La competitividad regional en Junín

El Instituto Peruano de Economía (IPE), presentó el nuevo Índice de Competitividad Regional INCORE 2019, en el que Junín ocupa el puesto 14 de un total de 25 regiones. Este informe anual pretende medir diferentes aspectos de la competitividad entre las regiones, incluyendo la forma como éstas, bajo un régimen de libre mercado, mejoran la calidad de vida de sus habitantes y crean las condiciones para atraer inversión pública y privada. El índice se compone de 40 indicadores distribuidos en seis pilares (Educación, Salud, Entorno económico, Infraestructura, Laboral e Instituciones). Los resultados de Junín no son alentadores, pues respecto al INCORE del año pasado, nuestra región ha descendido tres posiciones (del puesto once al catorce), lo que significa un deterioro del desempeño en algunos de los seis pilares mencionados.

Las regiones más competitivas son Lima, Arequipa y Tacna, y las menos competitivas Huánuco, Cajamarca y Huancavelica. Junín está dentro del promedio, pero cabe preguntarse por qué descendió y por qué ocupa el puesto catorce del ranking.

Las mayores caídas de Junín se produjeron en los pilares Salud y Laboral, en los cuales retrocedió cuatro posiciones: (i) Salud, el retroceso responde al preocupante aumento de la desnutrición crónica, de 12.4% a 14.6%, y la prevalencia de anemia, de 53.3% a 57.0%, (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - Endes 2018 del Instituto de Estadística e Informática INEI). (ii) Laboral, Junín continúa con un alto índice de empleados informales: 82.2% en el 2017 y 83.5% en el 2018, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO); esta cifra no ha cambiado en los últimos diez años, debido principalmente a que las sectores que concentran mayor fuerza laboral (agricultura, comercio y algunos servicios) están formados básicamente por pequeños agricultores, trabajadores eventuales y micro y pequeños empresarios, segmentos marginales en un modelo cuyas reglas de juego se basan en promover y facilitar grandes inversiones en el sector primario, los servicios, telecomunicaciones y otros.

Las cifras del INCORE 2019 muestran también, que Junín tiene un bajo nivel de capital humano, lo que contribuye a limitar el crecimiento de la región. Si revisamos los pilares de Salud y Empleo en Junín se constata que, en el primero, se ha incrementado la anemia, que puede explicarse por factores como la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas (diarreas y parasitosis), las condiciones de vivienda y saneamiento, las malas prácticas de higiene, etc., todas ellas derivadas en gran medida de la pobreza –según INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2017-2018, la pobreza monetaria en la región Junín fluctúa entre el 21.6% y 24.6%, y la extrema pobreza entre 2.6% y 3.6%–, aunque también de otros factores inerciales. En el segundo, según INCORE 2019, el 53.7% de la PEA en Junín tiene empleo inadecuado, y el 72.6% es una fuerza laboral sin educación. Esta situación refleja lo antes mencionado: un modelo que prioriza grandes inversiones muy productivas, pero con escasa capacidad para dar empleo adecuado a la mano de obra.

Las mismas políticas de inversión del Gobierno Regional, y el programa de inversiones en las provincias de Huancayo y Satipo (año fiscal 2018), distan de dinamizar los sectores de Agricultura y Comercio; es decir, no se están priorizando inversiones en función de los intereses de la mayoría, sino más bien, de las percepciones e intereses de algunas autoridades y grupos con mayor poder e influencia. De acuerdo al Presupuesto Participativo –Aplicativo de la Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP– el GORE Junín tiene seis proyectos, pero solo uno en la esfera productiva, lo que difícilmente contribuye a dinamizar el empleo. En la Provincia de Huancayo se han priorizado seis proyectos, cuatro de ellos están a nivel de estudios de preinversión y son mayormente de tipo vial. En Satipo, de los nueve proyectos priorizados, solo tres son económicos, pero ninguno en los sectores Comercio y Agricultura.

En Salud la situación es aún más alarmante, pues no se priorizan proyectos con efecto directo en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil (DCI). Las políticas de salud que se implementaron en la gestión regional y gestiones locales anteriores, han sido ejecutadas con lineamientos nacionales, lo cual les ha restado eficacia. Por ello, los programas sociales orientados a disminuir la anemia y la DCI, además de los programas presupuestales (como el PAN), a pesar de invertir muchos recursos en las regiones, no logran resultados efectivos. Se requiere entonces, invertir no solo bajo lineamientos dados por los entes rectores nacionales, sino también por las regiones. Hacemos un llamado de atención a la nueva gestión regional y de gobiernos locales para que se enfoquen en estos indicadores, convoquen y consensúen el aporte de todos los actores presentes en la región.

En síntesis, pese a progresos innegables en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, persisten en Junín importantes problemas relacionados con el subempleo, la informalidad y la salud. Afrontar estos, supone esfuerzos más amplios que crear competitividades regionales, pensadas sobre todo para una economía basada en promover la gran inversión en sectores primarios. Mientras la mano invisible del mercado no genere empleo adecuado para la mayoría, y el Estado tenga una serie de candados para invertir en promover la pequeña agricultura familiar o los pequeños emprendimientos urbanos, los problemas antes señalados van a persistir por mucho tiempo.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Comunidades campesinas en Huancavelica: retos y desafíos futuros

Las comunidades campesinas son las organizaciones rurales más importantes y tradicionales en la Región Huancavelica. Actualmente, existen 636 comunidades formalmente reconocidas, estimándose que su número es de hecho mayor si se considera a aquéllas que no han tramitado o logrado su inscripción. Se calcula que cada una de estas está integrada por un promedio de 80 a 100 familias, lo que significa un total aproximado de 200-250 mil personas, constituyendo alrededor del 50% de la población regional. Las comunidades poseen también la mayoría de las tierras agrícolas de Huancavelica y producen los principales bienes agropecuarios ofertados en el mercado regional y en los de las provincias y distritos de la zona. Los procesos de los últimos años, sin embargo, las han impactado negativamente y hoy afrontan problemas derivados de las secuelas de la violencia, la migración, la escasez de recursos como el agua, la posesión de las tierras y las debilidades organizativas.

En los últimos tiempos, las comunidades asentadas en las cabeceras de cuenca, zonas intermedias y zonas bajas mantienen conflictos por el territorio, debido a la incursión de nuevas empresas mineras y a las amenazas sobre recursos naturales como el agua. La conflictividad por el recurso hídrico enfrenta a autoridades y productores campesinos de Huancavelica con autoridades del gobierno nacional y del GORE Ica, departamento que ha tenido en años recientes un boom en su producción de cultivos de agro-exportación. Uno de sus problemas ha sido, sin embargo, la escasez de agua; por ello, el gobierno nacional ha dado medidas para el abastecimiento de los valles iqueños, impulsando un proyecto para el trasvase de las aguas de la laguna Choclococha, sin tener en cuenta los intereses y las necesidades de los productores campesinos de Huancavelica. La consecuencia ha sido una sustancial baja en el caudal de agua, por debajo del mínimo indispensable para mantener la «dinámica hídrica», y la micro flora vegetal y animal existentes en la cabecera de cuenca.

Actualmente, desde Proinversión se está promoviendo una asociación pública privada (APP) cofinanciada por el Estado por varios cientos de millones de soles, para obras de trasvase y afines (canal colector Ingahuasi y presa Tambo), que afectarían varios miles de hectáreas de bofedales en la parte alta, justamente territorio de comunidades campesinas. Estas y otros actores de Huancavelica se oponen porque perciben esto como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpaquera y su seguridad hídrica, demandando un diálogo para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, reclamando al Estado la realización de inversión pública para la sostenibilidad hídrica y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de las comunidades. En ese marco debe entenderse, por ejemplo, el I Diálogo Interregional «Conflicto por el Agua Ica y Huancavelica», donde se reunieron e intercambiaron opiniones y propuestas los actores de la cuenca alta, media y baja del río Ica.

Otro aspecto a considerar es la relación de las comunidades con los gobiernos subnacionales (gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales). Existiendo espacios de concertación y participación en estos niveles, aun cuando limitados, la comunidad no interviene activamente en estos, entre otras razones por su debilidad orgánica, las dificultades de representación que padecen y la indiferencia de las autoridades responsables. Por ello, su presencia en el mecanismo de los presupuestos participativos es bastante débil. Si bien es cierto que el gobierno central tiene la voluntad de atender a estos sectores pobres con programas sociales y otros, y el gobierno regional hace esfuerzos para la implementación de programas como Llaqta Saludable, Yacu Tarpuy, tales iniciativas todavía no avanzan como para traer beneficios concretos a la población, generando pesimismo y decepción en los líderes comunales.

La comunidad campesina en Huancavelica afronta así retos fundamentales como la defensa del agua y el logro de acuerdos entre autoridades y actores políticos y sociales de Huancavelica e Ica, que sean beneficiosos y equitativos para los productores agropecuarios y la población de ambos departamentos en general. Esto pasa por un fortalecimiento de las instancias comunales, que contrarresten tendencias a la desintegración, fragmentación y privatización de sus recursos y les permita participar activamente en los espacios de toma de decisiones, recuperando su dinámica organizacional y la gestión colectiva de los recursos comunales, concretando además, iniciativas que impulsen el desarrollo local.

desco Opina - Regional / 10 de julio de 2015

Programa Sierra Centro
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Huancavelica: cerrando un ciclo de conflictos

Al término de las movilizaciones acontecidas el pasado mes de junio en la ciudad de Huancavelica motivadas por la creación de la universidad de Tayacaja, vemos que las consecuencias van más allá de la lamentable pérdida de tres vidas valiosas de jóvenes huancavelicanos y de las cuantiosas pérdidas materiales. Los acontecimientos muestran debilidades en el sistema y en la gestión de conflictos a nivel regional y nacional, que además se mezclan con intereses personales específicos.

En primer lugar, debemos recordar que los congresistas por Huancavelica, José Saldaña Tovar y Miró Ruiz Delgado, electos por el partido de Ollanta y en funciones hasta el 28 de julio del presente año, crearon el proyecto de ley para la creación de la citada universidad. La propuesta se elaboró sin considerar la opinión del Gobierno Regional de Huancavelica o de la Asamblea Nacional de Rectores. Así, los legisladores buscaron cumplir con promesas electorales realizadas en la campaña electoral de 2006, a pocos meses para la culminación de su periodo legislativo.

La Comisión de Educación del Congreso crea universidades por todo el territorio nacional. Mientras tanto, la calidad de los centros de estudio y de los profesionales que egresan de dichas universidades de «escaso prestigio», no está siendo tomada en cuenta. Cada año ingresan oleadas de profesionales al mercado laboral que no consiguen el empleo deseado, o terminan subempleados en actividades ajenas a su profesión. Como sabemos, en nuestro país la mayoría de los profesionales de éxito egresan de universidades con nombre propio. Entonces ¿se trata de brindar a los jóvenes de Huancavelica la oportunidad legítima de estudiar en su propia localidad una carrera universitaria?, ¿o se buscó simplemente aprovechar una circunstancia para cumplir una promesa que no tenía sustento ni análisis previo? Así la sociedad civil y la opinión pública deberían estar atentas durante las campañas para analizar las ofertas electorales y denunciar aquellas que no estén debidamente discutidas y de esa forma no generar falsas expectativas en la población. En esta oportunidad, esta situación surgió por la propuesta de dos congresistas que están de salida, sin embargo, este panorama se repite en todos los niveles de gobierno.

Las manifestaciones cesaron porque el gobierno nacional decidió crear una nueva partida para la naciente universidad de Tayacaja, sin afectar el presupuesto de la Universidad de Huancavelica. Sin embargo, no queda claro cómo quedarán los fondos provenientes del canon que en todo caso tendrán que ser compartidos desde ahora.

Estos hechos exponen, una vez más, la absoluta debilidad en el manejo de conflictos por parte de las autoridades competentes. La policía perdió rápidamente el control lo que provocó tres fallecidos, y múltiples daños materiales, sobre los cuales nadie asume responsabilidad. Cuando en un conflicto se pierden vidas humanas a causa de impacto de balas o de perdigones es que alguien esta haciendo mal las cosas. ¿Será suficiente un año de preparación en la Escuela de Suboficiales de Huancavelica –y en algunos casos menos– para darle a un joven policía un arma y encargarle el manejo de la turba en las calles? La rectora de la Universidad de Huancavelica renunció a su cargo, pero el jefe policial de Huancavelica no se responsabiliza por nada y sigue en el cargo.

En este escenario las cosas continúan agitadas en la región Huancavelica. El descontento popular por el gobierno regional que cumplió seis meses en la gestión es mayoritario y el presidente Maciste Diaz, tiene que dar cuenta de acciones que, al parecer, él no ha provocado; aunque es preciso decir que en el mes de julio ha culminado –con retraso– el proceso de Presupuesto Participativo. No obstante, lo más prudente es esperar la ascensión del nuevo gobierno nacional el 28 de julio para corregir aspectos críticos del marco normativo que, como en el caso de la creación de universidades y de la capacitación de policías, necesitan cambios importantes.

desco Opina - Regional / 15 de julio de 2011
Programa Sierra Centro
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Participación en Lima Metropolitana: nuevo estilo, viejos retos

Los vecinos y organizaciones sociales de Lima Metropolitana participan desde el 2003 de los Presupuestos Participativos a nivel de sus distritos. A pesar de sus limitaciones y de las críticas de diversa índole de los participantes, es un proceso que se da de manera sostenida y que ha aportado significativamente en formalizar las relaciones entre representantes y ciudadanos y en darle a los electores herramientas para fiscalizar a su gobierno local. Por una ruta divergente, durante el mismo período, la Municipalidad Metropolitana de Lima, cumplió apenas en el margen de lo formal con la convocatoria a sus ciudadanos para la toma de decisiones de inversión, en medio de la ambigüedad respecto a si los recursos en juego correspondían al pliego regional o al municipal, dificultando no sólo la participación y el reconocimiento del territorio, sino también las iniciativas de seguimiento y transparencia que por definición acompañan a estos procesos.

Al respecto, una de las principales promesas electorales de la alcaldesa de Lima estuvo referida a un «cambio de estilo en la gestión», proponiendo como pilares la apertura a la participación y la transparencia. Un paso significativo ha sido la convocatoria, en abril, al Proceso de Presupuesto Participativo Municipal y Regional 2012. Cabe anotar que será la primera vez que los ciudadanos del Cercado de Lima podrán acceder al proceso participativo, concertando la inversión municipal en su territorio de manera diferenciada al del resto de la metrópoli, con lo que se manifiesta la voluntad de superar la desatención que acusaba este «distrito menor» que integra el Centro Histórico con los viejos barrios originarios del antiguo casco urbano (Barrios Altos, Monserrate) y sus primeras expansiones (Santa Beatriz, zona industrial) y áreas marginales a su alrededor (Margen Izquierda del Rímac). En el caso del Presupuesto Participativo para el ámbito regional, que involucra a los 42 distritos de la ciudad, se ha logrado la inscripción de 105 Agentes Participantes que definirán sus prioridades de inversión de entre 59 proyectos aprobados que responden a necesidades de orden urbano ambiental, económico, social y de desarrollo ciudadano. El presupuesto aproximado es de más de 50 millones de soles.

La apertura del proceso, presidida por la propia alcaldesa Villarán, con presencia de líderes sociales, genera muchas expectativas, en tanto en su discurso pueden reconocerse muchos de los argumentos de quienes promueven la agenda participativa en los distritos, así como por representar la puesta en marcha de un proceso que contesta «las maneras» de la administración Castañeda, poco afecta al diálogo y la concertación. Para empezar, resulta toda una novedad que el proceso se lleve a cabo dentro de los cronogramas y bajo los procedimientos establecidos y publicados –exigencias legales de las que muchos municipios se «distraen», no siendo la gestión metropolitana precedente la excepción–. Por eso el resultado no sólo debe asegurar una distribución equitativa entre los territorios y un estricto cumplimiento de los plazos establecidos, como cabe esperar de cualquier distrito, sino que debe marcar la pauta futura de un proceso destinado a la resolución de los déficits de inversión que no pueden ser cubiertos con recursos distritales.

Otros pasos significativos en términos de la concertación y el diálogo se han dado en la convocatoria a la sociedad civil a la Asamblea Metropolitana –que no había sido nunca activada por Castañeda– y en el llamado a los alcaldes distritales en torno al Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. A junio, están aún por verse resultados concretos de este primer acercamiento con las autoridades locales, frente al crecimiento de la violencia urbana.

No estar a la altura de estos retos puede generar gran frustración entre los electores que apostaron activamente por el acento participacionista de Fuerza Social, así como redundar en el desprestigio del discurso del diálogo y la apertura y por extensión, de sus voceros en la «sociedad civil», muchos de los cuales se han integrado a la nueva gestión como «técnicos». Susana Villarán tendrá que enfrentar eso que –más allá del poco favor que le hacen los principales grupos mediáticos– la ciudadanía crecientemente percibe como un lento aprendizaje y acomodo de los nuevos funcionarios y directivos frente a una ciudad que exige cambios y ajustes inmediatos.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2011
Programa Urbano
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Los afanes de la inversión en tiempos electorales

Según los Reportes de Vigila Perú y otros informes del Grupo Propuesta Ciudadana, la capacidad de gasto anual de los gobiernos regionales bordea el 50% de los recursos disponibles para inversión. Las fuentes que generalmente no se utilizan en su totalidad son: (i) canon y sobrecanon, (ii) recursos directamente recaudados y (iii) recursos ordinarios; cuya naturaleza no retornable, permite «acumular» dichos fondos para el siguiente ejercicio fiscal.

Un hecho que podría estar contribuyendo al retraso en la ejecución de los presupuestos de inversiones es la lentitud de los equipos técnicos de los gobiernos regionales para viabilizar las ideas de proyecto presentadas en los presupuestos participativos de cada año, es decir, para convertirlas en proyectos a nivel de SNIP. Por esta limitación se dejan recursos sin invertir con significativos retrasos en su asignación.

El desenlace del cual hemos sido testigos en más de una ocasión es que los recursos no programados en el presupuesto participativo, asociados a las fuentes referidas en el primer párrafo, se acumulan entonces para el final de la gestión de las autoridades regionales, sirviendo de «colchón» para una gestión populista y afanes electorales de último minuto.

Esta tendencia configura un escenario más complejo si se suma a las recientes normas que establecen la obligación de los presidentes regionales que pretendan reelegirse, de solicitar licencia 120 días antes de la elección, mientras que aquellos que quieran postular a las alcaldías de provincias o distritos deben hacerlo seis meses antes. Esto quiere decir que las autoridades regionales tienen, dependiendo del caso, hasta abril o hasta junio para ejecutar el presupuesto de inversión directamente, a partir de ahí, cualquiera fuere la dirección de sus afanes, ellos ya no podrán ser los protagonistas del gasto. Como se puede ver, al «embalse» presupuestal observado se suma ahora la premura por gastar antes de tener que abandonar el cargo. Esto nos hace preguntarnos si el criterio con el cual se harán las inversiones en los meses venideros estará alineado con los objetivos del desarrollo regional. Todo indica que no será así.

En el caso de Huancavelica, si bien es cierto que el gobierno regional tiene una capacidad de ejecución mayor al promedio nacional, ello no se refleja en el mejoramiento de las condiciones de vida de las zonas tradicionalmente deprimidas, como es el caso del sur de la Provincia de Huaytará, donde no se ha llegado a gastar ni siquiera el 2% de esos recursos. Santiago de Chocorvos, Córdova, Ocoyo, Laranmarca, San Francisco de Sangayayco, son sólo algunas de las localidades que no conocen inversión alguna de la actual gestión.

A la luz de estos problemas en la gestión regional de los recursos, es preciso analizar el rol de importantes experiencias como el presupuesto participativo. Éste ayuda a recoger información veraz sustentada en las aspiraciones de la población –como la tecnificación de los sistemas de riego, la utilización eficiente de los recursos hídricos, el pago por servicios ambientales, canon hídrico, entre otros–. Creemos en la necesidad de profundizar la descentralización y la regionalización, señalando los múltiples obstáculos que existen para priorizar las verdaderas necesidades de inversión de las poblaciones del interior del país, sobre todo en contextos tan caldeados como los meses previos a las elecciones.

Enlaces de interés

• Ley 29470 que establece la obligación de renunciar o solicitar licencias sin goce para los presidentes regionales que deseen postular en las elecciones de octubre.
• Decreto 097-2009-EF que establece –excepcionalmente- la obligación de los proyectos del presupuesto participativo 2010, de tener un Perfil registrado en el SNIP.
• “El MEF hace peligrar presupuesto participativo”. Análisis de Otra Mirada sobre el Decreto 097-2009-EF.
  

desco Opina - Regional / 26 de marzo de 2010
Programa Sierra Centro

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Participación y Presupuesto Participativo en Lima Sur

desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009

El Presupuesto Participativo (PP) ha sido, a pesar de todas sus limitaciones, uno de los procesos más dinámicos, en la escala distrital, entre los gobiernos locales y la población representada en sus organizaciones. En el caso de Lima Sur, el programa urbano de desco realiza en forma periódica una evaluación del proceso de organización y definición de los Presupuestos Participativos en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín. Esta evaluación, que culmina en un Reporte de Vigilancia, se realiza en el marco del Sistema de Evaluación Seguimiento y Evaluación-SISE.

Aunque pueden constatarse avances significativos, hay pendientes de gran prioridad para consolidar el mecanismo. Referido a los pasos previos al lanzamiento del proceso, por ejemplo, es aún un reto de los municipios –en especial en el caso de Lurín– incorporar en mejores condiciones a representantes de la sociedad civil en los Equipos Técnicos que diseñan las etapas del PP, a fin de garantizar un diseño consensuado, ajustado a las particularidades del tejido social local.

Otro asunto, de gran actualidad en el marco de la crisis económica mundial, a la que el país no es ajeno, es la reducción de la recaudación por IGV, pilar fundamental del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, que es el mecanismo por el cual el Estado redistribuye sus ingresos entre los gobiernos locales, y que representa un monto más significativo cuan más pobre es el distrito y limitada la economía municipal. En este sentido, el porcentaje que los municipios destinan a la programación participativa podría verse afectado al verse reducidos sus ingresos globales. Actualmente, es Villa El Salvador el que mantiene una mayor proporción de su presupuesto total sujeto a mecanismos de decisión participativa, mientras que al otro lado de la escala se encuentra Villa María del Triunfo. La eventual reducción de estos márgenes redunda no sólo en la salud del proceso de PP, sino que a la larga este desgaste puede alterar los delicados equilibrios entre sectores organizados y las gestiones ediles, polos siempre propensos al enfrentamiento.

No obstante esta tendencia, es de notar que hasta el 2008, mientras los recursos para el proceso crecieron en términos globales, el número de agentes participantes inscritos en el proceso fue disminuyendo. Para hacer más compleja esta paradoja, fue en Villa El Salvador, donde el tejido de organizaciones es más denso, donde se registró con más fuerza esta reducción. Cabe entonces preguntarse en qué radica el desempate entre esta ventana de participación en el gobierno local y la dinámica y los intereses de las organizaciones, que empiezan a perder interés en el proceso.

Quienes sí parecen encontrar atractivo en el PP son los partidos políticos. Es en Villa El Salvador en que dos organizaciones de este tipo han decidido ingresar al proceso, que en general se había caracterizado por concitar organizaciones llamadas «de base»: principalmente vecinales, funcionales (como comedores populares y vasos de leche) y unas pocas de grupos de interés, como culturales y juveniles. No obstante la orientación política que seguramente subyace a estas organizaciones, es la primera vez que se registra la participación directa de partidos.

Esta situación puede representar tanto una oportunidad de ampliar el alcance programático del PP –al presentar de manera directa los encuentros entre democracia representativa y democracia participativa– como un peligro si la vocación de estos núcleos partidarios es la de priorizar la obtención de obras en espacios reducidos, que redunden en una buena performance dirigencial con miras a mejorar sus posibilidades electorales, sacrificando inversiones que respondan a una lectura integral del territorio.

Apuntando a la amplitud del proceso de PP como un derrotero para mejorar su calidad, se vislumbra como importante, como parte de una agenda de acciones conjuntas para los municipios de Lima Sur, la tarea de homogenizar los instrumentos de registro e identificar claramente los tipos de agente participante inscritos a los Presupuestos Participativos. Ello facilitaría conocer a las organizaciones posicionadas y permitiría analizar el tipo de organizaciones a las que resulta necesario dirigir la convocatoria, de modo que los procesos sean inclusivos y brinden un nuevo marco de acción para organizaciones dinámicas, como lo son las juveniles y las que representan agendas orientadas por principios de equidad, como las de mujeres, claves en la renovación de ese joven proceso.


desco Opina - Regional / 9 de octubre de 2009
Programa Urbano

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