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viernes

El VRAEM como excusa

El abatimiento de Orlando Borda Casablanca, ‘Alipio’, y Marco Quispe Palomino, ‘Gabriel’, ocurrió en Llochegua, Ayacucho, una zona que muchos seguramente llamarían «allá», como en la novela de Capote. El golpe es significativo porque todo indica que ambos eran mandos «narcosenderistas» importantes en la zona, con el agregado de que uno de ellos es miembro de lo que la prensa ha denominado el «clan de los Quispe Palomino». Queda como número 1 en el VRAEM Víctor Quispe Palomino, ‘José’. Evidentemente, esto le ha dado aire a un gobierno que parecía atrapado en su caída en las encuestas. No obstante, todo indica que el efecto, aunque importante, será temporal, porque resulta cada vez más difícil asociar –realmente– a estos grupos con la amenaza senderista.  

En febrero de 2013 la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social del VRAEM (Codevraem), entidad presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, había señalado que los Quispe Palomino eran una «banda de extorsionadores».  Ciertamente esto no hace que sus crímenes sean menos reales, pero sí dificulta darle sentido a sus acciones dentro de un objetivo político, rasgo característico del accionar senderista.

Es más, todo indica que la «debilidad ideológica» del grupo operando en el VRAEM facilita el trabajo de infiltración de la Inteligencia. Es mucho más claro el vínculo de ‘Artemio’ con SL, mientras que ‘Alipio’ y los Quispe Palomino corresponden más al perfil de criminales al servicio del narcotráfico, a los que el membrete de Sendero debe servirles instrumentalmente.

Más allá de los detalles operativos de una operación exitosa, son significativas las reacciones tras la operación ‘Camaleón’. ¿Quién se queda  con el mérito? El Ministro Cateriano habla de fuerzas conjuntas y niega la existencia de la brigada ‘Lobo’ anunciada por un importante medio de comunicación nacional, acaso porque las FFAA ceden su protagonismo a la Inteligencia policial y a operadores como Iván Vega, viceministro del Interior. En un intento risible por arrogarse méritos que no le corresponden, Alan García señala que los éxitos de este gobierno también son, indirectamente suyos, jugando en pared, con el ex ministro de Defensa Rafael Rey, que aprovecha la situación para defender los cuestionados contratos con los asesores israelís de Global CST durante su gestión, ahondando en el sinsentido.

Como si «subirse al coche» del éxito solo fuera el primer paso para tomar impulso, ahora García sale a interpelar públicamente al Presidente a propósito de sus declaración sobre la crisis mundial, mientras Keiko Fujimori, con algo menos de filo pero impecable timing, hace lo propio. Tener a Humala contra las cuerdas parece ser el deporte favorito de las caras visibles de los partidos, pese a que las cifras no nos hablan de un escenario apocalíptico ni mucho menos.

Por cierto, al líder aprista le interesa que se comente cualquier otra cosa que no tenga que ver con los narcoindultos que, eso sí, fueron mérito completo de su gobierno. En ese caso las pruebas de dolo saltan por doquier, incluyendoa importantes funcionarios de su gobierno y demostrando, antes del caso Obregón, que el narcotráfico en el Huallaga y en el VRAEM parece ser un elemento que corroe a los políticos que hoy pretenden juzgar desde su supuesta racionalidad de Estado.

Más allá del Plan VRAEM, es preciso interrogarse por el olvido en el que viven los compatriotas de la frontera entre Ayacucho y Cusco. Pareciera que la única forma en la que son considerados es como habitantes de un «teatro de operaciones» eterno. ¿Por qué subsisten los Quispe Palomino desde los 90 en el «negocio»?, ¿por qué parecen ser la única opción para personas que habitan en zonas con un Estado históricamente desinteresado en ellos?, ¿para lograr qué tipo de desarrollo pacificamos el VRAEM?, ¿cómo se plantea la convivencia de poblaciones campesinas, indígenas y de grandes proyectos de explotación productiva cuando la señal que se da es que hay que arrasar con cualquiera que se ponga delante, como se amenaza hacer en el Lote 88? Que el gobierno tome aire, salvando al Ministro Pedraza de una interpelación farsesca no quiere decir que deje de aprovechar la oportunidad de diferenciarse del autoritarismo y las complicidades que caracterizaron a los gobiernos de García y Fujimori. 

desco Opina /  16 de agosto de 2013
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Humala: Tiempo de decisiones

Una encuesta reciente de Ipsos Apoyo muestra los buenos resultados de popularidad del presidente Humala, lo que podría leerse como un acierto en la orientación de su gobierno. Aun cuando la opinión recabada haya sido fundamentalmente urbana y existan dudas sobre el momento de su realización, la encuesta muestra que el Presidente mantiene cotas altas en todos los sectores sociales, amén de un crecimiento notorio en el sector A. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras.

La citada encuesta evidencia que un tercio de peruanos no está conforme con el desempeño del gobierno. Las razones se ubican en tres rubros bien definidos: existencia de corrupción, inseguridad ciudadana y el hecho de estar frente a un gobierno «mentiroso». Lo mejor que ha podido ocurrirle al Presidente es que la prensa haya estado «capturada» por “Artemio” en una pauta que no dejó espacio para preguntar por su inmutabilidad frente a los graves desastres generados por las lluvias en diversas regiones del país. Tampoco hay mucho interés de los medios por indagar con el Ministro de Economía cuáles son los escenarios previstos ante los probables impactos de la crisis económica mundial.

Si bien el gobierno ha querido colocar la captura de Artemio como un logro en su oferta de orden y seguridad, su desempeño frente a los conflictos sociales muestra los límites de esa oferta en un país que económicamente ha crecido, pero socialmente permanece acechado por la injusticia redistributiva y la presión extractiva sobre el agua y la tierra. Al respecto, se avecina no sólo capítulo definitivo del drama Conga –proyecto minero de Yanacocha en Cajamarca– sino también el choque por la renta cuprífera entre las regiones Tacna y Moquegua (Southern), la volátil situación en Espinar (Xstrata) y Chumbivilcas (Anabi y Ares) y el desenlace de la tensión que en Arequipa genera el uso de las aguas del Río Chili en la ampliación de las operaciones de Cerro Verde.

Queda claro que el centro del debate está en el campo de las inversiones extractivas. Aunque «los hechos hablen», lo cierto es que el Presidente Humala no ha hecho explícito el contenido de su política «Conga Va». Al contrario de lo que puede pensarse, esto genera desconfianza no sólo entre los «descontentos» con el gobierno: la preocupación se extiende entre los propios inversionistas, que con ese margen de incertidumbre deberán enfrentar en el terreno la exigencia de procesos de consulta previa una vez que se implemente el respectivo reglamento de la Ley 29785.

Desde el difuso conglomerado de liderazgos sociales y políticos que se resisten al «Conga Va» tampoco se han abordado las claves de este crucial enfrentamiento. Decididos a jugarse en el esquema de la agitación y la movilización –que rindió sus mejores frutos con la “Marcha por el Agua”– el presidente regional de Cajamarca y el recientemente reconocido partido político «Tierra y Libertad» parecieron minimizar su atención sobre los términos del peritaje al proyecto minero. Tratando de retomar el paso, anuncian ahora la existencia de un segundo peritaje, auspiciado por el Gobierno Regional de Cajamarca, lo que sin duda, abre un nuevo momento en el prolongado conflicto.

En el desenvolvimiento de Conga –con operaciones anunciadas para fines de marzo– se define no sólo la relación expectante entre Humala y el empresariado minero –fundamento fiscal de sus políticas sociales– sino también el futuro de importantes herramientas como la consulta previa y los procesos regionales de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio deben ser los primeros puntos de agenda de quienes aspiran la representación del descontento. La advertencia de que las iniciativas derivadas de decretos de urgencia estarían excluidas de consulta previa genera preocupación, más aún si recordamos que los «decretos de urgencia» fueron la vía predilecta que el gobierno de García empleó para abrir el paso a la inversión en territorios comunales y amazónicos. Aunque la acusación de continuar el programa contra el «perro del hortelano» no parece afectar al entorno presidencial, no cabe duda de que lo conveniente para el país es alejarse del estilo García, que en última instancia es el que empujó al trágico desenlace de Bagua.


desco Opina / 2 de marzo de 2012
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La vida después de «Artemio»

El presidente Ollanta Humala lamentó no haber podido capturar él mismo a Florindo Flores, alias ‘Artemio’, cuando patrullaba la zona del Huallaga en los 90 como oficial del Ejército. Durante esa década, marcada por el autoritarismo fujimorista, el régimen todavía cosechaba los réditos de haber capturado a Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso y pensamiento guía del grupo. En la práctica, este fue el golpe mortal para la agrupación que, según la CVR, es responsable de más de de la mitad de víctimas fatales de la guerra que le declaró al Estado peruano. ¿Qué significa ahora la captura de Artemio? ¿Tendrá el efecto de fortalecer al gabinete encabezado por Valdés?, y ¿cuáles serán los pasos siguientes del gobierno, aprovechando la mayor aceptación que le traerá la captura?

El arresto de «Artemio» debe entenderse como el retiro de una pieza clave en un engranaje que no funcionaba más bajo la lógica de la consecución de objetivos políticos de SL, sino más bien dentro de la dinámica del movimiento del narcotráfico en el Huallaga. Cabría pensar que, si SL tuviera una lógica de apropiación del territorio (como las FARC) entonces, sin el jefe la zona queda libre y «pacificada». Lamentablemente no es así. Aunque se ha señalado con razón que Artemio proviene de la facción más cercana a Guzmán, el personaje capturado es más un producto derivado del ilícito negocio de las drogas que de una supuesta «mística» senderista de cercar la ciudad desde el campo. Siendo una pieza importante, no deja de ser un engranaje reemplazable para los operadores del narcotráfico que hacen uso instrumental del potencial de amedrentamiento de elementos ‘terroristas’.

En cuanto al fortalecimiento del gobierno, parece claro que la tendencia alcista de la aprobación presidencial recibirá un mayor impulso con este golpe al senderismo, sobre todo en el enrarecido clima de amenaza que se había instalado sobre el país con las pretensiones de inscripción del Movadef. Es de suponer que el efecto positivo se extienda también a una mayor aprobación a la gestión del Primer Ministro, quien ha tenido el cuidado de mantenerse fuera del ojo público en esta coyuntura (acaso más preocupado por Conga).

En lo que sigue, el escenario empieza a nublarse. La zona del Huallaga no está ‘liberada’ y ciertamente no es propicio abandonar los esfuerzos por cortar los circuitos del narcotráfico allí para priorizar otras zonas como el VRAE, donde la tentación podría radicar en seguir al terrorista de turno a medida que vaya apareciendo, por aquí o por allá. Aunque el gobierno ha mostrado cierta cautela, la experiencia demuestra que la administración de los miedos de la población a que regrese el senderismo es una excelente forma de legitimar la presencia militar.

Cabe preguntarse si los militares saldrán del Huallaga y si las acciones contra el narcotráfico quedarán en manos de la policía nacional o cuál es la estrategia para hacer frente al tema, sobre todo con el reciente cambio en la conducción de Devida. Saber qué pasará con la presencia militar es importante a la luz de los temores de hace pocos meses sobre la ‘militarización’ del régimen con Valdés a la cabeza del gabinete. Creemos que, al margen de cierta verticalidad en la toma de decisiones, no se puede hablar realmente de dicha tendencia. Sin embargo, esta importante captura vuelve a poner a las FFAA en primer plano y nos lleva a reflexionar sobre si hemos avanzado o retrocedido en la institucionalidad democrática.

Recordemos el comunicado de 2001 en el que los jefes máximos de las FFAA denuncian el acta de sujeción de los altos mandos al poder omnímodo de Montesinos en 1999. El comunicado habla del respeto a los derechos humanos, orden constitucional y se respalda la conformación de la CVR, un lenguaje que algunos medios interesados se desgañitan en tildar de ‘caviar’. ¿Hemos avanzado respecto de 2001 respecto del rol que queremos que jueguen las FFAA en nuestro país? ¿Utilizará Humala la mayor autonomía que ganará con su mayor aprobación en las encuestas para avanzar en reformas en pro de la institucionalidad política del país?
desco Opina / 17 de febrero de 2012
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