El Puerto de las Américas Corío en vitrina

 

Recientemente el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El anuncio representa un hito histórico, si tomamos en cuenta que este megaproyecto carga una estela de dos décadas de promesas incumplidas en las gestiones regionales.  

En el sentido estrictamente burocrático: por primera vez existe un documento técnico validado por el ente rector que ordena usos de suelo, conectividad y etapas de implementación. Pero conviene mirar este anuncio teniendo presente los otrora halagüeños que hemos escuchado durante los últimos veintitrés años y que no condujeron a ninguna parte.

La idea de un gran puerto en Punta de Bombón se conoció en la gestión de Daniel Vera Ballón (2003-2006) quien se arrogó su concepción, pero la propuesta nació de la empresa privada, como Euroamerican International Group, invisibilizada en esta historia, como otros. Ese primer intento no prosperó.

Juan Manuel Guillén (2007-2010 y 2011-2014) y Yamila Osorio (2015-2018) heredaron la idea sin conseguir mayores avances. Aunque Osorio firmó un convenio con la APN para avanzar en el 2016 con los estudios que requiere el proyecto, su continuidad ejecutiva quedó inconclusa. Con Elmer Cáceres Llica (2019-2021) — quien nuevamente está en la carrera por el sillón regional tras su paso por la cárcel—, el proyecto languideció entre la conflictividad social por Tía María y la parálisis institucional. En el corto gobierno de Kimmerlee Gutiérrez (2021-2022) tampoco se avanzó nada. En noviembre de 2025, con Rohel Sánchez, se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la APN, ProInversión y el MTC que finalmente destrabó el proceso hasta el Plan Maestro aprobado la semana pasada.

La inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado por capitales chinos a través de COSCO Shipping Ports, ha sido el chispazo para retomar el proyecto. Corío, con su batimetría natural de 28 metros —muy superior a los 17,9 metros de Chancay—, dejó de ser un proyecto regional más y empezó a venderse como la promesa para controlar la próxima generación de infraestructura portuaria del Pacífico Sur.

Detrás de los anuncios surge una disputa mayor: la inversión en "activos estratégicos", en medio de la pugna por el control logístico del Pacífico Sur entre China y Estados Unidos. Que Washington muestre interés no es casual. Estados Unidos observa con preocupación la expansión portuaria china en América Latina y busca alternativas de infraestructura en países aliados. Perú, sin buscarlo explícitamente, quedó posicionado como terreno de disputa entre ambas potencias. Y aquí cabe mencionar que la actual gestión regional de Arequipa también presentó el proyecto a inversionistas norteamericanos.  

El proyecto Corío contempla una plataforma logística, un hub de hidrógeno verde y conexión ferroviaria hacia Puno y Cusco. Para toda la macrorregión sur, el proyecto significaría la posibilidad de exportar mayor volumen de minerales y productos agroindustriales con menores costos logísticos, además de fomentar su articulación como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil y el mercado asiático.

La aprobación del Plan Maestro es un paso real, pero tenemos que estar preparados para abordar la gestión de este megaproyecto desde diferentes flancos. Para comenzar el Gobierno Regional de Arequipa debería tener una participación en la formulación de los términos de referencia (TDR) que elaborará ProInversión para los posibles inversores y garantizar, con ello, una visión descentralista con ventajas para las economías de los departamentos de la Macrosur. También merece una discusión previa el tema de la soberanía nacional a fin de no dar prioridad a los intereses de países extranjeros, teniendo como antecedente la controversia suscitada por la supervisión estatal del puerto de Chancay. Otro tema que no debemos dejar de lado es la titularidad y resguardo de los terrenos donde se asentará el proyecto, ya tenemos malas experiencias en la ejecución del Proyecto Majes II, la Carretera Arequipa La Joya y el Puente Chilina.

Esta vez, el contexto geopolítico puede ser un espaldarazo para que este proyecto, rebautizado como el Puerto de las Américas Corío, se materialice y responda a las necesidades que implica el desarrollo descentralizado de las regiones al sur del país.

 

desco Opina – Regional / 11 de setiembre del 2026

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Segunda vuelta: un escenario incierto y polarizado

Un rápido balance de la primera vuelta electoral nos indicaba varias cosas. En principio, la suma de los votos válidos de Fujimori y Sánchez no alcanza el tercio de los votos válidos y por lo menos el 25% del electorado con voto válido se quedará sin representación, lo que afecta inevitablemente la legitimidad del nuevo gobierno, que estará obligado a buscar consensos con otros grupos, si quiere ganar la segunda vuelta, pero, sobre todo, si pretende gobernar.

En la primera vuelta Sánchez ganó en 1094 de 1874 distritos y Fujimori en 583, pero recordemos que Castillo lo hizo en 1262. Los distritos que votaron por Sánchez son mayoritariamente serranos y su población es menor a 20,000 habitantes; los favorables a FP están en la costa y la selva y tienen más de 100,000 habitantes. El porcentaje de Sánchez crece en los distritos más pobres, mientras el de Fujimori lo hace en los menos pobres. Más de un tercio de quienes viven en distritos donde mayoritariamente votaron por Sánchez, tienen el quechua como lengua materna mientras que en el caso de FP llegan al 6%. Más allá de los perfiles que resultan de la primera vuelta, es claro que ninguno de los dos candidatos entra a la segunda vuelta con mayores ventajas y el proceso estará marcado hasta el final por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza que seguirán creciendo.

En segundo lugar, la primera ronda deja ya un escenario paradójico. El sistema electoral fue cambiado para asegurar la reproducción de sus diseñadores, pero la mayoría de ellos desaparecieron electoralmente, quedando un esquema institucional más complejo, fragmentado y potencialmente más conflictivo, lo que obliga a preguntarse si será posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que seguirá polarizado. Lo que es claro es que la composición del nuevo Congreso, obligará a quien sea gobierno, a una negociación constante. En tercer término, el país no votó programáticamente, ni por ideas; lo hizo como una sociedad fracturada, precarizada y desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y los políticos.

En este escenario, a 18 días del balotaje, las cifras que mostró la primera encuesta que circuló, realizada el 16 y 17 de mayo, mostraba cierta mejora en las preferencias a favor de la señora K, 39%, frente al 35% del candidato de JP, muy cerca del margen de error. El porcentaje de quienes definitivamente o probablemente votaría por ella llegó a 44%, mientras el de Sánchez lo hizo a 39%; 48% definitiva o probablemente no votaría por ella y 47% no lo haría por él. La encuesta evidencia que una gran mayoría no le tiene particular confianza a ninguno de los dos; en el caso de que necesitaran que alguien cuidara sus casas y sus pertenencias, 52% responde que no le daría las llaves a ninguno y 41% responde que no le gustaría invitar a cualquiera de los dos.

Así las cosas, el fujimorismo, apoyado por las diversas derechas, basa su estrategia en una narrativa dura de orden y seguridad, que combina las formas “cuidadosas” que su candidata prioriza ahora, buscando construirse una imagen de empatía y diálogo, como lo evidenció en sus instrumentales visitas a una comunidad ayacuchana o al ex presidente PPK, con la reivindicación plena del gobierno de su padre, anunciando que el orden estará para ella, siempre por encima de la libertad y la democracia. Sánchez, por su parte, ha apostado por buscar correrse paulatinamente al centro y ha ido sumando, no sin dificultad, alianzas y apoyos (Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Cooperación Popular y un sector del Partido Morado). Evidencias del temor que generan los movimientos del candidato los encontramos en la campaña de demolición, emprendida por la mayoría de medios tradicionales de comunicación, tan grosera en algunos casos, que terminan beneficiándolo. Más importante aún, declaraciones recientes de la señora K, insistiendo en que le robaron las elecciones el 2021, parece el inicio de un argumento, ante la eventualidad de una derrota.

El reciente debate entre los equipos de ambas agrupaciones terminó en un empate virtual en el que las mayores capacidades técnicas, las exhibieron los profesionales que fueron incorporados para la segunda vuelta en los dos casos. En un intercambio de algunas propuestas para el país y muchos puyazos políticos, resultó preocupante el afán de los participantes naranjas por mostrar la década de los noventa del siglo pasado como un tiempo exitoso, como buscando reescribir la historia, evidenciando que, para seguir en el poder, tienen que instalar un relato que encubra sus responsabilidades y disimule las confesiones involuntarias que salen de sus filas. La versión 2026 de “nosotros matamos menos” del ex congresista Trelles, la protagonizó el electo senador Torres al afirmar que Pedro Castillo “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

El escenario para el nuevo gobierno, cualquiera que fuere, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un mundo en el que Trump nos pretende como una ficha más a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño. Fujimori o Sánchez necesitarán negociar y construir acuerdos básicos con sectores que no votaron por ellos para hacer viables sus gestiones sin recurrir a la fuerza como siempre será su tentación, en el caso de la primera, para evitar el bloqueo y liquidación de su gobierno, en el del segundo.

 

desco Opina / 29 de mayo de 2026

La representación diluida

Tras semanas de indefinición, pataleo y denuncias promovidas por el candidato López Aliaga sobre un supuesto fraude; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer oficialmente a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en una segunda vuelta. Para sorpresa de nadie, se reveló que entre los dos consiguieron el 29% del total de votos válidos: Keiko Fujimori, 17.1% y Roberto Sánchez, 12%. En una boleta con 36 fórmulas presidenciales, era previsible que, aparte de confundir al electorado, el voto se dispersara.  

Este problema estructural en las normas electorales propiciado por el Congreso, ahora se trasladará a las elecciones subnacionales. La legitimidad con la que llegan al poder muchos alcaldes y gobernadores regionales, nuevamente estará en discusión. Por lo menos en este proceso no se han perdido las elecciones primarias.

El domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Como parte del cronograma de este proceso, el domingo 17 de mayo, diversas organizaciones políticas eligieron a sus delegados, incluso los partidos que no pasaron la valla nacional lo hicieron. A su vez, estos delegados designarán a los candidatos que competirán por los gobiernos regionales y municipales incluidos consejos y regidores, el domingo 24 de mayo. Este proceso interno, aunque necesario, ocurre en medio de un ecosistema político cada vez más atomizado, si sumamos a los movimientos regionales con inscripción vigente.

Según el JNE, un total de 150 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las ERM 2026: 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. En la macrorregión sur, por ejemplo, la dispersión es notable. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, en Arequipa existen seis movimientos regionales aptos para estos comicios, al igual que en Tacna. En Puno, ocho; en Cusco, dos movimientos regionales: Túpac y Pachakuteq. En Moquegua, dos; y en Apurímac y Madre de Dios, tres. Esto no es un dato menor, pues a pesar de tener las mismas taras de los partidos nacionales, pero menos recursos económicos, los movimientos regionales usualmente son los que ganan en las elecciones regionales. En el 2022, obtuvieron 14 gobernaturas contra 11 de los partidos nacionales.  

Si bien los datos históricos de la ONPE de las elecciones en regiones no revelan un panorama tan desolador como en las elecciones nacionales, sigue siendo preocupante la legitimidad de las autoridades subnacionales. En las elecciones regionales de 2022, Rohel Sánchez fue elegido gobernador de Arequipa con el 38.4% de los votos válidos. En Puno, Richard Hancco accedió al cargo con el 33.9% de la votación válida. En Cusco, Werner Salcedo se impuso en segunda vuelta con el 57.9% de los votos válidos. En Moquegua, Gilia Gutiérrez ganó en segunda vuelta con el 52.28%, luego de que en primera vuelta ningún candidato superara el 30%. En Tacna, Luis Torres logró el 30.6% de los votos válidos. En Apurímac, Percy Godoy alcanzó el 40.3%. Y en Madre de Dios, Luis Otsuka obtuvo apenas el 31.8% de los votos. Salvo excepciones como Cusco y Moquegua en segunda vuelta, el resto de los ganadores se movió entre el 30% y 40%, lo que significa que entre el 60% y el 70% del electorado no votó por quien terminó gobernando. Este porcentaje disminuye si hacemos el cruce de los datos con todo el padrón electoral. El porcentaje de votos nulos y blancos expresan el descontento.

Si en 2022 ganar con el 30% y 40% era común, con más de 150 organizaciones compitiendo, es probable que en los próximos comicios muchos ganadores obtengan porcentajes aún más bajos y vayamos a una segunda vuelta. Un alcalde o gobernador que llega al poder con el respaldo de apenas el 30% o 35% del electorado asume un cargo con un mandato debilitado, aunque normativamente sea válido.

Con procesos electorales diseñados bajo las normas actuales, la gobernabilidad regional se resiente y la confianza ciudadana en la política sigue erosionándose. El problema no es solo la cantidad de partidos o movimientos, sino la ausencia de un debate serio sobre cómo construir legitimidad con umbrales de representación tan bajos.

Propuestas de reformas como la sugerida por la Coalición Ciudadana son importantes. Como aquella referida a la legitimidad de las autoridades electas que, aunque se diseñó para las elecciones nacionales, bien podría encajar con nuestros procesos subnacionales: “para la segunda vuelta de elecciones presidenciales deben participar, como máximo, los cuatro candidatos con votaciones más altas hasta superar el 55% de los votos”. Por supuesto, esta reforma nunca fue acogida en el seno parlamentario.    

La democracia peruana necesita autoridades que realmente representen a la mayoría. Mientras el sistema electoral premie la fragmentación y no incentive la construcción de consensos reales, la falta de legitimidad seguirá siendo el talón de Aquiles de nuestros gobiernos nacionales y subnacionales.

 

desco Opina – Regional / 22 de mayo del 2026

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Ni olvido ni perdón

 

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.

En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.

Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.

Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.

Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.  

Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.

La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026

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“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.

Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.

Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”

Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.

Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).

Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.

Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.

Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.

Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.

Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.

Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.

Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.

Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.

Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.

En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.

desco Opina / 25 de agosto de 2023

Sacarle púa al trompo

Aunque la reacción chilena al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya parece reeditar el relato de Palma en el cual el Virrey de turno decía, sobre las órdenes recibidas de España, «Acato y no cumplo», no es difícil percibir que se trata de una estrategia del presidente Piñera para pasarle el fardo a la electa Michelle Bachelet y que, en ese sentido, es una disputa transitoria. El triunfalismo experimentado en el Perú y los discursos de los bloques políticos en Chile no dejan de ser altisonantes, pero deben ser entendidos como formas locales de concebir la correlación de fuerzas; volviendo a Palma, en ambos países los políticos quieren «sacarle púa al trompo».

No deja de quedar cierta sensación, a la distancia, de que la institucionalidad chilena es un tanto más robusta que la nacional. En el país del sur tuvimos señales como el que Piñera se haya reunido con los tres presidentes pasados y con la Presidenta electa, o el hecho de que el alcalde de Arica haya anunciado –antes del fallo– que su país debía tener un Plan B si éste les era desfavorable. Nada tenía que ver este plan con desacatos, sino más bien con compensar a los pescadores que resultaran afectados, para declarar después «acá hay una absoluta tranquilidad, los hermanos peruanos son nuestros vecinos y casi no los consideramos de otro país». Nada que incendie la pradera, precisamente.

Contrasta con el vulgar despliegue de figuración por parte del ex Presidente García, a quien algunos canales le hicieron el «favor» de enfocarlo durante todo el tiempo que tomó la lectura del fallo por parte del juez Tomka. Luego, por supuesto, declaró antes que el Presidente Humala, contraviniendo el acuerdo que tenía con  Palacio y con otros líderes. Por otro lado, aquí un ex presidente está en la cárcel (enfrentando ahora un juicio por manipulación mediática, qué curioso), y los otros dos son investigados a instancias del Congreso. Se corrobora así la perniciosa imagen de que el poder corrompe y que quien entra a Palacio sale con rabo de paja. Quien más curtido está en navegar por las acusaciones es, qué duda cabe, García.

Las declaraciones presidenciales en el marco de la CELAC sobre una implementación «en los plazos más breves y de forma gradual» dicen algo del carácter aparentemente contradictorio de la administración de expectativas desde la óptica política, en uno y en otro país. Llama la atención que el debate se haya centrado tanto en los hechos «técnicos» de la pesca, que se han explicado en otros espacios: la pesca artesanal puede ser «de altura» y por tanto, también se gana algo más allá de las 80 millas, la anchoveta no se le conculca a Chile, etc. Quizá porque se considera que son los pescadores el rostro visible de afectaciones en la delimitación.

No es así, porque tanto aquí como en Chile las leyes de cada país son lo más disputado: en Chile el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca se queja contra una Ley que, dicen, privatiza las cuotas de pesca, beneficiando a siete grupos pesqueros; en Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP protesta por el decreto 005-2012 en lo que se refiere a la limitación de la pesca de anchoveta a partir de la milla 7. Como siempre, la delimitación no exime al Perú de hacer su tarea a nivel interno y, en lo inmediato, dialogar con los tacneños sobre lo que esto significa, escuchar a quienes han sido directamente afectados –presumiblemente los pescadores artesanales «que no son de altura»– y resolver también el tema de las pequeñas embarcaciones retenidas en el muelle Prat por haber cruzado una línea que, después de La Haya, sigue estando ahí.

Algunos analistas han indicado también, y con razón, que es la oportunidad para repensar las relaciones exteriores del país, pensando en el sur del Perú y su integración socioeconómica con Bolivia, además de con Chile. Mal que bien, la postura peruana al presentar la demanda es lo más cercano a una política de Estado que hemos experimentado en el país en los últimos tiempos. ¿Alcanzará el impulso para contar con una visión territorial del sur peruano? Si así fuera nos alejaríamos de la risueña visión de Palma, que equiparaba la política con la politiquería.

desco Opina / 31 de enero de 2014

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Las tribulaciones del Presidente

desco Opina / 30 de junio de 2009

El Premier Yehude Simon tuvo un éxito relativo en la negociación de los conflictos con los pueblos indígenas amazónicos y con la población de Andahuaylas. En el primer caso, transcurrieron más de 50 días de protesta y movilización y se produjeron 34 lamentables y condenables muertes; en el segundo, pasaron más de 10 días. Aunque en Sicuani no logró un resultado similar, los magros réditos de las jornadas anteriores le permitieron contar con una defensa tibia del APRA y de algunos parlamentarios de distintas tiendas en la interpelación parlamentaria.

La censura anunciada por diversas agrupaciones opositoras, incluyendo al fujimorismo y a Unidad Nacional, que son parte de la alianza gobernante, parece improbable. En el corto plazo, el gobierno lo necesita más que antes, habida cuenta que ha sido su cara negociadora, habiéndolo comprometido en el futuro inmediato a un conjunto de medidas que suponen una derrota política y un retroceso en su discurso fundamentalista del perro del hortelano.

Su rol de bombero, aquél que rechazó desde el primer momento para diferenciarse de su antecesor, le prolongará la permanencia en el Premierato por un tiempo más –el que el Presidente García disponga– a pesar de la indiscutible responsabilidad política que le corresponde por los luctuosos sucesos de Bagua y que se resistió a aceptar en el Congreso de la República. Su gestión terminará con más pena que gloria cuando el mandatario resuelva cómo salir del entrampamiento al que lo condujo su apuesta ciega y dogmática por un modelo basado en la puesta en valor de los recursos económicos del país para su explotación por las grandes inversiones, descalificando a los opositores a ese proceso y reduciendo el rol estatal a la promoción de dicho modelo.

La resolución del Presidente no será fácil. Aguijoneado por algunos de sus socios para endurecer el manejo del país en nombre de la recuperación del orden y la autoridad perdida, alentado por algunos de sus partidarios a descubrir y denunciar una conspiración internacional y antiperuana, García debe constatar también que hay un creciente sentido común, que alcanza incluso a muchos de los que se han beneficiado de su gestión, que encuentra en la incapacidad estatal para atender las demandas de vastos sectores de la población, así como en su carencia de toda voluntad para el diálogo, factores que permiten entender lo que está ocurriendo.

Si las cosas no son más difíciles para él, es porque la radicalidad social, las protestas y el descontento, carecen de representación política y de formas efectivas de mediación en su relación con el Estado. Mientras ello no se resuelva, sus límites seguirán siendo estrechos, aun cuando no disminuirán en su intensidad.

La gobernabilidad del país, en consecuencia, ingresará a un difícil período de prueba. La desaprobación creciente del modelo económico, revelada por encuestas recientes, así como el apoyo a la legitimidad de la protesta de los pueblos amazónicos y la exigencia de diálogo en el caso de Andahuaylas, muestran sensible y paulatino cambio de sensibilidad de la opinión pública, que no se resuelve acusando de «antisistema» a los opositores. El silencio del Presidente los últimos días, en contraste con su habitual y proverbial locuacidad, indica que está preocupado, seguramente por el malestar que existe en el país, pero también por el que empiezan a mostrar algunos de sus socios.

desco Opina / 30 de junio 2009
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Depredando (el país) en democracia

desco Opina / 29 de mayo de 2009

La movilización indígena, que exige la derogatoria de los decretos legislativos referidos al manejo de los recursos de la Amazonía, debe ser leída como el hecho político más significativo de los últimos años en nuestro país. Uno de los reclamos de los movilizados, representados por Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es que no han sido consultados. Este es el punto más extremo de una práctica que alcanzó altos picos con el fujimorismo y hoy mantiene el gobierno del APRA: la legislación se sustrae del debate en el Parlamento, que cede poderes extraordinarios al Ejecutivo, que a su vez actúa más allá de los propósitos declarados (en este caso, la «agilización» para implementar el TLC con los Estados Unidos). Ya no se trata sólo de que la definición de las normas que rigen nuestra economía y nuestra política de recursos naturales sea una esfera fuera del alcance del ciudadano peruano, sino que es una esfera que actualmente puede –por lo visto necesita– prescindir de los controles que la democracia tiene diseñados, entre ellos el Congreso. En este mismo contexto, se aprobó el aumento en diez escaños parlamentarios para el próximo período.

El problema ha renovado crudamente preguntas sobre la representación de los intereses de las comunidades indígenas de la selva y sobre la legitimidad de estos ante el auditorio y en el imaginario nacional. Sobre lo primero, resulta irresponsable la táctica que han elegido el partido de gobierno y los voceros mediáticos de la derecha. Denunciar por sedición a los dirigentes de AIDESEP buscando demoler la imagen pública de Alberto Pizango no sólo es muestra de desprecio, sino de gran torpeza: se trata de uno de los más sólidos dirigentes sociales, a la cabeza de una organización con amplia trayectoria y capacidad de representación, lo que hace de él un interlocutor válido ante un espacio cultural y político que por su naturaleza heterogénea, ha sido esquivo en el diálogo con el Estado. Se quiere desbaratar a una organización pacífica y representativa, que puede permear y contener posturas radicales, episódicas y sin programa. Sobre lo segundo, el papel de los medios en general es preocupante: la crítica ya no puede limitarse a su insuficiencia o desapego por dar cuenta de lo que ocurre más allá de Lima y de las ciudades. El número de los movilizados, el problema de desabastecimiento y el desplazamiento de las fuerzas del orden, son hechos de una magnitud que al ser ignorados, sólo indican un poderoso cerco mediático.

Lo que nos parece sustantivo, es la tensión de fondo que se expresa en esta resistencia de los amazónicos contra el paquete de decretos. Por más que el gobierno, en particular el presidente García, se esfuerce continuamente en presentar las reacciones contra el modelo económico como una resistencia local, no puede ocultar que la Amazonía es un territorio estratégico para la expansión del gran capital, esto es, parte de una tensión geopolítica ante la cual los Estados y las poblaciones se alinearán o no con los poderosos intereses trasnacionales que persiguen –ahora– las reservas de petróleo, y –en un período cada vez más próximo– el agua y los bosques, en un contexto de crisis energética y cambio climático globales.

En esta tensión –que desborda cualquier maniobra en los márgenes locales– se define el carácter contradictorio y cada vez más limitado de nuestra democracia en este modelo de crecimiento. Los derechos de los pueblos amazónicos y la intangibilidad de sus territorios están consagrados por acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano. Los decretos que los violentan son incompatibles con la propia legislación peruana, han sido declarados improcedentes por la mayoría de la Comisión de Constitución en el Congreso, y aún así, no han sido exonerados de segunda votación. Se revisarán en una nueva mesa de diálogo, en la Defensoría del Pueblo y pasarán al Tribunal Constitucional. Pero estos derechos y estos territorios «deben» ser violentados por el Estado peruano si lo que se busca es continuar la política de promoción de la inversión privada, esquema que, por lo demás, funciona como paraguas de variados y oscuros negocios, de los que ha dado testimonio Rómulo León y el caso de los petroaudios.

La tensión descrita también expresa las diferentes y no discutidas opciones estratégicas para el país, en donde los pueblos amazónicos están defendiendo no sólo su supervivencia, sino un territorio que se quiere depredar en la perspectiva de una alternativa no sostenible de desarrollo para todo el país. Bajo su formato actual la alianza del APRA con la derecha ha cancelado la posibilidad de un programa que permita procesar los intereses vivos –por ejemplo los expresados en la movilización amazónica– que podría sentar las bases para replantear la relación con las empresas extractivas y en general, el diseño de promoción de inversiones de gran impacto social y ecológico. Con este cerrojo, sólo le queda replegarse a una postura conservadora del orden constitucional: acoso a los dirigentes, silencio mediático, mesa de diálogo y, en última instancia, la opción por la represión directa y violenta, cuyos primeros atisbos han sido los eventos de Corral Quemado.

Así como se criminaliza la protesta, ahora se busca «antisistemizar» cualquier propuesta de cambio. Se ha querido acusar a los discursos y opciones presentadas por la dirigencia de AIDESEP, como parte de una opción desestabilizadora y antisistema. La protesta lleva casi un mes y medio y tiene como antecedente una masiva movilización que conmocionó a la selva peruana en agosto del año pasado. Ha agotado los canales previstos y los implementados ad hoc. La oposición a los decretos vertidos por el Ejecutivo al amparo de la ley 29157 –la ley de excepción bajo el pretexto del TLC con los Estados Unidos– se ha fundamentado no a partir de una declaración ideológica, sino de su incompatibilidad con la Constitución y con el Convenio 169 de la OIT, que es apenas uno de los más significativos dentro de un marco legal internacional gestado a lo largo de décadas para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios y la vida en la Amazonía. Ese marco legal es una vertiente de la globalización que el gobierno peruano rechaza, pues colisiona con los intereses del capital del que se ha declarado partidario, bajo la ideología del «perro del hortelano».

Cabe preguntarse si la defensa de la selva es «antisistema» porque convoca a la solidaridad y a la movilización a otras organizaciones sociales, no gubernamentales o a los pequeños núcleos de izquierda, o es antisistema porque una legítima demanda de participar en la vida nacional colisiona con los intereses de los grandes grupos de poder económico, que ansían controlar los recursos energéticos y naturales, agrediendo los territorios que necesitan expoliarse para asegurar beneficios particulares mostrados como cifras de crecimiento económico.

Frente a la resistencia amazónica, la reacción del APRA, la derecha y en general los grupos que se benefician del modelo económico a sabiendas de que ofende y excluye a sus compatriotas, no hace sino expresar el rechazo de estos sectores a cualquier propuesta de desarrollo que no corresponda con el modelo. En este sentido, la lucha de los indígenas amazónicos por la defensa de la selva, es la lucha de todos los peruanos que ni viven ni están dispuestos a vivir del chorreo ni de la postergación de otros peruanos.

desco Opina / 29 de mayo 2009

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¡Denle curso al expediente!

desco Opina - Regional / 22 de mayo de 2009

Esta popular frase bien puede reflejar un clamor generalizado en la selva central. Esta región exige el cumplimiento de los ofrecimientos y proyectos de equipamiento e infraestructura vial que, «sonámbulamente», transitan por oficinas y escritorios de las diferentes instancias del aparato gubernamental.

¿Cuánto tiempo se necesita para construir una obra vial y cuánto más para efectuar sus «trámites formales»? ¿Son más horas de trámites formales y burocracias las que se invierten en una carretera, que las que se dedican para su diseño y construcción? ¿Puede funcionar el motor nacional usando a la «tramitocracia» como combustible estratégico para el desarrollo?

La selva central del Perú tiene grandes potencialidades económicas, se hizo conocida internacionalmente por la calidad de su café, además de su capacidad productiva frutícola y, para los conocedores, no son extraños sus productos apícolas y lácteos de alta calidad procedentes de la provincia de Oxapampa. ¿Cuánta de esta producción se pierde o encarece por el lamentable estado de sus vías locales y de conexión con las ciudades costeras consumidoras? Un territorio con limitaciones de circulación o altos costos de transporte para enviar sus productos al mercado, es poco competitivo y la selva atraviesa por esa terrible situación debido a la inercia del aparato estatal, que se activa en base a requisitos que buscan evitar la corrupción pero, a la postre, son nada ágiles para conseguir objetivos en función al desarrollo.

Las autoridades locales y los productores, concientes de esta debilidad competitiva que limita la actividad productiva y diluye las posibilidades de desarrollo de su potencial turístico, realizan alianzas internas y, entonces, es común ver a alcaldes y dirigentes en las diferentes instancias gubernamentales, buscando agilizar los procedimientos administrativos, perdiéndose muchas horas/hombre que se acrecientan cuando se carece de padrino o hay poca voluntad para «aceitar» a algún funcionario corrupto.

Durante los primeros meses de cada año, el agroproductor de la selva debe lidiar con las intensas lluvias, las inundaciones, los deslizamientos y los cortes de las vías; pero, luego de ello, debe enfrentarse a las inundaciones de promesas y al bloqueo provocado por los trámites. Contra la naturaleza puede desarrollar actividades de prevención de desastres; sin embargo, contra los huaycos de promesas y el represamiento de los trámites no existe «Defensa Civil» posible.

Así, depender de una sola vía –la carretera Central– para conectarse con Lima, tanto para sacar sus productos, como para proveerse de insumos, es el ejemplo palpable de las limitaciones impuestas para la producción de la selva. Dicha carretera es interrumpida frecuentemente por los embates de la naturaleza, pero poco o nada se hace para dar una solución a las continuas pérdidas acumuladas por estos avatares: en las oficinas de Provías existen antiguas promesas y propuestas que reducirían en gran parte estos costos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la carretera Huacho-Huánuco, que aún hoy carece de una solución para su continuidad y por ende no se convierte en proyecto ni cuenta con financiamiento. Otra solución es el proyecto de carretera Cañete–Huancayo–Satipo–Atalaya–Puerto Esperanza, que al enlazarse vía fluvial mediante el río Purús, daría la opción de conectar a la selva central con el Brasil –otro posible mercado–, pero que tampoco tiene financiamiento conocido.

En el plano de la vialidad interna, la precariedad de los caminos no favorece la integración social del territorio. La rehabilitación y mantenimiento de las vías dependen de la disponibilidad económica y equipamiento de los gobiernos locales, cuando los gastos para la recuperación son de menor cuantía y se cuenta con maquinaria adecuada; pero, si los deterioros son considerables y se necesitaran equipos no disponibles localmente, es casi seguro que estarán sujetos a largos trámites ante las autoridades de la provincia o de la región. Este año, se le ha asignado 201 millones de soles a Provías, para el mantenimiento de la carretera La Merced–Puerto Bermúdez–Ciudad Constitución–Km. 76 carretera a Pucallpa; para los próximos cinco años; pero, existen en las oficinas de la Región Pasco, proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial desde Villa Rica hasta Palcazu–Izcosacín, que se encuentran entrampados desde hace más de un año y sin visos de posible solución a la vista. El asfaltado de la carretera Puente Reither–Villa Rica se encuentra en sus «tramites finales» desde hace dos años y todo nos hace suponer que esa situación se prolongará algún tiempo más. En la provincia de Satipo, también duermen otras promesas que recibieron aplausos pero que no se traducen en caminos tangibles.

Los aspectos estructurales tampoco favorecen la agilización de las soluciones. Por ejemplo, cuando se interrumpen los caminos debido a las crecidas de los ríos o por el deterioro de algún puente, el gobierno local puede intervenir siempre y cuando sea un camino vecinal; pero, si el problema se localiza en una vía que depende del Ministerio de Transportes, debe inhibirse porque estaría malversando fondos. Un caso ejemplar de lo que estamos diciendo es lo ocurrido luego de la caída del puente sobre el río Yuncullmas en la provincia de Oxapampa, tramo de la vía Villa Rica–Palcazu–Puerto Bermúdez, hace varios años atrás. Las municipalidades de la zona no tienen la responsabilidad de resolver este inconveniente y desde el gobierno central, no existe interés alguno en solucionarlo. Entonces, es normal que en tiempos de lluvias, grandes espacios territoriales se vean desabastecidos de alimentos, medicinas e insumos y sin posibilidad de comerciar ni trasladarse de manera segura. Ante esta situación ¿cuánto cuesta vivir en la selva, donde no sólo se arriesga la economía familiar sino, incluso, la propia vida?

La selva central produce menos de su real capacidad y no es por falta de voluntad emprendedora. Ocurre que esta realidad encarece la inversión. Es lamentable saber que existe capacidad productiva pero está –en su mayor parte– ociosa. Puede contradecirse esta afirmación aseverando que hay logros importantes, como el de la piscicultura tan destacada por los medios de comunicación. Sin embargo, lo que no se dice es que no llega a mercados rentables porque sus productos deben comercializarse casi localmente debido a que arribar a la capital es demasiado riesgoso dado el estado de las carreteras. Bajo estas circunstancias , la producción de coca, insumo para el narcotráfico, se convierte en opción económica que atrae a algunos productores por su baja inversión y alta rentabilidad. Así, una manera de disminuir la producción cocalera para el narcotráfico es la habilitación de los caminos que integran la selva con el exterior.

En suma, debe comprenderse que no es sólo el uso de tecnología inadecuada lo que impide el desarrollo de la selva o pensar –de manera equivocada– que en la selva central los pobladores elijan vivir de actividades ilegales: lo que afecta a toda su actividad social y a las cadenas productivas es el estado de la infraestructura vial, situación que se arrastra desde hace varias décadas y que es una deuda moral que el país entero aún no puede saldar con los pobladores de la selva central, así que ¡denle curso al expediente! antes que se convierta en una explosión social de magnitudes inimaginables.

desco Opina - Regional / Programa Selva Central

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