El sonido del silencio

 

Contra toda expectativa Dina Boluarte llegó a su segundo aniversario patrio como presidenta. Sin embargo, su posición como mandataria es de las más débiles en la historia política peruana. Según la encuesta más reciente, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ya comentada en este espacio, la presidenta registraba apenas 5% de aprobación en julio del 2024. Apenas 13% de los encuestados está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país y 53% de encuestados evidencian un apoyo bajo a aquella. Ocho de cada diez creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político.

El mensaje de la mandataria en ese escenario, no despertó ni siquiera curiosidad. Más allá de la subordinación del Ejecutivo al Congreso como parte de la coalición autoritario-conservadora que nos gobierna, la desaparición de toda forma efectiva de representación política y la fragmentación y desarticulación social por las que atravesamos, no obstante, los esfuerzos en contrario son parte de la pérdida de significado de la democracia en uno de los países más desconfiados del planeta.

El discurso de Boluarte en el Congreso, además de plagado de mentiras, de infinidad de cifras y compromisos –algunos de ellos grandilocuentes y sin mayor contenido real–optó por jugar al cansancio para asegurarse que nadie lo siguiera con atención. Los escaños vacíos y el sueño de varios de los integrantes de su gabinete fueron la mejor evidencia de su irrelevancia. La extensión del mensaje evidenció la ausencia de iniciativas con sentido, así como el desprecio del gobierno por los cuestionamientos, las preocupaciones y las demandas de la gente. Un ensimismamiento de cinco horas en donde el único horizonte que le interesó a la mandataria fue aplaudir al Congreso ante el que se presentaba para llegar juntos hasta el 2026. Como su cirugía mayor, optó por responsabilizar al gobierno de Castillo de todos los males que dice encontró, obviando que fue su Vicepresidenta e integró su gabinete.

Dentro de las mentiras, algunas de las más notorias fueron su reconocimiento al Congreso por la defensa de la democracia y del Estado de derecho cuando éste fue atacado por los golpistas, es decir por quienes protestaron en distintas regiones, vale decir su reconocimiento a la complicidad de la Avenida Abancay con la represión y la violencia desatadas; su insistencia en que seguimos rumbo a integrar la OCDE son parte de este muestrario, que en este caso obvia la escondida carta de ese organismo que observa la promulgación de la ley que limita la colaboración eficaz, es otro ejemplo. La pobreza de sus anuncios contrastó con el peso de sus silencios y omisiones. Ni una palabra sobre los 49 muertos y los cientos de heridos sobre los que tiene responsabilidad directa su gestión. Ni una línea sobre los casos de corrupción que alcanzan a su gobierno e involucran a su hermano. Mutis total sobre relojes y joyas que la comprometen, sobre el uso de recursos y cargos para la constitución de un movimiento político o sobre su posición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por señalar simplemente algunos de los más visibles. Ni palabra sobre la condenable postura de sus ministros de Educación y de la Mujer, que poco menos justificaron la violencia sexual contra más de 500 escolares de la comunidad Awajún o sobre la embestida de su ministro del Interior contra la DIVIAC.

Los anuncios más notorios fueron la creación del Ministerio de Infraestructura y el cambio de nombre del Ministerio del Interior. El primero será el ministerio más caro del país, con un presupuesto de más de 17 000 millones de soles que fusionará distintos proyectos, programas y fondos adscritos a ministerios. En nombre de cerrar las brechas existentes, el gobierno creó inicialmente la Autoridad Nacional de Infraestructura y ahora, sin evaluación ni argumento pretende una nueva cartera, dizque sin generar gasto público… y sin afectar al personal de los sectores involucrados, con el riesgo de quitar continuidad a la ejecución de proyectos en marcha y aumentar los peligros de corrupción como se observó en la creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que además no llegó a cumplir las funciones para las que fue creada. El caso del Ministerio del Interior es un engaña muchachos dada la gran deuda de seguridad ciudadana y la ostensible crisis que se observa en la propia PNP que, aunque tiene historia larga, encuentra en el ministro actual un actor privilegiado de su politización e instrumentación en su afán de proteger a la mandataria de las distintas investigaciones que la involucran.

Así las cosas, el escenario de los próximos meses es previsible. Más de lo mismo. Un Congreso manejado por Fuerza Popular y APP interesado en cerrar los ajustes institucionales que tiene pendientes: control de la JNJ y de los organismos electorales, candados para asegurar su impunidad e impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales. Boluarte pensando en cómo asegurar su continuidad después de abril 2025 cuando se haga totalmente prescindible para un Congreso que ya no la necesitará y la puede responsabilizar de todo por conveniencia electoral. Sectores empresariales que buscarán asegurar, jugando con todos los actores de la coalición autoritaria conservadora en el gobierno, las leyes de pesca, agricultura, minería y minería artesanal, así como las condiciones tributarias que buscan, para tener las condiciones para un nuevo ciclo del modelo. Muchas de las autoridades regionales y locales negociando el acceso a los recursos anunciados por la mandataria y encontrando formas y caminos para “acordar” su incorporación/vinculación con los “partidos” nacionales. Los más de 30 membretes hasta hoy hábiles para presentar candidatos, encerrados en cubileteos y cálculos menores, atravesados por negociaciones de distinta naturaleza y preocupados por encontrar candidatos atractivos, como si efectivamente creyeran que las elecciones, adelantadas o no, van a ser competitivas.

Cierto, el futuro no es tan plano. Las disputas por el liderazgo en las derechas, incluso en el mismo fujimorismo, ya están abiertas. La preocupación, aunque todavía minoritaria, de sectores empresariales por el peso creciente de las economías delictivas en el poder del Estado, simbolizado por la figura de Salhuana como Presidente del Congreso, no es un dato menor. La preocupación de las FF.AA. por la misma razón y por el ruido político que aún no las alcanza pero que puede hacerlo, sacándolas de su actual zona de confort, es importante. Les inquieta el avance del juicio a Keiko Fujimori, por su impacto en un escenario que quisieran fuera puramente electoral. Además, la conflictividad social que se mantiene inalterablemente alta y que podrá incrementarse con muchas de las medidas anunciadas, les preocupa por su capitalización por un liderazgo extremo.

Las movilizaciones recientes, no obstante su desarticulación y las dificultades para resolver sus desconfianzas y distancias, muestran su persistencia en un escenario en el que predomina una sociedad desformal, a decir de Martuccelli; es decir, uno en el que la vida social es incapaz de ser contenida por las formas y regulaciones existentes, en un contexto en el que coexisten fluidamente vinculados tres capitalismos –formal, informal e ilegal–, en una transición difícil y en un nuevo momento de nuestra historia, que ha abierto una coyuntura larga impredecible que seguramente tendrá tantas alzas como bajas, pero todo indica requiere de la presencia activa de la sociedad si se pretende construir una democracia real.

 

desco Opina – Regional / 2 de agosto de 2024

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado. Tampoco se ha reconocido ninguna responsabilidad, pues en el discurso señala que las 49 víctimas de las fuerzas del orden murieron en enfrentamientos, cuando existen registros en video y distintos informes internacionales dan cuenta de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Y no hizo mención sobre los cientos de heridos, algunos con secuelas de por vida por los excesos de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas letales y no letales.  

En paralelo, mientras Boluarte daba su mensaje, la represión en las calles contra los protestantes mostraba que el actuar de la policía no tenía ni un ápice de conciencia: bombas lacrimógenas que se dispararon al cuerpo, gases lanzados de forma desproporcionada, se registraron detenciones arbitrarias y denuncias por maltratos a los detenidos. Esta contradicción no pasó desapercibida por la prensa extranjera. ¿Dónde está la atención a los informes internacionales de derechos humanos mencionados en el discurso? 

El 19 de julio se realizaron marchas en casi todas las regiones del sur demandando la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Varias delegaciones que partieron desde el sur, también hicieron sentir su voz en Lima. Esta vez, a diferencia de otras marchas, se unió más gente de la capital. Con menor asistencia, pero con la misma intensidad, se registraron marchas el 28 de julio. La presidenta y su círculo en el Ejecutivo siguen sin escuchar, como lo atestigua Raúl Semillán, presidente de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, quienes también clamaron por justicia en Fiestas Patrias.     

Para congraciarse con el sur, Boluarte anunció algunos compromisos durante su discurso, como la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca; prometió también hacerse cargo del proyecto Majes Siguas II en Arequipa, tan pronto se resuelva su problema jurídico contractual.  Anunció la construcción de tres hospitales (que en realidad son ampliaciones o reactivación de proyectos paralizados) en Arequipa, Puno y Apurímac, así como proyectos de electrificación en dos únicos departamentos. Finalmente comprometió la atención de su gobierno para superar la dura sequía que está por castigar nuevamente a esta parte del país. Sin embargo, no sabemos si todas estas promesas serán viables de ejecutar, teniendo en cuenta que estamos con nuestra economía, ya en situación de recesión, mientras que el capital mira con creciente desconfianza a un país tan inestable como el nuestro. Por lo demás, no creemos que la suma de promesas e incluso de obras, reconcilien a esta parte del país con el gobierno.

El extenso listado de obras en los diferentes sectores y el anuncio de millones de soles en bonos y compensaciones en el territorio nacional, incurre en el error de ignorar la naturaleza de la profunda crisis política que atravesamos, en un país polarizado y confrontado donde quienes ejercen el poder al margen de las mayorías y sin la mínima legitimidad, con altísimos porcentajes de desaprobación como lo expresan las encuestas de opinión, insisten en mantenerse de espaldas al país y seguir adelante con sus intereses, sin entender que lo que estamos viviendo no puede ser tapado más con ningún discurso, ni con el punche del actual régimen. 

En este escenario, el único gobernador del sur que no ha cedido a la estrategia de extorsión del gobierno, “obras por silencio”, ha sido Richard Ancco en Puno, que sigue pidiendo la renuncia de Boluarte. Justamente esta región ha sido la más golpeada por el régimen, con muchos muertos a cuestas y en estado de emergencia permanente. Varias de las comunidades aymaras se han declarado en paralización permanente y la población está vigilante de la posición de sus autoridades; en Carabaya, por ejemplo, solicitaron una explicación pública a su alcalde por reunirse con Boluarte y exigieron que en adelante la población sea consultada sobre cualquier pedido que el alcalde presente al Ejecutivo; mientras en Acora la población obligó a su alcalde a pedir disculpas de rodillas por la misma razón. 

Si bien es cierto que debemos pensar cómo gestionar la crisis, sobre todo porque no se avizora ninguna voluntad en el Congreso para discutir y aprobar las reformas políticas que necesitamos, creemos que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones son gestos políticos necesarios para restaurar la confianza y la tranquilidad en el país. 

desco Opina – Regional / 4 de agosto del 2023

descosur 

El mensaje y la mensajera

A diferencia de los gobiernos de las últimas dos décadas, el de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tienen en el Congreso de la República a su principal soporte y no a un poder del Estado confrontacional y hostil. Se trata a todas luces de un gobierno subordinado al poder legislativo. Como lo muestra la última encuesta del IEP, la opinión pública lo entiende así; pese a tener una aprobación de 6%, se percibe que los congresistas son quienes tienen más poder en nuestro país (35%), seguidos por los empresarios (24%) y, en tercer lugar, la Presidenta (19%). Dicho sea de paso, para el 78%, el Congreso abusa del poder que tiene; apenas 2% cree que usa su poder de manera correcta. 

Eso le permite a la dupla Boluarte/Otárola emitir un mensaje a la nación por Fiestas Patrias, aplaudido rabiosamente por el compromiso que los vincula, por la mayoría congresal; un mensaje que es de reafirmación conjunta de la continuidad de un régimen autoritario que tan solo apunta a continuar su mandato hasta el año 2026, respaldado por una derecha que la aplaude y la sustenta en medio de una crisis política irresuelta. Claramente el interlocutor del gobierno es el Congreso, con 6% de aprobación y no los ciudadanos del Perú. Esto, pese a que las encuestas ciudadanas persisten en descalificar a ambos poderes con dígitos superiores al 80% y al 90% respectivamente, así como la evidente ausencia de un horizonte que recoja las expectativas ciudadanas de forjar una visión democrática del país.

Mediante un discurso declamatorio, de más de tres horas, cargado de promesas y en el que justificó sus escasísimos logros de gestión, responsabilizando de ello al desempeño del gobierno anterior del que formó parte como ministra y vicepresidenta de la República, así como a las manifestaciones de protesta y rechazo que insistió en calificar como grave conmoción social destinada a derrocar a su gobierno y reemplazarlo por una dictadura. Sin traer ninguna propuesta para una salida política a la crisis de legitimidad que soportan los principales poderes del país, cumplió cínicamente con la formalidad de pedir perdón por los muertos y heridos provocados por las graves protestas acalladas por excesos de la represión de las fuerzas policiales y militares, que devinieron en crímenes de Estado entre diciembre y febrero, denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

El autoritarismo negacionista del gobierno, ignorando las demandas del país de renovación de la clase política y adelanto de elecciones, se asienta en una oferta de diálogo en el desaparecido Acuerdo Nacional con los partidos que están en el Congreso, como la manera de confrontar las demandas y reclamos de amplios sectores nacionales y varios internacionales, que exigen su renuncia.

La mediocridad de la gestión del gobierno Boluarte/Otárola se expresó por la notoria ausencia en el discurso presidencial de temas como la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza que soporta el país o la alusión a políticas sobre la protección del ecosistema y la depredación de recursos naturales en sectores clave como pesca, minería y petróleo, además del mal manejo del desastre climático en curso. La falta de una proyección, cualquiera que fuera, sobre el crecimiento del PBI que espera el gobierno –en tendencia negativa en lo que va del año– y la recesión en curso, en medio de una grave crisis fiscal y caída de la recaudación pública, brillaron por su ausencia.

Resulta inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados por su innegable mal desempeño, persistan en negase a realizar cambios y se propongan más bien desinstitucionalizar el Estado como la manera de asegurar su estabilidad, fortaleciendo alianzas espurias con las fuerzas del orden y el Congreso para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.

El balance de gestión que trae el discurso más largo leído en lo que va del presente siglo, carece de cualquier autocrítica sobre el desempeño del gobierno e insiste en su desconexión con la realidad. Hubo una omisión grosera de problemas, como el ejercicio autoritario del Estado, encubierto en medio de promesas y números vacíos como si se tratara de un gobierno que recién hubiera ganado unas elecciones y se iniciara limpiamente.

Mientras tanto, el Congreso, el verdadero gobierno de los días de los que da cuenta Dina Boluarte, continúa afianzándose sin ningún horizonte de mejoría democrática, en medio de nuevos pactos como el de Fuerza Popular y Perú Libre en la mesa directiva que ahora se inicia sin ningún liderazgo, mucha deshonestidad y cinismo.

La sociedad civil y la ciudadanía del país, entregadas a manos de una clase política incapaz e irresponsable, parecen mayoritariamente preocupadas en sobrevivir en medio de la inseguridad y la pobreza crecientes, sin lograr articular ofertas de alternativas o nuevos liderazgos que las ilusionen y reubiquen como actores políticos. Esto facilita por ahora la desarticulación nacional que muestran, su distanciamiento de los asuntos públicos y su rol pasivo alimentado por el papel que cumplen los medios de comunicación ante una crisis política que al parecer la economía no podrá salvar. Nos esperan días difíciles si se suma a ese próximo futuro lo que pueda traernos un mega Niño para el que no estamos preparados.

desco Opina / 31 de julio de 2023

Un año hacia abajo

 

En el Perú actual la idea de consenso político ha desaparecido. La elección de la Mesa Directiva del Congreso con cuatro listas postulando ha sido un buen ejemplo de ello. La desorganización de la oposición parlamentaria se confirma así como un factor clave para explicar la sobrevivencia de un gobierno cuya incapacidad se traduce en una creciente impopularidad. Y si no existió capacidad de acuerdo de los congresistas siquiera en el conflicto con el Ejecutivo, menos la hubo en relación a metas nacionales de cualquier tipo, que urgen sobre todo en el ámbito económico.

El año legislativo estuvo marcado por contrarreformas en lo constitucional, lo electoral y lo educativo, esfuerzos en los que participaron todas las bancadas sin distinción. Del lado de la oposición en particular, el grueso de su tiempo estuvo dedicado a buscar la vacancia presidencial mediante dos intentos fallidos, cuando no se procedió a la censura selectiva de ministros, no tanto como forma de control político, sino como un mecanismo para corroer al Ejecutivo, que entre eso y sus nombramientos fallidos, finalmente ha sumado cincuenta y nueve ministros en un año. Varios de esos relevos están relacionados a casos de corrupción sobre los cuales el mandatario no ha logrado ofrecer al país una explicación satisfactoria.

El mensaje a la nación del presidente de la República el 28 de julio, ha sido también una demostración reiterada de que el obstáculo más grande al desarrollo del Perú continúa siendo la tremenda ineficiencia e ineficacia de parte del actual sector público, agravada por la inoperancia y  la rampante corrupción que facilita este gobierno. Sin verdadera autocrítica y con cifras cuestionables, el Presidente Castillo siguió el guion de sus predecesores: una gris enumeración de avances en una realidad paralela, salpicada de anuncios populistas y de críticas a los medios de comunicación y la oposición. Para la anécdota quedan sus señalamientos a la “oligarquía” y sus vacías menciones a la justicia redistributiva, la reforma agraria o la asamblea constituyente, tres banderas con las que hoy nadie relaciona su Presidencia. A un año de gestión es cosa olvidada la declarada voluntad política del gobierno para introducir estas reformas. Ante la vacilación de sus gabinetes, y del propio Castillo, que frenaron los cambios sociales y económicos que se necesitan.

Los pocos aciertos del gobierno se diluyen ya en el pasado: la exitosa campaña de vacunación y el retorno más o menos ordenado a la “nueva normalidad”. El país continúa con una economía ortodoxa, equilibrada desde el BCR y el MEF aunque con un crecimiento cada vez más lento, siempre dependiente de la exportación minera, atravesada por serios conflictos sociales que ponen en cuestión el desarrollo de nuevos proyectos. También está el incremento en el gasto social, aunque sin cambiar en lo sustancial los mecanismos de asignación del presupuesto público.

Queda claro que estamos ante un régimen liderado por personas sin experiencia, sin apoyo político de las mayorías y rodeado de facciones clientelares y corruptas, en un ambiente de elevada conflictividad, todo ello síntoma de una democracia que alberga a una clase política que colapsó y que carece totalmente de liderazgos aglutinantes.

Ahora el Perú tiene instituciones menos sólidas y un presidente sin liderazgo. Nada que celebrar y, lo que es peor, ninguna propuesta por donde seguir, en la medida en que la convocatoria a elecciones generales continúe como una opción declarativa. Lo esperable es que en los próximos meses continúe el proceso de fraccionamiento y de marchas sin rumbo por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Ninguna señal de algo diferente en el empate de suma cero que vive el país.

 

desco Opina / 1 de agosto de 2022

Lo que no se conoce, no existe

A propósito del último mensaje presidencial hay algunos aspectos que debieron abordarse y generar un debate fundamental. No fue así. Por ejemplo, una primera, primerísima cuestión «técnica» que resalta ahora con nitidez obvia, es lo poco o nada que se puede hacer ante una crisis si no hay una debida caracterización de la población que se busca intervenir, para paliar los efectos. En otras palabras, si no podemos focalizar, no vamos a tener resultados, sobre todo, porque no tendremos criterios para establecer el impacto de la medida adoptada. Porque no se puede focalizar, el sentido común demandaba, por ejemplo, un bono universal con focalización inversa.

Puede haber recursos, de hecho, los tenemos, pero si no sabemos dirigirlos a quienes los demandan sólo es desperdiciarlos. Aun así, esto tampoco es tan sólidamente cierto. La incertidumbre que da forma a la situación de crisis, obliga a ser conservador –si se acepta el término– en el gasto, por la sencilla razón que las actuales «zonas de impacto» en donde se centran los objetivos serán en el corto plazo solo una primera línea de problemas a resolver, que irán revelándose sucesivamente en la medida que se profundicen las intervenciones. En suma, los costos irán aumentando geométricamente cuando debamos tratar nuevos desafíos al avanzar en el manejo de las situaciones actuales.

En segundo lugar, pareciera que nos cuesta mucho aceptar que tenemos un enorme problema de gestión y nada mejor para mostrarlo que contrastar entre lo que debiera ser y lo que finalmente hacemos. Todos los modelos afirman que lo esencial en una crisis, cualquiera sea su naturaleza, es la eficiencia que deben ejercer los ámbitos locales en su manejo. Esto que es cierto para una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente, también lo es para la adecuación al cambio climático, para gestionar eventos como inundaciones, sequías, aluviones, etc. y muchísimas otras situaciones que el país vive constantemente.

Aun así, no hemos planteado la necesidad de una reforma del Estado, que nos haga menos vulnerables ante las situaciones imprevistas. No percibimos que hay un enorme problema de gestión: lo crucial de la gestión local y los lamentables resultados que mostramos.

En efecto, en lo que ha discurrido de la crisis de Covid-19, hemos tendido a asumir que el manejo debe descansar fundamentalmente en los gobiernos centrales, aquí y en gran parte de los países del orbe. Es decir, hemos estado esperando que tomen todas las palancas disponibles para proteger la vida. Pero, el economista indio Raghuran Rajan, entre otros, se pregunta ¿hemos estado buscando en el lugar equivocado?, ¿las autoridades locales, estatales y regionales, a menudo con más conocimiento de qué políticas son apropiadas y viables en un área determinada, están mejor posicionadas para liderar las emergencias de salud?

En teoría, sí. Esto nos conduce a otro dilema, ¿si es así, por qué estamos mostrando los patéticos resultados en las administraciones locales de la crisis, buscando una «solución» en la recentralización de las decisiones?

En tercer lugar, el problema político, tan poco visibilizado en estas circunstancias y que deviene en vital para el momento actual. La desconcertante mención a Winston Churchill en el mensaje presidencial así lo sugiere. Desgraciadamente, no es cuestión de citas, sino de actitud y relacionamiento entre gobernantes y gobernados.

Debemos aprender de esta situación, que hay una enorme diferencia entre popularidad presidencial y confianza en él y en su gestión. Para navegar en tiempos complicados, el capital inapreciable es, obviamente, lo segundo y tendríamos que preguntarnos si las autoridades, empezando por el Presidente de la República, nos generan la confianza suficiente como para convencernos que estamos remando hacia la misma meta. Más aun, preguntarnos si hemos formado no solo confianzas vigorosas con los gobernantes, sino también entre nosotros, como parte de una misma sociedad.

En ese sentido, habría que buscar alguna explicación al hecho de que nuestro Presidente de la República, en su último año de mandato, sin adscripción a algún partido político y sin interlocutores políticos nítidos al frente, proponga un Pacto País, para concertar una «política de crisis» cuyos objetivos parecen no haber sido propuestos con claridad.

Esto, que puede parecer anecdótico y parte de las respuestas de un mandatario poco avisado, revela en realidad un enorme problema político e institucional. Si vemos los resultados actuales de la gestión nacional de la pandemia solo vamos a encontrar cifras catastróficas: en el frente sanitario estamos en el sétimo lugar en términos absolutos, pero teniendo siempre en cuenta que todos los países que nos superan tienen al menos el doble de población que el nuestro. En el frente económico las cosas no están mejores: según el Banco Mundial, la caída en el PBI de este año no será menor al 12%, la mayor de la región.

 

 

desco Opina / 31 de julio de 2020

La política también va en automático

Como era previsible, el discurso del Presidente ante el Congreso de la República el 28 de julio, no trajo mayores sorpresas. Su presentación, mostró una vez más su resistencia a la autocrítica y su dificultad para atender los malestares que la calle y las encuestas, a las que es tan afecto, evidenciaron las últimas semanas. Cierto es que hubo una pálida mención a los errores de su gestión y a las eventuales dificultades del crecimiento del país, en un escenario global que ya lo está impactando y que genera importante incertidumbre, que también tuvo que reconocer. Sin embargo, ese tono desapareció ante el aluvión de números y datos que buscaban demostrar el éxito de su gestión en el modelo con el que básicamente ratificó su compromiso.

La apuesta por facilitar y crear mayores y mejores condiciones para la inversión privada, la aceleración de la inversión pública y el implícito compromiso con las industrias extractivas, adelantada por el todopoderoso Ministro de Economía semanas atrás, fue reiterada como la respuesta necesaria para mantener el ciclo de crecimiento de la economía, acompañada por la fe en un futuro de inclusión social -que en esta ocasión ni siquiera mencionó el discurso políticamente correcto de los derechos-, porque los números mostrados sobre los distintos programas sociales, no alcanzan para entusiasmos mayores.

Su intervención no dijo nada sobre la urgente reforma del Estado, el principal problema del país para enfrentar la crisis internacional y acelerar la inversión pública, menos aún acerca del sistema político y el evidente quiebre en sus mecanismos de representación, como si con las disculpas del nuevo Presidente del Congreso, la mención a la modernización del Estado y el ambiguo anuncio sobre la necesidad de revisar la efectividad de la descentralización, fuera suficiente. No dijo nada concreto tampoco sobre la consulta previa salvo una mención al proceso en el Área de Consevación Regional Maijuna, mientras la descentralización se redujo a 9 Consejos Descentralizados y una ambigua invitación a que el Congreso debata su futuro.

Sorprendentemente, el mandatario desperdició el espacio para explicar mejor y defender las pocas y polémicas reformas que está empezando su gobierno –la ley del trabajador público y la reforma de salud- evidenciando su poca disposición al diálogo y su incapacidad para atender algunas de las fundamentadas críticas a ambos procesos, no obstante su importancia para el país y la sensibilidad que despiertan en la opinión pública que ciertamente exige un Estado eficiente, demanda una burocracia capaz y pugna por el acceso a servicios de mayor cobertura y mejor calidad.

Otro tanto puede decirse de la inseguridad ciudadana, uno de los puntos álgidos de la agenda nacional, sobre el cual se limitó a enunciar los ejes de la política complementados por nuevas inversiones. Quienes esperaban algún indicio sobre la reforma policial, en teoría en curso, o sobre el papel del Poder Judicial en esta materia, se quedaron frustrados, como seguramente lo hicieron quienes confiaban en encontrar algún indicio claro sobre la política agraria de su gobierno.

No obstante su pobreza, la intervención presidencial tuvo algunos anuncios finales, aunque poco concretos. De ellos, destacamos dos. En el caso de la minería, en esta ocasión -recordemos que en su discurso anterior en el mismo hemiciclo nos anunció una nueva minería-, habló de la necesidad de reforzar el acuerdo social entre Estado, comunidades y empresas, donde todos ganen y se adelanten los posibles beneficios a las poblaciones de las zonas de influencia directa. En el caso de la industria, el aviso de un plan que se estaría formulando y que nadie conoce, para la diversificación productiva y la generación de valor agregado, difícil de entender en el marco de la orientación general de su gobierno.

Así las cosas, cabe preguntarse para quién habló el Presidente en un discurso que se caracterizó por una retórica plana de la que desaparecieron, a diferencia de sus presentaciones anteriores, las menciones a la gran transformación, la hoja de ruta, el nacionalismo y los derechos, mientras se multiplicó hasta el aburrimiento la mención a los miles y los millones. Difícil imaginarse a algún grupo o sector satisfecho con una intervención que parecía apenas el cumplimiento de un rito, sin ejes claros ni voluntad de liderazgo. Todo indicaría que el primer mandatario ha terminado convenciéndose que la política también puede ir en automático.

desco Opina / 5 de agosto de 2013

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