Junín es actualmente la tercera región
receptora de inversión minera, lo que a primera vista demuestra la existencia
de recursos importantes para reducir brechas sociales y promover el desarrollo
regional. En junio pasado, el
presidente Martín Vizcarra, anunció la apertura de la segunda etapa del
proyecto Toromocho, en la cual la empresa Chinalco invertirá US$ 1300 millones, que sumados a los US$ 4800 ya invertidos en la primera etapa, constituye un gran potencial
aprovechable de recaudación de tributos que contribuyan a mejorar los servicios
en educación, salud y saneamiento y que, además, generará empleo para 3500 personas.
Adicionalmente, el Gobierno Central
dispuso que a partir de este mes se adelante el 60% de los fondos del canon minero a las regiones, lo que puede
significar la transferencia de 3200
millones, que terminarán de entregarse en el mes de julio.
Este adelanto busca que la calidad y
la ejecución de gasto sea mejor que la de años anteriores y de esta forma el
gobierno regional cuente con un mayor plazo para la ejecución del presupuesto
transferido.
Asimismo,
el gobernador regional, Vladimir Cerrón, mantuvo recientemente una reunión con
representantes de la minera y con directivos del Ministerio de Energía y Minas,
acordándose que al menos el 60% de los empleos que genere la empresa durante la ampliación del proyecto serán cubiertos por población local. Sin embargo, el
proyecto de ampliación afronta las dificultades derivadas de la expropiación de
34 hectáreas de terreno donde habitan pobladores de Morococha, asunto que hoy
es materia de un proceso judicial en el que la Corte Superior de Justicia de
Junín, declaró fundada la medida cautelar interpuesta por 65 familias
morocochinas.
Hay una interrogante clave que responder
respecto a la calidad del gasto del Gobierno Regional y de los gobiernos
locales de Junín, lo que puede dar pistas respecto al futuro de las inversiones
públicas en la región. Al respecto, la ejecución del gasto del Gobierno Regional
en el año 2018, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, muestra
que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
fue de 5149 969 813 soles, con un nivel de gasto de 85.4%. La inversión se
destinó principalmente a educación, con un PIM de 878 861 586 (95.3% de
ejecución); salud con un PIM de 611 632 094 (92.3% de ejecución); saneamiento,
con un PIM de 31 066 575 soles (27.2% de ejecución); agropecuaria con un PIM de
24 933 373 soles (57.3% de ejecución).
En cuanto a los indicadores de
desarrollo, en la función Educación revisamos los indicadores de comprensión
lectora y aprendizajes en matemáticas con los siguientes resultados: (i) el 23.2%
de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en comprensión lectora, (ii) el 35.7%
de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en matemáticas. En la función Salud,
de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes 2018 del INEI,
se revisaron los indicadores de anemia y desnutrición infantil, con los
siguientes resultados: (i) un 57% de menores de 6 a 35 meses de edad padecen de
anemia y (ii) la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años afecta
al 19,2% del total. En la función saneamiento los indicadores reportados por la
SUNASS muestran que (i) el 30.2% de la población en la zona rural y el 14.25%
de la urbana no accede al servicio de agua. En la función Agropecuaria, de
acuerdo al Ministerio de la Producción, se estima que solo el 4.80% de la
producción total agraria tiene valor agregado, este indicador muestra que hay
mucho por hacer en esta cadena productiva en la región.
Estos resultados muestran las brechas aún
subsistentes, así como las dificultades de optimizar las inversiones sociales,
tanto de las transferencias del Gobierno Nacional como de los ingresos
derivados del canon minero, cuyo gasto está más acotado. Esto es un desafío
mayor para las autoridades regionales y municipales, pero también para el Poder
Ejecutivo, ya que no es suficiente con transferir recursos y desentenderse del
destino de los mismos y del modo cómo se gastan y se obtienen resultados que
redunden en el desarrollo regional. Ninguna región, incluyendo por cierto
Junín, puede darse el lujo de desperdiciar recursos ni permitir que, vía actos
corruptos, las autoridades y funcionarios los utilicen en provecho propio.
desco Opina - Regional / 22 de
febrero de 2019
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