De Conga a Tía María: el fracaso de la política

Tres años después de las movilizaciones que paralizaron el desarrollo del proyecto Conga en Cajamarca, una nueva crisis ha estallado en la provincia de Islay (Arequipa); un importante sector de la población, liderado por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, se oponen al desarrollo del proyecto Tía María de la empresa Southern Perú Copper.

Estas movilizaciones dejan la sensación de un déjà vu, y es inevitable preguntarse con cierto aire de incredulidad, si las lecciones del conflicto de Cajamarca, al inicio mismo del mandato del Presidente Humala, han sido realmente aprendidas. Los errores de su primer año de gestión podían ser atribuidos, hasta cierto punto, a su inexperiencia; tres años más tarde, y luego de las ricas y complejas lecciones que ha dejado la conflictividad en tiempos recientes, el problema está más bien relacionado con el enfoque predominante, la incompetencia y las evidentes limitaciones políticas del gobierno.

Son muchos los factores que explican lo que está pasando, pero queremos resaltar al menos dos de ellos: la pobre o escasa visión política del gobierno y el manejo inadecuado de los tiempos. La desastrosa experiencia de Conga enseña que, cuando un conflicto social escala hacia la escena política e involucra a actores clave en el espacio en que se desenvuelve, su gestión se torna más compleja y, desde luego, demanda arreglos políticos para su solución. Los memoriosos deben recordar que, muchos meses antes del estallido, se conocía ya de la oposición y resistencias existentes al desarrollo del proyecto, pero ni la empresa, ni el sector Energía y Minas u otras entidades públicas involucradas, adoptaron oportunamente medidas para lograr acuerdos y evitar el escalamiento; más adelante, la polarización a la que se llegó desnudó la incapacidad del gobierno para hallar y pactar una salida, y varios meses después, luego de trágicos episodios de violencia, se optó por congelar el conflicto y, en los hechos, mantener paralizado el proyecto.

El fracaso de Conga determinó en el gobierno un viraje hacia una opción más represiva, liderada por el ex–premier Valdés, bajo la convicción de que estos conflictos eran producidos por un reducido grupo de activistas que manipulaban y agitaban a la población. A los pocos meses, esta opción fracasa también en Espinar (otro caso que escaló igualmente hasta la escena política), y se produce entonces un nuevo viraje, esta vez hacia una opción que planteaba el diálogo y la prevención como mecanismos fundamentales para atender los conflictos. A partir de entonces, segunda mitad del 2012, y por diversos factores, entre ellos esta nueva estrategia, el país no conoció situaciones comparables en su escalada y violencia.

Es así que, a fines del 2013, y luego de algunos años del conflicto inicial, en un período de relativa calma, Southern retoma en Islay el proceso, realizando los talleres de presentación a la población de los nuevos estudios de Tía María. Mediante un buen manejo de los eventos por parte del MINEM, y con un hábil apoyo policial, se logró neutralizar los intentos de los no pocos opositores que, bajo la gestión del gobierno del Presidente Alan García, habían conseguido detener el proyecto. Esta suerte de triunfo de corto plazo, explica justamente la derrota que el gobierno y la empresa están a punto de experimentar.

La confianza en los resultados de los talleres influyó al parecer en la decisión de no instalar, en ese momento, la mesa que hoy el gobierno busca a toda costa poner en funcionamiento, habiendo desperdiciado un tiempo valioso; más grave aún, pocos dentro de la administración Humala previeron que los opositores iban a tener éxito en la arena electoral. En los tres distritos mencionados, los candidatos que triunfaron en las elecciones municipales de octubre pasado fueron líderes con un discurso claramente opuesto al desarrollo del proyecto minero, sin que los partidarios del mismo en la sociedad civil (que sin duda los hay) fueran capaces de organizarse y disputar también en ese plano. Son estas nuevas autoridades las que están encabezando las movilizaciones y prácticamente han convertido el conflicto en un problema regional, involucrando a otras fuerzas e incluso a la gobernadora regional (partidaria del proyecto pero con licencia social).

Así, estamos ante un  conflicto que llegó a la escena política y es allí, al parecer donde tendrá que resolverse. En la mirada tecnocrática, hoy hegemónica en el gobierno, se abriga la expectativa de que explicando los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ofreciendo inversiones sociales, se logrará desescalar el conflicto y continuar con el proyecto. Esta visión olvida la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años, no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de Conga). Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan antes a intentos de comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perder más ante una eventual deterioro del valle por la minería.

El uso hábil de las herramientas manejadas por expertos conflictólogos no pondrá fin al problema. La salida más viable sería entonces una de carácter político, un arreglo entre el Estado, las empresas y las fuerzas opositoras y partidarias del proyecto, que sin perjuicio de las inversiones sociales que hayan de realizarse, establezcan mecanismos de vigilancia ciudadana a la actividad minera y un instrumento efectivo e inmediato de compensaciones y mitigaciones de eventuales daños, a partir del supuesto, claro está, de que el proyecto pueda convivir con la actividad agropecuaria local.

desco Opina / 10 de abril de 2015

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Los efectos del cambio climático en la Macro Región Sur

Se puede decir que han confluido varios factores en la prolongada ausencia de lluvias en la sierra sur del Perú y en las inclementes heladas que han destruido cultivos, todos ellos relacionados al cambio climático.   

La temporada de lluvias en la sierra sur se inicia en diciembre y termina en abril. Los cultivos están supeditados al agua de lluvia y los territorios de pastoreo dependen de la vegetación que crece con estas precipitaciones pluviales. Y el agua que riega los cultivos en los valles está supeditada a su vez a las precipitaciones en las zonas altas que discurren por los ríos.

Según recientes alcances de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, la sequía y sobre todo las heladas han ocasionado una pérdida aproximada de 15 millones de soles, y sólo en la zona alta del departamento unas 1200 hectáreas de cultivo habrían sido afectadas.  Además, se calcula que 18 200 animales enfermaron de neumonía y varios perdieron a sus crías. En los valles de Caravelí, dónde aun no se ha contabilizado la afectación, los productores han visto como sus aceitunas han dejado de crecer y se arrugan por falta de agua.  Aunque la demanda hídrica estaría garantizada para la campaña agrícola del 2014, no se escucha mucho de cómo se ayudará a los productores que han tenido pérdidas económicas importantes.

En Puno, según la Dirección de Información Agraria de la región, el panorama también es sombrío. El 17% de cultivos quedó dañado a consecuencia de las granizadas y heladas que se presentaron y que afectaron mayormente los cultivos de papa y quinua. El 38% de los sembríos de papas sufrió daños, así como también el 43% de los sembríos de quinua, mientras que otros productos también sufrieron daños pero en menor proporción. Entre las provincias que reportaron la mayor cantidad de daños figuran: San Román, con una pérdida de 5356 hectáreas y 2699 afectadas; Azángaro, que perdió 3565 hectáreas y tiene 10 699 afectadas; Melgar, con 1655 hectáreas pérdidas y 6316 afectadas; Lampa con 2321 perdidas y 4415 afectadas.

Entre Tacna y Moquegua, las partes altas y los valles interandinos que configuran su geografía, también han sido afectados. Los mayores estragos se han reportado en las provincias de Tarata y Candarave en Tacna. En el sector ganadero se reporta que hay 120 familias alpaqueras afectadas por las heladas. En Moquegua, los distritos más afectados fueron los de Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas Puquina, sobre todo en sus sembríos de papa, maíz y en la crianza de camélidos.

Todos estos estragos están afectando directamente a los productores pues se descapitalizan al perder su cosecha o al ver mermado el rendimiento o la calidad de sus productos. El Ministerio de Agricultura y Riego ha anunciado nuevamente la dotación de un Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para cubrir 329 443 hectáreas en ocho regiones del país: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, dejando a muchas regiones del sur fuera.

¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de esta situación? Tenemos la necesidad de contar con un sistema de evaluación de daños eficiente y rápido, exigir una mayor inversión en proyectos de adaptación al cambio climático a los gobiernos regionales y pedir explicaciones a las autoridades regionales sobre cómo se están materializado sus Estrategias Regionales de Cambio Climático. Hay tareas pendientes que merecerían ser seguidas con lupa para que el próximo año haya menos afectados en el sector agropecuario.  

desco Opina - Regional / 7 de marzo de 2014

Programa Regional Sur

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Recursos naturales y responsabilidad social en la Región Junín

Desde las elecciones presidenciales de 2011 se debate intensamente sobre la importancia del medio ambiente, especialmente en relación a los pasivos ocasionados por la extracción de minerales. El problema fue puesto en primer plano en la Región Junín, por un movimiento político regional de izquierda. Aunque en la práctica no haya sido así, no cabe duda que la defensa del medio ambiente debería trascender posiciones políticas, sobre todo cuando estamos ante un problema cuyas repercusiones sociales eluden la simplificación. Por ejemplo, en esta región hemos sido testigos de las protestas de un número nada despreciable de obreros que luchaban para que no se cierre la planta de DOE RUN en La Oroya, por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Finalmente, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la liquidadora Right Business, que pagará más de 35 millones de dólares a 2,500 trabajadores.

¿Cómo tomar partido, en estos casos, entre los intereses puntuales de la población de las demandas igualmente legítimas que vienen desde las agrupaciones políticas? Más allá de Junín, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, queda claro que prohibir por completo toda actividad minera afectaría seriamente los ingresos de la región. Los gobiernos regionales deben considerar dónde se encuentran las mayores afectaciones y también los mayores beneficios y saber defenderlos con decisión para convertirse verdaderamente en agentes que lideren las políticas de desarrollo locales sobre todo en un contexto de descentralización. Esto es preferible, antes de declararse abiertamente ‘anti’ o ‘pro’ minero.

Lamentablemente, en la región el problema ambiental se hace más agudo porque algunas empresas no cumplen los estándares de cuidado ambiental. Prefieren incumplir y mantener su rentabilidad hasta el día en que son fiscalizados y deciden detener sus operaciones. Esto origina un gran malestar social entre los trabajadores, que, como en el caso de La Oroya, ven únicamente el efecto concreto sobre su economía familiar. Este tipo de proceder por parte de algunas empresas hace muy difícil para los ciudadanos imaginar cómo podrían beneficiarse de políticas adecuadas de responsabilidad social empresarial.

En este complicado escenario, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en el plano ambiental, abarca numerosos planos de problematización. Uno de ellos tiene que ver con la gestión desde la autoridad política. Ante lo difícil que resulta movilizar recursos institucionales ante entidades como las Direcciones Regionales que se resisten a modificar sus competencias sectoriales, esfuerzos como el Plan de Acción Ambiental Regional de Cambio Climático, promovido por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín con la participación de entidades privadas y públicas son destacables. Cabría esperar que espacios como éste se vean fortalecidos para lograr consensos entre la empresa, el Estado y la sociedad civil y así lograr que la población conciba a la responsabilidad social como un elemento con potencial para que las empresas contribuyan a superar los retos del desarrollo. Asimismo, es el tipo de experiencia que podría proporcionar conocimiento práctico para que las entidades del gobierno nacional comprendan la necesidad de trabajar la normativa nacional sobre recursos naturales junto a los gobiernos regionales.

desco Opina - Regional / 27 de julio de 2012
Programa Sierra Centro
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Detener la violencia

La nota de opinión que debió aparecer en esta ocasión fue elaborada el martes 3 de julio, por la mañana. Debía tratar sobre las dificultades que tendría el gobierno en las próximas semanas. También sobre los impactos de la crisis económica mundial en el país. Sólo horas después todo ello perdió sentido.

Lo ocurrido en Celendín confirmó que haberle sustraído momentáneamente la espoleta a situaciones que amenazaban con convertirse en inmanejables, como Conga en Cajamarca o Espinar en Cusco, no debía conducirnos a falsas expectativas. En ambos casos, un desenlace consensuado era algo aún lejano y, en el mejor de los casos, la situación conflictiva había ingresado a una nueva fase, sin desaparecer del todo la probabilidad de un renovado desencadenamiento de la confrontación.

La probabilidad se hizo realidad en Celendín. Las víctimas de la protesta social siguieron sumándose, en medio de la inaudita soberbia de los directivos de la empresa involucrada en el proyecto Conga, la profunda incapacidad política del gobierno y las enormes dificultades que tiene la población para encontrar liderazgos que estén a la altura de las circunstancias.

Una situación ya gravísima no impidió que continuara el deterioro. La incalificable detención –por su forma y su fondo– de Marco Arana y la bárbara acción policial en Bambamarca que deja como saldo parcial un muerto, más heridos y más detenciones, indican claramente que la ruptura entre el gobierno y sus esperanzados votantes de hace un año es profunda y parece que sin retorno. Para el caso, es malo perder las exiguas esperanzas de diálogo y apostar firmemente por éste, pero siendo muy conscientes también, que algo o alguien muy poderoso lo impide a toda costa, para quien nada está resultando tan funcional como la infinita torpeza del Ejecutivo.

En suma, este nuevo hito en el ciclo conflictivo se escenifica en medio del desgaste continuo de los actores involucrados. Resulta patético verlos pidiendo diálogo cuando a todas luces no muestran una mínima vocación para instalarlo. De esta manera, queda claro que la voluntad y la legitimidad para generar un espacio indispensable que ponga fin a la ola de violencia, pasa a otras instancias.

Obvio que esto acarreará enormes costos políticos al Ejecutivo, pero son las consecuencias de la inacción y la incapacidad de ver incluso lo evidente. A estas alturas, se supone que el gobierno tendrá pleno conocimiento que su precaria estabilidad está colocada al borde mismo del abismo. Ojalá sea así e inicie la rectificación.

Sin embargo, también están los que insisten en la mano dura. Existen, pisan fuerte y tienen grandes medios de comunicación. Para ellos, no importa demasiado un gobierno que hace sólo un año era la bestia negra al que se debía impedir su triunfo electoral a toda costa. Lo realmente existente para ellos es la utilidad del corto plazo y que el resto asuma sus pasivos. Queda en manos del gobernante, entonces, decidir con quién y para qué gobernar.

Finalmente aunque no menos importante, expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los deudos de las víctimas. Las de Celendín y Bambamarca. Las de Espinar. Las del VRAE. Asimismo, hacemos nuestra la indignación por la injustificada detención de Marco Arana, felizmente corregida, permitiendo aún un hilo de esperanza en la posibilidad de una salida distinta a la que ahora se afirma, a un conflicto que nos acerca al abismo.

desco Opina / 6 de julio de 2012

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¿Es tan difícil caminar derecho?

La última encuesta de opinión pública de Ipsos Apoyo (17 de junio), seguramente ha causado más de un temblor en la casa de Pizarro. La caída en picada de la aprobación presidencial, parece indetenible. Entre la medición de abril de este año y ésta última, pierde 11 puntos alcanzando 45% de aceptación, el porcentaje más bajo desde que iniciara su gestión. El retroceso, como no podía ser de otra manera, es mayor en el sur y en el oriente, donde pierde 15 puntos porcentuales. Resulta significativo observar que en ese período, su aprobación se incrementó únicamente en el estrato A, cayendo fuertemente en los ámbitos socioeconómicos C D y E, 13, 15 y 10 puntos, respectivamente.

Si nos guiamos por la propia encuesta, las razones de la desaprobación de su gestión se encontrarían en la corrupción, la inseguridad ciudadana, la presencia de gente inadecuada en los cargos públicos y el alza de los precios, que la gente ya empieza a sentir. Sin embargo, en otra pregunta de la misma encuesta, se tiene que el 56% desaprueba cómo se han manejado los conflictos sociales recientes, mientras el 67% de los encuestados en el sondeo nacional urbano señala que en los próximos meses el Presidente debería gobernar buscando acuerdos con otros líderes políticos; respuesta ésta comprensible cuando el 58% de quienes opinaron, desaprobaron la gestión del gobierno.

La pésima gestión de los conflictos sociales, la creciente sensación de desgobierno, pero también la conciencia del alza sistemática de los precios, le empiezan a pasar factura importante a una gestión que se alejó de su discurso inicial de la gran transformación, pero también de su hoja de ruta, de la que está haciendo una interpretación libre. En el camino van quedando sus electores de la primera vuelta, pero también y crecientemente, muchos que se les sumaron en la segunda ronda electoral. De allí que sólo el 34% apruebe al gobierno y que la desaprobación del gris hombre fuerte del gabinete, el Ministro de Economía, empiece a acercarse al 50%.

Para peor, el escenario de las próximas semanas se hará seguramente más difícil. Mientras en Espinar se ha abierto un curso de solución dialogado a un conflicto que debió haberse gestionado de otra manera, en Conga, el enfrentamiento parece inminente. La posición irreductible de un sector de sus principales organizaciones sociales y de sus propias autoridades, no obstante la carta del Presidente Regional pidiendo que sus argumentos contra dicha operación minera sean escuchados por el Presidente Humala, chocará con la inminente decisión gubernamental de seguir adelante con el proyecto, incorporando las recomendaciones del peritaje internacional.

La elección de la nueva mesa directiva del Congreso ha abierto los apetitos de diversas figuras del oficialismo, desde una congresista ministra que se autoofreció como artífice de una lista de mujeres, hasta el actual jefe de la bancada, que se desgañita anunciando elecciones internas en julio, cuando a lo largo del año legislativo que concluye, su comportamiento fue claramente autista. La oposición por su parte, en ese río revuelto, espera la ganancia de los pescadores. Todos, oficialistas y opositores, parecen no darse cuenta que el trabajo de su institución es aprobado apenas por el 18% de los peruanos, que los conoce más por sus reiterados escándalos que por su producción legislativa.

La conformación del nuevo gabinete, porque es evidente que el Premier Valdés está exánime, constituye otra tribulación urgente de Palacio. Que la primera dama, lapsus mediante, se haya referido recientemente a una ministra como suya, puede ser un indicio anecdótico de lo dura que es la procesión. En cualquier caso, las bolas que reproducen los medios de comunicación, algunas de ellas tan difíciles de creer como que Luis Castañeda puede ser el próximo Premier, evidencian las presiones y las disputas que seguramente existen alrededor de este tema, que es crucial, máxime en un gobierno que a todas luces carece de operadores políticos y de técnicos propios.

Así las cosas, los anuncios presidenciales sobre las exigencias y condiciones para una nueva minería, seguramente le granjearán simpatías y adeptos en los escenarios internacionales donde los ha hecho, pero no alcanzan para convencer a sus electores y no parecen tener el contenido y la fuerza suficiente para darle un orden definido a un gobierno, que no termina de entender que el pragmatismo no reemplaza a la política. Creemos que bien haría el Presidente en releer su hoja de ruta y ser consecuente con ella, que ya no lo es con la gran transformación, así insista en mantenerla en su corazón.

desco Opina / 22 de junio de 2012
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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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Humala: Tiempo de decisiones

Una encuesta reciente de Ipsos Apoyo muestra los buenos resultados de popularidad del presidente Humala, lo que podría leerse como un acierto en la orientación de su gobierno. Aun cuando la opinión recabada haya sido fundamentalmente urbana y existan dudas sobre el momento de su realización, la encuesta muestra que el Presidente mantiene cotas altas en todos los sectores sociales, amén de un crecimiento notorio en el sector A. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras.

La citada encuesta evidencia que un tercio de peruanos no está conforme con el desempeño del gobierno. Las razones se ubican en tres rubros bien definidos: existencia de corrupción, inseguridad ciudadana y el hecho de estar frente a un gobierno «mentiroso». Lo mejor que ha podido ocurrirle al Presidente es que la prensa haya estado «capturada» por “Artemio” en una pauta que no dejó espacio para preguntar por su inmutabilidad frente a los graves desastres generados por las lluvias en diversas regiones del país. Tampoco hay mucho interés de los medios por indagar con el Ministro de Economía cuáles son los escenarios previstos ante los probables impactos de la crisis económica mundial.

Si bien el gobierno ha querido colocar la captura de Artemio como un logro en su oferta de orden y seguridad, su desempeño frente a los conflictos sociales muestra los límites de esa oferta en un país que económicamente ha crecido, pero socialmente permanece acechado por la injusticia redistributiva y la presión extractiva sobre el agua y la tierra. Al respecto, se avecina no sólo capítulo definitivo del drama Conga –proyecto minero de Yanacocha en Cajamarca– sino también el choque por la renta cuprífera entre las regiones Tacna y Moquegua (Southern), la volátil situación en Espinar (Xstrata) y Chumbivilcas (Anabi y Ares) y el desenlace de la tensión que en Arequipa genera el uso de las aguas del Río Chili en la ampliación de las operaciones de Cerro Verde.

Queda claro que el centro del debate está en el campo de las inversiones extractivas. Aunque «los hechos hablen», lo cierto es que el Presidente Humala no ha hecho explícito el contenido de su política «Conga Va». Al contrario de lo que puede pensarse, esto genera desconfianza no sólo entre los «descontentos» con el gobierno: la preocupación se extiende entre los propios inversionistas, que con ese margen de incertidumbre deberán enfrentar en el terreno la exigencia de procesos de consulta previa una vez que se implemente el respectivo reglamento de la Ley 29785.

Desde el difuso conglomerado de liderazgos sociales y políticos que se resisten al «Conga Va» tampoco se han abordado las claves de este crucial enfrentamiento. Decididos a jugarse en el esquema de la agitación y la movilización –que rindió sus mejores frutos con la “Marcha por el Agua”– el presidente regional de Cajamarca y el recientemente reconocido partido político «Tierra y Libertad» parecieron minimizar su atención sobre los términos del peritaje al proyecto minero. Tratando de retomar el paso, anuncian ahora la existencia de un segundo peritaje, auspiciado por el Gobierno Regional de Cajamarca, lo que sin duda, abre un nuevo momento en el prolongado conflicto.

En el desenvolvimiento de Conga –con operaciones anunciadas para fines de marzo– se define no sólo la relación expectante entre Humala y el empresariado minero –fundamento fiscal de sus políticas sociales– sino también el futuro de importantes herramientas como la consulta previa y los procesos regionales de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio deben ser los primeros puntos de agenda de quienes aspiran la representación del descontento. La advertencia de que las iniciativas derivadas de decretos de urgencia estarían excluidas de consulta previa genera preocupación, más aún si recordamos que los «decretos de urgencia» fueron la vía predilecta que el gobierno de García empleó para abrir el paso a la inversión en territorios comunales y amazónicos. Aunque la acusación de continuar el programa contra el «perro del hortelano» no parece afectar al entorno presidencial, no cabe duda de que lo conveniente para el país es alejarse del estilo García, que en última instancia es el que empujó al trágico desenlace de Bagua.


desco Opina / 2 de marzo de 2012

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La Teatralización de la Gran Transformación

Teniendo en cuenta los actuales niveles de aprobación de los que goza el gobierno, se puede afirmar que la crisis del gabinete Lerner fue superada sin mayores costos políticos. Sin embargo, la opción del presidente -y su nuevo premier- por profundizar los gestos de distanciamiento respecto al programa de la Gran Transformación podría estar cultivando futuras tempestades.

Denominar “teatralización” a los testimonios de la violencia expuestos por la Comisión de la Verdad no es sólo una afirmación grotesca del premier Valdés: muestra la persistencia en el poder del corporativismo de las fuerzas armadas, alejándose de las promesas de cambio respecto a la agenda de justicia y reparación y mostrando un temperamento más bien cercano a personajes como Giampietri y otros militares que, antes, desde altas esferas del Estado han intentado desmerecer el Informe de la CVR y las recomendaciones que ésta hiciera al país.

Por la misma ruta de las calificaciones destempladas le siguió el presidente Humala, que comparó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, con el dictador camboyano Pol Pot. El infeliz símil propuesto por el Presidente es parte de un discurso con que el que busca formarse una imagen garantista para la inversión, dirigido a los empresarios con los que conversó en España y Suiza, antes que al consumo interno, harto acostumbrado a los deslices tropicales de los gobernantes.

El gobierno parece decidido a no transcender el simple expediente de administrar el crecimiento económico, aunque para esto se sienta obligado a guardar en el clóset los argumentos de cambio esgrimidos durante la campaña electoral. Siguiendo al premier Valdés, la gran transformación “no va”, porque se contrapone a un Estado eficiente, ágil y pragmático. La agenda propia queda para mejores días mientras vemos cómo Humala y sus colaboradores actuales asume paulatina -¿momentáneamente?- la que sostienen quienes realmente detentan el poder en el país y que fueron derrotados en los comicios de junio.

Si algo positivo ha tenido para la izquierda la crisis política que se resolvió con su apartamiento del gobierno, es que la ha vuelto a poner en el centro del debate. De alguna manera, la preocupación generalizada es lo oneroso que resulta para la vida política del país tener prácticamente vacío el espacio que debe ocupar. Al respecto, en los próximos meses son muchos los espacios que se proyectan decisivos para que una acción política de izquierda tome forma más allá de los cálculos de entrada y salida de los círculos próximos a Humala. En principio, la oportunidad para que el debate sobre el modelo extractivista y su relación con el desarrollo pueda procesarse a escala nacional la está dando la pugna por Conga.

El anuncio del Ministro de Economía de que el peritaje al controvertido proyecto minero no incluye al Estudio de Impacto Ambiental pone un poco más de combustible al mechero de la “Marcha por el Agua”, la que, según indica la prensa, traerá a más de mil comuneros cajamarquinos hasta la capital. Si tomamos en cuenta que también está pendiente de definición el contenido del Reglamento de la Consulta Previa, vemos que las pulsiones que animaban al electorado de “la Gran Transformación” siguen vigentes, aún a despecho de la orientación actual de Humala. En este campo, la izquierda peruana tiene aún una oportunidad para ponerse al día, sin ceder a la presión de convertirse al credo del mercado. La pregunta es si diezmada y dispersa como se encuentra ahora, marchará o no al encuentro de esa oportunidad.

desco Opina / 03 de febrero de 2012

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El Estado de emergencia en Cajamarca y primeras notas sobre el Gabinete Valdés

El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.

El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.

No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.

El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.

No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.

desco Opina / 12 de diciembre de 2011

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Con guitarra y con cajón, pero sin agua

Al momento de publicar estas líneas ya ha comenzado el paro indefinido contra las actividades del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, vieja conocida de Cajamarca. El discurso del presidente Ollanta Humala donde señala que el gobierno quiere «el agua y el oro», no hizo sino exacerbar el ánimo de quienes creen que no se puede tener ambas cosas a la vez y que lo más probable es que la herencia de Conga, tiempo después de agotado el recurso, no sea más que una gran bolsa de dinero y un serio problema de agua en la región.

En efecto, múltiples experiencias en diversas zonas del país con minería en las cabeceras de las cuencas de ríos han resultado en la contaminación de las fuentes del agua que discurre por las quebradas hasta los pueblos, ciudades o extensiones agrícolas asentados en los valles. Que quienes consuman el agua en las partes medias y bajas de las cuencas tanto como quienes forman opinión desde el manejo de los medios de comunicación y la política, no tengan aún plena conciencia de dónde se origina el recurso es parte sustantiva del problema. Ambas ignorancias avalan la irresponsabilidad de ciertas empresas e invisibilizan el rol de los compatriotas de las alturas en la producción de agua y la conservación de los ecosistemas que hacen que esta producción sea posible.

desco viene promoviendo, desde la década de los noventa, la cosecha del agua en las cuencas altas de los ríos como propuesta técnicamente viable y de adopción relativamente sencilla por las comunidades para hacer frente a problemas de escasez durante las épocas de sequía. Esta es una alternativa que debería ser incorporada en cualquier propuesta de manejo de los recursos hídricos en las zonas altas, y que debería ser parte integral de las estrategias de gestión territorial en las regiones que comparten el espacio andino. Lamentablemente, estos esfuerzos significan poco en un contexto en el que no hay una política pública articulada para la gestión del territorio ni para el uso racional y responsable del recurso hídrico.

Esto es un tema que va más allá de las sutilezas técnicas de quienes están a favor o en contra del proyecto de creación de reservorios que propone el proyecto Conga en su controvertido estudio de impacto ambiental. Las razones técnicas de uno y otro lado deben ser esclarecidas por expertos, pero ante todo, deberían estar supeditadas al interés social, lo que implica que para abordar el tema del agua en serio, hay que adoptar primero una mirada política y definir prioridades.

A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala, les cayeron muy mal las declaraciones sobre Conga. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar mediante sus «canales regulares» durante todo este periodo. Pero la respuesta presidencial a los dilemas de Conga revela una problemática mayor: la falta de políticas claras respecto de la gestión medioambiental, en especial del agua, y de las responsabilidades de la empresa privada respecto de éstas.

En este momento, pareciera que el gobierno está de acuerdo con los inversionistas mineros en que la única «gallina de los huevos de oro» es la inversión minera. ¿Es así para los habitantes rurales que son tomados en cuenta como mano de obra de los proyectos extractivos solo en las fases de construcción más no en la de operación por estar sub-calificados?, ¿es culpa suya estar sub-calificados para operar maquinaria?, ¿es culpa de los gobiernos regionales que reciben –mediante el canon minero– directamente una fracción de la renta generada por las empresas y a los que a menudo se les acusa de gastar muy poco sobre el monto total del mismo?, ¿deben estar felices los trabajadores agropecuarios que ganan lo mismo (o menos) pero que ven el costo de los servicios de la ciudad incrementarse exponencialmente por la influencia de la operación minera? A una clase dirigente responsable debería inquietarle que los campesinos estén genuinamente preocupados por el agua. Debería decirles algo sobre las reales condiciones de vida de estas personas, más allá de pretender, con gran arrogancia, que no saben lo que quieren o que son completamente manipulables. Algo hay de esta arrogancia en el tecnologismo fáustico que cambia lagunas formadas durante millones de años por obras de ingeniería, como si fueran lo mismo.

La movilización en Cajamarca, y antes en Andahuaylas, dice muchas cosas sobre el cambio en la correlación de fuerzas que se espera de este gobierno, todavía demasiado poroso para los poderes tradicionales pero muy volátil para los sectores progresistas. Al parecer, poner a figuras clave en ciertos ministerios no ha bastado para ordenar el panorama. Se requieren orientaciones centrales como las que ha planteado el secretario técnico del Acuerdo Nacional sobre poner el agua como punto de agenda para un nuevo consenso nacional sobre este recurso estratégico. No obstante, los anuncios sobre transferir la Autoridad Nacional del Agua (junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y los Estudios de Impacto Ambiental-EIA) a la PCM, van exactamente en la dirección contraria, quitándole poder a las instancias que deberían tener una opinión independiente en un tema tan delicado como éste. Abordar el tema del agua en serio es mucho más que revisar un EIA, requiere sincerar la cancha de las negociaciones y nuevos compromisos desde arriba, incluyendo decidir dónde puede haber minería y dónde no, y eso es gobernar, en serio.

desco Opina / 25 de noviembre de 2011
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El resto no existe

desco Opina / 18 de setiembre de 2009

Mientras se llevaba a cabo la Convención Minera 2009, en Arequipa, se produjo una impresionante ola de anuncios sobre nuevas oportunidades de negocios para los inversionistas, basada nuevamente en la explotación de recursos energéticos y minerales. Junto al descubrimiento de un gran yacimiento petrolero en el golfo de México por la empresa británica BP Plc (2/sep), se sumó la noticia de los tres hallazgos de la transnacional YPF Repsol: la mayor reserva de gas en Venezuela (11/sep), el gigante yacimiento de petróleo al frente de las costas de Río de Janeiro (15/sep) y el primer gran descubrimiento de hidrocarburos offshore en Sierra Leona (17/sep). Además, se confirmó que la minera Chinalco iniciaba sus operaciones en Toromocho –donde se encontrarían 1500 millones de toneladas de minerales– y la minera Goldfields lograría una producción de más de un millón de onzas de oro en los próximos cinco años, en Cajamarca.

Todas estas noticias se han dado en medio de un marco poco promisorio para la economía mundial en los próximos cinco años, definido por la repentina subida del precio de la onza de oro por encima de la barrera de los mil dólares. En efecto, las primeras lecturas de este hecho señalan que los inversionistas se encuentran muy preocupados en proteger sus riquezas, frente a lo que sería una segunda caída en el producto mundial. Ante ello, sólo sería posible refugiarse en el metal más valioso: el oro y, eventualmente, también, en el petróleo. Este fenómeno conlleva una serie de problemas para el funcionamiento de la economía global, al presionar fuertemente en la inflación de los servicios y productos que la población apenas si tiene opciones para escoger: los seguros, los impuestos, la educación, la salud y, sobre todo, los alimentos. Todo será más caro.

Por otro lado, tendremos un dólar cada vez más bajo, haciendo que lo único competitivo que pueda exportarse sean nuevamente los minerales. Para asegurar que las ganancias sean líquidas, será necesario que las transnacionales mantengan su alianza con los gobiernos de los países en desarrollo, de donde extraen las materias primas, fundamentalmente en la estabilidad de la estructura de impuestos ventajosa y en la capacidad de sostener «gobernabilidad», es decir, tener a la población controlada mediante dádivas pordioseras y la penalización de la protesta social. En este marco, la colonización de la estructura del Estado por parte de los ricos junto con una mayor opacidad en el funcionamiento del mismo, configurará un caldo de cultivo perfecto para nuevos «faenones» y «aceitadas» que potenciarán en la población la sensación de insatisfacción ante un modelo de crecimiento económico que no comparte sus beneficios ni promueve la creación de valor y dignidad a través del trabajo.

Ante ello, ¿qué posibilidades tiene el Perú de elevar sus índices de democratización? Al parecer, mientras se siga acentuando la ya enorme influencia de los grupos económicos en los procesos de toma de decisiones en el aparato público, el resto del país continuará siendo visto solamente como cerros y selvas de donde extraer minerales e hidrocarburos para el gran mercado internacional. En suma, la sociedad no importa. Tampoco un Estado que anteponga el interés social sobre los particulares.

Mientras persista esta grave contradicción, en la que cada gobierno se vea compelido a maximizar la desigualdad en el acceso a la riqueza a pesar de que prometa durante una campaña electoral que la redistribuirá, los incentivos al conflicto social persistirán hasta que el crecimiento económico se someta a la paz que sólo la democracia puede garantizar.

desco Opina / 18 de setiembre 2009
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