Mediocridad y recentralización

 

La reciente inauguración del puente de la carretera Arequipa – La Joya es una buena noticia. Mejorará la conectividad regional, reducirá tiempos de viaje y fortalecerá la articulación logística entre Arequipa y el corredor hacia Matarani, Puno, Cusco y otras regiones del sur. Sin embargo, dejando de lado la pompa de la inauguración, este acto nos hace preguntarnos ¿por qué una infraestructura de esta importancia necesitó tantos años, múltiples paralizaciones, adicionales de obra y reiteradas observaciones técnicas para acercarse a su culminación? Acercarse, es un decir, porque ya han pasado seis administraciones regionales y no se logra terminar.

Lamentablemente, lo que pasa con la carretera Arequipa – La Joya no es una excepción. Es la consecuencia de uno de los mayores problemas de la inversión pública peruana: la incapacidad del Estado (en todos sus niveles) para ejecutar proyectos de manera oportuna y eficiente. Las obras paralizadas no solo inmovilizan miles de millones de soles de recursos públicos, sino que retrasan servicios esenciales, encarecen la inversión, pero, sobre todo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso es común escuchar que el gobierno regional no hace nada, o la municipalidad o el ministerio.  

La Contraloría General de la República viene alertando desde hace varios años sobre la magnitud de este problema mediante informes y también en su portal web. Actualmente, a nivel nacional tenemos 634 obras paralizadas que tienen un valor conjunto de S/. 9211 millones. Cusco ostenta el triste récord de ser el departamento con el mayor número de obras paralizadas, 187 proyectos que representan la inmovilidad de S/.1060 millones de los recursos públicos.

Las causas se repiten con preocupante frecuencia. En una reciente exposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el evento “Conectar el Estado: articulación multinivel y sistemas públicos para cerrar brechas territoriales” se mencionó que entre las principales causales de la paralización de proyectos de inversión pública en el país están: la programación presupuestal insuficiente para la continuidad, las controversias legales o arbitrales, el quiebre financiero contractual por pagos pendientes y los expedientes técnicos insuficientes (o mal hechos). Lo más preocupante es que gran parte de estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de las obras.

El caso del puente Arequipa – La Joya resulta particularmente ilustrativo. La obra se gestó durante el gobierno regional de Vera Ballón, en el de Guillén Benavides se culminó con el expediente técnico, y recién se inició en el gobierno de Osorio Delgado en octubre de 2017, con un presupuesto superior a los S/ 107 millones y un plazo contractual de 510 días. Sin embargo, durante su desarrollo se aprobaron adicionales de obra y se registraron paralizaciones, resoluciones contractuales, reactivaciones y controversias judiciales que encarecieron el proyecto. Según data del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto tiene un costo de inversión actualizado de S/ 914.8 millones. A esto, hay que añadirle las múltiples denuncias de corrupción y de invasiones de terrenos en zonas aledañas, que la han acompañado durante todo su trayecto de ejecución.

Lo alarmante es que varios de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en la actualidad presentan uno o más de los problemas mencionados en el proyecto de la carretera Arequipa – La Joya. No se trata de ineficiencias exclusivas de obras de gran complejidad. Esta situación revela una debilidad más profunda: la insuficiente calidad de los expedientes técnicos y la escasa capacidad institucional para gestionar proyectos.

El estudio Políticas de Desarrollo Regional en Perú de la OCDE, recomienda que el país fortalezca la gobernanza multinivel, mejore la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y desarrolle capacidades técnicas permanentes para formular y ejecutar inversiones públicas. Sin embargo, la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ha anunciado que reivindicará el gobierno de su padre en su gestión, es posible que implemente políticas que recentralicen el poder, evitando que se puedan resolver estos escollos en las gestiones subnacionales. Quizá volveremos a ver la acumulación del poder en un ministerio de la presidencia, con otro nombre, pero con las mismas artimañas para usar las alianzas estratégicas regionales como ejercicio de un clientelismo ramplón.

La descentralización necesita ir acompañada de instituciones más sólidas, mejores sistemas de planificación y equipos profesionales especializados, fundamentalmente en gobiernos regionales y locales que administran una parte significativa de la inversión pública. Quizá así, el cronograma de un proyecto de inversión pública se pueda cumplir sin complicaciones.

Sea cual sea la decisión del gobierno nacional, la ciudadanía tiene una tarea: vigilar la ejecución presupuestal. Recientemente la cooperación suiza ha inaugurado el portal de Alertas de Obras Públicas Paralizadas en el Perú con una base de datos de organismos oficiales. En él, cualquier persona puede monitorear los proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, además de ver cuánta es la cantidad de la población potencialmente afectada.

Celebrar la culminación de una obra siempre será motivo de satisfacción, pero sería un error conformarnos con el acto simbólico y no preguntarnos por qué tardamos tanto en concluir proyectos que debieron estar al servicio de la ciudadanía mucho antes. Debemos exigir que cada inauguración venga acompañada del acta oficial de cierre de proyecto, un trámite inconcluso de muchas obras, y que son un pasivo que se hereda de gestión en gestión.

Es imprescindible corregir las deficiencias estructurales en la formulación de proyectos, mejorar la calidad de los expedientes técnicos y fortalecer la capacidad de gestión pública para culminarlos con eficiencia, de lo contrario difícilmente seguiremos sonriendo en las fotos de inauguración.

 

desco Opina – Regional / 17 de julio del 2026

descosur

Ciudades en construcción permanente

 

Motivados por el nuevo proceso eleccionario nacional próximo y en medio de un panorama incierto sobre lo que nos deparará la gestión de nuevas autoridades en el país, vemos que se han producido algunos cambios que podrían ser importantes. Varias autoridades electas, han dejado sus cargos como el caso del gobernador regional de La Libertad.

Aquí en Lima ha sido el alcalde metropolitano quien ha renunciado para tentar el sillón presidencial del país. Todo estaría bien, si las gestiones de ambos funcionarios destacaran con referencias positivas a resaltar lo que nos haría esperar que el nuevo espacio para el cual tientan sirviera para replicar o mejorar lo hecho. Lamentablemente, los resultados de ambas gestiones son pobres, dejan mucho que desear, y los “logros de sus gestiones” palidecen ante la creciente inseguridad ciudadana y obras inconclusas en las que se ha dispendiado mucho dinero público.

Percibimos, en el caso de los municipios de Lima, que enfrentamos gestiones que en forma generalizada se han caracterizado por autoridades de muy limitada capacidad en los distritos. Así, en Lima Metropolitana, a dos meses de culminar el año, solo nueve alcaldes distritales han logrado apenas ejecutar el 60% del presupuesto asignado a obras para este 2025. Mientras tanto el forado que tiene el presupuesto de Lima por presupuesto comprometido a futuro para pago de deuda contraída, está en la misma cuenta en rojo de los trenes gastando vanamente 22 millones de dólares para importar chatarra ferroviaria con toda impunidad.

Cabe preguntarse dónde radica el principal problema para cumplir con las metas programadas; parte de la respuesta la vamos a encontrar si indagamos por los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento vigentes. La participación ciudadana está marginada y no se le tiene en consideración para garantizar que las obras se ejecuten atendiendo criterios de calidad y contando con los aportes y participación de la comunidad en general, para determinar el nivel de satisfacción que se tiene sobre su realización y resultados.

Sin embargo, lo que vemos es la implementación de distintos proyectos apurados bajo la modalidad de fast trak, hechos sin mayor estudio evidenciando –sin vergüenza y con descaro– un afán de marketing electorero y nada más. Incluso en obras con oposición del vecindario y carentes de fundamentos técnicos, que terminan siendo grandes elefante blancos sin mayor utilidad o peor aún, obras que ponen en peligro a la comunidad a la que deberían servir.

Por ello, no es menos importante la tarea de educar y capacitar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones a vivir en ciudades, en grandes metrópolis como Lima, que deben ofrecer niveles crecientes de calidad para sus habitantes como ocurre en muchos lugares de Sudamérica, por ejemplo.

Vemos con estas renuncias, malas prácticas de nuestras autoridades, que nos conducen a vivir en ciudades que en lugar de mejorar son cada vez peores. La forma como producimos las ciudades y cómo somos laxos o estrictos para exigir mecanismos de control más adecuados, nos están conduciendo a situaciones de creciente violencia y colapso que pueden medirse. Un terrible ejemplo en Lima Metropolitana, es el hecho de que un 60 % de las licencias de construcción otorgadas no pasan por una verificación técnica, según informa la Contraloría General de la República.

La escasa participación ciudadana y la poca fiscalización que se ejerce para construir una ciudad con crecientes estándares de calidad para la mayoría de sus habitantes es un grave problema que nos afecta a todos en medio de la pasividad. Este momento de reemplazo de unas autoridades por sus herederos debe servir como una nueva oportunidad para que exijamos un mayor control urbano de nuestras ciudades y promovamos iniciativas que mejoren su calidad en los espacios públicos colectivos, áreas verdes, los servicios públicos, la transitabilidad urbana y la generación de empleos adecuados. Y, por cierto, la calidad de las viviendas en las que habitan precariamente millones de limeños.

 

desco Opina - Regional / 24 de octubre de 2025

descoCiudadano

Crecimos como nunca, nos empobrecimos como siempre

 

¿Para qué sirvió el crecimiento? Todo parece indicar que regresamos a la normalidad. Las nuevas cifras de pobreza monetaria muestran que el número de pobres en Perú ascienden en el año 2023 a 9 780 000 personas, constituyéndose en la segunda cifra más alta en las últimas dos décadas, sólo superada levemente por la registrada en el 2020, donde se restringieron la mayoría de las actividades económicas en el país, a consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.

La cantidad de pobres alcanzada el 2023 en el país, es mayor en 596 000 personas a la registrada el 2022 y significativamente superior, más de 3 290 000 pobres adicionales, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia.

¿Cómo traducir esta cifra en las vivencias cotidianas de los y las peruanas? Un dato ilustrativo es la evolución de la pobreza extrema. Entre los años 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó en 11,0% pasando de S/ 226 a S/ 251; mientras que, respecto del año 2019 (anterior a la pandemia), la línea de pobreza extrema se incrementó en 33,9 %. Según área de residencia, entre 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó, tanto en el área urbana como en el área rural en 10,9% y 10,7%, respectivamente. Al comparar con el año 2019, el incremento de la línea de pobreza extrema fue mayor en el área rural (35,0%) respecto al área urbana (33,1%).

En otras palabras, 1 922 000 de peruanos y peruanas perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles (67.8 dólares) al mes. En parte, la explicación recae en la inflación, contribuyendo a que la canasta básica se incrementara 11%. En esa línea, hay un aumento de la pobreza extrema rural de 14,6% a 16,2%, mientras que en el área urbana pasó de 2,6% a 3,2%.

Para el caso de la línea de pobreza, el valor para 2023 es de 446 soles (120.5 dólares). El peruano que perciba ingresos por encima de esta cantidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias no es considerado pobre.

Esta situación, vista desde el gasto, indica que el 2023 el gasto real promedio per cápita mensual, se ubicó en 866 soles, registrando una disminución de 0,7% respecto al año 2022 (equivalente a 6 soles per cápita). En comparación con el año 2019, disminuyó en 10,7% (equivalente a 104 soles per cápita), disminución altamente significativa, reflejando que los niveles del gasto del año 2023, se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

De otro lado, se observa que el 29,5% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar (S/ 256), seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,6% (S/ 187), los alimentos consumidos fuera del hogar con 11,8% (S/ 102), salud 8,4% (S/ 73), transporte con 7,5% (S/ 65), bienes y servicios diversos con 4,2% (S/ 36), comunicaciones 3,6% (S/ 31), muebles y enseres con 3,6% (S/ 31) y educación con 3,4% (S/ 30), entre otros.

Cuando se compara esta estructura de gasto con la del 2014 (la última realizada), la proporción del gasto en alimentos consumidos dentro del hogar, se incrementó en 0,7% (de 28,8% a 29,5%) que, si la vinculamos al gasto en alimentos consumidos fuera del hogar, muestran que las familias peruanas gastan en promedio casi 42% de su presupuesto familiar en alimentarse. Esto contrasta nítidamente con lo que disponen para rubros como la salud y la educación, las que sumadas son menos del 12% del gasto familiar.

Otro aspecto resaltante que nos alcanza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es la brecha de pobreza, que refleja cuán pobres son los pobres, es decir, el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la línea de pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por definición.

En el año 2023, la brecha promedio del gasto de los pobres respecto al costo de la canasta básica de consumo fue de 7,5%. Comparada con los resultados del año 2022, aumentó en 0,4%, diferencia significativa. Comparando con los resultados del año 2019 creció en 3,0 puntos porcentuales, siendo esta diferencia muy altamente significativa.

De igual manera, es importante observar los resultados que alcanza sobre la vulnerabilidad monetaria que, en otras palabras, es el riesgo de caer en la situación de pobreza monetaria. En el 2023, el 31,4% del total de la población del país se encontraba en esta condición, que equivale en cifras absolutas a 10 590 000 personas que se encontraban en esa situación de riesgo.

A nivel de área de residencia, la vulnerabilidad monetaria afectó al 44,6% de la población residente del área rural y al 28,2% de la población del área urbana. Respecto al año 2022, la vulnerabilidad monetaria disminuyó de manera altamente significativa en el área urbana en 1,3 puntos porcentuales; por el contrario, en el área rural, las diferencias no fueron significativas, por lo que se han mantenido en el mismo nivel del año anterior. Al comparar con el año 2019, la vulnerabilidad monetaria disminuyó en el área urbana en 2,5 puntos porcentuales; en tanto, en el área rural se contrajo en 1,6 puntos porcentuales.

Esto se condice con el hecho de que 76% de los peruanos afirmen que es complicado asumir los gastos mensuales. En detalle, 33% reconoce que “llega con las justas a fin de mes”; 28% tuvo que reducir sus gastos y 15% tuvo que usar parte de sus ahorros para subsistir.

Como señala David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, regresar a la tasa de pobreza de 20%, como antes de la pandemia, posiblemente le tomará 20 años al país, toda vez que la proyección de crecimiento entre 2024 y 2028 es de 3% anual: “nuestro problema es la pérdida de productividad continua por culpa de malos congresistas y malos gobiernos”.

Igualmente, Carolina Trivelli, consideró que con que esta situación “nos vamos muy atrás, hemos perdido más de 15 años y probablemente no sería el mismo lapso que nos costará recuperarnos”.

 

desco Opina / 17 de mayo de 2024

La inversión pública en Junín: no basta el incremento de recursos

Junín es actualmente la tercera región receptora de inversión minera, lo que a primera vista demuestra la existencia de recursos importantes para reducir brechas sociales y promover el desarrollo regional. En junio pasado, el presidente Martín Vizcarra, anunció la apertura de la segunda etapa del proyecto Toromocho, en la cual la empresa Chinalco invertirá US$ 1300 millones, que sumados a los US$ 4800 ya invertidos en la primera etapa, constituye un gran potencial aprovechable de recaudación de tributos que contribuyan a mejorar los servicios en educación, salud y saneamiento y que, además, generará empleo para 3500 personas.

Adicionalmente, el Gobierno Central dispuso que a partir de este mes se adelante el 60% de los fondos del canon minero a las regiones, lo que puede significar la transferencia de 3200 millones, que terminarán de entregarse en el mes de julio. Este adelanto busca que la calidad y la ejecución de gasto sea mejor que la de años anteriores y de esta forma el gobierno regional cuente con un mayor plazo para la ejecución del presupuesto transferido.

Asimismo, el gobernador regional, Vladimir Cerrón, mantuvo recientemente una reunión con representantes de la minera y con directivos del Ministerio de Energía y Minas, acordándose que al menos el 60% de los empleos que genere la empresa durante la ampliación del proyecto serán cubiertos por población local. Sin embargo, el proyecto de ampliación afronta las dificultades derivadas de la expropiación de 34 hectáreas de terreno donde habitan pobladores de Morococha, asunto que hoy es materia de un proceso judicial en el que la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró fundada la medida cautelar interpuesta por 65 familias morocochinas.

Hay una interrogante clave que responder respecto a la calidad del gasto del Gobierno Regional y de los gobiernos locales de Junín, lo que puede dar pistas respecto al futuro de las inversiones públicas en la región. Al respecto, la ejecución del gasto del Gobierno Regional en el año 2018, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, muestra que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 5149 969 813 soles, con un nivel de gasto de 85.4%. La inversión se destinó principalmente a educación, con un PIM de 878 861 586 (95.3% de ejecución); salud con un PIM de 611 632 094 (92.3% de ejecución); saneamiento, con un PIM de 31 066 575 soles (27.2% de ejecución); agropecuaria con un PIM de 24 933 373 soles (57.3% de ejecución).

En cuanto a los indicadores de desarrollo, en la función Educación revisamos los indicadores de comprensión lectora y aprendizajes en matemáticas con los siguientes resultados: (i) el 23.2% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en comprensión lectora, (ii) el 35.7% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en matemáticas. En la función Salud, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes 2018 del INEI, se revisaron los indicadores de anemia y desnutrición infantil, con los siguientes resultados: (i) un 57% de menores de 6 a 35 meses de edad padecen de anemia y (ii) la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años afecta al 19,2% del total. En la función saneamiento los indicadores reportados por la SUNASS muestran que (i) el 30.2% de la población en la zona rural y el 14.25% de la urbana no accede al servicio de agua. En la función Agropecuaria, de acuerdo al Ministerio de la Producción, se estima que solo el 4.80% de la producción total agraria tiene valor agregado, este indicador muestra que hay mucho por hacer en esta cadena productiva en la región.

Estos resultados muestran las brechas aún subsistentes, así como las dificultades de optimizar las inversiones sociales, tanto de las transferencias del Gobierno Nacional como de los ingresos derivados del canon minero, cuyo gasto está más acotado. Esto es un desafío mayor para las autoridades regionales y municipales, pero también para el Poder Ejecutivo, ya que no es suficiente con transferir recursos y desentenderse del destino de los mismos y del modo cómo se gastan y se obtienen resultados que redunden en el desarrollo regional. Ninguna región, incluyendo por cierto Junín, puede darse el lujo de desperdiciar recursos ni permitir que, vía actos corruptos, las autoridades y funcionarios los utilicen en provecho propio.

desco Opina - Regional / 22 de febrero de 2019

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