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viernes

Sacarle púa al trompo

Aunque la reacción chilena al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya parece reeditar el relato de Palma en el cual el Virrey de turno decía, sobre las órdenes recibidas de España, «Acato y no cumplo», no es difícil percibir que se trata de una estrategia del presidente Piñera para pasarle el fardo a la electa Michelle Bachelet y que, en ese sentido, es una disputa transitoria. El triunfalismo experimentado en el Perú y los discursos de los bloques políticos en Chile no dejan de ser altisonantes, pero deben ser entendidos como formas locales de concebir la correlación de fuerzas; volviendo a Palma, en ambos países los políticos quieren «sacarle púa al trompo».
No deja de quedar cierta sensación, a la distancia, de que la institucionalidad chilena es un tanto más robusta que la nacional. En el país del sur tuvimos señales como el que Piñera se haya reunido con los tres presidentes pasados y con la Presidenta electa, o el hecho de que el alcalde de Arica haya anunciado –antes del fallo– que su país debía tener un Plan B si éste les era desfavorable. Nada tenía que ver este plan con desacatos, sino más bien con compensar a los pescadores que resultaran afectados, para declarar después «acá hay una absoluta tranquilidad, los hermanos peruanos son nuestros vecinos y casi no los consideramos de otro país». Nada que incendie la pradera, precisamente.
Contrasta con el vulgar despliegue de figuración por parte del ex Presidente García, a quien algunos canales le hicieron el «favor» de enfocarlo durante todo el tiempo que tomó la lectura del fallo por parte del juez Tomka. Luego, por supuesto, declaró antes que el Presidente Humala, contraviniendo el acuerdo que tenía con  Palacio y con otros líderes. Por otro lado, aquí un ex presidente está en la cárcel (enfrentando ahora un juicio por manipulación mediática, qué curioso), y los otros dos son investigados a instancias del Congreso. Se corrobora así la perniciosa imagen de que el poder corrompe y que quien entra a Palacio sale con rabo de paja. Quien más curtido está en navegar por las acusaciones es, qué duda cabe, García.
Las declaraciones presidenciales en el marco de la CELAC sobre una implementación «en los plazos más breves y de forma gradual» dicen algo del carácter aparentemente contradictorio de la administración de expectativas desde la óptica política, en uno y en otro país. Llama la atención que el debate se haya centrado tanto en los hechos «técnicos» de la pesca, que se han explicado en otros espacios: la pesca artesanal puede ser «de altura» y por tanto, también se gana algo más allá de las 80 millas, la anchoveta no se le conculca a Chile, etc. Quizá porque se considera que son los pescadores el rostro visible de afectaciones en la delimitación.
No es así, porque tanto aquí como en Chile las leyes de cada país son lo más disputado: en Chile el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca se queja contra una Ley que, dicen, privatiza las cuotas de pesca, beneficiando a siete grupos pesqueros; en Perú, la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP protesta por el decreto 005-2012 en lo que se refiere a la limitación de la pesca de anchoveta a partir de la milla 7. Como siempre, la delimitación no exime al Perú de hacer su tarea a nivel interno y, en lo inmediato, dialogar con los tacneños sobre lo que esto significa, escuchar a quienes han sido directamente afectados –presumiblemente los pescadores artesanales «que no son de altura»– y resolver también el tema de las pequeñas embarcaciones retenidas en el muelle Prat por haber cruzado una línea que, después de La Haya, sigue estando ahí.
Algunos analistas han indicado también, y con razón, que es la oportunidad para repensar las relaciones exteriores del país, pensando en el sur del Perú y su integración socioeconómica con Bolivia, además de con Chile. Mal que bien, la postura peruana al presentar la demanda es lo más cercano a una política de Estado que hemos experimentado en el país en los últimos tiempos. ¿Alcanzará el impulso para contar con una visión territorial del sur peruano? Si así fuera nos alejaríamos de la risueña visión de Palma, que equiparaba la política con la politiquería.

desco Opina / 31 de enero de 2014
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Un presidente desconcertante



Los días previos a la publicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debieron ser menos inquietos. Pero, alguna desconocida razón indujo al Presidente de la República a considerar que era el momento para plantear el necesario debate en torno a la concentración de medios de comunicación.
Como se esperaba, la opinión presidencial galvanizó a la derecha peruana alrededor de El Comercio y, como es su costumbre cuando siente que amenazan sus particulares intereses, organizó una campaña de demolición contra los supuestos «afanes chavistas» que sobreviven –según su conveniente fantasía– en el Ejecutivo.
Pero así como la derecha más reaccionaria se agregó inmediatamente, la opinión contraria también se manifestó rápidamente aunque –y ese es el detalle– sin buscar alinearse políticamente con el gobierno. Más bien, pareciera que hace esfuerzos para desmarcarse de cualquier sospecha de oficialismo y en ese intento aparece disgregada, resaltando a las individualidades en desmedro de un conjunto aún indefinible.
De esta manera, el monopolio como práctica legal del neoliberalismo a la peruana y otras cuestiones que interrogan la esencia democrática del sistema que venimos construyendo en el país, se ponen en consideración, sin que aparezca siquiera tenuemente la intervención de una izquierda política que debió ser un actor importante en este y otros amagos de debate que han ido surgiendo durante los últimos tiempos, en tanto el modelo muestra síntomas de agotamiento cada vez más claros.
Días después otra sorpresa fue disparada desde el Ejecutivo, sin que tampoco haya quedado claro su objetivo. La Ley 30151, modificatoria del inciso 11 del Art. 20 del Código Penal, sobre impunidad fue considerada por algunos abogados como «innecesaria» porque la materia que legislaba estaba meridianamente clara en otros instrumentos normativos.  
Sin embargo, un análisis menos jurídico y más político de la norma revelará otras aristas. Por ejemplo, ¿porqué se ha eliminado la frase «uso reglamentario de sus armas» de la redacción original? Argumentar que así se sincera el generalizado uso de otras armas, de propiedad de los agentes policiales, no toma en cuenta que el intento de controlar una situación abre la compuerta para otros escenarios contrarios a la protección de derechos como, por ejemplo, dejar de lado cualquier consideración al principio de la proporcionalidad, algo que ya había sido materia de duras críticas y observaciones cuando se dio el Decreto Legislativo 1095.
Un siguiente aspecto es preguntarnos sobre la referencia que la norma reformada hace a las Fuerzas Armadas. Debemos recordar que el numeral 11 del Art. 20 fue agregado al Código Penal por el Artículo 1 del Decreto Legislativo 982, publicado el 22 de julio 2007, el que a su vez concordaba con el referido Decreto Legislativo 1095, Art. 30 (que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional).
En su momento, la mención a las Fuerzas Armadas fue muy criticada porque se suponía que la reglamentación del uso de la fuerza estaba referida a situaciones de seguridad pública, pero el DL 1095 militarizaba la represión de las protestas sociales, involucrando a las fuerzas armadas en los conflictos sociales, cuando esta no es su tarea.
Más aun, el DL 1095 establecía una definición de grupo hostil laxa y equívoca que podía conducir a situaciones de las que podríamos lamentarnos, pues allí podía encajar incluso un grupo de pobladores que estuvieran movilizándose pacíficamente. Sumado a ello, según el DL 1095 si los efectivos de las Fuerzas Armadas cometen excesos en su intervención, serán juzgados por el fuero militar.
Un tercer punto es que la Ley 30151 no haya sido rubricada por los ministros responsables –Interior y Defensa–. En ese sentido, debemos considerar incluso que el ministro Albán declaró abiertamente su oposición a la misma.
En suma, si la idea era –como sugieren algunos analistas– congraciarse con una policía en vísperas de llevar a cabo una huelga institucional por los sucesivos incumplimientos a sus requerimientos, peor no pudo ser el resultado. El gobierno no desviste un santo para vestir a otro. Los desviste a todos: no garantiza a la policía el derecho a un salario digno y termina dañando ostensiblemente las garantías a los derechos de todos los peruanos.   


 desco Opina / 17 de enero de 2014
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