¿Dónde quedó la agenda ambiental?

 

El reciente debate de los equipos técnicos de las dos fuerzas en contienda en esta segunda vuelta electoral, evidenció que más allá de un discurso genérico sobre el tema, no se mostraron propuestas claras y concretas en lo relacionado a los retos y desafíos de la agenda ambiental en el país.

La vulnerabilidad y desastres a los que estamos expuestos frente a eventos climáticos es un asunto harto conocido en el país; para nadie es un secreto que, por nuestras características territoriales y ambientales, debemos actuar frente a la degradación ambiental, prepararnos ante las vulnerabilidades climáticas y la pérdida de los ecosistemas. En síntesis, actuar para orientarnos hacia un tránsito a una economía baja en carbono, y fortalecer la institucionalidad ambiental en los diferentes niveles de gobierno con una participación efectiva de la sociedad civil.

A nivel global contamos con diversos pactos y acuerdos internacionales, los cuales han sido firmados por el Estado peruano y otros como el Acuerdo de Escazú, que fue enviado al archivo, pues el Congreso de la República denegó su ratificación en octubre de 2020. Es necesario que las fuerzas en contienda expresen claramente su posición sobre este acuerdo, en cuanto su aprobación permitiría garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano promoviendo el desarrollo sostenible.

En la misma línea, contamos con el Acuerdo Nacional, que en la política 19 sobre desarrollo sostenible y gestión ambiental, identifica lineamientos para la acción política y programática para integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Asimismo, está el eje estratégico 6 sobre Recursos naturales y ambiente del Plan Bicentenario, que entre sus prioridades identifica la importancia del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la apuesta por mejorar la calidad ambiental de aire, agua y suelo en provecho de la sostenibilidad de la biodiversidad, asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en todo el territorio nacional y adaptar el desarrollo del país al cambio climático. Y así podemos seguir refiriendo una cantidad importante de políticas y propuestas, algunas en proceso de implementación y otras aún pendientes de desarrollo. Propuestas e iniciativas existen sobre la mesa, que bien podrían ser revisadas y asumidas como tales para un futuro plan de gobierno.

La sociedad civil no se ha quedado atrás, y desde hace mucho tiempo viene movilizándose, denunciando la destrucción de la naturaleza y presentando propuestas para proteger el medio ambiente. Sin embargo, las mafias e intereses económicos que violan derechos fundamentales de personas y comunidades en diversas regiones del país, actúan impunemente. Las políticas públicas existentes no bastan y somos testigos no solo de la destrucción del ambiente, sino también del asesinato de mujeres y hombres que defienden el territorio y la naturaleza. Por tanto, es necesario que la atención a los temas ambientales sea vista de manera integral y responsable. Esperamos que en los próximos días Fuerza Popular y Perú Libre, expliciten y aclaren su posición ante los desafíos y retos que tiene el Perú frente a la agenda ambiental nacional.

 

desco Opina - Regional / 28 de mayo de 2021

descoCiudadano

Recursos naturales y responsabilidad social en la Región Junín

Desde las elecciones presidenciales de 2011 se debate intensamente sobre la importancia del medio ambiente, especialmente en relación a los pasivos ocasionados por la extracción de minerales. El problema fue puesto en primer plano en la Región Junín, por un movimiento político regional de izquierda. Aunque en la práctica no haya sido así, no cabe duda que la defensa del medio ambiente debería trascender posiciones políticas, sobre todo cuando estamos ante un problema cuyas repercusiones sociales eluden la simplificación. Por ejemplo, en esta región hemos sido testigos de las protestas de un número nada despreciable de obreros que luchaban para que no se cierre la planta de DOE RUN en La Oroya, por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Finalmente, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la liquidadora Right Business, que pagará más de 35 millones de dólares a 2,500 trabajadores.

¿Cómo tomar partido, en estos casos, entre los intereses puntuales de la población de las demandas igualmente legítimas que vienen desde las agrupaciones políticas? Más allá de Junín, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, queda claro que prohibir por completo toda actividad minera afectaría seriamente los ingresos de la región. Los gobiernos regionales deben considerar dónde se encuentran las mayores afectaciones y también los mayores beneficios y saber defenderlos con decisión para convertirse verdaderamente en agentes que lideren las políticas de desarrollo locales sobre todo en un contexto de descentralización. Esto es preferible, antes de declararse abiertamente ‘anti’ o ‘pro’ minero.

Lamentablemente, en la región el problema ambiental se hace más agudo porque algunas empresas no cumplen los estándares de cuidado ambiental. Prefieren incumplir y mantener su rentabilidad hasta el día en que son fiscalizados y deciden detener sus operaciones. Esto origina un gran malestar social entre los trabajadores, que, como en el caso de La Oroya, ven únicamente el efecto concreto sobre su economía familiar. Este tipo de proceder por parte de algunas empresas hace muy difícil para los ciudadanos imaginar cómo podrían beneficiarse de políticas adecuadas de responsabilidad social empresarial.

En este complicado escenario, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en el plano ambiental, abarca numerosos planos de problematización. Uno de ellos tiene que ver con la gestión desde la autoridad política. Ante lo difícil que resulta movilizar recursos institucionales ante entidades como las Direcciones Regionales que se resisten a modificar sus competencias sectoriales, esfuerzos como el Plan de Acción Ambiental Regional de Cambio Climático, promovido por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín con la participación de entidades privadas y públicas son destacables. Cabría esperar que espacios como éste se vean fortalecidos para lograr consensos entre la empresa, el Estado y la sociedad civil y así lograr que la población conciba a la responsabilidad social como un elemento con potencial para que las empresas contribuyan a superar los retos del desarrollo. Asimismo, es el tipo de experiencia que podría proporcionar conocimiento práctico para que las entidades del gobierno nacional comprendan la necesidad de trabajar la normativa nacional sobre recursos naturales junto a los gobiernos regionales.

desco Opina - Regional / 27 de julio de 2012
Programa Sierra Centro
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