“La revolución del sentido común”

 

Durante la campaña presidencial estadounidense, muchos nos tirábamos de los pelos por las consecuencias que traería para el continente y el mundo una eventual victoria de Trump, considerando los antecedentes de su primer gobierno, el fanatismo de sus seguidores que tomaron por asalto el Capitolio bajo el grito de fraude, y la radicalización de la derecha a nivel mundial, esa que enarbola un extraño concepto de libertad.

Durante estos primeros días en el gobierno, los miedos se han ido haciendo realidad. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común… aseveró Trump durante su asunción, quien además anunció un conjunto de medidas con gran impacto en varios sectores.

Dijo que acabaría con el Nuevo Pacto Global y días después su gobierno retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, aquel diseñado para frenar el calentamiento global, ese que acelera el cambio climático y que Trump niega. Pareciera que la “libertad” de sus industrias es más importante que conseguir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial. Sin duda una bofetada a la ONU y a su iniciativa de designar al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. No vamos a ahondar sobre las consecuencias de esta medida, pero sí a precisar que América Latina es la segunda región más propensa a desastres a nivel mundial y que el 83% de éstos son de origen climático. Perú es uno de los países con alto riesgo en esta materia.

Hemos visto en los noticieros los primeros aviones llenos de migrantes, quienes vienen siendo tratados como delincuentes, con grilletes en manos y pies, escoltados en aviones militares de regreso a sus países de origen. Este hecho no fue aceptado por el presidente colombiano Petro, el segundo presidente en la región que levantó la voz después de Sheinbaum, presidenta mexicana, ante la bravata de Trump. Después de un cruce de palabras y amenazas arancelarias, el presidente de EE.UU. tuvo que aceptar enviar a los inmigrantes colombianos respetando formas humanitarias, y Petro tuvo que aceptar recibir a los migrantes expulsados. Lo que seguro no esperaba el “salvado por Dios para hacer América más grande”, es que las empresas de su país comenzaran a reportar pérdidas económicas por la paralización de sus actividades, pues la mano de obra migrante dejó de asistir al trabajo por miedo a las nuevas políticas de deportación.

La Cancillería peruana ha señalado que los ciudadanos que sean deportados van a tener todas las facilidades que se necesiten para su reinserción en el país, remarcando que potenciarían los servicios de asesoría legal. Todavía no hay un anuncio oficial sobre un programa estatal para los migrantes retornantes, como el anunciado por Claudia Sheinbaum en su país. La resaca del viaje a Davos parece no dejar pensar con claridad a nuestra mandataria, preocupada más por sus líos domésticos que por lo que significa este forzado retorno de nuestros connacionales. Aún no cae en cuenta cómo se verán afectadas las partidas de remesas del exterior, que alcanzaron un máximo histórico de US $1240,93 millones en el segundo trimestre de 2024, según el Banco Central de Reserva del Perú, siendo Estados Unidos su principal origen.

Otra de las medidas que nos afectan es la suspensión por 90 días de la cooperación del gobierno de EE.UU., un importante convenio con el Perú con cuatro objetivos bien claros: expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca; incrementar la integridad pública para reducir la corrupción; fortalecer el manejo sostenible del ambiente y los recursos naturales para expandir beneficios económicos y sociales; y alcanzar la mayor integración económica de los migrantes y refugiados venezolanos. Contra lo que muchos piensan, el dinero de la cooperación de USAID para cumplir estos objetivos, representa un porcentaje mucho mayor para el gobierno peruano (en todos sus niveles), que para las ONG peruanas. Para el periodo 2023-2024 los Gobiernos de Perú y Estados Unidos de América acordaron un incremento de US $92 millones, lo que representó para el Perú US $202.9 millones para proyectos en esos dos años. De allí se entiende el comunicado de preocupación publicado por Cancillería sobre esta decisión.

Es seguro, en base a las nuevas políticas de la segunda era Trump, que los objetivos de la cooperación con el Perú después de esos 90 días van a cambiar. Sin duda, los proyectos (estatales y privados) que serán más afectados estarán relacionados al cambio climático y al medio ambiente. Ya no habrá dinero de la cooperación de USAID para el fortalecimiento de capacidades de instituciones y funcionarios del Estado para enfrentar delitos ambientales, para la seguridad hídrica y algunas inversiones en infraestructura natural y un largo etcétera. Sólo en el 2024 en respuesta a emergencias, protección general del medio ambiente y prevención de desastres, el Perú percibió de la cooperación de USAID US $70.4 millones.

Con Trump al mando de uno de los Estados más poderosos del mundo y una jefa de Estado peruana que no gobierna, es preocupante lo que nos deparan los próximos tiempos. No tendremos capacidad de respuesta, o al menos no se avizora de forma clara por el momento.

Las noticias internacionales suelen ocupar un espacio pequeño en medios tradicionales, y su pequeña parrilla está destinada usualmente a anécdotas o a la comunicación de desastres. El contexto internacional, cada vez más cambiante, nos obliga a estar atentas y atentos a las noticias, a escoger fuentes fiables y a preocuparnos por nuestra educación mediática. Tenemos que estar alertas ante esta “revolución del sentido común”.

 

desco Opina – Regional / 31 de enero del 2025

descosur

“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.

Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.

Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”

Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.

Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).

Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.

Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.

Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.

Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.

Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.

Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.

Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.

Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.

Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.

En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.

desco Opina / 25 de agosto de 2023

Las lecciones de octubre

La semana anterior fue adversa para la izquierda latinoamericana. Si bien pudo sospecharse lo que aconteció en las elecciones municipales en Colombia, no sucedía lo mismo con las elecciones argentinas.  Hay que añadir los resultados de Guatemala, aunque el dato que emerge de ese país tiene otra tónica, tal vez más cercano a lo que ocurre en el nuestro.

En Colombia, una primera constatación es que el apoyo social que tiene la izquierda no se ha traducido en votos. El golpe más contundente fue en Bogotá, donde tras doce  años de administración izquierdista, las denuncias de corrupción empezaron a saltar y condicionaron el triunfo de Enrique Peñalosa, el candidato centrista, sobre Clara López, la candidata del Polo Democrático Alternativo, aun cuando el Polo incrementó su representación en el Concejo de Bogotá. El vencedor fue un alcalde relativamente exitoso antes de la emergencia izquierdista.

De esta manera, el principal factor para que la izquierda perdiera las elecciones fue la sensación de «mal gobierno». Es decir, no solo se trató de una mala performance en la gestión municipal de Bogotá, sino también de la generalizada idea de que la izquierda carece de proyecto para gobernar. Dicen los analistas colombianos que esta percepción caló especialmente entre los indecisos que pertenecen a la clase media. En otras palabras, fue decisivo el llamado voto de opinión, emitido por el ciudadano que reflexiona y analiza, que fue tomando fuerza desde las elecciones del 2011. Esto tiene que ver con el aumento de la calidad de vida de la población urbana.

La pregunta que se hacían en Argentina 24 horas antes de las elecciones era si el candidato oficialista Daniel Scioli, ganaba o no en primera vuelta las elecciones generales en ese país. Tras conocer los resultados la pregunta es obviamente otra, al pasar a una segunda vuelta con un ajustadísimo triunfo ante el opositor Mauricio Macri que, para todos los efectos, trasluce una derrota política mayor porque el peronismo pierde la plaza de Buenos Aires luego de treinta años de triunfos consecutivos.

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de Cristina Fernández y candidato oficialista derrotado para la gobernación de la ciudad capital, consideró que esto se explica porque «hubo gente de mi partido que hizo lo imposible para que me fuera mal», graficando así las divisiones internas que, al parecer, hicieron mucho daño a las candidaturas del gobierno. Sin embargo, esa es una de las explicaciones y seguramente, no la más importante. Para Macri, ocurrió que «la gente se animó a decir basta», asegurando que los argentinos hoy «quieren otra cosa». Sin precisarlo, puntualizó el alejamiento de la clase media urbana argentina de los designios del gobierno, al que algún momento apuntaló por representar los cambios que aspiraba. 

El caso de Jimmy Morales, en Guatemala, es un ejemplo extremo, para decirlo de algún modo. En un contexto institucional mucho más precario que Colombia o Argentina, la elección de un conocido cómico en supaís, refleja el fracaso absoluto del sistema político y sus actores, algo que quedó expuesto cuando las movilizaciones populares lograron la renuncia del anterior presidente Otto Pérez Molina. Morales buscó y aglutinó un «voto de castigo» con éxito abrumador, pero sin emocionar. El movimiento popular, espontáneo y sobre todo emotivo, barrió a Pérez Molina pero no germinó una respuesta política, diluyéndose y favoreciendo posturas como las del vencedor, quien no esconde su apoyo a sectores militares y afirma abiertamente que «pone a Dios por encima de todo».

¿Qué tenemos como común denominador en estos tres escenarios con particularidades muy marcadas? En América Latina, las clases medias urbanas conforman la principal masa electoral con que cuentan los partidos políticos. Los resultados muestran que la orientación política de este sector estará determinada por factores tan volátiles como la situación económica, política e ideológica imperantes, es decir, reaccionan ante los vaivenes de la economía y su conducta es fundamentalmente conservadora.

En otras palabras, no nos engañemos, porque no estamos ante una dimensión homogénea. La sucesión de cambios estructurales ocurridos desde los años cincuenta y amplificados en los noventa, han desestructurado este sector social, produciendo una mayor heterogeneidad en su composición interna. En consecuencia, lo pertinente es hablar hoy de clases medias, no de una clase media específica.

Así podemos leer los resultados de la encuesta nacional urbana de GfK. Según esta medición, el 45% de encuestados en el país, no simpatiza con ninguna tendencia política; lo que es más resaltante, su identificación con una ideología de  izquierda, derecha o centro, no está en relación directa con el nivel socioeconómico. Esto podría indicar que hemos llegado a un momento particularmente  difícil con el fin del superciclo extractivista, donde se evidencia la importancia que debió adquirir la construcción de una economía más diversificada e integrada. Es evidente que la paulatina austeridad que se impone en el escenario actual destaca aún más los niveles de corruptibilidad de nuestro sistema político.

Estamos en un escenario de extrema judicialización de la corrupción, en el que ha sido muy fácil activar una dinámica de vendettas, que recorta a la ciudadanía la posibilidad de generar y fortalecer sus mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas. Por ello, debemos leer con mucho cuidado lo sucedido en Argentina y Colombia, prestándole especial atención a lo que ha ocurrido en Guatemala. 

desco Opina / 30 de octubre de 2015 
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