El Congreso
de la República ha iniciado la interpelación a la ministra Flor Pablo, usando
como coartada el tema de los textos escolares. Será la tercera ocasión en la
que el titular del sector pasa por este trámite desde la elección del gobierno
de PPK. Recordemos que Jaime Saavedra fue censurado, mientras la gestión de
Marilú Martens estuvo a la base de la caída del gabinete Zavala. En el primer
caso, se argumentó una compra irregular de computadoras y retrasos en las obras
para los Panamericanos; en el segundo, la ministra se puso en la mira del
Legislativo en el contexto de una larga huelga magisterial. La arremetida
actual, porque de eso se trata, es parte de la estrategia fujimorista que se encuentra con el fundamentalismo religioso más derechista, en su
búsqueda de una base social de apoyo que les permita remontar la derrota
política que ha sufrido.
Como ha sido certeramente señalado, tras
el cuestionamiento a los materiales educativos, a los directamente involucrados
en el caso y al conjunto de los contenidos elaborados, se esconde la pretensión de controlar la información a los escolares sobre la sexualidad, pero también sobre el conflicto armado interno.
El fujimorismo, en alianza decidida con el fanatismo religioso, a partir de una
campaña de desinformación y mentira, busca imponer su visión «provida y
profamilia» anunciada por Luis Galarreta en su relanzamiento partidario, así
como su particular narrativa sobre la violencia en el país. Lo hace en alianza con los comerciantes de la educación superior en el país,
interesados en terminar con el papel de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu) que los obliga a condiciones básicas
de calidad en sus negocios, recuperando el «poder» que perdieron los rectores
de las universidades que defienden.
La interpelación a la Ministra, hay que
decirlo, es parte del ambiente crecientemente enrarecido y polarizado que se
observa en las últimas semanas, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el
Congreso, ingresa a un nuevo capítulo. El retorno de Fuerza Popular a su
discurso más duro y de bloqueo a la acción del gobierno –que le costó su
derrumbe en la aprobación de la gente– busca aprovechar la debilidad de un
Ejecutivo que descubrió tarde que sus problemas de gestión y su debilidad
política, exigían de propuestas y capacidades que no se resolvían con un simple
cambio de rostros. Sus opositores, es decir, el conjunto de fuerzas políticas
en el Congreso, incluyendo a parte de «su» bancada, encontraron espacio para
presionar y avanzar en sus diversas pretensiones y en su afán compartido de
supervivencia. La multiplicación de la información de Lava Jato y la evidencia
del desplome de la clase política tradicional, sirvieron como acicate.
En este escenario, el fujiaprismo y sus
distintos aliados de ocasión como los congresistas Sheput y García Belaunde,
juegan a consolidar el «poder» del Congreso y a mantener su desprestigio.
Bloquear toda posibilidad de reforma política hasta el 2021 y postergar la
reforma judicial es su consigna. Golpear al gobierno en su precariedad es el
camino, como lo evidenció el patético espectáculo de la asistencia del Ministro
del Interior y un equipo policial a la Comisión de Defensa. A fin de cuentas, de lo que se trata es de proteger sus privilegios y de mantener su impunidad, afectados los últimos años, sin duda,
por el debilitamiento del partido naranja y de sus socios de la estrella. Desde
el Ejecutivo, durar hasta el 2021 sigue siendo la tarea prioritaria.
La pregunta de fondo es si le resultará posible
sin enfrentar al Congreso y recuperar formas de encuentro con la sociedad. El
Primer Ministro, aunque tardíamente, parece pensar que no, a juzgar por sus
declaraciones recientes que evidencian creciente malhumor por la «mecida» de la
reforma política y el apoyo decidido a la ministra Pablo. Parece decidido, por
lo menos, a una escaramuza grande. Le queda la relación del Ejecutivo con la
sociedad. Ésta, distante y harta de la disputa en las «alturas», manifiesta
cada vez más los malestares de su situación cotidiana. El conflicto de Las
Bambas y los colaterales del corredor minero están lejos de resolverse y la
impericia del gobierno no asegura puerto cercano; la inminencia del paro
agrario convocado por CONVEAGRO, más allá de su fragmentación, evidenciará la
distancia creciente entre el régimen y el interior del país, mientras la
inseguridad y la delincuencia que permanecen indetenibles en las grandes
ciudades, alimentan la insatisfacción de la gente que no parece dispuesta a
movilizarse por una reforma política, que les resulta abstracta, cuando lo que
quieren es que se vayan muchos de los que pretenden mantenerse.
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