Lo que no se conoce, no existe

A propósito del último mensaje presidencial hay algunos aspectos que debieron abordarse y generar un debate fundamental. No fue así. Por ejemplo, una primera, primerísima cuestión «técnica» que resalta ahora con nitidez obvia, es lo poco o nada que se puede hacer ante una crisis si no hay una debida caracterización de la población que se busca intervenir, para paliar los efectos. En otras palabras, si no podemos focalizar, no vamos a tener resultados, sobre todo, porque no tendremos criterios para establecer el impacto de la medida adoptada. Porque no se puede focalizar, el sentido común demandaba, por ejemplo, un bono universal con focalización inversa.

Puede haber recursos, de hecho, los tenemos, pero si no sabemos dirigirlos a quienes los demandan sólo es desperdiciarlos. Aun así, esto tampoco es tan sólidamente cierto. La incertidumbre que da forma a la situación de crisis, obliga a ser conservador –si se acepta el término– en el gasto, por la sencilla razón que las actuales «zonas de impacto» en donde se centran los objetivos serán en el corto plazo solo una primera línea de problemas a resolver, que irán revelándose sucesivamente en la medida que se profundicen las intervenciones. En suma, los costos irán aumentando geométricamente cuando debamos tratar nuevos desafíos al avanzar en el manejo de las situaciones actuales.

En segundo lugar, pareciera que nos cuesta mucho aceptar que tenemos un enorme problema de gestión y nada mejor para mostrarlo que contrastar entre lo que debiera ser y lo que finalmente hacemos. Todos los modelos afirman que lo esencial en una crisis, cualquiera sea su naturaleza, es la eficiencia que deben ejercer los ámbitos locales en su manejo. Esto que es cierto para una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente, también lo es para la adecuación al cambio climático, para gestionar eventos como inundaciones, sequías, aluviones, etc. y muchísimas otras situaciones que el país vive constantemente.

Aun así, no hemos planteado la necesidad de una reforma del Estado, que nos haga menos vulnerables ante las situaciones imprevistas. No percibimos que hay un enorme problema de gestión: lo crucial de la gestión local y los lamentables resultados que mostramos.

En efecto, en lo que ha discurrido de la crisis de Covid-19, hemos tendido a asumir que el manejo debe descansar fundamentalmente en los gobiernos centrales, aquí y en gran parte de los países del orbe. Es decir, hemos estado esperando que tomen todas las palancas disponibles para proteger la vida. Pero, el economista indio Raghuran Rajan, entre otros, se pregunta ¿hemos estado buscando en el lugar equivocado?, ¿las autoridades locales, estatales y regionales, a menudo con más conocimiento de qué políticas son apropiadas y viables en un área determinada, están mejor posicionadas para liderar las emergencias de salud?

En teoría, sí. Esto nos conduce a otro dilema, ¿si es así, por qué estamos mostrando los patéticos resultados en las administraciones locales de la crisis, buscando una «solución» en la recentralización de las decisiones?

En tercer lugar, el problema político, tan poco visibilizado en estas circunstancias y que deviene en vital para el momento actual. La desconcertante mención a Winston Churchill en el mensaje presidencial así lo sugiere. Desgraciadamente, no es cuestión de citas, sino de actitud y relacionamiento entre gobernantes y gobernados.

Debemos aprender de esta situación, que hay una enorme diferencia entre popularidad presidencial y confianza en él y en su gestión. Para navegar en tiempos complicados, el capital inapreciable es, obviamente, lo segundo y tendríamos que preguntarnos si las autoridades, empezando por el Presidente de la República, nos generan la confianza suficiente como para convencernos que estamos remando hacia la misma meta. Más aun, preguntarnos si hemos formado no solo confianzas vigorosas con los gobernantes, sino también entre nosotros, como parte de una misma sociedad.

En ese sentido, habría que buscar alguna explicación al hecho de que nuestro Presidente de la República, en su último año de mandato, sin adscripción a algún partido político y sin interlocutores políticos nítidos al frente, proponga un Pacto País, para concertar una «política de crisis» cuyos objetivos parecen no haber sido propuestos con claridad.

Esto, que puede parecer anecdótico y parte de las respuestas de un mandatario poco avisado, revela en realidad un enorme problema político e institucional. Si vemos los resultados actuales de la gestión nacional de la pandemia solo vamos a encontrar cifras catastróficas: en el frente sanitario estamos en el sétimo lugar en términos absolutos, pero teniendo siempre en cuenta que todos los países que nos superan tienen al menos el doble de población que el nuestro. En el frente económico las cosas no están mejores: según el Banco Mundial, la caída en el PBI de este año no será menor al 12%, la mayor de la región.

 

 

desco Opina / 31 de julio de 2020

Gobernar sin Presidente

Las fuerzas políticas –tanto las representadas en el Congreso Nacional como las que no– plantean en estos días, de diferente manera, la salida del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. La crisis de legitimidad del jefe del Poder Ejecutivo no puede ser más evidente. Simultáneamente, en indignadas manifestaciones en las principales ciudades del país, las calles han expresado lo mismo.

Nuestro régimen democrático peruano –intermitente, débilmente representativo, presidencialista– ha entrado una vez más en crisis, comprometiendo la gobernabilidad ya socavada por la privatización hipercorrupta de la gestión estatal. Son las dos dimensiones principales de la gobernabilidad las que están en cuestión: la legitimidad y la eficacia. El Estado como institución se muestra además de corrupto, incompetente frente a sus metas mínimas, sin capacidad de ejercer control, justicia o planificación, reducido a esa condición por las erráticas políticas de reforma neoliberal.

En este escenario vemos como el Poder Ejecutivo ha solicitado infructuosamente al Congreso nuevas facultades extraordinarias para legislar. A la tremenda desconfianza en el Presidente y su Consejo de Ministros, se suman los conflictos internos partidarios que impiden acuerdos y dificultan legislar con responsabilidad y competencia. En estas circunstancias, no hay el impulso suficiente para que el presidente sea vacado, renuncie ni se convoque a elecciones generales adelantadas. La coyuntura parece congelada y la visita del Papa Francisco es útil para disfrazar esta tregua no buscada.

La fragmentación de la sociedad civil y la fragilidad de los partidos políticos son una parte de la explicación; la otra es nuestro perfil social promedio: despolitizados, defraudados y no organizados. El surgimiento de cientos de movimientos políticos locales y regionales aspirantes a hacerse de municipios y gobiernos regionales sin ofertas electorales sustentables, es otro síntoma de que no hay una fuerza capaz de agregar y organizar los diversos intereses existentes. Las organizaciones civiles y las del trabajo gremial, sindical y empresarial lucen derrotadas por el ánimo individualista dominante.

Nuestra sociedad civil es muy activa, pero muy poco organizada. La economía aparentemente moderna y competitiva del país, es en realidad solo extractivista y altamente corrupta, navegando en medio de los vaivenes del mercado internacional y a la que cuesta mucho elevar la productividad. Se requiere sin duda un cambio de rumbo. Organizar respuestas políticas inclusivas, fundadas y propositivas es el principal reto.

Para ello, requerimos la legitimación de las instituciones estatales, mediante una reforma integral del Estado que pueda hacerlo más representativo y eficiente y que facilite la inclusión social, la concertación de intereses y la tolerancia. Juegan en contra los poderes fácticos, que no apuestan por el Perú y que están tratando de administrar la debacle tras haber participado rutinariamente de la megacorrupción. Y juegan en pared con operadores políticos de toda laya protegiendo sus mezquinos y corruptos intereses. El pronóstico del paciente, a puertas de su bicentenario como República, no es nada bueno.

desco Opina / 19 de enero de 2018

Acelerar hacia el pasado

La ilusión de algunos sectores de que el paquete de reactivación económica Castilla sea devuelto al Ejecutivo fue vana. Este fue aprobado por once votos a favor, tres en contra y siete abstenciones (la representación fujimorista está perfeccionando el arte de la abstención) en la Comisión Permanente del Congreso. Once personas consumaron así un nuevo acto para seguir en el sueño neoliberal de 1990.

Humberto Campodónico ha conceptualizado muy bien el contexto de las medidas promovidas por el MEF como un paso más hacia «completar las reformas» iniciadas por Fujimori: lo que no hicieron Toledo ni García lo terminó haciendo Humala. Por otro lado, Francisco Durand habla de lobbies en lo tocante al retroceso en materia ambiental y a la «reducción de deudas». De paso, esta reducción de deudas nos deja ver que los fanáticos neoliberales serían también, o serían en verdad, consumados lobistas empresariales que buscan ganarse alguito con el pretexto de la economía frenada. Liberales que practican el lobby como un «arma» lícita en la forma de hacer política pública al margen de que beneficie o no al país, liberales y lobistas que están cortados por la misma tijera en los mismos estudios de abogados.

El argumento de las reformas incompletas se usa cuando el modelo muestra sus fallas: hay que profundizar, dicen. Para favorecer esta profundización se inventan un enemigo a la medida: un Estado supuestamente controlista y poderosísimo.  Como señala un analista, el Estado peruano ha sido y sigue siendo sumamente débil. No ha sido capaz de establecer una hegemonía territorial,  de prevenir que se establezcan poderes de facto, de racionalizar su burocracia, de terminar de ser laico o de proveer de salud  y educación digna a sus ciudadanos. ¿El antídoto es más desregulación? ¿A qué nos ha llevado esto en el transporte de pasajeros y en la educación privada universitaria?

«Si el Perú se desarrolla sin Estado, sería el primer país en el mundo en hacerlo», decía Piero Ghezzi antes de ser Ministro. El relato contra el Estado (con mayúscula) también contiene en sí la fantasía de volver a un estado primordial en el que la libre determinación del Hombre estaba libre de las imposiciones de la ciudadanía territorializada del Estado. A esto los liberales criollos le llaman su «base moral». Aportar por hacer del Estado peruano un Estado «de verdad» no está, de plano, en la agenda liberal peruana donde la única reforma buena es la contrarreforma. La vuelta al pasado como imagen sirve al menos en tres casos:

a)    Se busca volver al estado previo a la creación del Ministerio del Ambiente, hecho que debe considerarse por Roque Benavides y otros que usan a gusto el neologismo ‘permisología’, como una consecuencia indeseada del TLC con los Estados Unidos. El paquete es claramente un atropello a la precaria institucionalidad ambiental y un retroceso en toda línea, aunque los Congresistas hayan variado un par de especificaciones relativas a la OEFA antes de aprobar las medidas. El débil argumento para trasladar funciones ambientales a la PCM fue la necesidad de coordinar medidas ambientales entre diversas carteras, porque podrían afectar la inversión que esas carteras promueven. ¿Eso quiere decir que cada ministerio debería dejar de existir en virtud de la importancia de coordinar las medidas? ¿Es que hoy no coordinan en realidad nada importante? En ese contexto, el Perú más que un anfitrión para la COP 20 se convierte en un curioso caso de estudio sobre cómo la política ambiental y la inversión no pueden convivir. 

 b)    También ‘volvemos al pasado’ en lo que se refiere a los convenios de estabilidad tributaria, una medida hecha para favorecer la inversión de la gran industria extractiva en un contexto internacional de baja demanda y precios y créditos caros y en el que teníamos poca credibilidad como país amigo de la inversión, claramente un escenario muy distinto de lo que tenemos hoy.

 c)    El último de estos retrocesos se produce a un país previo al proceso de descentralización donde el monopolio de las decisiones importantes (medio ambiente-sí, medio ambiente-no) se adopte gracias a una camarilla de tecnócratas salvadores y supuestamente desideologizados. Las perversiones del manejo descentralizado de fondos en una economía en crecimiento como la peruana durante la pasada década no viene por la maldad de los presidentes regionales, sino precisamente por el desinterés del Estado y de la clase política en tener un rol sobre el ordenamiento político, económico y territorial de los departamentos que nunca fueron regiones.

¿Qué se viene? A juzgar por la defensa presidencial del Ministro Urresti, pese a las graves acusaciones en su contra por delitos de lesa humanidad, lo que se viene parece ser un aprestamiento para la represión de quienes, según le han hecho creer al Presidente, son enemigos de las inversiones. La parte laboral, una fuente de conflictos latentes a todo nivel, solo ha sido tocada superficialmente en este paquete. Podemos anticipar nuevas propuestas del Ejecutivo para continuar «flexibilizando» las regulaciones, multas e incumplimientos de los empleadores en base a un discurso sobre la informalidad que disfrace grandes intereses aludiendo a las supuestas rigideces laborales que perjudican a los pequeños empresarios, más de lo mismo en la táctica de usar al microempresario como muñeco de ventrílocuo.

Estas vueltas al pasado deberían ser muestra clara de que no se han hecho las cosas bien siguiendo la receta de la desregulación, de la libertad individual y de la desconfianza en el Estado. Así como poner cientos de rompemuelles en las calles es señal de aceptación tácita de que no vamos a detenernos ante una señal de ‘Pare’, estas medidas son señal de que no se ha aprendido nada, y que en esencia se han desperdiciado años de un contexto económico favorable para mejorar el capital humano, diversificar la economía y construir bases sostenibles. En ese sentido es muy interesante que se escuchen voces foráneas preocupadas por el retroceso ambiental. ¿Necesitamos que otros países nos pongan esos rompemuelles? Esta es una muestra clara de la inmadurez a la que llevan años de rentismo.

desco Opina / 7 de julio de 2014 

Descargar aquí