de Defensa Civil. Los comités son encabezados por el alcalde y deben convocar a la sociedad civil y al sector público local para diseñar y ejecutar medidas de corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, cada jurisdicción debe diseñar planes operativos para la administración de los desastres; instalar centros de operaciones de emergencia cuando se necesite; y, tal vez el punto más importante, implementar estrategias de educación en desastres enfocadas a funcionarios públicos y población en general.

En la actualidad, sin embargo, estos espacios suelen desempeñar un papel casi alegórico dada la ausencia de instrumentos de gestión (como mapas de riesgos locales) y presupuesto; ambos necesarios para actividades de prevención.

Futuros instrumentos de gestión deben de contemplar no sólo los puntos críticos del territorio, sino también el papel y responsabilidades de todos los actores locales para prevenir y gestionar desastres. No está demás mencionar que los instrumentos legales de alcance nacional existen, pero, por diversas causas, su aplicación no sería de prioridad  para los gobiernos locales.

La incertidumbre frente al fenómeno de El Niño se manifiesta en la incomodidad mostrada por los alcaldes de la selva central al denunciar una supuesta falta de atención a problemas que, desde su punto de vista, deben priorizarse. Sus reclamos se sustentan en la ya típica desatención desde algunos sectores del Estado peruano, amplificada por la falta de una vinculación clara entre la selva peruana y el fenómeno El Niño.

Lo cierto es que el vínculo entre la selva y El Niño no ha sido definido simplemente porque no existen los estudios técnicos ni los datos necesarios para establecer la relación. Por ejemplo, hace varios años se habla de la pérdida paulatina de recursos hídricos en la selva central. Sin embargo, esta afirmación se basa únicamente en percepciones No existen estaciones ni instrumentos de monitoreo del caudal en ríos y quebradas que permitan sustentar la afirmación.

De la misma manera, a pesar de que la ocurrencia de climas extremos no habituales (friaje, calor excesivo) es un tema que ocupa muchos discursos supuestamente técnicos, no existen suficientes estaciones meteorológicas y ni datos históricos   procesados que nos digan qué es lo que está pasando. Sin estudios ni equipo apropiado es preocupante que haya quienes se atrevan a lanzar afirmaciones que minimicen el impacto de El Niño en la selva central.

Lo cierto es que, ante la falta de una cultura de prevención y la ausencia de registros históricos y mapas de vulnerabilidades locales, ni siquiera el gobierno central tiene la certeza de qué es lo que se debe de priorizar ni cuánto se necesita invertir.

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2015

Programa Selva Central
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Huancavelica en riesgo por heladas

Las heladas en las zonas altas de Huancavelica plantean la urgencia de implementar medidas preventivas para evitar patologías que afectan a la población campesina que vive a más de 3500 m.s.n.m. hoy víctimas de la ola de frío. Miles de ancianos mayores de 65 años y sobre todo alrededor de 38 mil niños menores de 5 años son las principales víctimas de este fenómeno climático que viene afectando a amplias zonas de la sierra centro y sur de nuestro país.

Lo preocupante es que las heladas continuarán acentuándose en la región Huancavelica, lo que provocará el descenso de la temperatura mínima de 1°C aproximadamente, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Recién el 30 de agosto se publicó un Decreto Supremo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de realizar acciones para paliar la ola de frio, declaró en emergencia a más de 200 distritos en diez regiones del país, entre ellos varias decenas en la región Huancavelica.

Todos los años en Huancavelica en esta temporada suele repetirse el mismo drama, generando daños considerables a la población, a sus modestas viviendas así como a la agricultura y ganadería. Ante este panorama se muestra limitada la capacidad del gobierno central, así como la de los gobiernos regionales y locales para contemplar estrategias o políticas de contingencia para hacer frente al problema. Esta falta de previsión es la que obliga en muchos casos a que en las principales ciudades intermedias se organicen grupos de ayuda para acopiar alimentos y abrigos; este tipo de acontecimientos fortalece la percepción de la ciudadanía sobre la poca capacidad ejecutiva y organizativa de las autoridades.

Ante situaciones de emergencia como esta, queda claro que requerimos una planificación intersectorial para diseñar políticas para: a) capacitar a la población rural altoandina para la construcción de viviendas térmicas que resistan bajas temperaturas, incluyendo planes de financiamiento para su construcción paulatina y, b) reestructurar la forma tradicional de la producción ganadera altoandina para que sea sostenible, tomando en cuenta la producción y almacenamiento de forraje en forma de heno para las épocas de friaje y la incorporación de cobertizos adecuados para las estancias.

Algunas iniciativas relativamente novedosas como los Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos) se vienen implementando desde el gobierno para enfrentar problemas como los derivados de las heladas; sin embargo, la realidad nos muestra que aún son insuficientes y que por el momento sirven como paliativos que se ven limitados por la falta de previsión de los sectores vinculados al problema como los ministerios de Agricultura, Salud o sus pares regionales y locales. Asimismo, existe un plan de contingencia frente a la ocurrencia ante heladas y descensos de temperatura, del Sistema Regional de Defensa Huancavelica, en el cual que se contemplan las acciones para la gestión de emergencias, de coordinación interinstitucional, y la disposición de calaminas, carpas, colchones, frazadas y ropa de abrigo, medicinas  en los almacenes de las provincias.

Lamentablemente, tanto la salud como la economía de las familias altoandinas queda muy golpeada (otra vez) aun con los planes existentes. En ganadería se ha registrado una gran pérdida de cabezas de alpaca. El anuncio sobre la creación del “seguro alpaquero”, es un buen paso para compensar a los pastores más afectados. Con todo, no deja de extrañar la falta de previsión de los últimos gobiernos, quienes a menudo esperan que los medios de comunicación les hagan recordar que existen peruanos padeciendo allá en las montañas.

desco Opina - Regional / 6 de setiembre de 2013

Programa Sierra Centro

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Reducción del canon minero, tensiones y oportunidades

La coyuntura nos demuestra la poca coordinación y escaso entendimiento entre los niveles de gobierno para prevenir las consecuencias de la reducción de los fondos provenientes del canon minero. La predecible reducción de los precios de los minerales no contuvo a muchas autoridades de presupuestar la implementación de proyectos en base a la proyección inicial de transferencias.  Para muchos gobiernos locales este fondo representa casi el 80% de la inversión pública, motivo por el que su reducción tendrá un impacto en las programaciones anuales.

En el caso de las municipalidades de la selva central, la reducción de esta partida llega en momentos muy críticos. Esto se debe a que el café, uno de sus productos principales, afronta la terrible plaga de la roya que afectará drásticamente la economía local. Al mismo tiempo, sin recursos se limitaría la implementación de fondos concursables como Procompite, impidiendo el apoyo a la reconstrucción del aparato productivo local. Por otro lado, el momento político también es inapropiado debido al advenimiento de un año electoral.  Entonces, se pueden anticipar situaciones sociales conflictivas a nivel nacional.

Preocupa que tanto a nivel local como regional, muchos medios de comunicación no analicen las causales macro del problema, como el esquema de asignación del canon minero. Por el contrario, contribuyen a la conflictividad cuestionando actitudes particulares de los alcaldes y presidentes regionales. De este modo el debate se ha reducido a ataques  directos con miras a calentar el escenario político para el 2014.

La época de «vacas flacas» anunciada por el Ejecutivo ha provocado confusión y pánico en las pequeñas jurisdicciones de la selva central con pocos recursos propios y proyectos en cartera.  El Ministerio de Economía y Finanzas, por lo pronto, ha anunciado un fondo de contingencia a los gobiernos regionales y locales que tengan proyectos pendientes en su agenda de inversiones.  Sin embargo, es de esperarse que las negociaciones caigan presa de la contaminación electoral, por lo que la medida hará poco en aliviar las tensiones.

Una de las metas de la descentralización es reducir la dependencia de los departamentos en relación con el Gobierno Central. La bonanza de los precios de los minerales convirtió a los fondos provenientes del canon en una fuente importante de recursos para la implementación de proyectos. Si bien se redujo la dependencia del Ejecutivo en el gasto de inversión general, los gobiernos subnacionales han demostrado poco esmero en desarrollar una base productiva local independiente a la ejecución de obras públicas.

Hoy los presidentes regionales buscan reunirse con el Presidente Humala para afrontar la situación. Se presentan, pues, condiciones ideales para demostrar la capacidad de liderazgo y negociación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, creando los canales de diálogo que permitan los consensos en materia.  Javier Atkins, presidente de la ANGR, ha dicho que trabajarán con el Gobierno Central para revertir la caída de recursos del canon, queda entonces tomarle la palabra y establecer una agenda de trabajo que sea clara.

desco Opina - Regional / 23 de agosto  de 2013

Programa Selva Central

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Recursos naturales y responsabilidad social en la Región Junín

Desde las elecciones presidenciales de 2011 se debate intensamente sobre la importancia del medio ambiente, especialmente en relación a los pasivos ocasionados por la extracción de minerales. El problema fue puesto en primer plano en la Región Junín, por un movimiento político regional de izquierda. Aunque en la práctica no haya sido así, no cabe duda que la defensa del medio ambiente debería trascender posiciones políticas, sobre todo cuando estamos ante un problema cuyas repercusiones sociales eluden la simplificación. Por ejemplo, en esta región hemos sido testigos de las protestas de un número nada despreciable de obreros que luchaban para que no se cierre la planta de DOE RUN en La Oroya, por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Finalmente, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la liquidadora Right Business, que pagará más de 35 millones de dólares a 2,500 trabajadores.

¿Cómo tomar partido, en estos casos, entre los intereses puntuales de la población de las demandas igualmente legítimas que vienen desde las agrupaciones políticas? Más allá de Junín, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, queda claro que prohibir por completo toda actividad minera afectaría seriamente los ingresos de la región. Los gobiernos regionales deben considerar dónde se encuentran las mayores afectaciones y también los mayores beneficios y saber defenderlos con decisión para convertirse verdaderamente en agentes que lideren las políticas de desarrollo locales sobre todo en un contexto de descentralización. Esto es preferible, antes de declararse abiertamente ‘anti’ o ‘pro’ minero.

Lamentablemente, en la región el problema ambiental se hace más agudo porque algunas empresas no cumplen los estándares de cuidado ambiental. Prefieren incumplir y mantener su rentabilidad hasta el día en que son fiscalizados y deciden detener sus operaciones. Esto origina un gran malestar social entre los trabajadores, que, como en el caso de La Oroya, ven únicamente el efecto concreto sobre su economía familiar. Este tipo de proceder por parte de algunas empresas hace muy difícil para los ciudadanos imaginar cómo podrían beneficiarse de políticas adecuadas de responsabilidad social empresarial.

En este complicado escenario, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en el plano ambiental, abarca numerosos planos de problematización. Uno de ellos tiene que ver con la gestión desde la autoridad política. Ante lo difícil que resulta movilizar recursos institucionales ante entidades como las Direcciones Regionales que se resisten a modificar sus competencias sectoriales, esfuerzos como el Plan de Acción Ambiental Regional de Cambio Climático, promovido por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín con la participación de entidades privadas y públicas son destacables. Cabría esperar que espacios como éste se vean fortalecidos para lograr consensos entre la empresa, el Estado y la sociedad civil y así lograr que la población conciba a la responsabilidad social como un elemento con potencial para que las empresas contribuyan a superar los retos del desarrollo. Asimismo, es el tipo de experiencia que podría proporcionar conocimiento práctico para que las entidades del gobierno nacional comprendan la necesidad de trabajar la normativa nacional sobre recursos naturales junto a los gobiernos regionales.

desco Opina - Regional / 27 de julio de 2012
Programa Sierra Centro
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Kepashiato

A inicios de la semana, la captura y secuestro de más de 40 trabajadores de las empresas Skanska y Coga vinculadas al consorcio Camisea, remeció al país. La incursión de una columna armada en el centro poblado menor de Kepashiato y su posterior desaparición en la poco accesible geografía que rodea al distrito de Echarate, pone en cuestión la estrategia antisubversiva que viene llevando adelante el gobierno, en una zona donde los vínculos de los senderistas con el narcotráfico son tan evidentes como la pobreza de buena parte del valle de los ríos Apurímac y Ene. El sorprendente silencio gubernamental sobre los sucesos llega al extremo que transcurridos varios días del mismo, aún se desconoce con exactitud el número y la identidad de los rehenes.

Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.

La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.

En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.

El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.

Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.

desco Opina / 13 de abril de 2012

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La reconstrucción de Pisco y los nuevos amigos

Tras el mensaje y las primeras encuestas sobre aprobación presidencial, el clima político parece, por el momento, relativamente estable para el gobierno en ejercicio. En parte, esto se debe a que el presidente, al haber optado por el silencio, se abre pocos frentes para la crítica. No obstante, en su primera gira en Pisco, el presidente habló, lo cual es importante tanto porque fue la primera vez que soltó prenda como por el motivo de la visita: relanzar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, gesto importante para diferenciarse de la clamorosa inoperancia que el gobierno pasado exhibió en el tema.

Sobre su mutismo, Humala dijo «más acción, menos palabras» lo cual, a decir verdad ya quedaba claro. Así, busca marcar un estilo “ejecutivo” de conducirse en el poder. Los problemas que se ha ahorrado con su pragmatismo han aparecido más bien por el lado de su entorno familiar cercano. Políticamente, el tema de Alexis debería ser más preocupante que el de su otro hermano, actualmente en aislamiento en el penal de Piedras Gordas. Decimos esto aún a sabiendas de que los dislates de Antauro agitan los temores de la derecha más pacata; aún así, cada vez es más claro que las propias declaraciones del autoproclamado “precursor” contribuyen a su propio aislamiento y a distanciarlo del presidente.

En cuanto a la reconstrucción de Pisco y otras localidades, Ollanta Humala ha recibido un proyecto para «mejorar las ciudades», empezando por Pisco, de las manos de Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) En efecto, en una reciente reunión del gremio de empresas privadas de construcción se reveló las grandes expectativas que este sector tiene sobre la reconstrucción de Pisco, orientadas, además de a la vivienda, al fortalecimiento del ángulo turístico que podría tener la zona. Así dicho, no suena del todo mal.

Sin embargo, en varios espacios se ha señalado la necesidad de intervenir en Pisco y en las otras localidades afectadas, que incluyen partes de Huancavelica, no para reconstruir la pobreza de muchos de los habitantes de esas zonas sino para mejorar sus condiciones de vida y habitabilidad con intervenciones que se enfoquen en vivienda y espacios públicos basados en una adecuada concepción del territorio. No conocemos los detalles del plan de CAPECO pero hay señales de que no serán precisamente abiertos a consulta y debate ciudadano real, y no como ocurrió con la «democratización» que terminó por fragmentar la reconstrucción en pequeñas obras sin horizonte claro. Por otro lado, parece que CAPECO está muy bien representado y es relativamente influyente en el actual Ministerio de Vivienda.

Esto nos lleva a pensar en los espacios grises que el gobierno de Ollanta Humala a veces parece mostrar ya que, si en muchos casos hay funcionarios de carrera, competentes y abiertos al diálogo con la sociedad civil, en otros, hay decisiones que responden a lógicas distintas y a menudo más opacas; desde los criticados nombramientos de militares en retiro para cargos «civiles» hasta sectores, como Vivienda, donde los empresarios parecen estar calmando rápidamente los temores que les generó la elección de Humala al asegurar negocios que les permitan unos buenos años de rentabilidad, monetaria y también política, por su cercanía al poder.

Todo esto ocurre en el contexto de una aguda crisis mundial cuyos efectos acumulados parecen más severos que hace un par de años. El consenso dice que el Perú está relativamente bien preparado para capear el temporal, y medidas saludables como el aumento del Sueldo Mínimo Vital (SMV) parecen expresar la misma confianza. Estas medidas, que nos hablan de buenos augurios en la conducción de un Estado para todos, contrastan con espacios en los que se ha optado más bien por conformar a los empresarios (su crítica al incremento del SMV ha sido más bien tibia, acaso como aceptación tácita del bajo nivel de partida del mismo).

Veamos cómo se lleva a cabo la negociación por las sobreganancias mineras y si el Estado tiene propuestas acordes a su promesa de inclusión en la próxima presentación del Gabinete en el Congreso. Para entonces ya estará clara la configuración del Ejecutivo y también la de la oposición, de la cual solo hemos visto el lado más burdo en los gestos de Martha Chávez. Una cosa es segura: las acciones del Ejecutivo deben reflejar su vocación por una conducción más decidida de los asuntos públicos, y alejarse cuanto pueda de la sensación de mezclar el “piloto automático”, en lo económico, con los gestos de exclusión, en lo social (marcas del gobierno pasado), y eso puede significar dejar de hacer algunos amigos.

desco Opina / 19 de agosto de 2011

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