Detener la violencia

La nota de opinión que debió aparecer en esta ocasión fue elaborada el martes 3 de julio, por la mañana. Debía tratar sobre las dificultades que tendría el gobierno en las próximas semanas. También sobre los impactos de la crisis económica mundial en el país. Sólo horas después todo ello perdió sentido.

Lo ocurrido en Celendín confirmó que haberle sustraído momentáneamente la espoleta a situaciones que amenazaban con convertirse en inmanejables, como Conga en Cajamarca o Espinar en Cusco, no debía conducirnos a falsas expectativas. En ambos casos, un desenlace consensuado era algo aún lejano y, en el mejor de los casos, la situación conflictiva había ingresado a una nueva fase, sin desaparecer del todo la probabilidad de un renovado desencadenamiento de la confrontación.

La probabilidad se hizo realidad en Celendín. Las víctimas de la protesta social siguieron sumándose, en medio de la inaudita soberbia de los directivos de la empresa involucrada en el proyecto Conga, la profunda incapacidad política del gobierno y las enormes dificultades que tiene la población para encontrar liderazgos que estén a la altura de las circunstancias.

Una situación ya gravísima no impidió que continuara el deterioro. La incalificable detención –por su forma y su fondo– de Marco Arana y la bárbara acción policial en Bambamarca que deja como saldo parcial un muerto, más heridos y más detenciones, indican claramente que la ruptura entre el gobierno y sus esperanzados votantes de hace un año es profunda y parece que sin retorno. Para el caso, es malo perder las exiguas esperanzas de diálogo y apostar firmemente por éste, pero siendo muy conscientes también, que algo o alguien muy poderoso lo impide a toda costa, para quien nada está resultando tan funcional como la infinita torpeza del Ejecutivo.

En suma, este nuevo hito en el ciclo conflictivo se escenifica en medio del desgaste continuo de los actores involucrados. Resulta patético verlos pidiendo diálogo cuando a todas luces no muestran una mínima vocación para instalarlo. De esta manera, queda claro que la voluntad y la legitimidad para generar un espacio indispensable que ponga fin a la ola de violencia, pasa a otras instancias.

Obvio que esto acarreará enormes costos políticos al Ejecutivo, pero son las consecuencias de la inacción y la incapacidad de ver incluso lo evidente. A estas alturas, se supone que el gobierno tendrá pleno conocimiento que su precaria estabilidad está colocada al borde mismo del abismo. Ojalá sea así e inicie la rectificación.

Sin embargo, también están los que insisten en la mano dura. Existen, pisan fuerte y tienen grandes medios de comunicación. Para ellos, no importa demasiado un gobierno que hace sólo un año era la bestia negra al que se debía impedir su triunfo electoral a toda costa. Lo realmente existente para ellos es la utilidad del corto plazo y que el resto asuma sus pasivos. Queda en manos del gobernante, entonces, decidir con quién y para qué gobernar.

Finalmente aunque no menos importante, expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los deudos de las víctimas. Las de Celendín y Bambamarca. Las de Espinar. Las del VRAE. Asimismo, hacemos nuestra la indignación por la injustificada detención de Marco Arana, felizmente corregida, permitiendo aún un hilo de esperanza en la posibilidad de una salida distinta a la que ahora se afirma, a un conflicto que nos acerca al abismo.

desco Opina / 6 de julio de 2012

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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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De la sartén a las brasas

La crisis política que resultó en la renuncia de los ministros de Interior y Defensa continuó su curso con el nombramiento de Urquizo y Calle en las carteras que fueron «abatidas» por la situación generada en el renovado conflicto del VRAE. Los nuevos ministros no han sabido responder los cuestionamientos a sus trayectorias e idoneidad y muestran a un Ejecutivo moviéndose en círculos no sólo más estrechos, sino también con menos ideas para sortear los escollos. En ese margen veremos cómo enfrenta, camino a su primer aniversario, los conflictos políticos más inmediatos.

El pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria nos devuelve al tema de la (des) confianza que las instancias políticas generan en los agentes económicos. Urgido de recursos para financiar los programas de inclusión social, el gobierno recibe por un lado respaldo de la CONFIEP, gremio para el que el único interlocutor válido en la materia es el Ministro de Economía y una eventual reforma se «politiza» al pasarla por la criba parlamentaria. Por otro lado, en la hipótesis de que la propuesta del MEF no contempla cómo ampliar la base de la recaudación, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, y algunos sectores empresariales temen que la solicitud del Ejecutivo sea la manera de encubrir una mayor imposición a los ciudadanos, señalando que la decisión también es «política» y, por tanto, debe tratarse en el Congreso.

De cualquier modo, instalados en el consenso de que el enemigo es la evasión y el reto la formalización, se posterga atacar el fondo del debate: la necesidad de descentralización fiscal y, no está de más decirlo, la necesidad de sincerar la renta extractiva. Estos dos asuntos, que en la práctica condicionan en buena medida el proceso político de la descentralización, son obviados en gestos como el anuncio de «relanzamiento» de la misma, realizado nada menos que por el premier Valdés, el menos adecuado para proponer un ambiente dialogante en la interlocución con los presidentes regionales.

Por otro lado, sumando a la prolongada polarización generada por el proyecto Conga, Newmont, inversionista principal de la operación, anunció la reprogramación de sus inversiones en el país. Y a la movilización convocada en Cajamarca contra el proyecto Conga, lejos de los paños fríos, el gobierno responde con una marcha que cuenta con la entusiasta colaboración del connotado fujimorista Absalón Vásquez y otros personajes ávidos de recobrar protagonismo, como Luis Guerrero.

Visto desde la promesa de construir institucionalidad ambiental, Conga no ha supuesto un punto de quiebre de dimensión nacional. Tras el intenso debate que propició el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto, ni desde el Estado ni desde la sociedad se registran esfuerzos reales de centrar en el MINAM la rectoría de la política ambiental. Peor aún, en ese vacío la opción gubernamental fue la creación de una unidad ambiental en la PCM. Una isla más al archipiélago del proceso de toma de decisiones en esta materia. Otra decisión que no hace sino reafirmar esa extraña vocación del gobierno de resolver situaciones apremiantes generando otras peores.

desco Opina / 25 de mayo de 2012
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El VRAE desde el presupuesto participativo regional

Quienes asumen que la solución al escenario del VRAE radica en la caída de los altos mandos del narcoterrorismo y la captura de «remanentes senderistas» olvidan que la persistencia del narcotráfico no es resultado de un trabajo político doctrinario, sino de motivaciones más cercanas a negocios criminales que, nos guste o no, forman parte de las alternativas económicas en muchos lugares del país. No obstante, mecanismos para incidir en los factores del desarrollo local, como el Presupuesto Participativo, se encuentran seriamente limitados.

Hace algunos días, durante uno de los talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados-PPR de la Región Junín, los participantes abordaron la problemática del VRAE. En la Municipalidad de Río Negro (Satipo), lejos de la atención mediática, uno de los asistentes resumió la preocupación generalizada: “el VRAE no es una broma y nos afecta a todos en la selva central”. La invitación de los dirigentes de base a debatir el escenario de violencia en el VRAE –que atañe a Ayacucho, Huancavelica, Cusco y la selva de Junín– contradice opiniones que descalifican a la población, acusándola de inacción y complicidad.

El debate muestra las posibilidades de la democracia participativa, que más allá de representar únicamente la apertura en las decisiones sobre el gasto público, brinda condiciones para la expresión de los líderes regionales sociales y políticos. Los límites están más bien en el esquema centralista que persiste para enfrentar los problemas regionales. Por ejemplo, por la vía del PPR Junín no se habilitarán, mejorarán o construirán carreteras, en una jurisdicción en la que sólo el 3% de las vías de carácter regional están asfaltadas. La región queda en este aspecto a espera de un presupuesto para proyectos especiales desde el Gobierno Central, modalidad que contraviene el proceso de descentralización y subestima el aporte local en identificar escenarios de inversión pública que tengan impacto en la diversificación de la economía productiva local, aspecto clave para cerrarle el paso al narcotráfico.

Quienes reducen la gobernabilidad del VRAE a la necesidad de fortalecer una autoridad político – militar autónoma olvidan que los que conocen mejor los problemas son aquellos que los sufren. Al alejar de los poderes locales las decisiones de los planes e inversiones necesarias para brindar alternativas de inclusión social y económica para el VRAE, se posterga la principal responsabilidad estatal: el diseño de un esquema de recursos financieros, herramientas legales e insumos para el desarrollo regional.

El conflicto en el VRAE no es sólo de «orden interno» sino de desigualdad social, falta de oportunidades y poca atención del Estado, acentuada por la exclusión históricamente padecida por la población de la selva de nuestro país. Ofrecimientos como instalación de postas médicas o la mejora de la infraestructura escolar, además de afrontar de manera superficial el reto de llevar al VRAE la «presencia del Estado», no traen aparejadas medidas para garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Esta «presencia del Estado» no puede darse al margen de un plan integral para la región selva central, con objetivos claros en todos los ejes del desarrollo.

desco Opina - Regional / 18 de mayo de 2012
Programa Selva Central
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Desmadres en el Gabinete

La renuncia irrevocable de los ministros de Defensa y del Interior parece haber logrado, en lo inmediato, aliviar la presión sobre el gabinete Valdés. Los renunciantes, dicho sea de paso, fueron hombres de confianza del Premier en el ministerio del Interior. Por otro lado, la renuncia llega al momento final, cuando estos integrantes del gabinete se sintieron acorralados, dando la imagen de un gobierno con poca previsión, que cede justo antes de su derrota total. Esto deja una sensación similar a la que existe sobre Conga: la tensión baja, pero el horizonte se percibe turbulento.

Es preciso recordar que el inicio de las ’hostilidades’ en Cajamarca marcó el distanciamiento con el primer gabinete de este gobierno. ¿Cómo así, entonces, un tema como las muertes de soldados y policías que ha generado una legítima corriente de indignación ciudadana y que ha desnudado de forma clamorosa las carencias operativas del Estado en una zona del territorio nacional, no podía hacer que dos ministros, en vez de agravar su situación con cada explicación que daban, asuman su legítima responsabilidad política? ¿Y por qué la bancada oficialista, salvando excepciones, estaba dispuesta a inmolarse en la hoguera defendiendo a los ministros con argumentos tan débiles como el que planteaba que la censura era un triunfo para el ahora llamado «narco terrorismo»?

Lamentablemente, parece que en este tema también, el entorno presidencial está pesando demasiado en las consideraciones y el cálculo de lo aceptable como costo político, tal vez con una concepción que ya aparece como retorcida por tanto «pragmatismo». Hasta hace unos días, las declaraciones de Freddy Otárola contra Javier Diez Canseco y contra la censura, daban a entender una subordinación total a la consigna del blindaje.

¿Se tratará de una subordinación psicológica de buena parte de la bancada con lo que ellos creían que quería el Presidente? Sea como fuere, se dejó a estos defensores de oficio deslegitimarse ante los ojos de la ciudadanía. Y más aún, la situación abrió la puerta a coqueteos con sectores del fujimorismo que se sienten cercanos, y con cierta razón, al Primer Ministro, personaje que amagó con alejarse, pero que hoy busca afianzar su posición al anunciar cambios en los mandos militares en el VRAE. ¿Si esa iba a hacer la línea de respuesta al fracaso de las operaciones emprendidas, porqué no se implementó antes?

Así las cosas, es inevitable la sensación de improvisación y hasta cierto punto de desgobierno en vista de la falta de respuesta para estos asuntos como para otros que no han sido relevados en la coyuntura, pero que van en la misma dirección: la incapacidad para completar el Directorio del BCR o al Defensor del Pueblo, las claras señales de corrupción en la pesca, la dificultad para responder a los desafíos que plantea la minería informal en pie de lucha y con toma de carreteras incluida, por no mencionar temas cotidianos que brindan la oportunidad de dar señales de alguna eficiencia como en el caso de los delfines y aves muertas. Los desastres en el VRAE y La Convención pueden suponer la decisión responsable de afectar intereses que ningún gobierno se atrevió a tocar por décadas. La forma de hacerlo, sin embargo, ha sido temeraria e irresponsable y definitivamente poco transparente e incluso chapucera.

En ese contexto, prospera el cálculo para explotar estos «reveses» mediante la glorificación y la transformación en ‘héroe’ de todo miembro de las FFAA o de la policía abatido, tratando de hacer virtud del defecto. A su vez, esto sirve para revivir el caso de los comandos de la operación Chavín de Huántar para, supuestamente, presentar un frente unido contra el ‘terrorismo’. El favor que se hace al fujimorismo es evidente aunque no estamos seguros si siempre inconsciente. A fin de cuentas, a río revuelto, ganancia de pescadores, tanto mayor si éstos son avispados.

Solo nos queda esperar que el gobierno actúe con mayor transparencia de ahora en adelante y que deje de lado el triunfalismo que lo acompañó tras la caída de ‘Artemio’. La nominación de ministros capaces para Defensa e Interior, aún cuando no sean del círculo del debilitado Premier, sería una buena señal.

desco Opina /  11 de mayo de 2012

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El Sacha VRAE

A diez meses de iniciada su gestión, el presidente Humala debe lidiar con los primeros síntomas de desgaste. Exitoso en mantenerse a distancia de la caída del vicepresidente Chehade y de los sinsabores causados por sus hermanos Alexis y Antauro, hoy Humala es víctima nada menos que de la imagen que intenta transmitir. Al revés del dicho, son las circunstancias las que no están a la altura que pretende el Presidente.

Los entretelones de la llamada «Operación Libertad» muestran, en primer lugar, lo lejos que las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía están de manejar adecuadamente la derrota de Sendero Luminoso. Humala y su entorno pecaron de exitismo al querer duplicar los dividendos que supuso la captura de «Artemio» hace unos meses y con ese objetivo presentaron la liberación de los rehenes de Kepashiato como producto de la supuesta presión ejercida por las fuerzas del orden sobre la columna senderista. Las revelaciones periodísticas y las desafiantes declaraciones del senderista «Gabriel» muestran la fragilidad de la imagen presidencial cuando esta se sostiene en la fantasía de que «todo está bajo control», alimentada por los mandos militares.

De fondo, algunos temas llaman a preocupación. En primer lugar, es claro que no existe una estrategia ante los escenarios de seguridad interna que se derivan ya no solamente del narcotráfico, sino también del aún invisible entramado social, económico y político que viene provocando la operación de inversiones extractivas en los territorios amazónicos La conversión de columnas armadas –en las que apenas puede rastrearse el componente ideológico– en aparatos de extorsión a empresas principalmente extranjeras es un componente que el Estado no debe subestimar intentando encajar en el discurso de la «lucha contrasubversiva». Nada impide que el cobro de cupos sea enfrentado con mucho pragmatismo por los inversionistas, lo que crecientemente supondrá un problema de gobernabilidad en el centro del eje energético del país.

En segundo lugar, surge la pregunta por la capacidad de nuestra democracia para hacer frente a situaciones de conflicto. La región militar del VRAE, creada en 2009 por el gobierno del APRA, no comprende el distrito de Echarate, donde desde 2010 se reporta actuación de subversivos en operaciones del narcotráfico y donde hoy se ha trasladado la persecución a «Gabriel». Nuestra historia reciente nos ha dejado cargados de lecciones –por lo visto inútiles– sobre lo que ocurre cuando el mando militar prima sobre los gobiernos civiles: a cuenta gotas la prensa informa sobre las etnias desplazadas y los bombardeos en áreas pobladas por civiles. 

Vemos así cómo un proceso que debería despertar la unidad de los peruanos, como lo es la derrota final de Sendero Luminoso, termina en realidad teñida de cuestionamientos. Mientras el Premier, el ministro de Defensa y los adeptos al poder quieren ver en esto mezquindad y hasta complicidad con el senderismo, lo cierto es que no hay que ser especialmente crítico con el gobierno para notar sus deficiencias en el manejo civil y militar de la situación. Como vemos, no sólo en lo relativo al proyecto Conga Humala tiene serios problemas para gobernar un «modelo económico» que se sostiene tanto en la actuación de las grandes extractivas, como en los recursos de la coca ilegal y el «chorreo» de la minería informal.

desco Opina /  27 de abril de 2012
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La vida después de «Artemio»

El presidente Ollanta Humala lamentó no haber podido capturar él mismo a Florindo Flores, alias ‘Artemio’, cuando patrullaba la zona del Huallaga en los 90 como oficial del Ejército. Durante esa década, marcada por el autoritarismo fujimorista, el régimen todavía cosechaba los réditos de haber capturado a Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso y pensamiento guía del grupo. En la práctica, este fue el golpe mortal para la agrupación que, según la CVR, es responsable de más de de la mitad de víctimas fatales de la guerra que le declaró al Estado peruano. ¿Qué significa ahora la captura de Artemio? ¿Tendrá el efecto de fortalecer al gabinete encabezado por Valdés?, y ¿cuáles serán los pasos siguientes del gobierno, aprovechando la mayor aceptación que le traerá la captura?

El arresto de «Artemio» debe entenderse como el retiro de una pieza clave en un engranaje que no funcionaba más bajo la lógica de la consecución de objetivos políticos de SL, sino más bien dentro de la dinámica del movimiento del narcotráfico en el Huallaga. Cabría pensar que, si SL tuviera una lógica de apropiación del territorio (como las FARC) entonces, sin el jefe la zona queda libre y «pacificada». Lamentablemente no es así. Aunque se ha señalado con razón que Artemio proviene de la facción más cercana a Guzmán, el personaje capturado es más un producto derivado del ilícito negocio de las drogas que de una supuesta «mística» senderista de cercar la ciudad desde el campo. Siendo una pieza importante, no deja de ser un engranaje reemplazable para los operadores del narcotráfico que hacen uso instrumental del potencial de amedrentamiento de elementos ‘terroristas’.

En cuanto al fortalecimiento del gobierno, parece claro que la tendencia alcista de la aprobación presidencial recibirá un mayor impulso con este golpe al senderismo, sobre todo en el enrarecido clima de amenaza que se había instalado sobre el país con las pretensiones de inscripción del Movadef. Es de suponer que el efecto positivo se extienda también a una mayor aprobación a la gestión del Primer Ministro, quien ha tenido el cuidado de mantenerse fuera del ojo público en esta coyuntura (acaso más preocupado por Conga).

En lo que sigue, el escenario empieza a nublarse. La zona del Huallaga no está ‘liberada’ y ciertamente no es propicio abandonar los esfuerzos por cortar los circuitos del narcotráfico allí para priorizar otras zonas como el VRAE, donde la tentación podría radicar en seguir al terrorista de turno a medida que vaya apareciendo, por aquí o por allá. Aunque el gobierno ha mostrado cierta cautela, la experiencia demuestra que la administración de los miedos de la población a que regrese el senderismo es una excelente forma de legitimar la presencia militar.

Cabe preguntarse si los militares saldrán del Huallaga y si las acciones contra el narcotráfico quedarán en manos de la policía nacional o cuál es la estrategia para hacer frente al tema, sobre todo con el reciente cambio en la conducción de Devida. Saber qué pasará con la presencia militar es importante a la luz de los temores de hace pocos meses sobre la ‘militarización’ del régimen con Valdés a la cabeza del gabinete. Creemos que, al margen de cierta verticalidad en la toma de decisiones, no se puede hablar realmente de dicha tendencia. Sin embargo, esta importante captura vuelve a poner a las FFAA en primer plano y nos lleva a reflexionar sobre si hemos avanzado o retrocedido en la institucionalidad democrática.

Recordemos el comunicado de 2001 en el que los jefes máximos de las FFAA denuncian el acta de sujeción de los altos mandos al poder omnímodo de Montesinos en 1999. El comunicado habla del respeto a los derechos humanos, orden constitucional y se respalda la conformación de la CVR, un lenguaje que algunos medios interesados se desgañitan en tildar de ‘caviar’. ¿Hemos avanzado respecto de 2001 respecto del rol que queremos que jueguen las FFAA en nuestro país? ¿Utilizará Humala la mayor autonomía que ganará con su mayor aprobación en las encuestas para avanzar en reformas en pro de la institucionalidad política del país?

desco Opina / 17 de febrero de 2012
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El Estado de emergencia en Cajamarca y primeras notas sobre el Gabinete Valdés

El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.

El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.

No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.

El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.

No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.

desco Opina / 12 de diciembre de 2011

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Palcazu en la ruta del chocolate

A escasos años de que el cultivo del cacao incursionara en el valle del Palcazu, en la provincia de Oxapampa, ya se saborean algunos reconocimientos; el concurso subregional de la selva central ubicó al grano de un productor del distrito de Palcazu en segundo lugar. Si bien es cierto los puntos que lo alejan de la máxima ubicación se deben al aún incipiente dominio tecnológico del proceso de pos cosecha, es esperanzador reconocer que el camino que se está trazando es el adecuado para la incursión productiva de un cultivo promisorio en un distrito que se caracterizó por la extracción maderera, que en muchas oportunidades ha sido depredadora del recurso forestal, y la producción ganadera que tiene serios problemas de acceso a mercados en condiciones competitivas.

El cacao es una planta perenne que rinde varias cosechas por año. Su grano no se afecta con el traslado por las deficientes carreteras de nuestra amazonía, lo que nos lleva a señalar que es una de las mejores opciones para luchar contra la pobreza y la pobreza extrema en las zonas más deprimidas y poco comunicadas de la selva central, en donde otros cultivos, por muy rentables que parezcan, sufren serios deterioros para llegar al mercado en óptimas condiciones. La diferencia del cacao con relación a las otras actividades económicas del territorio, es su bajo nivel de inversión, su fácil manejo y los atractivos precios del mercado, además de representar una producción amigable con el medio ambiente.

No debemos creer, sin embargo, que todo es color rosa en el camino de los cacaoteros de Palcazu. Quedan tareas pendientes que aparentemente son sencillas pero que de no realizarse pueden incidir hacia una dirección negativa en el desarrollo del cultivo.

En primer lugar es urgente que desde el gobierno se tomen acciones para consolidar el cultivo, porque Palcazu está ubicado entre el VRAE y Alto Huallaga, una zona estratégica y atractiva para los cultivos ilegales asociados al narcotráfico, así que se debe fomentar el incremento del cultivo del cacao, opción viable para prevenir la violencia e inseguridad que produce la coca. Con cultivos como el cacao, el gobierno entrante tiene una buena opción para mejorar la capacidad y rentabilidad productiva del agro de la selva y, además, luchar contra el crecimiento de los cultivos ilegales. Desde el gobierno local, urge dar mantenimiento a los caminos para abaratar los costos de flete de los insumos agrícolas, así como para sacar los granos al mercado. Desde el gobierno local, también, se deben iniciar acciones para establecer alianzas estratégicas con organizaciones financieras que brinden a los agricultores posibilidades de acceso a crédito para incrementar sus hectáreas y/o mejorar su infraestructura para la pos cosecha, etapa vital para incursionar en mercados exigentes. Las autoridades locales tienen la posibilidad de acercar a las instituciones estatales y privadas que pueden ofrecer a los cacaoteros la asistencia técnica y la transferencia tecnológica necesarias para competir en nichos de mercados especializados.

Otra de las tareas pendientes depende de los propios agricultores. Los dividendos obtenidos hasta hoy de manera individual, pueden ser potenciados si se empieza a trabajar de manera colectiva, es decir, conformando la organización de productores que represente sus intereses, que los ayude a conectarse con las autoridades y a negociar con los representantes de los mercados. Si bien es cierto existen organizaciones pioneras que han iniciado procesos embrionarios de articulación de los productores, éstas deben deponer posturas egoístas y ceder posiciones de liderazgo para que el producto organizativo sea verdaderamente representativo del territorio. Si en el corto plazo los directamente involucrados no buscan allanar los caminos para la consolidación del cultivo, tomando como ejes de trabajo los intereses comunes, los éxitos seguirán siendo escasos, por no decir negados.

desco Opina - Regional / 1º de julio de 2011
Programa Selva Central

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Una región llamada VRAE

Ante la propuesta de reestructuración del régimen pensionario de policías y militares, específicamente sobre la cédula viva, el tono de la reacción de altos representantes de las Fuerzas Armadas ha abierto algunas preguntas sobre el peso del poder militar en varias áreas de decisión pública.

El Ejecutivo sostiene que no es viable mantener la cédula viva y condiciona su continuidad a los aumentos progresivos anunciados para el personal efectivo militar y policial. El debate ha llegado hasta el Congreso de la República donde incluso representantes del partido de gobierno expresaron su reserva ante la propuesta del Ministerio de Economía, plasmada en el Presupuesto Público 2011.

Si bien es evidente que urge una reforma de este régimen pensionario –que fuera eliminado para los trabajadores civiles en 2006– lo cierto es que un cambio de esta naturaleza no será posible marcado por reacciones destempladas. Por un lado, el presidente García declaró que «no le importaba» la opinión de la bancada aprista; por otro lado las respuestas de los voceros de los militares en retiro, hacen pensar en situaciones extremas, como condicionar el papel de los militares en zonas críticas.

Una de estas zonas críticas es el VRAE, materia de sucesivos «planes» aplicados desde Lima, en una visión en la que el desarrollo queda postergado en función del componente militar en la lucha contra el narcotráfico. La zona –bajo jurisdicción de Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Junín– es un monstruo de muchas cabezas, en el que ante la inoperancia de los gobiernos regionales, el Gobierno Central, mediante el Ministerio de la Presidencia y el sector Defensa se ha convertido en el gran administrador. Para empezar, el Gobierno peruano debe caracterizar con mejores elementos la situación, distinguiendo el papel de Sendero como cuerpo de protección de narcotraficantes, de sus eventuales propósitos de poder político, puesto que eso supone estrategias diferenciadas.

El VRAE tiene potencialidades que pueden encaminarse hacia el desarrollo. Aprovechando los recursos del canon gasífero, la localidad de Pichari ha avanzado en la elaboración de un plan estratégico, en el marco del cual ha logrado mejoras sustantivas en términos de infraestructura y saneamiento. A pesar de que aún está pendiente plantearse una mejor distribución del canon desde una mirada de conjunto del VRAE, el caso de Pichari muestra también que los recursos, bien manejados, pueden transformarse en motor para el desarrollo. Pero para que eso se reproduzca en todo el valle, se requiere de un verdadero plan de desarrollo, más allá de la mera administración militar del conflicto existente.

desco Opina - Regional / 13 de setiembre de 2010
Programa Sierra Centro

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Buenos negocios

Sacando un bien de un mal, lo positivo de las encuestas sobre la valoración de la democracia –como las realizadas por Latinobarómetro– es que el profundo desafecto que tenemos los peruanos hacia nuestro sistema político, ya no intenta explicarse por causas profundas, léase tradiciones autoritarias, ausencia de cultura ciudadana y otras fórmulas por el estilo. Los peruanos consideramos a nuestros gobiernos como ajenos y extraños porque estamos convencidos que sólo velan por los intereses de los más poderosos. Punto.

Sin embargo, de buenas a primeras, pareciera que esto no se condice con lo que diariamente nos ofrecen los medios de comunicación. El empeño de nuestros políticos se agota en eludir los escandaletes de barrio y conductas de barra brava que impactan en el centro mismo de su idoneidad para ejercer el cargo «encomendado por la Nación». En cualquiera de los casos, robar agua de la casa de al lado, tener conexiones clandestinas de energía eléctrica o matar de un balazo al perro del vecino, no estará asociado a ninguna iniciativa que beneficie a la población, pero, al parecer, tampoco a los ricos del país.

Sin embargo, la inocuidad de estos lamentables espectáculos es sólo aparente. Sirve para generalizar la percepción de que la política «es así» y no hay remedio que valga. A renglón seguido, los que realmente hacen política –aquellos que nadie eligió ni aparecen en las encuestas sobre el poder en el Perú– pueden guarecerse del control ciudadano y operar en la sombra con un file de negocios privados entre manos. Obvio, conducirse de esta manera tiene un enorme costo institucional: la arraigada desconfianza hacia los operadores estatales. Sin embargo, se asume nomás porque cuando las cosas se revelen –si es que llega el momento– una sentencia por corrupción –si es que se materializa– es un riesgo que merece correrse. El interés público, entonces, queda a merced de los apetitos privados.

Pero, el cántaro está tan lleno que no cesa de derramar agua. Así, el telón que cubría las redes de influencia de universidades siempre sospechosas de influencia montesinista, apenas se abre y ya da indicios de lo que puede haber adentro. También surgen las primeras preguntas sobre la venida de una misión de asesores de seguridad israelíes. Dicen que para hacer un diagnóstico y dar recomendaciones para actuar en el VRAE; esta respuesta, a su vez, lo único que motiva es a más preguntas.

Para empezar, ya sabemos que no se trata de una misión clásica, es decir, conformada por soldados del ejército del país mencionado. Son funcionarios que pertenecen a una empresa privada que, lógicamente, no ven las cosas desde la perspectiva del Perú, sino como oportunidad para generarse mayores utilidades. De otro lado, el pago de sus servicios no sólo es altísimo, sino que además, se desconoce la explicación oficial de la suma acordada.

Es decir, uno de los problemas fundamentales del país –el VRAE– ante el cual el actual gobierno ha dado muestra de su inoperancia con varios «planes de desarrollo» fracasados en las espaldas, se intenta «resolver» privatizando la intervención en esa zona, con toda la opacidad a la que se nos tiene ya acostumbrados. Esto se agrava cuando tomamos en cuenta que estas misiones militares privadas israelíes no son novedad en la región Andina, lo que, a su vez, debe asociarse con el rápido aumento de los gastos militares que el presidente de la República intenta amainar con la promoción de un pacto anti armamentista, que no deja de tener visos de ingenuidad.

Entonces, cuando el ciudadano no sabe lo que pasa y los gobernantes no tienen ninguna voluntad para esclarecer lo que rodea las decisiones tomadas, las sospechas cunden de manera casi natural. De esta forma es imposible consolidar la democracia, dirán algunos. Lo cierto es que poco importa, cuando se privilegia el negocio privado sobre los asuntos públicos, aún cuando este último sea de trascendencia suma, como es el caso del VRAE.

desco Opina / 13 de noviembre 2009

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Entremeses pre electorales

desco Opina / 4 de setiembre de 2009

Durante las últimas semanas, una seguidilla de eventos ha puesto sobre el tapete muchas cosas que, aunque no lo parezcan, son importantes. Una primera es la sorprendente defensa que viene haciendo Lourdes Flores, a un personaje que tiene evidentes dificultades para alejarse de las sospechas de narcotráfico que se ciernen sobre él. Más aun, resulta que Flores preside el directorio de Peruvian Airlines, una empresa cuyo accionista más importante es precisamente el referido: César Cataño, quien en realidad es César Carhuallanqui.

Un jubiloso Mauricio Mulder ha sentenciado el fin político de la lideresa del PPC. Otros más cautos, no niegan el desliz aunque todavía le otorgan créditos. Lo cierto es que la reincidente candidata presidencial viene sufriendo un duro revés en su potencial interés para las elecciones del 2011, aun cuando parecen atendibles los argumentos que usa en su defensa. Ahora le tocó a ella y mañana, seguramente, será otro. Así, puede ser que la manera como se presentan los hechos tenga mucho que ver con las habituales zancadillas que rodean un periodo electoral que se asoma intenso en el juego sucio y con un nivel de propuestas mucho más bajo al que nos hemos habituado los peruanos durante las últimas décadas.

De la misma manera podríamos leer el calentamiento de las relaciones con los vecinos del sur –Bolivia y Chile–, que provocó las declaraciones del presidente García a un medio chileno. Señaló que entre ambos países existía un pacto secreto, obligando a revelar lo sabido por todos, es decir, que estaba en curso una agenda de trece puntos entre ellos la mediterraneidad boliviana, como no podía ser de otra manera.

Esto sirve a García para demostrar a sus críticos internos, que el Perú no se ha alejado de Bolivia, sino que es el mandatario de este país el que ha decidido acercarse a Chile. De pasada, García golpea al candidato Ollanta Humala, declarado simpatizante del presidente altiplánico.

Agregado a ello, el presidente peruano aprovechó la crisis desatada en UNASUR, a raíz de la condena venezolana y ecuatoriana a la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia, para alinearse sin mayores compromisos con la posición del presidente Uribe y lanzar por todo lo alto sus preocupaciones respecto al armamentismo regional que, como se sabe, es liderado de lejos por Chile y Venezuela: nada mejor que emplear un solo argumento para emplazar a dos oponentes.

Así, el presidente de la República viene implementando a todo vapor su estrategia para el 2011 y sus supuestos rivales no terminan de acomodarse. La manera como enfrenta las circunstancias externas tiene casi el mismo estilo que emplea dentro del país. Los núcleos ejecutores comunales que anunció recientemente vienen multiplicándose y al frente ha sido puesto nada menos que el cuestionado Carlos Arana. Mientras tanto, las críticas no toman forma. Mucho menos, las alternativas.

Asimismo, aseguró que se aumentarían los recursos del FONCOMUN, pero el premier Velásquez Quesquén acaba de advertir que su distribución se hará atendiendo a «los resultados» obtenidos por cada municipalidad, sugiriendo que las pautas existentes serían puestas de lado. Más aun, el proyecto del Presupuesto 2010 anunciado por el MEF muestra significativos recortes a las asignaciones para los gobiernos regionales y locales, en una magnitud mayor a la estimada por la disminución del canon. Ahora bien, la propaganda del gobierno no señala esto. En su lugar, difunde la idea de gobiernos regionales y locales que no son capaces de gastar los recursos. Igualmente, por enésima vez el VRAE cubre las primeras planas de los medios de comunicación y la tendencia a la «mano dura» que estos reflejan no ha permitido visualizar con la importancia que merece, los seis años de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni los actos organizados en torno a los sangrientos acontecimientos ocurridos en Putis, durante los años 80.

En esa línea, durante el mes de agosto se recordó el terremoto que asoló al sur chico hace dos años y debió ser la ocasión propicia para enfatizar la indolencia de un gobierno que, pese al tiempo transcurrido, no ha hecho prácticamente nada para reconstruir la zona afectada. Más aun, con premuras electorales, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para reactivar –dizque– el programa Techo Propio que, sin tener fondos para su funcionamiento, ha continuado con las inscripciones para acceder al Bono Familiar Habitacional (BHF).

Como se notará, el efectismo mediático viene imponiéndose con rotundo éxito. Lo accesorio aparece como importante y lo fugaz hace invisible lo sustancial. Todo parece indicar que será difícil revertir estas formas y la espectacularización de la política no sólo seguirá vigente, sino también con contados protagonistas. Salvo que ocurra una sorpresa, algo siempre esperable en el desdibujado sistema político peruano, es poco probable que pongamos en debate las cuestiones que realmente interesan a los ciudadanos.

desco Opina / 4 de setiembre 2009
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¿Y dónde está el piloto?

desco Opina / 1º de mayo de 2009

A poco menos de la mitad del período de gobierno de Alan García y el partido aprista, nos parece oportuno sumarnos al balance de los llamados mil días. Desde muy temprano se dejó atrás el ofrecimiento del cambio responsable –matiz para atenuar el declarado propósito de continuidad, obligado por la contienda de 2006–, revelándose como únicos indicadores de buen gobierno la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del PBI. Con un rumbo de crecimiento definido por el mercado internacional, la conducción económica se dejó en «piloto automático», mientras se pedía paciencia y se explicaba cómo la bonanza se traduciría en beneficios a los postergados una vez que «el modelo» se asentara bien en nuestras tierras.

Para esa «traducción» se ofertaron planes y programas que, a la postre, han decepcionado, cada uno a su manera. Se habló del Plan del Sur, orientado a la zona del país que le dio la espalda a García y al APRA en las urnas. Luego, el entonces premier Del Castillo precisó que se trataba de la Interoceánica Sur y los beneficios de Sierra Exportadora (un programa que depende de la PCM y no del Ministerio de Agricultura). Limitados alcances exhibe también la punta de lanza del desarrollo que proponía la pauta aprista para los pobladores urbanos: Agua para Todos. Huelga mencionar los rotundos fracasos que han sido Tolerancia Cero, FORSUR (Fondo de Reconstrucción del Sur) y la entrega de bonos para la zona del terremoto de Ica. Caracterizados por la ineficiencia y el incumplimiento, se asemejan al más que probable destino de los planes que tocó anunciar al primer ministro Yehude Simon: Plan de lucha contra la pobreza, Plan anticorrupción y Plan Anticrisis. Esto por no mencionar el tercer plan VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) en ciernes que por estos días se ofrece, obviando el fracaso de los dos anteriores para enfrentar al narcotráfico y la violencia en esta región del país.

En un reciente artículo tipo «lista de lavandería» el vocero aprista Jorge del Castillo, entre otras cosas, señala que el país creció en estos años de 6,8 % en 2005 a 9,8% el 2008. Cabe preguntarse entonces, ahora que el crecimiento parece estancado según distintas cifras y fuentes y la pobreza crece nuevamente en el país, ¿se puede seguir gobernando en «piloto automático»?, ¿no sería aconsejable enmendar el rumbo y dejar de lado la altanería y soberbia de la teoría del «perro del hortelano»?

El ministro de Economía es enfático en señalar que la proyección inicial del gobierno de reducir la pobreza en el país a 30% hacia el 2011 se mantiene firme pese a la crisis externa. La pregunta es cómo se va a seguir, y cómo se van a alcanzar esas metas si el mismo funcionario reconoce que el nivel de gastos estatales del primer trimestre del año ha estado en solo el 50% de lo previsto. ¿Es la estabilidad macroeconómica lo que debemos seguir privilegiando como el gran objetivo nacional? La realidad demanda otro tipo de respuestas en tiempos de turbulencia, que incluyen mayor eficiencia y eficacia.

La movilización de los pueblos amazónicos, los despedidos de las minas, los trabajadores desempleados del agro costeño, las demandas de las regiones (Ica y los incumplidos ofrecimientos luego del terremoto de 2007, por ejemplo), las movilizaciones de las organizaciones del Vaso de Leche y otras, plantean un escenario que los medios de prensa y televisión de alcance nacional no muestran o disimulan: la persistencia del pedido de cambio de rumbo.

Ante un nuevo aniversario del 1º de mayo, marcado por la preocupación y angustia de los trabajadores ante la crisis, la amenaza de despidos y el corpóreo fantasma de las vacaciones forzadas, urge preguntarse si no es importante encontrar nuevas formas de concertación política que abran la cancha a los gremios y organizaciones populares respecto a la gestión que le resta al gobierno aprista. No parece la mejor receta para el país apelar simplemente al orden y la calma como lo señala el Presidente del Consejo de Ministros, si es que al mismo tiempo no se plantea seriamente tomar medidas para que la crisis económica internacional y sus consecuencias no afecten a los más pobres y desprotegidos, a sus ingresos y los escasos recursos de los trabajadores (como la Compensación por Tiempo de Servicios CTS). Peor aún, si esto se hace en aras de dinamizar el mercado por el mercado. Y claro, por los intereses de los más grandes, cuando las circunstancias internacionales han cambiado, el desgaste político interno es naturalmente mayor y el escenario interno apunta a parecerse más al año 2006, y menos a la quimera ofrecida por Alan García para el 2011.

desco Opina / 1º de mayo 2009
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