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viernes

El gas para el sur


En medio del ruido mediático por las denuncias de corrupción en el Poder Judicial y por el caso Odebrecht, el Gasoducto Sur se ha posicionado nuevamente en la agenda nacional, y no precisamente por alguna decisión del Gobierno Nacional, sino por la iniciativa de dos gobernadores regionales: Walter Aduviri (Puno) y Zenón Cuevas (Moquegua), quienes se aventuraron a solicitar una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para tratar temas de interés de la denominada megarregión continental; entre ellos, el abastecimiento del sur con gas boliviano.
Esta reunión puso en alerta al Gobierno Nacional, que prontamente envió una misión ministerial para tratar el tema del gas de Estado a Estado, pues su importación no pasa por una decisión de política regional, sino de nivel nacional. A pocos días de esta reunión, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, les desinfló el globo a los gobernadores del sur, asegurando que la masificación del gas es prioridad del Gobierno, pero "solo con el gas peruano".
Al margen de lo que suceda hacia adelante con Bolivia –pues habrá otra reunión bilateral a nivel de viceministros, en la ciudad de Lima, en febrero–, hay que reconocer que la iniciativa de los gobernadores del sur ha respondido a una demanda de la población de la Macro Región Sur, que viene siendo «mecida» hace varios años con el proyecto del Gasoducto Sur Andino, después denominado Gasoducto Sur Peruano y ahora, Sistema Integrado de Transporte de Gas. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas está decidiendo sobre un nuevo trazo del ducto, sin que nuevamente, medie ninguna consulta a los gobernadores del sur, ni una definición clara sobre si el nuevo diseño del proyecto incluirá la petroquímica. Tampoco hay información respecto al estado de la infraestructura (avance del gasoducto) que quedó instalada, luego de la anulación del contrato al concesionario de la obra, donde Odebrecht figuraba como socio mayoritario del consorcio que la ejecutaba.
Tras la paralización del gasoducto, el Gobierno anunció el proyecto de distribución de gas “Siete Regiones”, para masificar su uso en la zona centro sur (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali). El cronograma de adjudicación de este proyecto también se ha ido dilatando, inicialmente se dijo que sería en mayo del 2018, luego en el tercer trimestre de ese año y posteriormente, en el 2019, sin precisar el mes. Lo único claro desde el Gobierno, respecto al proyecto, es que esta infraestructura de energía será alimentada por gas peruano.
Actualmente, tres distritos de Arequipa ya cuentan con el servicio de gas domiciliario que es suministrado por dos plantas de gas, que a su vez son abastecidas por camiones cisterna. La concesión es para ocho distritos y la empresa Naturgy (antes Fenosa), está a cargo de la distribución de gas natural (la instalación de conexiones domiciliarias), lo mismo se proyecta para Ilo, Moquegua y Tacna, bajo la misma modalidad. La empresa tiene como meta instalar 40 162 conexiones de gas natural en la región y 64 000 en el suroeste del país.
El Gasoducto Sur Andino, lo reiteramos, es vital para el desarrollo de la Macro Región Sur, por lo pronto abarataría los costos del gas domiciliario ya instalado y luego, con el desarrollo de la industria petroquímica, se podrá avanzar en la tan anhelada diversificación productiva, que hasta el momento no pasa de ser una declaración. Por otro lado, el interés de exportación del gas boliviano por Moquegua es estratégico para el sur, pues permitiría la repotenciación del Puerto de Ilo, por ello nos parece importante que el Gobierno Nacional facilite la ejecución de este proyecto boliviano. Queda en el tintero volver sobre el contrato vigente de exportación del gas de Camisea, y revisar el costo de la molécula de gas peruano para la exportación, un negociado donde el Perú viene perdiendo muchísimo dinero. Señor Presidente, hay mucho por hacer.


desco Opina - Regional / 25 de enero de 2019
Programa Regional Sur - descosur

miércoles

Un esfuerzo por la articulación en el sur: la Macrorregión Sur



A finales de octubre, el Colectivo Macro Sur (DESCOSUR, LABOR , CEDER, Diario La República, Amakella, Radio Yaraví y Arequipa Te Queremos) reunió a un grupo de organizaciones civiles provenientes de Cusco, Moquegua y Arequipa, con la idea inicial de compartir las experiencias y sacar lecciones sobre los diferentes esfuerzos de articulación social emprendidos en estas regiones para posteriormente, plantear nuevos retos colectivos teniendo a la macrorregión como un lugar geoestratégico en el cual podemos crecer y desarrollarnos juntos.
Si bien en esta primera reunión hubo ausencias de instituciones de Puno, Madre Dios y Apurímac, creemos que ha sido importante el esfuerzo de este primer encuentro de articulación, sobre todo por el ‘enfriamiento’ en la constitución oficial de la Mancomunidad Regional Macrorregión Sur, no sólo por la lentitud en poner a punto sus documentos administrativos y gestionar el aporte para su funcionamiento, sino sobre todo, por los recientes conflictos interregionales registrados dentro del bloque, de los cuales hemos dado cuenta en un artículo anterior.
En la última reunión de los miembros de la Mancomunidad con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en Tacna, la presidenta de esta instancia, Yamila Osorio, esbozó los contenidos de la primera agenda consensuada para el bloque. Sin embargo, cuando “las papas queman” no se actúa de manera conjunta para luchar por una causa común; esto lo hemos podido ver en la última protesta cusqueña para el financiamiento del aeropuerto de Chincheros. A propósito de ello no se ha producido ningún pronunciamiento de apoyo por parte de la mancomunidad, pese a que en su agenda se incluye el impulso a la infraestructura de comunicación.
En este Segundo Gore Ejecutivo, hemos visto que los presidentes regionales también actúan únicamente como individuos, gestionando reuniones, inversiones y proyectos para sus circunscripciones, dejando de lado el pensamiento en bloque y los intereses del conjunto.
Hace poco tuvo lugar en la ciudad de Sucre, el II Gabinete Binacional Perú-Bolivia, espacio en el que se conversó entre otros temas, acerca de la reactivación de los acuerdos para el corredor bioceánico que contribuiría al desarrollo económico de la Macrorregión Sur, y sobre los cuales se precisa un seguimiento para saber al menos su cronograma de trabajo. Este evento nos muestra claramente que un esfuerzo de articulación en el sur peruano debe tener en cuenta su interacción geoestratégica con su entorno natural de relaciones con el norte de Chile, Bolivia y el noroeste brasileño, en lo que hemos denominado la Megarregión Cuatrinacional.
Por todo lo expuesto, creemos necesaria la conformación de un espacio con una articulación muy amplia, no solo para consensuar una agenda común, sino para vigilar los acuerdos tomados por la mancomunidad y en otros espacios nacionales e internacionales, así como para dar seguimiento a la ejecución de otros proyectos truncos para el sur, como el Gasoducto Sur Andino.
El reto para el Colectivo Macro Sur y para las organizaciones de esta primera reunión es lograr ampliar la convocatoria a otras instituciones gremiales, educativas, etc. para que este esfuerzo no sea solo una reunión de ONG. Se busca involucrar a más actores de la sociedad civil sureña y aspiramos a conseguirlo en la próxima reunión agendada para enero del próximo año en Cusco. Haremos lo posible para que este esfuerzo interinstitucional valga la pena.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2016
Programa Regional Sur

viernes

Sacarle púa al trompo

Aunque la reacción chilena al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya parece reeditar el relato de Palma en el cual el Virrey de turno decía, sobre las órdenes recibidas de España, «Acato y no cumplo», no es difícil percibir que se trata de una estrategia del presidente Piñera para pasarle el fardo a la electa Michelle Bachelet y que, en ese sentido, es una disputa transitoria. El triunfalismo experimentado en el Perú y los discursos de los bloques políticos en Chile no dejan de ser altisonantes, pero deben ser entendidos como formas locales de concebir la correlación de fuerzas; volviendo a Palma, en ambos países los políticos quieren «sacarle púa al trompo».
No deja de quedar cierta sensación, a la distancia, de que la institucionalidad chilena es un tanto más robusta que la nacional. En el país del sur tuvimos señales como el que Piñera se haya reunido con los tres presidentes pasados y con la Presidenta electa, o el hecho de que el alcalde de Arica haya anunciado –antes del fallo– que su país debía tener un Plan B si éste les era desfavorable. Nada tenía que ver este plan con desacatos, sino más bien con compensar a los pescadores que resultaran afectados, para declarar después «acá hay una absoluta tranquilidad, los hermanos peruanos son nuestros vecinos y casi no los consideramos de otro país». Nada que incendie la pradera, precisamente.
Contrasta con el vulgar despliegue de figuración por parte del ex Presidente García, a quien algunos canales le hicieron el «favor» de enfocarlo durante todo el tiempo que tomó la lectura del fallo por parte del juez Tomka. Luego, por supuesto, declaró antes que el Presidente Humala, contraviniendo el acuerdo que tenía con  Palacio y con otros líderes. Por otro lado, aquí un ex presidente está en la cárcel (enfrentando ahora un juicio por manipulación mediática, qué curioso), y los otros dos son investigados a instancias del Congreso. Se corrobora así la perniciosa imagen de que el poder corrompe y que quien entra a Palacio sale con rabo de paja. Quien más curtido está en navegar por las acusaciones es, qué duda cabe, García.
Las declaraciones presidenciales en el marco de la CELAC sobre una implementación «en los plazos más breves y de forma gradual» dicen algo del carácter aparentemente contradictorio de la administración de expectativas desde la óptica política, en uno y en otro país. Llama la atención que el debate se haya centrado tanto en los hechos «técnicos» de la pesca, que se han explicado en otros espacios: la pesca artesanal puede ser «de altura» y por tanto, también se gana algo más allá de las 80 millas, la anchoveta no se le conculca a Chile, etc. Quizá porque se considera que son los pescadores el rostro visible de afectaciones en la delimitación.
No es así, porque tanto aquí como en Chile las leyes de cada país son lo más disputado: en Chile el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca se queja contra una Ley que, dicen, privatiza las cuotas de pesca, beneficiando a siete grupos pesqueros; en Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP protesta por el decreto 005-2012 en lo que se refiere a la limitación de la pesca de anchoveta a partir de la milla 7. Como siempre, la delimitación no exime al Perú de hacer su tarea a nivel interno y, en lo inmediato, dialogar con los tacneños sobre lo que esto significa, escuchar a quienes han sido directamente afectados –presumiblemente los pescadores artesanales «que no son de altura»– y resolver también el tema de las pequeñas embarcaciones retenidas en el muelle Prat por haber cruzado una línea que, después de La Haya, sigue estando ahí.
Algunos analistas han indicado también, y con razón, que es la oportunidad para repensar las relaciones exteriores del país, pensando en el sur del Perú y su integración socioeconómica con Bolivia, además de con Chile. Mal que bien, la postura peruana al presentar la demanda es lo más cercano a una política de Estado que hemos experimentado en el país en los últimos tiempos. ¿Alcanzará el impulso para contar con una visión territorial del sur peruano? Si así fuera nos alejaríamos de la risueña visión de Palma, que equiparaba la política con la politiquería.

desco Opina / 31 de enero de 2014
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Entremeses pre electorales

desco Opina / 4 de setiembre de 2009

Durante las últimas semanas, una seguidilla de eventos ha puesto sobre el tapete muchas cosas que, aunque no lo parezcan, son importantes. Una primera es la sorprendente defensa que viene haciendo Lourdes Flores, a un personaje que tiene evidentes dificultades para alejarse de las sospechas de narcotráfico que se ciernen sobre él. Más aun, resulta que Flores preside el directorio de Peruvian Airlines, una empresa cuyo accionista más importante es precisamente el referido: César Cataño, quien en realidad es César Carhuallanqui.

Un jubiloso Mauricio Mulder ha sentenciado el fin político de la lideresa del PPC. Otros más cautos, no niegan el desliz aunque todavía le otorgan créditos. Lo cierto es que la reincidente candidata presidencial viene sufriendo un duro revés en su potencial interés para las elecciones del 2011, aun cuando parecen atendibles los argumentos que usa en su defensa. Ahora le tocó a ella y mañana, seguramente, será otro. Así, puede ser que la manera como se presentan los hechos tenga mucho que ver con las habituales zancadillas que rodean un periodo electoral que se asoma intenso en el juego sucio y con un nivel de propuestas mucho más bajo al que nos hemos habituado los peruanos durante las últimas décadas.

De la misma manera podríamos leer el calentamiento de las relaciones con los vecinos del sur –Bolivia y Chile–, que provocó las declaraciones del presidente García a un medio chileno. Señaló que entre ambos países existía un pacto secreto, obligando a revelar lo sabido por todos, es decir, que estaba en curso una agenda de trece puntos entre ellos la mediterraneidad boliviana, como no podía ser de otra manera.

Esto sirve a García para demostrar a sus críticos internos, que el Perú no se ha alejado de Bolivia, sino que es el mandatario de este país el que ha decidido acercarse a Chile. De pasada, García golpea al candidato Ollanta Humala, declarado simpatizante del presidente altiplánico.

Agregado a ello, el presidente peruano aprovechó la crisis desatada en UNASUR, a raíz de la condena venezolana y ecuatoriana a la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia, para alinearse sin mayores compromisos con la posición del presidente Uribe y lanzar por todo lo alto sus preocupaciones respecto al armamentismo regional que, como se sabe, es liderado de lejos por Chile y Venezuela: nada mejor que emplear un solo argumento para emplazar a dos oponentes.

Así, el presidente de la República viene implementando a todo vapor su estrategia para el 2011 y sus supuestos rivales no terminan de acomodarse. La manera como enfrenta las circunstancias externas tiene casi el mismo estilo que emplea dentro del país. Los núcleos ejecutores comunales que anunció recientemente vienen multiplicándose y al frente ha sido puesto nada menos que el cuestionado Carlos Arana. Mientras tanto, las críticas no toman forma. Mucho menos, las alternativas.

Asimismo, aseguró que se aumentarían los recursos del FONCOMUN, pero el premier Velásquez Quesquén acaba de advertir que su distribución se hará atendiendo a «los resultados» obtenidos por cada municipalidad, sugiriendo que las pautas existentes serían puestas de lado. Más aun, el proyecto del Presupuesto 2010 anunciado por el MEF muestra significativos recortes a las asignaciones para los gobiernos regionales y locales, en una magnitud mayor a la estimada por la disminución del canon. Ahora bien, la propaganda del gobierno no señala esto. En su lugar, difunde la idea de gobiernos regionales y locales que no son capaces de gastar los recursos. Igualmente, por enésima vez el VRAE cubre las primeras planas de los medios de comunicación y la tendencia a la «mano dura» que estos reflejan no ha permitido visualizar con la importancia que merece, los seis años de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni los actos organizados en torno a los sangrientos acontecimientos ocurridos en Putis, durante los años 80.

En esa línea, durante el mes de agosto se recordó el terremoto que asoló al sur chico hace dos años y debió ser la ocasión propicia para enfatizar la indolencia de un gobierno que, pese al tiempo transcurrido, no ha hecho prácticamente nada para reconstruir la zona afectada. Más aun, con premuras electorales, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para reactivar –dizque– el programa Techo Propio que, sin tener fondos para su funcionamiento, ha continuado con las inscripciones para acceder al Bono Familiar Habitacional (BHF).

Como se notará, el efectismo mediático viene imponiéndose con rotundo éxito. Lo accesorio aparece como importante y lo fugaz hace invisible lo sustancial. Todo parece indicar que será difícil revertir estas formas y la espectacularización de la política no sólo seguirá vigente, sino también con contados protagonistas. Salvo que ocurra una sorpresa, algo siempre esperable en el desdibujado sistema político peruano, es poco probable que pongamos en debate las cuestiones que realmente interesan a los ciudadanos.


desco Opina / 4 de setiembre 2009
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