Comunidades campesinas en Huancavelica: retos y desafíos futuros

Las comunidades campesinas son las organizaciones rurales más importantes y tradicionales en la Región Huancavelica. Actualmente, existen 636 comunidades formalmente reconocidas, estimándose que su número es de hecho mayor si se considera a aquéllas que no han tramitado o logrado su inscripción. Se calcula que cada una de estas está integrada por un promedio de 80 a 100 familias, lo que significa un total aproximado de 200-250 mil personas, constituyendo alrededor del 50% de la población regional. Las comunidades poseen también la mayoría de las tierras agrícolas de Huancavelica y producen los principales bienes agropecuarios ofertados en el mercado regional y en los de las provincias y distritos de la zona. Los procesos de los últimos años, sin embargo, las han impactado negativamente y hoy afrontan problemas derivados de las secuelas de la violencia, la migración, la escasez de recursos como el agua, la posesión de las tierras y las debilidades organizativas.

En los últimos tiempos, las comunidades asentadas en las cabeceras de cuenca, zonas intermedias y zonas bajas mantienen conflictos por el territorio, debido a la incursión de nuevas empresas mineras y a las amenazas sobre recursos naturales como el agua. La conflictividad por el recurso hídrico enfrenta a autoridades y productores campesinos de Huancavelica con autoridades del gobierno nacional y del GORE Ica, departamento que ha tenido en años recientes un boom en su producción de cultivos de agro-exportación. Uno de sus problemas ha sido, sin embargo, la escasez de agua; por ello, el gobierno nacional ha dado medidas para el abastecimiento de los valles iqueños, impulsando un proyecto para el trasvase de las aguas de la laguna Choclococha, sin tener en cuenta los intereses y las necesidades de los productores campesinos de Huancavelica. La consecuencia ha sido una sustancial baja en el caudal de agua, por debajo del mínimo indispensable para mantener la «dinámica hídrica», y la micro flora vegetal y animal existentes en la cabecera de cuenca.

Actualmente, desde Proinversión se está promoviendo una asociación pública privada (APP) cofinanciada por el Estado por varios cientos de millones de soles, para obras de trasvase y afines (canal colector Ingahuasi y presa Tambo), que afectarían varios miles de hectáreas de bofedales en la parte alta, justamente territorio de comunidades campesinas. Estas y otros actores de Huancavelica se oponen porque perciben esto como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpaquera y su seguridad hídrica, demandando un diálogo para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, reclamando al Estado la realización de inversión pública para la sostenibilidad hídrica y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de las comunidades. En ese marco debe entenderse, por ejemplo, el I Diálogo Interregional «Conflicto por el Agua Ica y Huancavelica», donde se reunieron e intercambiaron opiniones y propuestas los actores de la cuenca alta, media y baja del río Ica.

Otro aspecto a considerar es la relación de las comunidades con los gobiernos subnacionales (gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales). Existiendo espacios de concertación y participación en estos niveles, aun cuando limitados, la comunidad no interviene activamente en estos, entre otras razones por su debilidad orgánica, las dificultades de representación que padecen y la indiferencia de las autoridades responsables. Por ello, su presencia en el mecanismo de los presupuestos participativos es bastante débil. Si bien es cierto que el gobierno central tiene la voluntad de atender a estos sectores pobres con programas sociales y otros, y el gobierno regional hace esfuerzos para la implementación de programas como Llaqta Saludable, Yacu Tarpuy, tales iniciativas todavía no avanzan como para traer beneficios concretos a la población, generando pesimismo y decepción en los líderes comunales.

La comunidad campesina en Huancavelica afronta así retos fundamentales como la defensa del agua y el logro de acuerdos entre autoridades y actores políticos y sociales de Huancavelica e Ica, que sean beneficiosos y equitativos para los productores agropecuarios y la población de ambos departamentos en general. Esto pasa por un fortalecimiento de las instancias comunales, que contrarresten tendencias a la desintegración, fragmentación y privatización de sus recursos y les permita participar activamente en los espacios de toma de decisiones, recuperando su dinámica organizacional y la gestión colectiva de los recursos comunales, concretando además, iniciativas que impulsen el desarrollo local.

desco Opina - Regional / 10 de julio de 2015

Programa Sierra Centro
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Gestión equitativa del recurso hídrico para Ica y Huancavelica

Es conocido que el boom agroexportador de Ica, incluyendo la venta de espárragos al exterior, son dependientes del recurso hídrico proveniente del departamento de Huancavelica; esta dependencia se remonta al año 1945, con la realización del proyecto Tambo Ccaraccocha, que implementó infraestructura hídrica para la colección y trasvase de las aguas de lagunas de las partes altas de Huancavelica, para su culminación en los valles de Ica.

Sin embargo, y al igual que otros proyectos de trasvase en el país, este no ha contado con el consenso de las poblaciones de la parte alta, existiendo una conflictividad social latente. El agua, recurso entendido como un elemento integrador, no solo de ecosistemas sino también de poblaciones, ha cobrado mayor relevancia estos últimos meses a raíz del ofrecimiento del gobierno central de destinar 650 millones de soles para el desarrollo de proyectos como el colector Ingahuasi y la presa Tambo Ccaraccocha. Ambos han sido previstos para continuar con el desarrollo de la agroexportación en Ica, estando los intereses de sus principales actores bien representados por las juntas de regantes y por el gobernador regional, en tanto las comunidades campesinas como organización no pueden constituirse como comité o junta de regantes para demandar el uso del recurso (Ley de Recursos Hídricos N° 29338), y siguen a la espera de que se materialicen los ofrecimientos destinados a atender sus necesidades básicas y de comunicaciones, así como de inversiones públicas en infraestructura productiva para la crianza de camélidos.

Es sin duda importante consolidar el crecimiento de un departamento competitivo como Ica (tercer puesto entre los de mayor crecimiento económico), pero también es necesario considerar los derechos de  las comunidades alpaqueras de Huaytará y Castrovirreyna (ubicadas en las zonas de colección y trasvase, en Huancavelica), que no solo se dedican a preservar uno de nuestros principales recursos animales nativos (camélidos sudamericanos), sino también, a través de sus prácticas ancestrales y de innovación, realizan conservación y manejo del recurso en la cabeceras de cuenca, sin ser por ello adecuadamente valorados y menos aún compensados. Por todo esto, la administración del recurso hídrico en estas cuencas debe comprometer a la zona beneficiada con el boom agroexportador, para que asuma responsabilidades en el cuidado y conservación del agua.

El descontento de la población huancavelicana, en especial de las comunidades asentadas en el ámbito de las cuencas que alimentan de agua a los valles iqueños, está asociado a su invisibilización en la gestión del recurso hídrico, así como a la experiencia de más de 60 años de ver pasar el agua por sus puertas sin opción a utilizarla y sin capacidad de exigir una mitigación por los impactos generados en su entorno productivo y ambiental. Es necesario resolver las demandas de los sectores productivos del país, pero también es urgente escuchar; reducir las brechas de desigualdad parte por considerar la existencia de poblaciones que aportan en diferentes formas, que continúan desarrollando actividades poco rentables pero necesarias para la adaptación al cambio climático y requieren ser atendidas con inversiones públicas para su desarrollo.

Los responsables de manejar el proyecto «Trasvase o Sistema Choclococha» – PETACC, los gobiernos regionales de Huancavelica e Ica, y el gobierno nacional, deben promover el cumplimiento de la ley de recursos hídricos; las comunidades campesinas en la cabecera de cuenca, los actores más perjudicados, deben ser reconocidos. Actualmente, los huancavelicanos vienen fortaleciendo sus organizaciones técnicas como el Grupo Técnico Regional del Agua (GTRAH) y las demás organizaciones en favor de la protección de los recursos, liderados por el gobernador regional, Sr. Glodoaldo Álvarez Oré. Se viene impulsando la formación de la «Mesa de Diálogo Birregional» y se ha prometido diálogo a todo nivel, a fin de que el problema no llegue a mayores. 

Es hora de superar errores y exclusiones, asumiendo con responsabilidad la gestión concertada del recurso hídrico entre ambas regiones, estableciendo las responsabilidades del cuidado y conservación del mismo en la parte alta y baja de la cuenca, previniendo los conflictos que puedan eventualmente desencadenarse.

Después de resolver los errores del pasado, se pueden establecer mecanismos para la negociación de los proyectos en cartera, el canon hídrico, la inversión en infraestructura y otros temas, en un contexto de inclusión y equidad en la representación. Para el futuro de ambas regiones, es clave el respeto y el entendimiento a las comunidades campesinas. 

desco Opina - Regional / 20 de marzo de 2015

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Los acuerdos de gobernabilidad son letra muerta en Junín y Huancavelica

Los comicios regionales, provinciales y distritales a realizarse el próximo 5 de octubre constituyen una oportunidad para el establecimiento de canales de diálogo entre la sociedad civil y los candidatos a cargos públicos en Junín y Huancavelica. Un tema eje de este diálogo son las ofertas contenidas en los planes de gobierno, especialmente aquellas destinadas a abordar la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano en general. Los acuerdos de gobernabilidad son, en este sentido, un espacio de concertación donde se aborda tales asuntos.

El proceso de concertación ha tenido distinta acogida en Junín y Huancavelica; en el primero, se conformó un colectivo institucional denominado Grupo de Gestores de Gobernabilidad, integrado por un número significativo de organizaciones de sociedad civil e instituciones estatales (JNE, Defensoría del Pueblo), bajo la coordinación de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Se elaboró un documento que sintetiza las principales demandas de la región, el cual se presentó en foro el pasado 16 de setiembre, donde cinco de los trece candidatos estuvieron inicialmente presentes, pero optaron por retirarse ante la inasistencia de dos de sus principales contendores, incluido el presidente regional. En Huancavelica, el panorama fue distinto; el foro realizado el 3 de setiembre tuvo gran acogida por parte de la población y de los candidatos regionales (asistieron siete de los ocho postulantes), quienes expusieron sus propuestas y firmaron el compromiso.

En la campaña electoral anterior del año 2010, se organizaron también foros en ambos departamentos, contándose con una amplia participación de los candidatos y la firma de un compromiso formal en el departamento de Junín. En aquella oportunidad, el candidato finalmente ganador y hoy aspirante a reelegirse (Vladimir Cerrón) tampoco firmó, aun cuando envió una carta reconociendo la legitimidad y el compromiso con los acuerdos del foro. A diferencia del anterior, el candidato triunfante en Huancavelica, que hoy también opta por buscar la reelección, puso su firma en el citado compromiso.

Estos compromisos demandaron reuniones de preparación y talleres, así como foros de discusión, donde los candidatos presentaron sus propuestas, redactándose y aprobándose luego el pacto. En ambas regiones se promovieron acuerdos en torno a temas como la atención a servicios fundamentales (salud, educación, nutrición, lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, priorización de atención a la infancia), infraestructura económica, infraestructura vial, transferencia tecnológica para sectores agropecuarios, reparaciones a las víctimas de la violencia, atención a los pueblos indígenas, participación ciudadana, transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, etc. Dependiendo de las características que las regiones configuran.

Sin embargo, una vez firmados, estos acuerdos no han sido asumidos por las nuevas autoridades, debido principalmente a dos factores: la escasa voluntad política existente entre aquellas y la débil organización de la sociedad civil para hacer el seguimiento post foro. Para algunos líderes políticos, los acuerdos de gobernabilidad no son significativos y, por tanto, no se sienten comprometidos con estos, pese a que allí se expresan intereses de importantes organizaciones y sectores sociales.

En el futuro, será necesario que la sociedad civil se dote de mecanismos que le permitan incidir en los Consejos Regionales para la aprobación de tales acuerdos de gobernabilidad, en tanto documentos que expresan consensos sociales que las autoridades deben respetar, incorporando instrumentos de gestión así como el monitoreo y la evaluación de los cumplimientos.

desco Opina - Regional / 19 de setiembre de 2014

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