La dama del agravio se pone nuevo sueldo

Las distintas encuestas de junio anclaban la aprobación de Dina Boluarte en apenas 3%, mientras el último estudio, realizado por Datum para El Comercio, mostraba que, a nivel de regiones, su popularidad se redujo a 2% en el norte, y por nivel socioeconómico, su aprobación cayó a 1% en el sector E. Ya desde mayo la opinión pública estaba enterada que se venía cocinando, al más alto nivel, un aumento significativo de la remuneración mensual de la mandataria. Varios de sus ministros, en su rol fundamental de escuderos, aparecieron explicando que se trataba de una iniciativa que nacía de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, orientada a una “corrección” en el sistema remunerativo estatal que llevaba años sin actualizarse.

A fines de mayo, el programa televisivo Panorama, accedió a un documento fechado el 10 de febrero, en el que el Subsecretario General del Despacho Presidencial solicitaba iniciar las gestiones necesarias para sustentar el incremento, citando como referencias otros informes, generados también desde el Despacho Presidencial, desnudando la narrativa oficial y mostrando que era la señora de los Rolex quien promovía el incremento.

Ante el escándalo inmediato y la solicitud de información, el Ejecutivo declaró como reservados todos los documentos relacionados con el pedido de aumento salarial de la mandataria. Así las cosas, y 72 horas después de asistir al rechazo violento de su presencia en una actividad de entrega de títulos de propiedad en Arequipa, la mandataria firmó el DS 136-2025-EF, consignando el aumento de su remuneración que pasó de 16 000 a 35 568 soles mensuales, vale decir un incremento del 122%.

En medio de la indignación mayoritaria que despertó la decisión en las calles, pero también en los medios de comunicación, incluyendo aquellos más vinculados a posiciones de derecha, el ministro Pérez Reyes aseguró que la decisión se tomó tras una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y en cumplimiento de la ley del servicio civil. Vale decir, sopló la pluma para un costado más débil, siendo aclarado por el presidente de dicha institución quien precisó que se trató de una decisión del Consejo de Ministros.

Más allá de cualquier racionalidad administrativa, que no discutimos acá, el Ejecutivo recompensa groseramente a la presidenta con un aumento salarial que la lleva a ganar más que cualquier otro presidente de la región, a excepción del uruguayo, en una medida impopular que ofende la dignidad de la gente, que tiene claro que la señora en cuestión, tiene múltiples denuncias fiscales por diversas manifestaciones de su soberbia y frivolidad en el poder, desde los 50 asesinatos en las protestas hasta los casos Rolex, pasando por sus cirugías estéticas.

Por si ello no fuera suficiente, la provocación y la imprudencia de la mandataria parecen no tener freno. A la par del aumento de su remuneración, se hizo pública la existencia de una tarjeta de consumo para gastos de alimentación mensuales por cinco mil soles, para la misma persona que sostenía que las mujeres peruanas podían alimentar a sus familias con diez soles diarios, así como se hacía pública la aprobación de una nueva directiva gubernamental sobre “tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial”.

En sentido estricto el comportamiento y las decisiones de la señora Boluarte no deben sorprender. Desde el inicio de su gestión como personaje subalterno de la coalición autoritaria y mafiosa instalada en el Congreso y el gobierno, hizo del agravio, es decir de la ofensa, la humillación y la afrenta, sus consignas, sin importar el perjuicio que cotidianamente le hace a la mayoría de la población y a la legitimidad de la democracia; sin preocuparle la indignación y la rabia de las víctimas de sus maltratos.

Los socios más fuertes de la coalición de gobierno, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, se apuraron, desde el Congreso, en mostrar su decisión de pasar la página y no sumarse a los distintos pedidos de anulación de la disposición. Tienen claro que pueden vacar a la presidenta en cualquier momento a partir del 28 de julio y cuando sea necesario para sus intereses; hoy día resulta más importante para ellos concluir con el diseño de la institucionalidad que requieren para asegurar definitivamente el modelo y su futuro dentro de éste. A fin de cuentas, seguramente piensan, qué importan 35 000 soles mensuales cuando como parte de su poder, tienen un Congreso con un presupuesto mayor al de siete ministerios y con más recursos que los programas sociales de saneamiento urbano y rural, sumados ambos.

En este escenario, en el que la indignación y los malestares crecen cotidianamente, pero no alcanzan aún para generar la articulación y el liderazgo indispensables para enfrentar el momento, adquieren renovada vigencia las palabras de Julio Cotler, cuando decía que el país afronta el reto de construir una comunidad política democrática para asegurar su cohesión social, desafío frente al cual estamos condenados a ser optimistas.

 

 

desco Opina / 11 de julio de 2025 

Luego del Mensaje a la Nación

Llamémosle liderazgo presidencial, como dicen casi todos pero, aun así, sigue siendo algo muy insuficiente lo que transmite. El presidente Vizcarra sorprendió cuando en su Mensaje a la Nación contempló el referéndum como mecanismo para viabilizar algunas reformas institucionales. Digamos, era el atajo tomado por alguien que está consciente que no tiene una estructura partidaria propia ni nada que se le asemeje. Por ahora, su actitud le ha salvado el cortísimo plazo: logró, mal que bien, una reacción espasmódica, visceral a tono con los malestares del momento, que circunstancialmente le acarrea simpatías, pero nada más. Sin embargo, también se afirmará con mucha razón, que es lo más radical que podía hacerse hoy desde el Ejecutivo.

Digamos entonces, en el mejor de los sentidos, que tiene la idea, pero hubiésemos querido que nos exponga los medios y, sobre todo, los resultados que se esperan y los plazos que se necesitan para lograrlos.

Suena muy bien que nos consulten la conveniencia de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura - CNM (adelantamos, todos vamos a decir sí), la reelección de los congresistas (vamos a decir no), transparencia en el financiamiento privado de los partidos políticos (nuevamente, sí) y la bicameralidad del Congreso (nuevamente, no). Pero, ¿qué resultados buscamos? ¿Para cuándo están previsto estos cambios?

Una segunda cuestión es que lo propuesto por el mandatario pasa indefectiblemente por el Congreso y se rige por lo establecido en la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en la que no se explicita ninguna iniciativa presidencial como inicio del proceso. Poniendo de lado las «consideraciones técnicas» que se han expuesto en abundancia durante estos días, poco o nada se ha dicho de la pertinencia política de lo que se busca zanjar mediante la vía plebiscitaria. Al respecto, nos remitimos a la reelección de los congresistas y a la bicameralidad.

En ambos casos, ¿qué buscamos? Si en la no reelección de los congresistas se trata de fomentar mayor legitimidad de las autoridades, deberíamos hacer un balance de, por ejemplo, cuál ha sido el resultado de no tener reelección presidencial desde el 2001 o de haber instaurado ese mecanismo –junto a la segunda vuelta electoral– para las elecciones municipales y regionales desde el 2012, argumentando entonces, que de esa manera tendríamos gobiernos subnacionales más sólidos y menos propensos a la corrupción.

Para algunos, prohibir la reelección de los congresistas atentaría contra la formación de un capital fundamental para ejercer la representación política, como es la experiencia, como afirmaban los que se opusieron a una iniciativa de ley presentada en mayo de este año. De esta manera, plantean sus preocupaciones sobre si tenemos acaso una idea cercana de lo que sería un hipotético Congreso, donde ninguno de sus integrantes tenga experiencia previa.

A este planteamiento se opone la afirmación de que gran parte de los problemas que nos afectan en la dimensión política se debe al hecho de reducirlos a la actuación congresal y haber convertido el recinto parlamentario en un botín que terminamos pagando todos los peruanos y, en ese sentido, los que realmente tienen vocación pública seguramente encontrarán más y mejores vías de expresión y caminos para aspirar a legitimidades más sólidas.

De esta manera, una consecuencia política indirecta pero decisiva para nuestra incipiente izquierda política es que si quiere subsistir, está forzada a ampliar su horizonte político, más allá de las coyunturas electorales, obligando a sus líderes a actuar en otros campos, lo que tendría como probable consecuencia la consolidación de sus organizaciones y la adquisición de una legitimidad social/política más firme.

De igual manera, ¿qué buscamos con la bicameralidad del Congreso? ¿Hay un problema en la representatividad política que podría ayudar a resolver? ¿Podría otorgarle mayor legitimidad a partidos políticos inexistentes?

Dudamos que así sea. Probablemente, las reformas más eficaces en esa dirección pueden ser las menos rimbombantes como, por ejemplo, cambiar la deformadísima manera de «colocar» funcionarios públicos –incluyendo «asesores» congresales– cuyas versiones más sofisticadas de las labores que desempeñan las hemos contemplado en todo su esplendor con los audios y videos difundidos en estos últimos 25 años.

Así, no es cuestión que un presidente del Congreso haga renunciar a su jefe de seguridad como un acto político simbólico, sino que nos digan cómo el referido señor llegó a ejercer esa función. Es decir, la crisis política no se refiere únicamente a los políticos. En esa línea, hubiera sido mucho más importante que el presidente Vizcarra nos dijera, para señalar un punto, cuál va a ser el futuro de Servir antes que simplemente seguir a la indignación popular, lo cual no está mal, pero no es, ni mucho menos, suficiente para gobernar en aguas tan crispadas como las nuestras.

desco Opina / 3 de agosto de 2018