La dama del agravio se pone nuevo sueldo

Las distintas encuestas de junio anclaban la aprobación de Dina Boluarte en apenas 3%, mientras el último estudio, realizado por Datum para El Comercio, mostraba que, a nivel de regiones, su popularidad se redujo a 2% en el norte, y por nivel socioeconómico, su aprobación cayó a 1% en el sector E. Ya desde mayo la opinión pública estaba enterada que se venía cocinando, al más alto nivel, un aumento significativo de la remuneración mensual de la mandataria. Varios de sus ministros, en su rol fundamental de escuderos, aparecieron explicando que se trataba de una iniciativa que nacía de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, orientada a una “corrección” en el sistema remunerativo estatal que llevaba años sin actualizarse.

A fines de mayo, el programa televisivo Panorama, accedió a un documento fechado el 10 de febrero, en el que el Subsecretario General del Despacho Presidencial solicitaba iniciar las gestiones necesarias para sustentar el incremento, citando como referencias otros informes, generados también desde el Despacho Presidencial, desnudando la narrativa oficial y mostrando que era la señora de los Rolex quien promovía el incremento.

Ante el escándalo inmediato y la solicitud de información, el Ejecutivo declaró como reservados todos los documentos relacionados con el pedido de aumento salarial de la mandataria. Así las cosas, y 72 horas después de asistir al rechazo violento de su presencia en una actividad de entrega de títulos de propiedad en Arequipa, la mandataria firmó el DS 136-2025-EF, consignando el aumento de su remuneración que pasó de 16 000 a 35 568 soles mensuales, vale decir un incremento del 122%.

En medio de la indignación mayoritaria que despertó la decisión en las calles, pero también en los medios de comunicación, incluyendo aquellos más vinculados a posiciones de derecha, el ministro Pérez Reyes aseguró que la decisión se tomó tras una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y en cumplimiento de la ley del servicio civil. Vale decir, sopló la pluma para un costado más débil, siendo aclarado por el presidente de dicha institución quien precisó que se trató de una decisión del Consejo de Ministros.

Más allá de cualquier racionalidad administrativa, que no discutimos acá, el Ejecutivo recompensa groseramente a la presidenta con un aumento salarial que la lleva a ganar más que cualquier otro presidente de la región, a excepción del uruguayo, en una medida impopular que ofende la dignidad de la gente, que tiene claro que la señora en cuestión, tiene múltiples denuncias fiscales por diversas manifestaciones de su soberbia y frivolidad en el poder, desde los 50 asesinatos en las protestas hasta los casos Rolex, pasando por sus cirugías estéticas.

Por si ello no fuera suficiente, la provocación y la imprudencia de la mandataria parecen no tener freno. A la par del aumento de su remuneración, se hizo pública la existencia de una tarjeta de consumo para gastos de alimentación mensuales por cinco mil soles, para la misma persona que sostenía que las mujeres peruanas podían alimentar a sus familias con diez soles diarios, así como se hacía pública la aprobación de una nueva directiva gubernamental sobre “tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial”.

En sentido estricto el comportamiento y las decisiones de la señora Boluarte no deben sorprender. Desde el inicio de su gestión como personaje subalterno de la coalición autoritaria y mafiosa instalada en el Congreso y el gobierno, hizo del agravio, es decir de la ofensa, la humillación y la afrenta, sus consignas, sin importar el perjuicio que cotidianamente le hace a la mayoría de la población y a la legitimidad de la democracia; sin preocuparle la indignación y la rabia de las víctimas de sus maltratos.

Los socios más fuertes de la coalición de gobierno, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, se apuraron, desde el Congreso, en mostrar su decisión de pasar la página y no sumarse a los distintos pedidos de anulación de la disposición. Tienen claro que pueden vacar a la presidenta en cualquier momento a partir del 28 de julio y cuando sea necesario para sus intereses; hoy día resulta más importante para ellos concluir con el diseño de la institucionalidad que requieren para asegurar definitivamente el modelo y su futuro dentro de éste. A fin de cuentas, seguramente piensan, qué importan 35 000 soles mensuales cuando como parte de su poder, tienen un Congreso con un presupuesto mayor al de siete ministerios y con más recursos que los programas sociales de saneamiento urbano y rural, sumados ambos.

En este escenario, en el que la indignación y los malestares crecen cotidianamente, pero no alcanzan aún para generar la articulación y el liderazgo indispensables para enfrentar el momento, adquieren renovada vigencia las palabras de Julio Cotler, cuando decía que el país afronta el reto de construir una comunidad política democrática para asegurar su cohesión social, desafío frente al cual estamos condenados a ser optimistas.

 

 

desco Opina / 11 de julio de 2025 

Redistribuir el IGV, repensar el Impuesto a la Renta

 

El 21 de mayo último, el Congreso de la República aprobó una norma que modifica la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV). Hasta ahora, de los 18 puntos porcentuales de este impuesto, sólo dos se destinaban directamente a los gobiernos locales. La nueva ley eleva esa proporción a cuatro. Detrás de esta cifra se esconde una promesa largamente acariciada por las más de dos mil municipalidades del país: contar con más recursos para atender las necesidades de sus comunidades. Y no es poca cosa, si se considera que muchas de ellas apenas logran cubrir sueldos básicos o servicios mínimos.

Sin embargo, la discusión pública no se ha centrado en esta problemática tan ajena a la tecnocracia limeña. El exministro Waldo Mendoza ha sentenciado que esta es “La ley fiscal más dañina del siglo”. Luis Miguel Castilla fue más drástico aún: “Voy a decir algo que jamás pensé decir: el manejo técnico en el MEF de Pedro Castillo fue mejor que el actual”. La reacción del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ha sido sorprendente: ha afirmado que la norma no “impactará en el gasto público” y que “están de acuerdo con ella”. Una postura que, lejos de expresar preocupación por el impacto fiscal, sugiere más bien una abdicación del rol rector que históricamente ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No se trata de una defensa técnica ni de un desacuerdo estratégico, sino de una convalidación política, sin mayor fundamento visible.

A este debate se suma otro ingrediente, político, pero no irrelevante. Se ha difundido la narrativa –con fuerza en medios y redes– que, el origen de la ley se encontraría en un proyecto impulsado por el actual presidente del Congreso, quien pertenece al partido de César Acuña. En tanto que, el mismo partido controla una porción considerable de gobiernos locales y regionales desde los últimos comicios, la norma recientemente aprobada no solo sería técnicamente cuestionable, sino también funcional a una estrategia de empoderamiento territorial partidario, a costa del erario nacional.

¿Hay algo de eso? Es posible. La política peruana hace rato que dejó de distinguir entre interés público e interés faccioso. Pero que el cálculo político esté presente no deslegitima una demanda estructural: los gobiernos locales están financieramente asfixiados y han sido postergados sistemáticamente por el centralismo limeño y, en no pocos casos, por el centralismo de sus propios gobiernos regionales. Reducir esta medida a una “movida de poder” ignora un problema real que ya no puede seguir siendo evadido. No por gusto la norma ha sido aprobada por unanimidad en ambas votaciones.

Este es, en el fondo, el dilema: ¿cómo financiamos el desarrollo de los territorios sin desarmar al Estado nacional? La nueva norma parece responder a ello con un atajo: quitarle al centro para darle a la periferia. Pero como ocurre con frecuencia en nuestra política fiscal, se decide alterar la distribución sin discutir de fondo la estructura del sistema. No sorprende que se haya tocado el IGV y no otro impuesto.

Porque ese es el verdadero elefante en la sala: el problema no es solo la redistribución del IGV, sino la excesiva dependencia del Estado peruano respecto de este tributo indirecto, profundamente regresivo. Según la última Nota Tributaria de la SUNAT, el IGV representa el 56.8% de toda la recaudación tributaria nacional del 2024, mientras que el Impuesto a la Renta apenas alcanza el 42%. En otras palabras, el sostenimiento del Estado recae principalmente sobre el consumo generalizado –incluyendo a los más pobres–, no sobre la capacidad real de pago de las personas y empresas.

Y aquí es donde el debate necesita mayor profundidad. ¿Por qué no hemos discutido seriamente una reforma del Impuesto a la Renta? ¿Por qué nos escandaliza tocar dos puntos del IGV antes que reconocer que el sistema tributario sigue premiando la evasión, la renta informal y las brechas estructurales de recaudación?

Una reforma del Impuesto a la Renta sería muy impopular, sin duda, pero también necesaria. Implicaría corregir exoneraciones, mejorar la fiscalización, revisar tramos, y, sobre todo, hacer que quienes más ganan aporten proporcionalmente más. Se necesitaría valentía política, una administración tributaria fortalecida, pero, sobre todo, voluntad de diálogo técnico y político.

El Congreso ha optado por una salida imperfecta, que atiende una demanda legítima, pero lo hace sin repensar la lógica tributaria. El mismo que premia, entre otros, a los principales agroexportadores con la prolongación de exoneraciones tributarias sin ninguna justificación. La tecnocracia ha respondido con alarma, con razón, pero muchas veces sin ofrecer alternativas que incorporen las urgencias de los territorios. Y el MEF, en lugar de liderar el debate, parece haber decidido simplemente no darlo.

Lo que se necesita ahora no es una marcha atrás, sino un debate más amplio. Que el IGV financie menos al gobierno central puede ser un problema, pero el verdadero error sería no aprovechar esta coyuntura para rediseñar el sistema tributario en su conjunto. No se trata solo de cuánto le toca a cada nivel de gobierno, sino de quién paga y cómo se recauda. Se trata de pensar en una lógica tributaria directa donde tienen que pagar más, quienes más ganan.

La redistribución del IGV no será la solución mágica para el desarrollo de los municipios, que por lo demás tienen problemas de ejecución porque no se hace nada para fortalecer y desarrollar sus capacidades, pero tampoco puede ser descalificada desde una mirada exclusivamente técnica o desde el cálculo político inmediato. Es una señal –confusa, sí, pero legítima– de que los territorios exigen un lugar en la mesa fiscal. Y eso, nos guste o no, obliga a mirar directamente al Impuesto a la Renta.

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2025