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viernes

El Puerto de las Américas Corío en vitrina

 

Recientemente el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El anuncio representa un hito histórico, si tomamos en cuenta que este megaproyecto carga una estela de dos décadas de promesas incumplidas en las gestiones regionales.  

En el sentido estrictamente burocrático: por primera vez existe un documento técnico validado por el ente rector que ordena usos de suelo, conectividad y etapas de implementación. Pero conviene mirar este anuncio teniendo presente los otrora halagüeños que hemos escuchado durante los últimos veintitrés años y que no condujeron a ninguna parte.

La idea de un gran puerto en Punta de Bombón se conoció en la gestión de Daniel Vera Ballón (2003-2006) quien se arrogó su concepción, pero la propuesta nació de la empresa privada, como Euroamerican International Group, invisibilizada en esta historia, como otros. Ese primer intento no prosperó.

Juan Manuel Guillén (2007-2010 y 2011-2014) y Yamila Osorio (2015-2018) heredaron la idea sin conseguir mayores avances. Aunque Osorio firmó un convenio con la APN para avanzar en el 2016 con los estudios que requiere el proyecto, su continuidad ejecutiva quedó inconclusa. Con Elmer Cáceres Llica (2019-2021) — quien nuevamente está en la carrera por el sillón regional tras su paso por la cárcel—, el proyecto languideció entre la conflictividad social por Tía María y la parálisis institucional. En el corto gobierno de Kimmerlee Gutiérrez (2021-2022) tampoco se avanzó nada. En noviembre de 2025, con Rohel Sánchez, se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la APN, ProInversión y el MTC que finalmente destrabó el proceso hasta el Plan Maestro aprobado la semana pasada.

La inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado por capitales chinos a través de COSCO Shipping Ports, ha sido el chispazo para retomar el proyecto. Corío, con su batimetría natural de 28 metros —muy superior a los 17,9 metros de Chancay—, dejó de ser un proyecto regional más y empezó a venderse como la promesa para controlar la próxima generación de infraestructura portuaria del Pacífico Sur.

Detrás de los anuncios surge una disputa mayor: la inversión en "activos estratégicos", en medio de la pugna por el control logístico del Pacífico Sur entre China y Estados Unidos. Que Washington muestre interés no es casual. Estados Unidos observa con preocupación la expansión portuaria china en América Latina y busca alternativas de infraestructura en países aliados. Perú, sin buscarlo explícitamente, quedó posicionado como terreno de disputa entre ambas potencias. Y aquí cabe mencionar que la actual gestión regional de Arequipa también presentó el proyecto a inversionistas norteamericanos.  

El proyecto Corío contempla una plataforma logística, un hub de hidrógeno verde y conexión ferroviaria hacia Puno y Cusco. Para toda la macrorregión sur, el proyecto significaría la posibilidad de exportar mayor volumen de minerales y productos agroindustriales con menores costos logísticos, además de fomentar su articulación como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil y el mercado asiático.

La aprobación del Plan Maestro es un paso real, pero tenemos que estar preparados para abordar la gestión de este megaproyecto desde diferentes flancos. Para comenzar el Gobierno Regional de Arequipa debería tener una participación en la formulación de los términos de referencia (TDR) que elaborará ProInversión para los posibles inversores y garantizar, con ello, una visión descentralista con ventajas para las economías de los departamentos de la Macrosur. También merece una discusión previa el tema de la soberanía nacional a fin de no dar prioridad a los intereses de países extranjeros, teniendo como antecedente la controversia suscitada por la supervisión estatal del puerto de Chancay. Otro tema que no debemos dejar de lado es la titularidad y resguardo de los terrenos donde se asentará el proyecto, ya tenemos malas experiencias en la ejecución del Proyecto Majes II, la Carretera Arequipa La Joya y el Puente Chilina.

Esta vez, el contexto geopolítico puede ser un espaldarazo para que este proyecto, rebautizado como el Puerto de las Américas Corío, se materialice y responda a las necesidades que implica el desarrollo descentralizado de las regiones al sur del país.

 

desco Opina – Regional / 11 de setiembre del 2026

descosur

El Bukele peruano: del “chifagate” a la hamburguesa americana


José Jerí, encargado de la presidencia del país, es definitivamente un hombre con suerte. Tras llegar al Congreso por la ventana como accesitario de Martín Vizcarra, con 11 654 votos, vale decir con más de 15 000 menos que el congresista que obtuvo la menor votación en Lima, de ilustre desconocido hizo carrera rápida en el Parlamento. El 2022 ya aparecía como un operador político relevante de Somos Perú, llegando en julio 2023 a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, controlando la asignación de recursos públicos y desarrollando relaciones privilegiadas con los ministerios y los gobiernos regionales; pasó así rápidamente a ser parte central del poder presupuestal.
Simultáneamente, su patrimonio tuvo un aumento millonario desde su ingreso al Legislativo y cargó con una denuncia por violación —archivada finalmente por el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez—, otra por desobediencia a la autoridad, y una tercera por integrar una supuesta organización criminal. Como representante votó a favor de todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, respaldó las leyes que demolieron la institucionalidad, votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz y aquella contra la extinción de dominio. Hizo lo propio con las normas sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales. En resumidas cuentas, un congresista a carta cabal; un digno representante del autodenominado primer poder del Estado.
Que fuera encargado de la Presidencia no fue sorpresa. La conducción del Congreso quedó en manos del fujimorista más duro y el Ejecutivo se le entregó a un joven inexperto al que previamente se lo había puesto como autoridad máxima del Parlamento. A fin de cuentas, la única misión que tenía parecía elemental: no ser Dina Boluarte. Convencido de su rol de personaje jugó a ser un Bukele hiperactivo, apostando por la conexión con el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo. Sus ideas le alcanzaron apenas para abrazar el estado de emergencia y las visitas altisonantes a los penales como estrategia. Empoderado por las encuestas iniciales, pensó que tenía un bono seguro hasta el 28 de julio. Incapaz de presentar su anunciada estrategia de seguridad, se vio desbordado por la realidad: los asesinatos aumentaron en su gestión, la extorsión crece imparable en ciudades como Lima, Trujillo, Piura y Sullana, los transportistas públicos son atacados y asesinados cotidianamente y las capturas que hace la Policía y reporta cotidianamente su jefe máximo, siguen acompañadas por los escándalos frecuentes en los que aparece involucrada esa institución.
Para peor, el escándalo del “chifagate” apareció en todo su esplendor. El presidente encargado, disfrazado de achorado, como comensal una vez, como comprador la segunda, desnudó sus largos vínculos con el empresario chino Zhihua Yang, con el que, existen indicios sobrados, mantiene una relación opaca desde su paso por el Congreso. Sus inútiles explicaciones, en realidad una sucesión de embustes, fueron tan flojas que, su Primer Ministro, por defenderlo, terminó descalificándolo al intentar explicar la reunión en San Borja como una trampa en la que había caído Jerí por su juventud, tratando de hacer creer que era un acto de inmadurez y no de corrupción política.
Como si ello no bastara, un informe televisivo, como lo señalara con elegancia un reconocido historiador, nos recordó que el Bukele nacional en realidad es un sucesor de Pantaleón. Las varias visitantes de la Plaza de Armas, convertidas en funcionarias públicas, hablan de un presunto tráfico de influencias a favor de aquellas. Esa investigación se hace más dura si se suma a la celebración de su cumpleaños en Cieneguilla, cuando ya era congresista, y la presencia de personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, así Gálvez sea el Fiscal perdonavidas, es evidente que la imagen de Jerí seguirá cayendo.
La fresa de la torta, más grave y de mayor calado aún, se produjo el martes 10. El embajador americano, Bernie Navarro, difundió en sus redes sociales una foto de su reunión “informal” con el presidente encargado en la residencia de la Embajada. Ambos personajes aparecen compartiendo una “hamburguesa americana” a decir de Navarro, que de manera mordaz anuncia “cambiando el menú”, aludiendo directamente al “chifagate”. Más allá de la anécdota y de las características personales del embajador directamente designado por Trump y Marco Rubio, apunta a alinear explícitamente nuestra política exterior con los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, aprovechando la debilidad del gobierno. Simultáneamente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental emitió un comunicado expresando su preocupación por reportes que sugieren que el Estado peruano carecería de poder para supervisar el megapuerto de Chancay, que es descrito como una infraestructura bajo la jurisdicción de "propietarios chinos depredadores”. El Embajador reposteó el mensaje, añadiendo que no hay precio más alto que perder la soberanía.
En esa dirección, recordemos que el Primer Ministro, días atrás sorprendió a la platea cuando desde la Casa de Pizarro, anunció que la próxima adquisición de cazas para la Fuerza Aérea del Perú aprobada por el Congreso, será definida de acuerdo con la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Las declaraciones de Álvarez dejaron claro que, habiéndose realizado el estudio técnico de los modelos ofertados, la decisión será política y responderá al alineamiento de Perú con Estados Unidos, a días de que esta nación declare al Perú como “aliado extra OTAN”.
En este escenario, Podemos y Alianza para el Progreso anunciaron que se suman al pedido de realización del Pleno del Congreso para discutir el futuro de su expresidente, convertido por su decisión en presidente encargado. Los costos electorales que puede representarles el mantenerlo, les inquietan ahora, como en su momento ocurriera con Boluarte, cuando lo que debiera preocuparles más es cómo se está arriesgando alegremente el futuro del país en todos los campos, incluido, como resulta obvio, el geopolítico.

 

desco Opina / 13 de febrero de 2026

La diplomacia de Trump

 Si alguna «virtud» tiene el presidente Trump es la de generar una propuesta, lanzar una idea o una amenaza que tiene consecuencias políticas tanto nacionales como internacionales y que, además, no deja de sorprender a tirios y troyanos. Ni bien asumió la presidencia comenzó a actuar como el «matón del barrio», comportamiento que no debe extrañarnos si consideramos que, para él, América Latina es su patio trasero y el mundo, una suma de países mayormente ineptos, muchos de los cuales sobreviven gracias al apoyo de Estados Unidos (EE.UU.). El mundo que se imagina es uno que le otorga el derecho a mandar.

No nos debe sorprender, por ello, la forma en que Trump ha comenzado a poner en marcha su nueva política exterior en América Latina. Anunció con bombos y platillos que estaba interesado en «recuperar» (es decir apropiarse) el Canal de Panamá. Sus razones: que el Canal es manejado por los chinos, lo que explica por qué los buques de bandera norteamericana pagan una tarifa más costosa.

Casi al mismo tiempo, anunció que aumentaría en un 25% los aranceles aduaneros a sus socios comerciales, Canadá y México, argumentando que el TLC firmado por estos tres países no favorecía a EE.UU. y que, además, había propiciado un proceso de desindustrialización de su país. El objetivo es traer de regreso a EE.UU. a estas empresas y empresarios afincados en México y en otros países. También, en estos días de elocuencia presidencial, anunció que iba cambiar el nombre al Golfo de México por el de Golfo de América.

Cabe señalar que la controversia sobre la propiedad del Canal de Panamá terminó cuando el Presidente panameño, un político de derecha y amigo de los EE.UU., anunció luego de conversar con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se encontraba de gira por Centro América, que su gobierno renunciaba a pertenecer a la llamada Ruta de la Seda, que es acaso uno de los mayores proyectos estratégicos de carácter internacional de la China. Por otro lado, el tema del aumento de aranceles se sigue discutiendo y tomará tiempo. Y en cuanto al cambio de nombre del Golfo de México, esto fue en verdad un bluf. El Decreto que firmara a los pocos días de asumir la presidencia lo que aprobó fue el cambio de nombre en la zona de la plataforma marítima de EE.UU., mientras el nombre del Golfo de México nunca estuvo en discusión. Fue un acto de propaganda.

Es claro que la política exterior de Trump tiene dos preocupaciones centrales. Por un lado, el tema de la migración –o mejor dicho cómo contenerla–, ya que fue un eje de su campaña presidencial; por el otro, la presencia de la China, que es para EE.UU. su principal rival.

“Stephen Miller, asesor de seguridad interior de Estados Unidos, y Tom Homan, el «zar» de las migraciones, son los ideólogos de la política trumpista en torno a este eje. Ambos quieren expulsar a alrededor de 11 millones de personas (40% con permisos temporales y 60% indocumentados). Esa cifra incluye a 4 millones de mexicanos, 2 millones de centroamericanos, más de 800.000 sudamericanos y 400.000 caribeños. Las deportaciones tendrán efectos graves en las economías de los países de origen. En este marco, se espera una disminución de las remesas, y varios estados de Estados Unidos planifican imponer mayores impuestos a las que perduren. Las remesas representan entre 20% y 25% del PIB de El Salvador, Guatemala y Honduras. En México suponen 60.000 millones de dólares al año. Aceptar los deportados supone una inmensa carga económica y potenciales crisis políticas y sociales”.

Para que se entienda la complejidad y el impacto que este tema tiene en nuestro país, se calcula que para el 2024, las remesas que han enviados los peruanos en el exterior superan los cuatro mil millones de dólares. Todo un record.

Hace unos días, el presidente Trump declaró que le gustaría reconstruir la ciudad de Gaza para convertirla en una suerte de balneario, es decir un lugar turístico VIP, desplazando a toda la población palestina que vive en ese territorio. Si bien lo primero que uno puede decir ante esta barbaridad es que Trump no tiene «alma» y menos humanidad, es claro que lo que está haciendo es una diplomacia activa, con un tinte pragmático, que empieza provocando, para después negociar, como lo demuestra la reciente conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, que terminó con la liberación de un norteamericano preso por varios años, o los acuerdos con Venezuela que incluyeron la liberación por el gobierno de Maduro, de varios ciudadanos estadounidenses. En realidad, lo que busca es convertirse en un líder de talla mundial. Para ello cuenta con aliados internacionales tanto de la ultraderecha europea como latinoamericana. ¿Lo podrá hacer?

 

 

desco Opina – Regional / 14 de febrero del 2025