La ignorancia del ministro de Educación

 

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría  “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

 

desco Opina / 18 de setiembre de 2026

Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?

Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.

En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.

Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.

Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.

En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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La vida después de «Artemio»

El presidente Ollanta Humala lamentó no haber podido capturar él mismo a Florindo Flores, alias ‘Artemio’, cuando patrullaba la zona del Huallaga en los 90 como oficial del Ejército. Durante esa década, marcada por el autoritarismo fujimorista, el régimen todavía cosechaba los réditos de haber capturado a Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso y pensamiento guía del grupo. En la práctica, este fue el golpe mortal para la agrupación que, según la CVR, es responsable de más de de la mitad de víctimas fatales de la guerra que le declaró al Estado peruano. ¿Qué significa ahora la captura de Artemio? ¿Tendrá el efecto de fortalecer al gabinete encabezado por Valdés?, y ¿cuáles serán los pasos siguientes del gobierno, aprovechando la mayor aceptación que le traerá la captura?

El arresto de «Artemio» debe entenderse como el retiro de una pieza clave en un engranaje que no funcionaba más bajo la lógica de la consecución de objetivos políticos de SL, sino más bien dentro de la dinámica del movimiento del narcotráfico en el Huallaga. Cabría pensar que, si SL tuviera una lógica de apropiación del territorio (como las FARC) entonces, sin el jefe la zona queda libre y «pacificada». Lamentablemente no es así. Aunque se ha señalado con razón que Artemio proviene de la facción más cercana a Guzmán, el personaje capturado es más un producto derivado del ilícito negocio de las drogas que de una supuesta «mística» senderista de cercar la ciudad desde el campo. Siendo una pieza importante, no deja de ser un engranaje reemplazable para los operadores del narcotráfico que hacen uso instrumental del potencial de amedrentamiento de elementos ‘terroristas’.

En cuanto al fortalecimiento del gobierno, parece claro que la tendencia alcista de la aprobación presidencial recibirá un mayor impulso con este golpe al senderismo, sobre todo en el enrarecido clima de amenaza que se había instalado sobre el país con las pretensiones de inscripción del Movadef. Es de suponer que el efecto positivo se extienda también a una mayor aprobación a la gestión del Primer Ministro, quien ha tenido el cuidado de mantenerse fuera del ojo público en esta coyuntura (acaso más preocupado por Conga).

En lo que sigue, el escenario empieza a nublarse. La zona del Huallaga no está ‘liberada’ y ciertamente no es propicio abandonar los esfuerzos por cortar los circuitos del narcotráfico allí para priorizar otras zonas como el VRAE, donde la tentación podría radicar en seguir al terrorista de turno a medida que vaya apareciendo, por aquí o por allá. Aunque el gobierno ha mostrado cierta cautela, la experiencia demuestra que la administración de los miedos de la población a que regrese el senderismo es una excelente forma de legitimar la presencia militar.

Cabe preguntarse si los militares saldrán del Huallaga y si las acciones contra el narcotráfico quedarán en manos de la policía nacional o cuál es la estrategia para hacer frente al tema, sobre todo con el reciente cambio en la conducción de Devida. Saber qué pasará con la presencia militar es importante a la luz de los temores de hace pocos meses sobre la ‘militarización’ del régimen con Valdés a la cabeza del gabinete. Creemos que, al margen de cierta verticalidad en la toma de decisiones, no se puede hablar realmente de dicha tendencia. Sin embargo, esta importante captura vuelve a poner a las FFAA en primer plano y nos lleva a reflexionar sobre si hemos avanzado o retrocedido en la institucionalidad democrática.

Recordemos el comunicado de 2001 en el que los jefes máximos de las FFAA denuncian el acta de sujeción de los altos mandos al poder omnímodo de Montesinos en 1999. El comunicado habla del respeto a los derechos humanos, orden constitucional y se respalda la conformación de la CVR, un lenguaje que algunos medios interesados se desgañitan en tildar de ‘caviar’. ¿Hemos avanzado respecto de 2001 respecto del rol que queremos que jueguen las FFAA en nuestro país? ¿Utilizará Humala la mayor autonomía que ganará con su mayor aprobación en las encuestas para avanzar en reformas en pro de la institucionalidad política del país?

desco Opina / 17 de febrero de 2012
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Política ficticia y política al costado

desco Opina / 17 de abril de 2009

La sentencia a Fujimori sin duda bosqueja el campo de pugna que permitirá ubicar a los actores políticos de cara a la contienda electoral del 2011. Los argumentos expuestos por los jueces son elementos valiosísimos –como lo es también el Informe Final de la CVR–, para establecer «indicadores» respecto a cuánto valora cada aspirante asuntos tan cruciales como el respeto a los derechos humanos, la generación de institucionalidad y la calidad democrática. En suma, una colisión entre la reconstrucción de memorias colectivas y los intentos de imponer olvidos.

Por otro lado, la referida sentencia evidencia que la arena política es bastante más amplia de lo que podría suponerse e involucra ámbitos que, en teoría, deberían estar al margen de esta dinámica. La brillantez de la sustentación indica que en el Poder Judicial se cuecen más que habas. Hay quienes están dispuestos a luchar con energía para provocar cambios sustantivos que les procuren la credibilidad perdida, pero también, quienes consideran que lo mejor es profundizar las distorsiones que inocularon en el aparato de justicia las reformas fujimoristas de los 90, con su secuela de corrupción, prevaricatos, festinaciones y privatización de la función.

Era de esperarse que los partidarios –confesos o embozados– del fujimorismo, utilicen el desenlace del juicio como plataforma política. Ante este uso, y en el advenimiento de los procesos por corrupción que ha de enfrentar el ex presidente, cabe recordar que el fujimorismo expresa, también, la defensa irrestricta de la política económica vigente, aunada a una complaciente aceptación de la enorme corrupción que genera, así como la incapacidad y ninguna voluntad para distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento. Un crecimiento que, dicho sea de paso, ya empieza a desacelerarse y cuyos mecanismos para contener sus efectos –el llamado Plan Anticrisis– parecen ser un instrumento para guarecer de la mejor manera a los que se beneficiaron de las vacas gordas –léase, los grandes empresarios– dejando a la suerte divina a los que esperaron infructuosamente estos años el cumplimiento de la promesa del «chorreo».

Así trazada la cancha, deberíamos estar a punto de presenciar un intenso intercambio entre «derecha» e «izquierda» en el país, de no ser por el hecho que entablar este debate requiere actores que porten los discursos, lo hagan suyos y busquen legitimarlos. Hasta donde llega la luz, el «lado izquierdo» de nuestro espectro político está vacío y el «lado derecho» es cubierto por «partidos» que ya la verdad se reducen a la visión-misión muy particular de algunos grupos económicos. Para agregar más incomprensión aún, no tendremos «derecha» ni «izquierda» pero ya se empieza a hablar de un inexistente «centro», el fiel de una balanza ante extremos inexistentes. Lo real maravilloso.

En medio de esta ficción-real, ha irrumpido algo real-real, siniestro. La emboscada en el VRAE, que arrojó como saldo el asesinato de catorce soldados y un capitán del Ejército Peruano, ha motivado varias lecturas. Preocupados tan sólo en lanzar los mastines contra los defensores de los derechos humanos, los jefes militares han manifestado su indignación, con razón, por la paupérrima situación en la que se ha sumido a la fuerza armada, minimizando la atención sobre la composición y las condiciones en las que operaban las patrullas militares que en teoría «ejercen control» en el VRAE. En lo primero, son seguidos por parte de los dirigentes políticos del país, en lo segundo, ninguno de ellos atina a alguna respuesta. Los reclamos no toman en cuenta la situación de los soldados. Particularmente grave cuando se ha comprobado que entre los caídos figura un menor de edad, algo que contradice flagrantemente lo normado y el sentido común sobre los usos de la guerra contra el terrorismo.

Por otro lado, la tragedia abre nuevamente las interrogantes sobre la pertinencia de la intervención estatal en estos territorios. Si el problema fundamental es el narcotráfico, ¿por qué se implementa una estrategia contrasubversiva? Si los planes VRAE son tipificados como planes de desarrollo, ¿por qué están conducidos por el sector Defensa? En esa línea, ¿cuál es el concepto de desarrollo que se implementa, qué se tiene como objetivos y cuáles son los plazos?

Los que trabajamos durante décadas en la promoción del desarrollo, consideramos tener el perfecto derecho de preguntar a nuestros gobernantes cuál es el objetivo de desarrollo que se persigue criminalizando a los productores de hoja de coca y, por ende, impidiendo de saque la formulación de canales institucionales para consensuar soluciones con la población afectada. El problema principal en el VRAE es el narcotráfico. El control que este tiene de la zona –y la conversión de remanentes senderistas en su ejército particular– disputado al poder militar y no al civil, da una medida de su avance en la sociedad, en la esfera política y en las economías locales.

No hay intención alguna de responder a lo fundamental del problema por los caminos que han empezado a transitar los que añoran los años 90. En su lugar, vamos a encontrarnos con «fujimoris» y «montesinos» renovados y puestos al día. Esto producirá espacios para la consolidación del sistema político informal. No ya el de los «independientes» si no el del vacío público, reducidas las instituciones a «dar conformidad» de las decisiones que se toman en los espacios ocultos de nuestra frágil democracia, donde la ausencia de reglas permite el cruce de actividades ilícitas, opciones violentas y hegemonía de la corrupción. Y esa es precisamente, la herencia del fujimorismo.

desco Opina / 17 de abril 2009

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