El gran escollo para
formular mínimamente un sistema de cuidados en el Perú es la transformación de
la noción imperante de paternidad, algo palpable incluso en la legislación,
que, aparentemente, debiera ser un factor decisivo para el cambio.
Las leyes 26644 y 29409
que otorgan el derecho a la licencia por maternidad y por paternidad, no consideran un
enfoque de género,
refuerzan el rol de la mujer como cuidadora y no permiten que las madres
trabajadoras coordinen sus responsabilidades familiares y laborales.
Específicamente, la ley
29409 establece el derecho del trabajador de la actividad pública y privada,
incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a una licencia
remunerada por paternidad, por diez días, en caso de alumbramiento de su
cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la
familia.
Para algunos
consultores,
dicha ley no solo ofrece un plazo limitado para el descanso del padre
trabajador, sino que además, establece una diferencia de trato económico frente
a la licencia por maternidad: mientras ésta última es asumida por EsSalud, la
de paternidad corre a cargo del empleador.
Más aún, se legisla
sobre una situación ideal, en la que no se contempla explícitamente aquellos
casos de padres adoptivos, solteros o no convivientes. En la práctica, estos grupos
parentales están sujetos a las interpretaciones favorables o a las políticas
internas de las empresas más formales y grandes. Por otro lado, la norma no
establece un criterio claro sobre cómo calcular la remuneración durante esos
días y, en ese sentido, muchas empresas consideran el sueldo básico excluyendo
las comisiones o pagos variables, lo que puede significar casi la mitad del
ingreso perdido para el trabajador.
Más allá de la
adecuación normativa, que dicho sea de paso, es más que insuficiente, los factores decisivos
que definen la continuidad del problema, se manifiestan en otras dimensiones. Por
ejemplo, según encuestas recientes, más del 50% de los
peruanos aún cree que las mujeres deben priorizar las tareas del hogar sobre
sus propios proyectos personales, reduciendo la participación activa de los
padres en la crianza.
El resultado de esta
percepción es que las mujeres peruanas dedican
más del doble del tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado. Es decir, pese a que
se han producido avances hacia una distribución más equitativa de estas
responsabilidades, la carga de trabajo doméstico sigue recayendo
desproporcionadamente sobre las mujeres, lo que limita el tiempo disponible
para el trabajo remunerado o el desarrollo personal.
A ello debe sumarse la
raigambre de los prejuicios empresariales, que consideran el embarazo y la
licencia como un “sobrecosto” laboral, lo cual se traduce en discriminación
indirecta, especialmente hacia las mujeres.
Otra cuestión central,
pero poco debatida, es que más del 60% de los hogares con hijos menores de 18
años está liderado por madres
solas.
Incluso cuando el padre está presente, no siempre ejerce un rol activo o
afectivo.
También debe
consignarse el limitado acceso a los programas de formación. Aunque existen
iniciativas como “Hombres por la Igualdad” del programa Warmi Ñan, que buscan
deconstruir estereotipos y promover nuevas masculinidades, su alcance aún es
limitado.
Ante esta situación, se
está considerando la necesidad de ampliar la licencia de paternidad, como se hace en
Islandia,
para fomentar el involucramiento desde el nacimiento. En esa dirección, todo
parece indicar que las campañas nacionales de sensibilización, al estilo de MenCare, permiten obtener
buenos resultados. Otros mecanismos son los talleres comunitarios para hombres,
que se implementan con
éxito en Chile
o el programa Pai
Presente,
en Brasil, que facilita el reconocimiento legal de la paternidad y promueve el
vínculo afectivo entre padres e hijos, especialmente en contextos de abandono o
separación.
Como vemos, abundan las
experiencias que podríamos adaptar en nuestro país. Lo que necesitamos, entre
otras iniciativas, es voluntad política, especialmente para mejorar la medición
y visibilización del trabajo no remunerado; aumentar la inversión pública en
infraestructura de cuidados, fundamentalmente en guarderías, centros de día
para adultos mayores, y redes de apoyo domiciliario; aplicar herramientas, como
las desarrolladas por ONU Mujeres y la OIT, para estimar déficits de cuidado,
costos de inversión y beneficios económicos; incentivar a empresas a ofrecer
servicios de cuidado, horarios flexibles y corresponsabilidad familiar.
desco Opina / 27 de junio de
2025
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