En vísperas de cumplir dos años, el gobierno del presidente Humala deja claro no sólo que la Gran Transformación, sino también la Hoja de Ruta son cosa del pasado. Lo prometido ha sido reemplazado por actitudes dubitativas que no auguran nada bueno frente a una crisis que parece haber arribado ya a nuestras costas, bajo el eufemismo de «enfriamiento», usado por el ministro de Economía.
En este contexto, cualquier intento de salirse del libreto marcado, será respondido en coro fundamentalista por la derecha. Así fue con Repsol, luego con la Ley de Consulta y hasta con la Ley de Alimentación Saludable, cuya única intención es cumplir con estándares internacionales establecidos para el consumo de alimentos procesados. Penosamente, ninguna de estas batallas encontró un Presidente convencido de alguna idea. Solo cedió.
En lo que parece una comedia de rectificaciones, el último acto ha sido la renuncia de Rafael Roncagliolo a la conducción de la Cancillería. Su apuesta por los procesos de integración regional y su interés por el contenido político de las relaciones comerciales lo hicieron una de las presas más codiciadas por la derecha extremista, quien nunca dejó de verlo como una especie de quinta columna izquierdista que debía extraerse del Ejecutivo a como diera lugar.
Los objetivos que se planteó Roncagliolo también tuvieron enorme resistencia dentro del gobierno, que olvidó rápidamente su propuesta de fortalecer la CAN y ser protagonistas en UNASUR, persistiendo en que el eje de las relaciones exteriores está en los tratados comerciales, esquema en el que es MINCETUR –y no Torre Tagle– quien ejerce la rectoría de facto de parte importante de las relaciones exteriores. La reciente votación de Perú por el candidato mexicano a la conducción de la OMC, en contra del finalmente vencedor candidato brasileño, por ende de UNASUR, es apenas una perla más de este rosario.
«La punta del cerro», no es sólo el lugar simbólico al que el Presidente Humala remite a opositores, periodistas molestosos y jóvenes con aretes y mechón que deberían hacer el servicio militar. Es también el lugar real donde se asientan gran parte de las concesiones a las empresas mineras que ahora reclaman decisión y fuerza ante la caída del negocio, con la esperanza de que el raspado de ollas permita unos años más de rentabilidad. Sin duda alguna, tales reclamos inciden en las marchas y contramarchas que tiene la ley de consulta y la lista de pueblos indígenas, largamente manoseada por el Ejecutivo y que paulatinamente se desnaturaliza y se reduce a su mínima expresión.
En el camino, como nueva muestra de las dudas gubernamentales, quedó otra autoridad del Ejecutivo, el viceministro de Interculturalidad, quien creyó que en el caso Cañaris debía aplicarse la consulta, siendo rápidamente desautorizado por el ministro de Energía y Minas, evidenciando la ausencia de consenso en el Ejecutivo sobre la base de datos de las comunidades que deben ser consultadas. Semanas atrás, Reuters reportó que la inclusión de las comunidades campesinas, asentadas principalmente en los Andes donde las mineras esperan iniciar nuevos proyectos, generó roces porque sectores del gobierno no las consideran indígenas ni originarias. Finalmente, el gobierno parece decidido a implementar la norma «caso por caso».
Mientras tanto, los aspirantes a candidatos en el 2016 empezaron una guerra de demolición intercambiando acusaciones de corrupción, de la que probablemente salgan maltrechos pero no liquidados políticamente. El escenario se ensucia cada vez más, la popularidad de la pareja presidencial se desliza por una pendiente que se hace diariamente más aguda, mientras distintos temas neurálgicos como la crisis que ya llegó, las cifras sociales que no mejoran, la inversión pública que no despega y la eficacia de los programas gubernamentales que no se ven, no son parte de ninguna agenda.
desco Opina / 24 de mayo de 2013
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