La profundización de la crisis

 

Resulta inaceptable lo que ocurre en el gobierno nacional y el Congreso de la República, pero parece peor lo que puede estar por venir.

Si tuviéramos el Estado en nuestras manos, es solamente un decir, si controláramos los gobiernos municipales, las regiones y por cierto el Poder Ejecutivo y el Parlamento, la crisis se estaría administrando de otro modo. Hay un amplio sector de la ciudadanía que lo haría de manera distinta. De lo contrario, el gobierno tendría otro nivel de aprobación y no el enorme y ascendente rechazo actual. Si hubiera partidos políticos negociando en el escenario nacional y diálogo, podríamos participar en un juego democrático.

No se diría, como lo expresan comúnmente los canales de televisión nacional y los diarios, que muchos de los problemas de inseguridad que tenemos son por la violencia del comunismo terrorista y la masiva presencia de inmigrantes venezolanos. No se haría un escándalo en un vaso de agua por el tema Polay, jugando con los miedos de un sector de nuestra sociedad a partir de un caso que tiene más de 15 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco es la Corte.

En cuanto al narcoterrorismo, son específicamente un grupo muy pequeño y sin ningún proyecto político trabajando desde hace veinte años como fuerza de choque de las bandas internacionales de drogas y de cientos de grupos de narcotraficantes pequeños, muchos de ellos mochileros individuales. Son muchos más los policías y soldados en la zona (en las bases contrasubversivas instaladas por el ejército con presencia de tropas extranjeras) que la totalidad de los llamados terroristas cuyo número es incierto, pero se calcula que no llegan a quinientos militarizados como fuerza combatiente. Sabemos, por el contrario, que los principales actores que operan en el VRAEM y ahora en otras regiones del país como la fronteriza con Brasil, son traficantes de cocaína con gran poder económico y creciente autoridad política, que actualmente producen más de mil doscientos millones de dólares anuales, comparables a partes importantes de nuestra agroexportación nacional.

No obstante, es difícil imaginar como posible conformar prontamente un gobierno capaz y oportuno para tomar en serio las previsiones indispensables ante el MEGA Niño que está por llegar y que podría producir, durante los próximos meses efectos perjudiciales en la economía, en particular en la producción agrícola. Nuestra desconfianza ciudadana y la falta de compromiso y proactividad con los temas del poder nos están condenando por adelantado a soportar la devastación nacional que dejará el fenómeno climático a presentarse los próximos meses, ya pronosticado en exceso por la comunidad científica internacional. No existe ninguna movilización nacional para prepararnos a enfrentar con algún éxito este fenómeno climático que nos golpeará.

A lo anterior se suma la creciente crisis económica internacional cuyos efectos ya impactan en el Perú en consumo, inversiones y exportaciones. Los gobernantes saben bien que esa debiera ser la verdadera prioridad nacional en este momento y no la importación de limones o cambios en el menú para calmar los ánimos de los consumidores.

Ignorando las demandas del país, el gobierno Boluarte/Otárola está terminando de destrozar lo poco que habíamos avanzado en tener un mayor desarrollo nacional de los derechos ciudadanos, en un manejo presupuestal con alguna preocupación por mejorar la salud y la educación en un clima de cierta confianza en el futuro. Un futuro que ahora es totalmente incierto.

En la actualidad el empobrecimiento de la población ya supera al 30% de los ciudadanos del país y los datos económicos y las proyecciones nos llevan a especular que en el año 2024 tendremos un decrecimiento más acelerado del que ya ha mostrado el PBI durante el presente año. Las cifras de un PBI con un signo negativo muestran sin tapujos el empobrecimiento en que ha caído el país.

La salida política a la crisis pasa por reconocer que es inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados hace mucho tiempo por su innegable mal desempeño, persistan en negarse a realizar los cambios que urgen. Lo que percibimos es más bien el aceleramiento del proceso de desinstitucionalizar el Estado, que es la manera que han hallado para asegurar su permanencia y estabilidad como congresistas e integrantes del poder Ejecutivo, en abierta alianza autoritaria.

La salida sin explicaciones de cuatro ministros y el cambio de carteras en dos más, revela los ánimos con los que se gobierna y la confianza alcanzada entre una mayoría oportunista y conservadora en la avenida Abancay y el cogollo formado en torno a Otárola / Boluarte para mantenerse en el poder hasta donde se pueda.

 

 

desco Opina / 9 de setiembre de 2023

El VRAEM como excusa

El abatimiento de Orlando Borda Casablanca, ‘Alipio’, y Marco Quispe Palomino, ‘Gabriel’, ocurrió en Llochegua, Ayacucho, una zona que muchos seguramente llamarían «allá», como en la novela de Capote. El golpe es significativo porque todo indica que ambos eran mandos «narcosenderistas» importantes en la zona, con el agregado de que uno de ellos es miembro de lo que la prensa ha denominado el «clan de los Quispe Palomino». Queda como número 1 en el VRAEM Víctor Quispe Palomino, ‘José’. Evidentemente, esto le ha dado aire a un gobierno que parecía atrapado en su caída en las encuestas. No obstante, todo indica que el efecto, aunque importante, será temporal, porque resulta cada vez más difícil asociar –realmente– a estos grupos con la amenaza senderista.  

En febrero de 2013 la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social del VRAEM (Codevraem), entidad presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, había señalado que los Quispe Palomino eran una «banda de extorsionadores».  Ciertamente esto no hace que sus crímenes sean menos reales, pero sí dificulta darle sentido a sus acciones dentro de un objetivo político, rasgo característico del accionar senderista.

Es más, todo indica que la «debilidad ideológica» del grupo operando en el VRAEM facilita el trabajo de infiltración de la Inteligencia. Es mucho más claro el vínculo de ‘Artemio’ con SL, mientras que ‘Alipio’ y los Quispe Palomino corresponden más al perfil de criminales al servicio del narcotráfico, a los que el membrete de Sendero debe servirles instrumentalmente.

Más allá de los detalles operativos de una operación exitosa, son significativas las reacciones tras la operación ‘Camaleón’. ¿Quién se queda  con el mérito? El Ministro Cateriano habla de fuerzas conjuntas y niega la existencia de la brigada ‘Lobo’ anunciada por un importante medio de comunicación nacional, acaso porque las FFAA ceden su protagonismo a la Inteligencia policial y a operadores como Iván Vega, viceministro del Interior. En un intento risible por arrogarse méritos que no le corresponden, Alan García señala que los éxitos de este gobierno también son, indirectamente suyos, jugando en pared, con el ex ministro de Defensa Rafael Rey, que aprovecha la situación para defender los cuestionados contratos con los asesores israelís de Global CST durante su gestión, ahondando en el sinsentido.

Como si «subirse al coche» del éxito solo fuera el primer paso para tomar impulso, ahora García sale a interpelar públicamente al Presidente a propósito de sus declaración sobre la crisis mundial, mientras Keiko Fujimori, con algo menos de filo pero impecable timing, hace lo propio. Tener a Humala contra las cuerdas parece ser el deporte favorito de las caras visibles de los partidos, pese a que las cifras no nos hablan de un escenario apocalíptico ni mucho menos.

Por cierto, al líder aprista le interesa que se comente cualquier otra cosa que no tenga que ver con los narcoindultos que, eso sí, fueron mérito completo de su gobierno. En ese caso las pruebas de dolo saltan por doquier, incluyendoa importantes funcionarios de su gobierno y demostrando, antes del caso Obregón, que el narcotráfico en el Huallaga y en el VRAEM parece ser un elemento que corroe a los políticos que hoy pretenden juzgar desde su supuesta racionalidad de Estado.

Más allá del Plan VRAEM, es preciso interrogarse por el olvido en el que viven los compatriotas de la frontera entre Ayacucho y Cusco. Pareciera que la única forma en la que son considerados es como habitantes de un «teatro de operaciones» eterno. ¿Por qué subsisten los Quispe Palomino desde los 90 en el «negocio»?, ¿por qué parecen ser la única opción para personas que habitan en zonas con un Estado históricamente desinteresado en ellos?, ¿para lograr qué tipo de desarrollo pacificamos el VRAEM?, ¿cómo se plantea la convivencia de poblaciones campesinas, indígenas y de grandes proyectos de explotación productiva cuando la señal que se da es que hay que arrasar con cualquiera que se ponga delante, como se amenaza hacer en el Lote 88? Que el gobierno tome aire, salvando al Ministro Pedraza de una interpelación farsesca no quiere decir que deje de aprovechar la oportunidad de diferenciarse del autoritarismo y las complicidades que caracterizaron a los gobiernos de García y Fujimori. 

desco Opina /  16 de agosto de 2013

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El VRAE desde el presupuesto participativo regional

Quienes asumen que la solución al escenario del VRAE radica en la caída de los altos mandos del narcoterrorismo y la captura de «remanentes senderistas» olvidan que la persistencia del narcotráfico no es resultado de un trabajo político doctrinario, sino de motivaciones más cercanas a negocios criminales que, nos guste o no, forman parte de las alternativas económicas en muchos lugares del país. No obstante, mecanismos para incidir en los factores del desarrollo local, como el Presupuesto Participativo, se encuentran seriamente limitados.

Hace algunos días, durante uno de los talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados-PPR de la Región Junín, los participantes abordaron la problemática del VRAE. En la Municipalidad de Río Negro (Satipo), lejos de la atención mediática, uno de los asistentes resumió la preocupación generalizada: “el VRAE no es una broma y nos afecta a todos en la selva central”. La invitación de los dirigentes de base a debatir el escenario de violencia en el VRAE –que atañe a Ayacucho, Huancavelica, Cusco y la selva de Junín– contradice opiniones que descalifican a la población, acusándola de inacción y complicidad.

El debate muestra las posibilidades de la democracia participativa, que más allá de representar únicamente la apertura en las decisiones sobre el gasto público, brinda condiciones para la expresión de los líderes regionales sociales y políticos. Los límites están más bien en el esquema centralista que persiste para enfrentar los problemas regionales. Por ejemplo, por la vía del PPR Junín no se habilitarán, mejorarán o construirán carreteras, en una jurisdicción en la que sólo el 3% de las vías de carácter regional están asfaltadas. La región queda en este aspecto a espera de un presupuesto para proyectos especiales desde el Gobierno Central, modalidad que contraviene el proceso de descentralización y subestima el aporte local en identificar escenarios de inversión pública que tengan impacto en la diversificación de la economía productiva local, aspecto clave para cerrarle el paso al narcotráfico.

Quienes reducen la gobernabilidad del VRAE a la necesidad de fortalecer una autoridad político – militar autónoma olvidan que los que conocen mejor los problemas son aquellos que los sufren. Al alejar de los poderes locales las decisiones de los planes e inversiones necesarias para brindar alternativas de inclusión social y económica para el VRAE, se posterga la principal responsabilidad estatal: el diseño de un esquema de recursos financieros, herramientas legales e insumos para el desarrollo regional.

El conflicto en el VRAE no es sólo de «orden interno» sino de desigualdad social, falta de oportunidades y poca atención del Estado, acentuada por la exclusión históricamente padecida por la población de la selva de nuestro país. Ofrecimientos como instalación de postas médicas o la mejora de la infraestructura escolar, además de afrontar de manera superficial el reto de llevar al VRAE la «presencia del Estado», no traen aparejadas medidas para garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Esta «presencia del Estado» no puede darse al margen de un plan integral para la región selva central, con objetivos claros en todos los ejes del desarrollo.

desco Opina - Regional / 18 de mayo de 2012
Programa Selva Central
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Desmadres en el Gabinete

La renuncia irrevocable de los ministros de Defensa y del Interior parece haber logrado, en lo inmediato, aliviar la presión sobre el gabinete Valdés. Los renunciantes, dicho sea de paso, fueron hombres de confianza del Premier en el ministerio del Interior. Por otro lado, la renuncia llega al momento final, cuando estos integrantes del gabinete se sintieron acorralados, dando la imagen de un gobierno con poca previsión, que cede justo antes de su derrota total. Esto deja una sensación similar a la que existe sobre Conga: la tensión baja, pero el horizonte se percibe turbulento.

Es preciso recordar que el inicio de las ’hostilidades’ en Cajamarca marcó el distanciamiento con el primer gabinete de este gobierno. ¿Cómo así, entonces, un tema como las muertes de soldados y policías que ha generado una legítima corriente de indignación ciudadana y que ha desnudado de forma clamorosa las carencias operativas del Estado en una zona del territorio nacional, no podía hacer que dos ministros, en vez de agravar su situación con cada explicación que daban, asuman su legítima responsabilidad política? ¿Y por qué la bancada oficialista, salvando excepciones, estaba dispuesta a inmolarse en la hoguera defendiendo a los ministros con argumentos tan débiles como el que planteaba que la censura era un triunfo para el ahora llamado «narco terrorismo»?

Lamentablemente, parece que en este tema también, el entorno presidencial está pesando demasiado en las consideraciones y el cálculo de lo aceptable como costo político, tal vez con una concepción que ya aparece como retorcida por tanto «pragmatismo». Hasta hace unos días, las declaraciones de Freddy Otárola contra Javier Diez Canseco y contra la censura, daban a entender una subordinación total a la consigna del blindaje.

¿Se tratará de una subordinación psicológica de buena parte de la bancada con lo que ellos creían que quería el Presidente? Sea como fuere, se dejó a estos defensores de oficio deslegitimarse ante los ojos de la ciudadanía. Y más aún, la situación abrió la puerta a coqueteos con sectores del fujimorismo que se sienten cercanos, y con cierta razón, al Primer Ministro, personaje que amagó con alejarse, pero que hoy busca afianzar su posición al anunciar cambios en los mandos militares en el VRAE. ¿Si esa iba a hacer la línea de respuesta al fracaso de las operaciones emprendidas, porqué no se implementó antes?

Así las cosas, es inevitable la sensación de improvisación y hasta cierto punto de desgobierno en vista de la falta de respuesta para estos asuntos como para otros que no han sido relevados en la coyuntura, pero que van en la misma dirección: la incapacidad para completar el Directorio del BCR o al Defensor del Pueblo, las claras señales de corrupción en la pesca, la dificultad para responder a los desafíos que plantea la minería informal en pie de lucha y con toma de carreteras incluida, por no mencionar temas cotidianos que brindan la oportunidad de dar señales de alguna eficiencia como en el caso de los delfines y aves muertas. Los desastres en el VRAE y La Convención pueden suponer la decisión responsable de afectar intereses que ningún gobierno se atrevió a tocar por décadas. La forma de hacerlo, sin embargo, ha sido temeraria e irresponsable y definitivamente poco transparente e incluso chapucera.

En ese contexto, prospera el cálculo para explotar estos «reveses» mediante la glorificación y la transformación en ‘héroe’ de todo miembro de las FFAA o de la policía abatido, tratando de hacer virtud del defecto. A su vez, esto sirve para revivir el caso de los comandos de la operación Chavín de Huántar para, supuestamente, presentar un frente unido contra el ‘terrorismo’. El favor que se hace al fujimorismo es evidente aunque no estamos seguros si siempre inconsciente. A fin de cuentas, a río revuelto, ganancia de pescadores, tanto mayor si éstos son avispados.

Solo nos queda esperar que el gobierno actúe con mayor transparencia de ahora en adelante y que deje de lado el triunfalismo que lo acompañó tras la caída de ‘Artemio’. La nominación de ministros capaces para Defensa e Interior, aún cuando no sean del círculo del debilitado Premier, sería una buena señal.

desco Opina /  11 de mayo de 2012

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