¿Atrapados sin salida?

Pareciera que nada nos conmueve en el país. Luego de un CADE en el que lo más llamativo fue la pobreza de ideas, las más de ellas desgastadas y largamente repetidas como señaláramos en un editorial anterior, siguió la aprobación del presupuesto 2015, prácticamente tal cual fuera diseñado en agosto pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, un presupuesto que recentraliza aún más el gasto público, afectando especialmente a los gobiernos municipales, y que mantiene el criterio histórico e inercial para la distribución de los recursos, al extremo que las regiones con mayor pobreza y menor densidad del Estado seguirán recibiendo menos recursos de inversión per cápita que aquellas otras que se encuentran en mejor situación. Así, por ejemplo, Moquegua tendrá más dinero por habitante que Cajamarca o Ayacucho.

Entre ambos eventos, el Congreso de la República aprobó el tercer paquete económico y poco después, el cuarto y el quinto. Estos últimos, como los anteriores, orientados a satisfacer las demandas de los distintos sectores empresariales y a crearles mejores y mayores condiciones en nombre de la recuperación de la velocidad del crecimiento y la simplificación de la «tramitología» que sería la causante de todos nuestros males. El énfasis puesto en el presupuesto 2015 en los mecanismos de obras por impuestos y alianzas público-privadas es parte de esa misma lógica, a pesar de que la experiencia –como lo ha demostrado el Grupo Propuesta Ciudadana con su análisis del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo– no demuestra precisamente la eficacia de las empresas, que tras cinco años habían ejecutado apenas el 65% de los 2,285 millones de soles comprometidos.

El domingo 7 se realizará la segunda vuelta electoral en 14 regiones del país. A diferencia de lo que ocurrió en la primera ronda del 5 de octubre, éstas no han despertado el mismo interés. Apenas algunas encuestas en Arequipa, Ica, Cusco y Tacna y el ritual de los debates promovidos en esta ocasión por el Jurado Nacional de Elecciones, desplazadas en los medios por el «éxito» que sigue mostrando en la opinión pública el ministro Urresti, que puede terminar siendo el vulnerable nacionalista que distintos sectores empresariales pretenden derrotar el 2016. Ello a pesar de que más de 7 millones de peruanos y peruanas elegirán las autoridades, en muchos casos entre candidatos fuertemente polémicos, en cerca del 60% del territorio nacional.

Las próximas semanas estarán ocupadas por la COP 20 y los millones de dólares que dejará el evento, según algunos voceros del gobierno, encargados de la participación peruana, que no tienen el mismo interés en explicar la posición que llevamos a esa reunión, en la que tenemos una responsabilidad central. Imposible sorprenderse entonces, de la falta de información y el desconocimiento que la mayoría de peruanos y peruanas muestran sobre los alcances e implicancias de lo que se negocia en el evento de cara al cambio climático.

Atravesando todos y cada uno de estos hechos, la campaña del 2016 ya en marcha. Alan García, Keiko Fujimori y PPK instalados en el partidor, compitiendo soterradamente entre sí y hermanados por cerrarle el paso a cualquier voz disidente con este curioso «orden» en el que nada parece moverse, no obstante los claros síntomas de la crisis simultánea del modelo de crecimiento económico y el naufragio del sistema político en el que los peruanos y peruanas creen cada vez menos. Si Carlos Ramos, acusado de vinculación con César Álvarez fue elegido Fiscal de la Nación, Víctor Ticona, acusado de un fallo que favoreció a Orellana, es el novísimo Presidente del Poder Judicial. El Presidente y la presidenta del PNP por su lado, atrapados en su telaraña, aparecen cada vez más incómodos con las acusaciones de corrupción que tocan su puerta y que son agitadas por sus opositores, decididos a hacerse cargo directamente del país.

En este escenario, las izquierdas, con su parálisis absoluta con lo que está ocurriendo, sumidas en sus tribulaciones electorales, mantienen desde hace ya demasiado tiempo un silencio sepulcral frente a todos y cada uno de estos hechos, evidenciando su desconexión con la realidad.

¿Significa todo esto que estamos atrapados sin salida?

desco Opina / 5 de diciembre de 2014
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Acelerar hacia el pasado

La ilusión de algunos sectores de que el paquete de reactivación económica Castilla sea devuelto al Ejecutivo fue vana. Este fue aprobado por once votos a favor, tres en contra y siete abstenciones (la representación fujimorista está perfeccionando el arte de la abstención) en la Comisión Permanente del Congreso. Once personas consumaron así un nuevo acto para seguir en el sueño neoliberal de 1990.

Humberto Campodónico ha conceptualizado muy bien el contexto de las medidas promovidas por el MEF como un paso más hacia «completar las reformas» iniciadas por Fujimori: lo que no hicieron Toledo ni García lo terminó haciendo Humala. Por otro lado, Francisco Durand habla de lobbies en lo tocante al retroceso en materia ambiental y a la «reducción de deudas». De paso, esta reducción de deudas nos deja ver que los fanáticos neoliberales serían también, o serían en verdad, consumados lobistas empresariales que buscan ganarse alguito con el pretexto de la economía frenada. Liberales que practican el lobby como un «arma» lícita en la forma de hacer política pública al margen de que beneficie o no al país, liberales y lobistas que están cortados por la misma tijera en los mismos estudios de abogados.

El argumento de las reformas incompletas se usa cuando el modelo muestra sus fallas: hay que profundizar, dicen. Para favorecer esta profundización se inventan un enemigo a la medida: un Estado supuestamente controlista y poderosísimo.  Como señala un analista, el Estado peruano ha sido y sigue siendo sumamente débil. No ha sido capaz de establecer una hegemonía territorial,  de prevenir que se establezcan poderes de facto, de racionalizar su burocracia, de terminar de ser laico o de proveer de salud  y educación digna a sus ciudadanos. ¿El antídoto es más desregulación? ¿A qué nos ha llevado esto en el transporte de pasajeros y en la educación privada universitaria?

«Si el Perú se desarrolla sin Estado, sería el primer país en el mundo en hacerlo», decía Piero Ghezzi antes de ser Ministro. El relato contra el Estado (con mayúscula) también contiene en sí la fantasía de volver a un estado primordial en el que la libre determinación del Hombre estaba libre de las imposiciones de la ciudadanía territorializada del Estado. A esto los liberales criollos le llaman su «base moral». Aportar por hacer del Estado peruano un Estado «de verdad» no está, de plano, en la agenda liberal peruana donde la única reforma buena es la contrarreforma. La vuelta al pasado como imagen sirve al menos en tres casos:

a)    Se busca volver al estado previo a la creación del Ministerio del Ambiente, hecho que debe considerarse por Roque Benavides y otros que usan a gusto el neologismo ‘permisología’, como una consecuencia indeseada del TLC con los Estados Unidos. El paquete es claramente un atropello a la precaria institucionalidad ambiental y un retroceso en toda línea, aunque los Congresistas hayan variado un par de especificaciones relativas a la OEFA antes de aprobar las medidas. El débil argumento para trasladar funciones ambientales a la PCM fue la necesidad de coordinar medidas ambientales entre diversas carteras, porque podrían afectar la inversión que esas carteras promueven. ¿Eso quiere decir que cada ministerio debería dejar de existir en virtud de la importancia de coordinar las medidas? ¿Es que hoy no coordinan en realidad nada importante? En ese contexto, el Perú más que un anfitrión para la COP 20 se convierte en un curioso caso de estudio sobre cómo la política ambiental y la inversión no pueden convivir. 

 b)    También ‘volvemos al pasado’ en lo que se refiere a los convenios de estabilidad tributaria, una medida hecha para favorecer la inversión de la gran industria extractiva en un contexto internacional de baja demanda y precios y créditos caros y en el que teníamos poca credibilidad como país amigo de la inversión, claramente un escenario muy distinto de lo que tenemos hoy.

 c)    El último de estos retrocesos se produce a un país previo al proceso de descentralización donde el monopolio de las decisiones importantes (medio ambiente-sí, medio ambiente-no) se adopte gracias a una camarilla de tecnócratas salvadores y supuestamente desideologizados. Las perversiones del manejo descentralizado de fondos en una economía en crecimiento como la peruana durante la pasada década no viene por la maldad de los presidentes regionales, sino precisamente por el desinterés del Estado y de la clase política en tener un rol sobre el ordenamiento político, económico y territorial de los departamentos que nunca fueron regiones.

¿Qué se viene? A juzgar por la defensa presidencial del Ministro Urresti, pese a las graves acusaciones en su contra por delitos de lesa humanidad, lo que se viene parece ser un aprestamiento para la represión de quienes, según le han hecho creer al Presidente, son enemigos de las inversiones. La parte laboral, una fuente de conflictos latentes a todo nivel, solo ha sido tocada superficialmente en este paquete. Podemos anticipar nuevas propuestas del Ejecutivo para continuar «flexibilizando» las regulaciones, multas e incumplimientos de los empleadores en base a un discurso sobre la informalidad que disfrace grandes intereses aludiendo a las supuestas rigideces laborales que perjudican a los pequeños empresarios, más de lo mismo en la táctica de usar al microempresario como muñeco de ventrílocuo.

Estas vueltas al pasado deberían ser muestra clara de que no se han hecho las cosas bien siguiendo la receta de la desregulación, de la libertad individual y de la desconfianza en el Estado. Así como poner cientos de rompemuelles en las calles es señal de aceptación tácita de que no vamos a detenernos ante una señal de ‘Pare’, estas medidas son señal de que no se ha aprendido nada, y que en esencia se han desperdiciado años de un contexto económico favorable para mejorar el capital humano, diversificar la economía y construir bases sostenibles. En ese sentido es muy interesante que se escuchen voces foráneas preocupadas por el retroceso ambiental. ¿Necesitamos que otros países nos pongan esos rompemuelles? Esta es una muestra clara de la inmadurez a la que llevan años de rentismo.

desco Opina / 7 de julio de 2014 

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Paquete complicado en medio de lluvia de goles

Muy al estilo que caracteriza el comportamiento de un gran número de peruanos, solemos dejar las cosas para el final, para cuando están a punto de vencer los plazos. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República no podrían ser la excepción. Es por eso que al borde del cierre de la actual legislatura aparecen en agenda  temas como el «paquete reactivador»  de medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo, el debate sobre el proyecto de ley universitaria y por cierto el sonado caso de la megacomisión.

A lo anterior se suma en la agenda política de estos días la definición de las candidaturas municipales a las alcaldías, proceso en el que destaca por su importancia el caso de Lima Metropolitana y sus doce candidatos y candidatas. Todo esto ocurre, por cierto, en medio del campeonato mundial de futbol y los procesos de clasificación para los octavos de final del certamen FIFA que se disputa en Brasil y que se convierte en el gran atractivo y distractor mediático, muy apropiado para que los gobiernos aprovechen la ocasión, aquí en el Perú y también en otros muchos países para intentar sorprender a la ciudadanía para la toma de decisiones sin mayores debates públicos.

En el tema económico parece claro que concluyó el ciclo largo de crecimiento económico, no solo como lo ha venido mostrando la baja de los precios de los minerales, sino también por el agotamiento interno de la economía nacional. El aliento al consumismo para dinamizar el mercado interno no parece más ser el camino cuando mes a mes las estadísticas financieras dan cuenta del incremento de las tasas de morosidad que se contrastan con la caída y ya no solo crecimiento moderado de sectores importantes de la economía que han funcionado como locomotoras: el sector construcción  y el sector minero mostrando una contracción importante en el último mes, que llega a superar en uno de los casos el 8%. Aparece así, en las cifras y no en el discurso, el mayor cuestionamiento real a la aplicación del modelo neoliberal, que finalmente no se consagró.

La respuesta del gobierno a través de su «paquete reactivador» no puede sino ser desalentadora para las grandes mayorías y creemos que para los auténticos intereses nacionales, pese a que es aplaudida por CONFIEP. Lo que se propone es nada menos que bajar los costos laborales y las exigencias ambientales además de algunas medidas tributarias de anulación de deudas.

En el tema ambiental se pretende que sea el Consejo de Ministros y no el MINAM quien decida sobre la creación de áreas reservadas, los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad ambiental (ECA). Nos preguntamos ¿cuál es el sentido de tener un Ministerio del Ambiente entonces? Un diario señala que con estas medidas, sumadas a los recortes en funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), se «prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por la ausencia de tecnología adecuada». La pregunta en este caso sería ¿en qué clase de país estamos que vemos la creación de áreas protegidas como una amenaza?, ¿alguien cree que en el Perú la prepotencia viene de los ambientalistas? Si estos son los términos del debate, y ahora debemos compadecernos porque unas fundiciones no logran operar sin tener aire de calidad para otros seres humanos por «ausencia de tecnología» (nótese el tono lastimero), entonces hemos caído todavía más bajo. Los canales para la ciudadanía se hacen aún más restringidos al centralizar decisiones ambientales en el Consejo de Ministros, por lo demás. Todo en el año que el Perú es anfitrión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP 20. Estaremos muy atentos al arsenal retórico al que tendrá que recurrir el Ministro del Ambiente en el estrado principal de dicho evento.  

Otro aspecto, que requiere más estudio, es la propuesta de volver a contratos de estabilidad tributaria para las mineras con capacidad de producción inicial de más de 15,000 toneladas métricas por día. Nos parece una admisión tácita de que se han desperdiciado más de 15 años de un entorno muy favorable para el Perú si es que la solución es volver a los CET. ¿Es que hemos desperdiciado dos décadas? Algunas de las propuestas ciertamente parecen insinuarlo sin vergüenza. Paralelamente, el Presidente declara en la Cumbre de la Alianza del Pacífico que el futuro no está garantizado siendo un país primario exportador, arrancando aplausos de la platea por lo que se interpretará, suponemos, como sentido común y hasta valentía. ¿Qué sentido tiene eso ante la propuesta de volver a los CET? 

En medio de esto nos encontramos en una situación en la que no hay claridad entre los analistas respecto al diagnóstico y las medidas a tomar. Desde los sectores conservadores y de derecha el problema se confunde entre las causas externas y las del manejo interno de la economía (la llamada tramitología, las exigencias ambientales y los “sobrecostos laborales”) y en el caso de los economistas y analistas de izquierda o con posiciones progresistas no hay un enfoque claro sobre qué hacer realísticamente en esta situación.

Por un lado está el poco crecimiento de la economía norteamericana, la falta de crecimiento importante de la economía europea y las dificultades de China, pero por otro, está la situación interna de bajos salarios en la que se pretende mostrar una realidad de altos costos laborales comparativos (por beneficios como vacaciones y CTS que debieran ser leídos en el contexto de esos bajos salarios) y lo que se califica como agresión tributaria de SUNAT que se pretende amenguar con la anulación de multas e intereses acumulados. En este caso creemos que es indispensable por un principio de transparencia y manejo justo que los ciudadanos podamos acceder a la lista de los principales beneficiados por estas medidas, que seguramente son unos pocos contribuyentes los que concentran lo principal de la deuda que se busca reducir.

Creemos que este es un buen momento para que el mundo académico, las organizaciones gremiales y las fuerzas progresistas intenten construir alternativas que defiendan el interés mayoritario de la nación, antes de ser sorprendidas por ajustes y beneficios que los grupos de poder intentan imponer en defensa de sus intereses particulares, una vez más.

desco Opina / 21 de junio de 2014
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