Detener la violencia

La nota de opinión que debió aparecer en esta ocasión fue elaborada el martes 3 de julio, por la mañana. Debía tratar sobre las dificultades que tendría el gobierno en las próximas semanas. También sobre los impactos de la crisis económica mundial en el país. Sólo horas después todo ello perdió sentido.

Lo ocurrido en Celendín confirmó que haberle sustraído momentáneamente la espoleta a situaciones que amenazaban con convertirse en inmanejables, como Conga en Cajamarca o Espinar en Cusco, no debía conducirnos a falsas expectativas. En ambos casos, un desenlace consensuado era algo aún lejano y, en el mejor de los casos, la situación conflictiva había ingresado a una nueva fase, sin desaparecer del todo la probabilidad de un renovado desencadenamiento de la confrontación.

La probabilidad se hizo realidad en Celendín. Las víctimas de la protesta social siguieron sumándose, en medio de la inaudita soberbia de los directivos de la empresa involucrada en el proyecto Conga, la profunda incapacidad política del gobierno y las enormes dificultades que tiene la población para encontrar liderazgos que estén a la altura de las circunstancias.

Una situación ya gravísima no impidió que continuara el deterioro. La incalificable detención –por su forma y su fondo– de Marco Arana y la bárbara acción policial en Bambamarca que deja como saldo parcial un muerto, más heridos y más detenciones, indican claramente que la ruptura entre el gobierno y sus esperanzados votantes de hace un año es profunda y parece que sin retorno. Para el caso, es malo perder las exiguas esperanzas de diálogo y apostar firmemente por éste, pero siendo muy conscientes también, que algo o alguien muy poderoso lo impide a toda costa, para quien nada está resultando tan funcional como la infinita torpeza del Ejecutivo.

En suma, este nuevo hito en el ciclo conflictivo se escenifica en medio del desgaste continuo de los actores involucrados. Resulta patético verlos pidiendo diálogo cuando a todas luces no muestran una mínima vocación para instalarlo. De esta manera, queda claro que la voluntad y la legitimidad para generar un espacio indispensable que ponga fin a la ola de violencia, pasa a otras instancias.

Obvio que esto acarreará enormes costos políticos al Ejecutivo, pero son las consecuencias de la inacción y la incapacidad de ver incluso lo evidente. A estas alturas, se supone que el gobierno tendrá pleno conocimiento que su precaria estabilidad está colocada al borde mismo del abismo. Ojalá sea así e inicie la rectificación.

Sin embargo, también están los que insisten en la mano dura. Existen, pisan fuerte y tienen grandes medios de comunicación. Para ellos, no importa demasiado un gobierno que hace sólo un año era la bestia negra al que se debía impedir su triunfo electoral a toda costa. Lo realmente existente para ellos es la utilidad del corto plazo y que el resto asuma sus pasivos. Queda en manos del gobernante, entonces, decidir con quién y para qué gobernar.

Finalmente aunque no menos importante, expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los deudos de las víctimas. Las de Celendín y Bambamarca. Las de Espinar. Las del VRAE. Asimismo, hacemos nuestra la indignación por la injustificada detención de Marco Arana, felizmente corregida, permitiendo aún un hilo de esperanza en la posibilidad de una salida distinta a la que ahora se afirma, a un conflicto que nos acerca al abismo.

desco Opina / 6 de julio de 2012

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¿Es tan difícil caminar derecho?

La última encuesta de opinión pública de Ipsos Apoyo (17 de junio), seguramente ha causado más de un temblor en la casa de Pizarro. La caída en picada de la aprobación presidencial, parece indetenible. Entre la medición de abril de este año y ésta última, pierde 11 puntos alcanzando 45% de aceptación, el porcentaje más bajo desde que iniciara su gestión. El retroceso, como no podía ser de otra manera, es mayor en el sur y en el oriente, donde pierde 15 puntos porcentuales. Resulta significativo observar que en ese período, su aprobación se incrementó únicamente en el estrato A, cayendo fuertemente en los ámbitos socioeconómicos C D y E, 13, 15 y 10 puntos, respectivamente.

Si nos guiamos por la propia encuesta, las razones de la desaprobación de su gestión se encontrarían en la corrupción, la inseguridad ciudadana, la presencia de gente inadecuada en los cargos públicos y el alza de los precios, que la gente ya empieza a sentir. Sin embargo, en otra pregunta de la misma encuesta, se tiene que el 56% desaprueba cómo se han manejado los conflictos sociales recientes, mientras el 67% de los encuestados en el sondeo nacional urbano señala que en los próximos meses el Presidente debería gobernar buscando acuerdos con otros líderes políticos; respuesta ésta comprensible cuando el 58% de quienes opinaron, desaprobaron la gestión del gobierno.

La pésima gestión de los conflictos sociales, la creciente sensación de desgobierno, pero también la conciencia del alza sistemática de los precios, le empiezan a pasar factura importante a una gestión que se alejó de su discurso inicial de la gran transformación, pero también de su hoja de ruta, de la que está haciendo una interpretación libre. En el camino van quedando sus electores de la primera vuelta, pero también y crecientemente, muchos que se les sumaron en la segunda ronda electoral. De allí que sólo el 34% apruebe al gobierno y que la desaprobación del gris hombre fuerte del gabinete, el Ministro de Economía, empiece a acercarse al 50%.

Para peor, el escenario de las próximas semanas se hará seguramente más difícil. Mientras en Espinar se ha abierto un curso de solución dialogado a un conflicto que debió haberse gestionado de otra manera, en Conga, el enfrentamiento parece inminente. La posición irreductible de un sector de sus principales organizaciones sociales y de sus propias autoridades, no obstante la carta del Presidente Regional pidiendo que sus argumentos contra dicha operación minera sean escuchados por el Presidente Humala, chocará con la inminente decisión gubernamental de seguir adelante con el proyecto, incorporando las recomendaciones del peritaje internacional.

La elección de la nueva mesa directiva del Congreso ha abierto los apetitos de diversas figuras del oficialismo, desde una congresista ministra que se autoofreció como artífice de una lista de mujeres, hasta el actual jefe de la bancada, que se desgañita anunciando elecciones internas en julio, cuando a lo largo del año legislativo que concluye, su comportamiento fue claramente autista. La oposición por su parte, en ese río revuelto, espera la ganancia de los pescadores. Todos, oficialistas y opositores, parecen no darse cuenta que el trabajo de su institución es aprobado apenas por el 18% de los peruanos, que los conoce más por sus reiterados escándalos que por su producción legislativa.

La conformación del nuevo gabinete, porque es evidente que el Premier Valdés está exánime, constituye otra tribulación urgente de Palacio. Que la primera dama, lapsus mediante, se haya referido recientemente a una ministra como suya, puede ser un indicio anecdótico de lo dura que es la procesión. En cualquier caso, las bolas que reproducen los medios de comunicación, algunas de ellas tan difíciles de creer como que Luis Castañeda puede ser el próximo Premier, evidencian las presiones y las disputas que seguramente existen alrededor de este tema, que es crucial, máxime en un gobierno que a todas luces carece de operadores políticos y de técnicos propios.

Así las cosas, los anuncios presidenciales sobre las exigencias y condiciones para una nueva minería, seguramente le granjearán simpatías y adeptos en los escenarios internacionales donde los ha hecho, pero no alcanzan para convencer a sus electores y no parecen tener el contenido y la fuerza suficiente para darle un orden definido a un gobierno, que no termina de entender que el pragmatismo no reemplaza a la política. Creemos que bien haría el Presidente en releer su hoja de ruta y ser consecuente con ella, que ya no lo es con la gran transformación, así insista en mantenerla en su corazón.

desco Opina / 22 de junio de 2012
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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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La Teatralización de la Gran Transformación

Teniendo en cuenta los actuales niveles de aprobación de los que goza el gobierno, se puede afirmar que la crisis del gabinete Lerner fue superada sin mayores costos políticos. Sin embargo, la opción del presidente -y su nuevo premier- por profundizar los gestos de distanciamiento respecto al programa de la Gran Transformación podría estar cultivando futuras tempestades.

Denominar “teatralización” a los testimonios de la violencia expuestos por la Comisión de la Verdad no es sólo una afirmación grotesca del premier Valdés: muestra la persistencia en el poder del corporativismo de las fuerzas armadas, alejándose de las promesas de cambio respecto a la agenda de justicia y reparación y mostrando un temperamento más bien cercano a personajes como Giampietri y otros militares que, antes, desde altas esferas del Estado han intentado desmerecer el Informe de la CVR y las recomendaciones que ésta hiciera al país.

Por la misma ruta de las calificaciones destempladas le siguió el presidente Humala, que comparó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, con el dictador camboyano Pol Pot. El infeliz símil propuesto por el Presidente es parte de un discurso con que el que busca formarse una imagen garantista para la inversión, dirigido a los empresarios con los que conversó en España y Suiza, antes que al consumo interno, harto acostumbrado a los deslices tropicales de los gobernantes.

El gobierno parece decidido a no transcender el simple expediente de administrar el crecimiento económico, aunque para esto se sienta obligado a guardar en el clóset los argumentos de cambio esgrimidos durante la campaña electoral. Siguiendo al premier Valdés, la gran transformación “no va”, porque se contrapone a un Estado eficiente, ágil y pragmático. La agenda propia queda para mejores días mientras vemos cómo Humala y sus colaboradores actuales asume paulatina -¿momentáneamente?- la que sostienen quienes realmente detentan el poder en el país y que fueron derrotados en los comicios de junio.

Si algo positivo ha tenido para la izquierda la crisis política que se resolvió con su apartamiento del gobierno, es que la ha vuelto a poner en el centro del debate. De alguna manera, la preocupación generalizada es lo oneroso que resulta para la vida política del país tener prácticamente vacío el espacio que debe ocupar. Al respecto, en los próximos meses son muchos los espacios que se proyectan decisivos para que una acción política de izquierda tome forma más allá de los cálculos de entrada y salida de los círculos próximos a Humala. En principio, la oportunidad para que el debate sobre el modelo extractivista y su relación con el desarrollo pueda procesarse a escala nacional la está dando la pugna por Conga.

El anuncio del Ministro de Economía de que el peritaje al controvertido proyecto minero no incluye al Estudio de Impacto Ambiental pone un poco más de combustible al mechero de la “Marcha por el Agua”, la que, según indica la prensa, traerá a más de mil comuneros cajamarquinos hasta la capital. Si tomamos en cuenta que también está pendiente de definición el contenido del Reglamento de la Consulta Previa, vemos que las pulsiones que animaban al electorado de “la Gran Transformación” siguen vigentes, aún a despecho de la orientación actual de Humala. En este campo, la izquierda peruana tiene aún una oportunidad para ponerse al día, sin ceder a la presión de convertirse al credo del mercado. La pregunta es si diezmada y dispersa como se encuentra ahora, marchará o no al encuentro de esa oportunidad.

desco Opina / 03 de febrero de 2012

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