La dama del agravio se pone nuevo sueldo

Las distintas encuestas de junio anclaban la aprobación de Dina Boluarte en apenas 3%, mientras el último estudio, realizado por Datum para El Comercio, mostraba que, a nivel de regiones, su popularidad se redujo a 2% en el norte, y por nivel socioeconómico, su aprobación cayó a 1% en el sector E. Ya desde mayo la opinión pública estaba enterada que se venía cocinando, al más alto nivel, un aumento significativo de la remuneración mensual de la mandataria. Varios de sus ministros, en su rol fundamental de escuderos, aparecieron explicando que se trataba de una iniciativa que nacía de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, orientada a una “corrección” en el sistema remunerativo estatal que llevaba años sin actualizarse.

A fines de mayo, el programa televisivo Panorama, accedió a un documento fechado el 10 de febrero, en el que el Subsecretario General del Despacho Presidencial solicitaba iniciar las gestiones necesarias para sustentar el incremento, citando como referencias otros informes, generados también desde el Despacho Presidencial, desnudando la narrativa oficial y mostrando que era la señora de los Rolex quien promovía el incremento.

Ante el escándalo inmediato y la solicitud de información, el Ejecutivo declaró como reservados todos los documentos relacionados con el pedido de aumento salarial de la mandataria. Así las cosas, y 72 horas después de asistir al rechazo violento de su presencia en una actividad de entrega de títulos de propiedad en Arequipa, la mandataria firmó el DS 136-2025-EF, consignando el aumento de su remuneración que pasó de 16 000 a 35 568 soles mensuales, vale decir un incremento del 122%.

En medio de la indignación mayoritaria que despertó la decisión en las calles, pero también en los medios de comunicación, incluyendo aquellos más vinculados a posiciones de derecha, el ministro Pérez Reyes aseguró que la decisión se tomó tras una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y en cumplimiento de la ley del servicio civil. Vale decir, sopló la pluma para un costado más débil, siendo aclarado por el presidente de dicha institución quien precisó que se trató de una decisión del Consejo de Ministros.

Más allá de cualquier racionalidad administrativa, que no discutimos acá, el Ejecutivo recompensa groseramente a la presidenta con un aumento salarial que la lleva a ganar más que cualquier otro presidente de la región, a excepción del uruguayo, en una medida impopular que ofende la dignidad de la gente, que tiene claro que la señora en cuestión, tiene múltiples denuncias fiscales por diversas manifestaciones de su soberbia y frivolidad en el poder, desde los 50 asesinatos en las protestas hasta los casos Rolex, pasando por sus cirugías estéticas.

Por si ello no fuera suficiente, la provocación y la imprudencia de la mandataria parecen no tener freno. A la par del aumento de su remuneración, se hizo pública la existencia de una tarjeta de consumo para gastos de alimentación mensuales por cinco mil soles, para la misma persona que sostenía que las mujeres peruanas podían alimentar a sus familias con diez soles diarios, así como se hacía pública la aprobación de una nueva directiva gubernamental sobre “tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial”.

En sentido estricto el comportamiento y las decisiones de la señora Boluarte no deben sorprender. Desde el inicio de su gestión como personaje subalterno de la coalición autoritaria y mafiosa instalada en el Congreso y el gobierno, hizo del agravio, es decir de la ofensa, la humillación y la afrenta, sus consignas, sin importar el perjuicio que cotidianamente le hace a la mayoría de la población y a la legitimidad de la democracia; sin preocuparle la indignación y la rabia de las víctimas de sus maltratos.

Los socios más fuertes de la coalición de gobierno, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, se apuraron, desde el Congreso, en mostrar su decisión de pasar la página y no sumarse a los distintos pedidos de anulación de la disposición. Tienen claro que pueden vacar a la presidenta en cualquier momento a partir del 28 de julio y cuando sea necesario para sus intereses; hoy día resulta más importante para ellos concluir con el diseño de la institucionalidad que requieren para asegurar definitivamente el modelo y su futuro dentro de éste. A fin de cuentas, seguramente piensan, qué importan 35 000 soles mensuales cuando como parte de su poder, tienen un Congreso con un presupuesto mayor al de siete ministerios y con más recursos que los programas sociales de saneamiento urbano y rural, sumados ambos.

En este escenario, en el que la indignación y los malestares crecen cotidianamente, pero no alcanzan aún para generar la articulación y el liderazgo indispensables para enfrentar el momento, adquieren renovada vigencia las palabras de Julio Cotler, cuando decía que el país afronta el reto de construir una comunidad política democrática para asegurar su cohesión social, desafío frente al cual estamos condenados a ser optimistas.

 

 

desco Opina / 11 de julio de 2025 

Orden territorial desde arriba

 

Un problema grande que arrastra por siglos nuestro país es la ausencia de un ordenamiento territorial que atienda a las necesidades de la población. Desde los tiempos de la conquista europea al Tahuantinsuyo, el ordenamiento territorial en el Perú se sigue haciendo en función de las conveniencias de las clases dominantes, de grupos económicos con intereses propios, sin un compromiso nacional y nunca en la perspectiva de articular un manejo sostenible del país. Menos aún preocupación por facilitar y mejorar las condiciones de vida de las mayorías o disminuir las desigualdades. Tampoco se ha buscado un ordenamiento territorial que contribuya a compensar y complementar unas regiones con otras, protegiendo y respetando el medio ambiente.

En estos días el gobierno de Dina Boluarte –el 16 de agosto de 2023– ha presentado al Congreso de la República con carácter de urgente, un proyecto de Ley para el ordenamiento territorial y creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.

La finalidad formal que se le da a esta iniciativa es lograr mediante su aplicación territorios sostenibles y competitivos en condiciones de igualdad y reconocimiento de la diversidad geográfica y sociocultural del país. De primera intención pareciera ser una iniciativa pensada en atención a las necesidades de todo el Perú. La sustentación y el texto justifican el propósito de la ley de garantizar el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, de los derechos de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano, afirmando estar orientado hacia el ejercicio pleno de derechos de todas las personas; así como el respeto al desarrollo de las actividades económicas en el territorio.

El acondicionamiento territorial, la regionalización y la descentralización son, cada una, parte del mismo gran tema del ordenamiento territorial. Van mucho más lejos de lo que puede ser la asignación de atribuciones, recursos y responsabilidades a instancias administrativas como los municipios o los gobiernos regionales. Esto porque, en nuestra perspectiva, al ir más allá deben responder a una idea democrática de nación en la que todos podamos aportar y ser parte de ella como ciudadanos iguales y libres. El proyecto, en cuestión, por si lo anterior no fuera bastante, desconoce los procesos y las propuestas que se han trabajado anteriormente.

En la práctica, se trata de una propuesta política de corto alcance montada sobre el tema grande de la descentralización y la relación del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales, en un intento de sumisión concertada de éstos a partir del funcionamiento del Consejo de Estado Regional, a fin de manipularlos con el chantaje de la transferencia de recursos y más. El premier Otárola destaca que la iniciativa definirá, de manera clara, las competencias de los tres niveles de gobierno, pero principalmente fija la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el ministerio articulador de un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Dicho sea de paso, por esta vía el Premier continúa en su avance indisimulable para controlar poder, sumando a la Autoridad Nacional de Infraestructura, adscrita a su despacho, el nuevo sistema.

El Consejo de Estado Regional nacido como instancia operativa en el marco del Consejo de Coordinación intergubernamental, aparece como un espacio para articular políticas de gobierno y el establecimiento de alianzas tan necesitadas por el gobierno actual, hundido en el rechazo general.

El proyecto remitido como urgente ante el Parlamento busca crear un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT) como una instancia funcional con la finalidad de asegurar el cumplimiento de políticas públicas en ordenamiento territorial, a través de la articulación entre el sector público y privado, la academia y la sociedad civil. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre dos aspectos del componente urbano de gran urgencia para ser atendidos: los procesos de acondicionamiento territorial y los de planificación urbana sostenible, importantes componentes del ordenamiento territorial actualmente abandonados. Por ese lado, en la propuesta no hay nada nuevo, salvo destacar que la Presidencia del Consejo de Ministros aparece como poderoso ente rector, deslizando a niveles de menor responsabilidad a instituciones clave como los ministerios del Ambiente; Cultura; Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego y, por cierto, a los gobiernos locales.

Estos últimos concebidos como simples operadores de lo que establezca el ente rector y el gobierno regional correspondiente, donde la participación se limita a la coordinación con los gobiernos locales distritales, articulando su actuación con los planes de ordenamiento territorial en el nivel regional, las disposiciones sectoriales sobre la materia y lo establecido por el ente rector, la PCM. Aunque es verdad que también se indica que los gobiernos locales provinciales son responsables de la conducción de los procesos de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y rural, como componentes en el marco de la implementación del ordenamiento territorial.

Si bien se menciona que la toma de decisiones y las acciones deberán ser consensuadas y planificadas, con respecto a la ocupación, el uso y el aprovechamiento sostenible del territorio, esto solo aparece declarativamente en el oficio de remisión de la iniciativa al Poder Legislativo. Son solo eso, proclamas. Porque lo cierto es que el cuerpo del proyecto de ley lo constituye un listado general de ocho objetivos, doce principios y diez enfoques que debieran regir el ordenamiento territorial y allí no están. El proyecto del gobierno no precisa las formas de participación de la sociedad civil organizada y del sector privado, dejando que la definición de los mecanismos y espacios de participación y consulta sean formulados en un futuro por un reglamento en manos del Poder Ejecutivo.

Añadir una entidad más a la serie de organismos que alberga la PCM dificultará la atención estratégica a una política neurálgica para el desarrollo y el bienestar de la población. Si faltaran evidencias, observemos el caso del CEPLAN, instalado en la PCM y con poco poder, que no obstante sus esfuerzos, no consigue que la planificación sea un instrumento crucial para las intervenciones del Estado. Además, tal como está construida la propuesta, los gobiernos descentralizados terminan subordinados a las políticas sectoriales; más grave aún, para la aprobación de sus planes de ordenamiento territorial, se requiere la opinión de los sectores y entidades nacionales, acabando con su declarada autonomía.

Todo indica que se trata de una ley para las «fotos» que quiere el Gobierno para sus clientes, delimitada por los intereses de los principales sectores económicos, los mismos que buscan limitar los controles ambientales, y asegurando el peso de los sectores.

 

desco Opina / 1 de setiembre de 2023

Los recurrentes conflictos en Las Bambas: para que no se repitan

El país está asistiendo a una nueva crisis en torno al proyecto minero Las Bambas, actualmente propiedad de la empresa china MMG Minerals. Como se sabe, desde la concesión del yacimiento a la empresa suiza Xstrata en el año 2004, los subsecuentes trabajos de exploración y construcción de mina, hasta la puesta en operación del proyecto, se han desencadenado innumerables conflictos que han enfrentado a la población de su zona de influencia con la minera y el Estado.

Tras 15 años de presencia en la zona, las múltiples experiencias acumuladas que deja la conflictividad allí y en otros ámbitos mineros, cabe preguntarse por lo que se ha aprendido desde el Estado y las empresas para gestionar y solucionar eficazmente los conflictos. En otras palabras, ¿Por qué, a pesar de los diagnósticos realistas –y en general acertados– que circulan acerca de las causas de la conflictividad y del comportamiento de sus distintos actores, estos, es decir, los conflictos, continúan estallando? ¿Era acaso inevitable que escalaran e hicieran crisis como ha vuelto a ocurrir recientemente?

Algo sin duda está fallando, al menos desde el actor llamado a prevenirlos y solucionarlos como es el Estado. Se han identificado ya una serie de factores, pero en esta ocasión queremos enfatizar algunos cuyas fallas se evidencian en el tratamiento de la actual crisis: el manejo sectorializado y por tanto fragmentado de los conflictos, el enfoque y las prácticas para su abordaje, y los estilos autoritarios en la adopción de decisiones que afectan a la ciudadanía.

El manejo sectorializado de los conflictos fragmenta la actuación del Estado, limitando por ejemplo la armonización de políticas, estrategias y metodologías para la gestión de la conflictividad, que en la práctica es atribución de cada sector o nivel gubernamental. Es cierto que ha habido avances en la medida que, por ejemplo, la oficina de conflictos de Energía y Minas (MINEM) coordina con las oficinas existentes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y otras entidades, pero tales esfuerzos no se han traducido hasta ahora en una mirada integral del problema.

Los enfoques vigentes suelen mencionar la necesidad de priorizar las intervenciones que contribuyan a prevenir los conflictos y algo sin duda se hace en tal sentido, pero lo que parece predominar en los hechos es la concepción del conflicto como sinónimo de movilizaciones, actos de fuerza y violencia; mientras ello no ocurra, la atención de los casos es más bien lenta y parsimoniosa.

El conflicto vigente en Las Bambas ilustra por otro lado, el estilo autoritario y burocrático del Estado: así, por ejemplo, la decisión de convertir una carretera local o regional en vía nacional se hizo sin consulta ni consideración por el impacto que iba a causar en la población que vivía por donde iban a transitar los camiones que transportan minerales, respaldándose en normas que no contemplan tal consulta.

Estos problemas se han intentado abordar con iniciativas como la que alguna vez circuló, la misma que planteaba crear un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos, con una política pública que armonizara el tratamiento de la conflictividad desde todos los niveles y sectores del Estado bajo un enfoque preventivo .Todo esto ha quedado en nada debido a la resistencia y oposición de sectores que defendieron sus espacios y se negaron a someterse a la rectoría de la PCM, a la que por otro lado, se acude cuando las cosas se ponen difíciles, como ocurre ahora y antes en el conflicto de Tía María. En ambos, la responsabilidad de la oficina especializada de Energía y Minas por sus errores y omisiones previas a los estallidos ha sido hasta la fecha invisibilizada.

Detrás de estas falencias están sin duda la debilidad y precariedad institucionales del Estado, que se traduce, entre otras cosas, en la carencia de un cuerpo profesional, estable y eficiente de funcionarios que den continuidad a las políticas públicas y a las decisiones y acuerdos pactados. Lo que predomina es un amplio sector de funcionarios contratados que rotan constantemente y afectan la capacidad de volcar los aprendizajes en rutinas, procedimientos y protocolos, y de allí que los errores que llevan a conflictos se repitan una y otra vez. Los cambios en esta materia, sin embargo, no son fáciles de implementar, pues implican reformas abordables en un mediano plazo.

Un abordaje integral de la conflictividad implica en última instancia una reforma amplia en los modelos vigentes del ciclo minero (concesión, exploración, construcción, explotación y cierre de mina), en el cual el rol del Estado sea más activo y la participación ciudadana más respetada. Esto supone una voluntad política y una correlación de fuerzas sociales y políticas hoy inexistentes, así que es difícil esperar aquí cambios inmediatos, salvo modificaciones en materia tributaria o técnica (por ejemplo, la relacionada con las evaluaciones de impacto ambiental y otros instrumentos).

Por ahora, el Estado debe legitimar sus actuaciones no solo promoviendo la inversión privada, sino también, defendiendo los derechos ciudadanos. En la medida en que la población vea esto último, la confianza hacia aquél aumentará y situaciones como se viven hoy en Las Bambas disminuirán. Del mismo modo, se hace indispensable que el Estado desarrolle capacidades para el análisis de lo que está ocurriendo en zonas sensibles al conflicto, así como instrumentos que le permitan detectar los potenciales impactos de las decisiones públicas en la conflictividad del país.

desco Opina / 29 de marzo de 2019

Al día siguiente

El Ejecutivo venía deshojando margaritas desde el inicio de la crisis provocada por los eventos climáticos, sobre si la reconstrucción a ejecutarse –cuando pasara el temporal– debía hacerla un «zar», el Presidente del Consejo de Ministros, un «director general de la reconstrucción», una entidad centralizada compuesta por un conjunto de ministros, un espacio que incorporara a las autoridades regionales y locales, entre otros. Este último quedó casi inmediatamente desechado cuando el propio Presidente de la República, afirmó claramente que su gestión prescindiría del segmento «corrompido» del aparato estatal –léase alcaldes y gobernadores regionales–.

Las «pruebas» fueron profusa y rápidamente graficadas en las infografías de los diarios nacionales, repitiendo todos ellos «la galería» de alcaldes y gobernadores prófugos o requeridos por la justicia, a la que se ha agregado recientemente, Félix Moreno, el gobernador del Callao.

Lo irónico del caso es que los señalamientos se hacen desde un Ejecutivo que tiene como antecedentes inmediatos un inquilino encarcelado y sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción, uno prófugo, otro investigado, otro  también investigado –al igual que su esposa– y con impedimento de salida del país, y el ocupante actual sin poder despejar firmemente las sospechas que recaen sobre él. El único Presidente sobreviviente que no forma parte de esta lista, está requisitoriado por la justicia italiana por delitos de lesa humanidad.

Pero, en fin, el hecho es que pegó el bolo «gobernadores y alcaldes corruptos», lo cual parece legitimar, en el corto plazo, la decisión de crear una entidad fuertemente centralizada que sería dirigida por un director general de la reconstrucción, como afirmó PPK el 7 de abril, “con cargo de ministro, con un comité de ministros que va supervisar esto, (…) que tiene que estar adscrito a algún sitio y el lugar más obvio es la Presidencia del Consejo de Ministros”. Como vemos, no se entiende bien esta especie de galimatías presidencial con un funcionario con rango de ministro a la cabeza, que sería supervisado por un comité de ministros y que se alojaría en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, los misterios no terminan allí. Dos días después, el premier Fernando Zavala, afirmó que la reconstrucción estaría a cargo de la PCM. Señaló que “a través de un pequeño comité de ministros se podrá organizar todo lo relacionado con la planificación y coordinación de la ejecución de los trabajos que se deben realizar”. En suma, es parecido pero no es lo mismo que lo declarado por PPK días antes.

Sin duda, no se cuestionará la centralista decisión adoptada. Al menos en el corto plazo. Aunque debemos tomar en cuenta que la historia de la gestión de las reconstrucciones propone contundentes lecciones a contrario.

En 1970, luego del terremoto que asoló Áncash, el gobierno militar presidido por el general Velasco creó el Comité de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada (CRYRZA), encabezado por la Primera Dama. Sin embargo, a pesar de tener gran cantidad de ayuda humanitaria y fondos provenientes de diversas entidades y organismos internacionales, no tuvo una labor acertada, debido a la falta de capacidad para la gestión. Por esta razón, dos años después, este comité fue reemplazado por el Organismo para el Desarrollo de la Zona Afectada de Ancash (ORDEZA).

En las inundaciones de 1998, el gran operador fue Fujimori, quien exhibió su supuesta eficiencia buscando réditos políticos. El 50% del gasto público fue ejecutado por el Ministerio de la Presidencia, que manejaba Daniel Hokama, con criterio centralista, provocando una gran cantidad de conflictos con los alcaldes, especialmente con el entonces alcalde aprista de Trujillo, José Murgia. La posterior reconstrucción fue liderada por Alberto Pandolfi, ministro de Transportes, quien presidió un Comité Intergubernamental que debió soportar una inmensa cantidad de críticas dirigidas, especialmente, hacia la calidad de la infraestructura vial en la que se había usado no menos del 55% de los recursos disponibles.

Tras el terremoto ocurrido en junio del 2001 en Arequipa, el Ministerio de la Presidencia del gobierno de Alejandro Toledo, creó el Organismo de Reconstrucción y Desarrollo del Sur (ORDESUR), con la finalidad de manejar los recursos provenientes del BID y del Tesoro Público, fijados inicialmente en 110 millones y luego incrementados hasta en 525 millones de nuevos soles para la ejecución de 130 proyectos que deberían ser elaborados y financiados por los gobiernos municipales y los concejos transitorios regionales que funcionaron en esos años. Casi inmediatamente empezaron las quejas de los alcaldes, entre ellas las de Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, porque este organismo lejos de manejar un presupuesto totalmente propio, produjo una merma en los ingresos de los gobiernos locales, pues el gobierno central derivó a dicho organismo una parte del Canon Minero y del Foncomun que les correspondía. Además, los alcaldes exigieron ser incorporados a ORDESUR ente al que calificaron de centralista e ineficiente pues las partidas económicas para las obras demoraban mucho.

Finalmente, la historia de FORSUR, la entidad que gestionó la reconstrucción del Sur Chico –Chincha, Pisco e Ica– luego del terremoto de agosto del 2007, es reciente y más conocida como para detenernos en detalles. Lo que sí quisiéramos resaltar es cómo este ente naufragó en medio de los mismos reclamos, demandas y críticas desde los gobiernos locales y regionales ante la ineficiencia y despilfarro de recursos, que se escenificaron en las situaciones anteriores.

En esta lamentable historia de fracasos, ineficiencias y corrupción pareciera que no hay otra manera de hacer las cosas ni aspirar a mejores resultados. Sin embargo, hubo una circunstancia en donde las cosas se hicieron bastante mejor que en los casos citados. En marzo de 1963, la ciudad de Ica sufrió una inundación luego de que el río del mismo nombre se desbordase. En mayo, se creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica (CRYDI) para atender a los damnificados, implementando un exitoso sistema de crédito para vivienda que siguió funcionando incluso más allá de la etapa de la reconstrucción.

Pero, gran parte del prestigio de esta entidad se debió a la confianza que generó. La CRYDI fue conducida por personajes de muchísima consideración regional, como José Oliva Razzeto y Alfredo Elías Vargas, entre otros. Posiblemente, en esto reside la clave que las opciones centralistas, tan intoxicadas de «tecnocratismo», no han tomado en cuenta para la buena gestión.

En síntesis; centralizar la reconstrucción no es ninguna garantía de poner los recursos públicos a salvo de corrupción, es una vez más «ningunear» a los gobiernos regionales y locales y ahorrarse esfuerzos por fortalecer sus capacidades, generar situaciones potenciales de conflicto y de uso ineficiente de recursos y, en general, debilitar los esfuerzos por consolidar una democracia más participativa y descentralizada.

desco Opina / 17 de abril de 2017