Del machismo al cuidado: modificando masculinidades en clave peruana

 

El gran escollo para formular mínimamente un sistema de cuidados en el Perú es la transformación de la noción imperante de paternidad, algo palpable incluso en la legislación, que, aparentemente, debiera ser un factor decisivo para el cambio.

Las leyes 26644 y 29409 que otorgan el derecho a la licencia por maternidad y por paternidad, no consideran un enfoque de género, refuerzan el rol de la mujer como cuidadora y no permiten que las madres trabajadoras coordinen sus responsabilidades familiares y laborales.

Específicamente, la ley 29409 establece el derecho del trabajador de la actividad pública y privada, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a una licencia remunerada por paternidad, por diez días, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia.

Para algunos consultores, dicha ley no solo ofrece un plazo limitado para el descanso del padre trabajador, sino que además, establece una diferencia de trato económico frente a la licencia por maternidad: mientras ésta última es asumida por EsSalud, la de paternidad corre a cargo del empleador.

Más aún, se legisla sobre una situación ideal, en la que no se contempla explícitamente aquellos casos de padres adoptivos, solteros o no convivientes. En la práctica, estos grupos parentales están sujetos a las interpretaciones favorables o a las políticas internas de las empresas más formales y grandes. Por otro lado, la norma no establece un criterio claro sobre cómo calcular la remuneración durante esos días y, en ese sentido, muchas empresas consideran el sueldo básico excluyendo las comisiones o pagos variables, lo que puede significar casi la mitad del ingreso perdido para el trabajador.

Más allá de la adecuación normativa, que dicho sea de paso, es más que insuficiente, los factores decisivos que definen la continuidad del problema, se manifiestan en otras dimensiones. Por ejemplo, según encuestas recientes, más del 50% de los peruanos aún cree que las mujeres deben priorizar las tareas del hogar sobre sus propios proyectos personales, reduciendo la participación activa de los padres en la crianza.

El resultado de esta percepción es que las mujeres peruanas dedican más del doble del tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado. Es decir, pese a que se han producido avances hacia una distribución más equitativa de estas responsabilidades, la carga de trabajo doméstico sigue recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres, lo que limita el tiempo disponible para el trabajo remunerado o el desarrollo personal.

A ello debe sumarse la raigambre de los prejuicios empresariales, que consideran el embarazo y la licencia como un “sobrecosto” laboral, lo cual se traduce en discriminación indirecta, especialmente hacia las mujeres.

Otra cuestión central, pero poco debatida, es que más del 60% de los hogares con hijos menores de 18 años está liderado por madres solas. Incluso cuando el padre está presente, no siempre ejerce un rol activo o afectivo.

También debe consignarse el limitado acceso a los programas de formación. Aunque existen iniciativas como “Hombres por la Igualdad” del programa Warmi Ñan, que buscan deconstruir estereotipos y promover nuevas masculinidades, su alcance aún es limitado.

Ante esta situación, se está considerando la necesidad de ampliar la licencia de paternidad, como se hace en Islandia, para fomentar el involucramiento desde el nacimiento. En esa dirección, todo parece indicar que las campañas nacionales de sensibilización, al estilo de MenCare, permiten obtener buenos resultados. Otros mecanismos son los talleres comunitarios para hombres, que se implementan con éxito en Chile o el programa Pai Presente, en Brasil, que facilita el reconocimiento legal de la paternidad y promueve el vínculo afectivo entre padres e hijos, especialmente en contextos de abandono o separación.

Como vemos, abundan las experiencias que podríamos adaptar en nuestro país. Lo que necesitamos, entre otras iniciativas, es voluntad política, especialmente para mejorar la medición y visibilización del trabajo no remunerado; aumentar la inversión pública en infraestructura de cuidados, fundamentalmente en guarderías, centros de día para adultos mayores, y redes de apoyo domiciliario; aplicar herramientas, como las desarrolladas por ONU Mujeres y la OIT, para estimar déficits de cuidado, costos de inversión y beneficios económicos; incentivar a empresas a ofrecer servicios de cuidado, horarios flexibles y corresponsabilidad familiar.

 

desco Opina / 27 de junio de 2025

Un debate a la peruana: los retiros de fondos de las AFP

 

El jueves 11 de abril, el pleno del Congreso decidió aprobar un nuevo retiro de fondos de las AFP, con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Debido a esto, los peruanos afiliados –y que cuenten con fondos– podrán retirar hasta 4 UIT (US$ 5.500).

Tras la votación, algunos de los congresistas se manifestaron en sus redes sociales para celebrar los resultados. Por ejemplo, JoséLuna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que se impuso la voz del pueblo: “El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tras tres contundentes marchas que Podemos Perú lideró. ¡Lo logramos!”

De acuerdo con estimaciones previas, la medida significa la salida de más de US$ 9 mil millones del sistema privado de pensiones y que 7 millones de peruanos se queden sin ahorros para la jubilación. Seguramente, esto último es lo que tuvieron en consideración los integrantes de la bancada de Fuerza Popular para, luego de dar sus votos para aprobar la ley, publicaran un comunicado señalando que su objetivo era impulsar una reforma del sistema de pensiones y no solo el retiro parcial de los fondos, para “asegurar una vejez digna para todos los peruanos con el sistema de pensión por consumo”.

En otras palabras, nos ejemplifican como la política es también un medio para quedar bien con Dios y con el diablo, hasta donde se pueda, claro está. Por eso, la congresista Sigrid Bazán señaló que “la hipocresía fujimorista siempre queda retratada. Durante el debate se negaron al retiro de las 4 UIT de las AFP, pero al final votan en verde para la foto”.

Obviamente, las AFP pusieron el grito en el cielo, nuevamente. Criticaron que los fondos que administran se hayan convertido en una continua fuente de liquidez para los afiliados, trastocando su objetivo, es decir, asegurar una renta jubilatoria.  Al cierre del 2023, estos fondos representaban el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), proporción muy inferior a la que implicaban, cuatro años atrás (23%). Esta situación, según Elmer Cuba, de Macroconsult, está conduciendo al desmontaje del sistema privado de pensiones y, como consecuencia, si vamos por este rumbo, “solo uno de cada 10 peruanos va a tener pensión en la vejez”.

Como suele suceder entre nosotros, cada vez con mayor frecuencia, parece que uno y otro lado apoyan sus posiciones en supuestos imaginados. Veamos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Perú está conformada por alrededor de 18 millones de personas. De este total, el empleo formal abarca a 4 millones de personas, mientras que el trabajo informal llegó a una cifra récord de 9.7 millones de personas en zonas urbanas durante el año móvil julio 2021-junio 2022; a esta cifra debe agregarse la que arroja la informalidad laboral rural. Esto significa, como sabemos, que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal.

En cuanto a la distribución por género, el 44.7% de la población ocupada en Perú son mujeres, mientras que el 55.3% son hombres. Además, hay un dato por demás significativo que atañe al motivo de este artículo: se observa un aumento en la población ocupada de 45 años o más, mientras que el grupo de 14 a 24 años ha disminuido.

Recordemos, para contextualizar adecuadamente, que los trabajadores informales son aquellas personas que tienen una ocupación, pero no cuentan con beneficios sociales o cuyos trabajos no están registrados. Por otro lado, los trabajadores formales cuentan con vínculos laborales sujetos a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social.

Pero, debemos prestar cuidado al hecho de que el empleo informal no está concentrado exclusivamente en el sector informal. En efecto, como señalael INEI, el empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él.

Es decir, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son “formales”: sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etc. Significativamente, el desagregado territorial de estas variables, dan como resultado que el lugar donde existe mayor informalidad laboral en el sector formal es la provincia de Lima, con el 22%. 

De otro lado, luego del quinto retiro de fondos de las AFP, se constató que el 70% de los afiliados activos habían retirado (total o parcialmente) sus fondos de pensiones. En este punto, el mayor porcentaje de afiliados con retiros fue el rango de 31 a 40 años (80% de este grupo retiró); es decir, se trata de una población joven que, al retirar o agotar su fondo, acorta el ciclo laboral de ahorro jubilatorio. En promedio, en esa ocasión, los afiliados retiraron en promedio el 82.1% del ahorro jubilatorio.

Sin embargo, para modular el impacto general de esas cifras, debe decirse que al 2023, los afiliados al sistema privado de pensiones eran 9 millones 220 mil 198 personas, mientras que los afiliados al sistema nacional totalizaban 4 millones 624 mil 201. De ellos, cotizantes activos solo fueron 3 millones 839 mil 547 en el caso del sistema privado y 1 millón 433 mil 679 en el del sistema nacional.

Asimismo, actualmente el total de pensionistas que cubren las AFP es de 203,443, el sistema nacional otorga cobertura a 738, 358 y en Pensión 65 tenemos a 627,924; totalizando 1 millón 569 mil 725 pensionistas. Pero, en el Perú existen 4 millones 140 mil adultos mayores, lo que significa que el 62% de esta población no tendría ninguna cobertura jubilatoria.

Ahora bien, al remitirnos a las estadísticas del INEI, constataremos que más allá de las preocupaciones sobre la pérdida de su rentabilidad que presentan las AFP o la extravagante apelación “al pueblo” que hace el congresista Luna, se yergue un drama nacional invisible y de connotaciones graves.

Cuando discutimos sobre las pensiones nadie refiere a los actores centrales en este asunto. Resulta que el 38,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años y que, del total de hogares del país, el 25,2% tiene como jefa o jefe de hogar a una persona adulta mayor. Además, la población adulta mayor con algún problema de salud crónico es del 78,6% y que el 42.7% de las personas con discapacidad son adultos mayores.

En realidad, lo que han venido planteando los funcionarios de las AFP y los congresistas es como desligar la producción de los sistemas de cuidados. En sus cabezas, esto último forma parte de lo que llaman “sobrecostos”. Es decir, creen que en la consabida centralidad que le otorgan al PBI no cabe interés alguno en cómo van a sostenerse los adultos mayores y las familias que dependen de ellos o, en su defecto, de las cuales dependen.

Aunque les suene extraño y paradójico, el cuidado es una parte central de la vida socioeconómica y esto no es tomado en cuenta cuando se licúan los ahorros hoy sacrificando el futuro, desplazando los costos a la sociedad y sin ofrecer alternativa alguna al vaciamiento de los fondos previsionales; o cuando los pensionistas son considerados simplemente como instrumentos de rentabilidad y miden su existencia desde la cantidad de soles que pueden ahorrar y no deberían gastar, aun cuando las urgencias del presente apremien.

Debe darse una solución para todos los trabajadores, mediante propuestas consistentes desde el Legislativo sobre un fondo pensionario que aspire a su universalización.

 

 

desco Opina / 19 de abril de 2024

Aún lejos de la equidad

 

A semejanza de lo evidenciado en otros ámbitos, las condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas de nuestro país sea efectivamente garantizado, no van a producirse desarrollando solamente una buena legislación al respecto.

Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones como, por ejemplo, la educación en todos sus niveles y su mayor inclusión en el mercado laboral: cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la media latinoamericana.

Aun así, hay grandes desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. Así, si uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas, esto no ha sido suficiente para equiparar su situación con la de los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó constancia que las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Además, en promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico; así, mientras los hombres dedican 15 horas con 54 minutos a la semana a actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos, es decir 23 horas con 34 minutos más que los hombres. En cambio, los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos.

Por otro lado, al año 2020, el 36,0% de las mujeres de 14 y más años de edad no tenían ingresos propios, siendo esta proporción 1,8 veces mayor que la de los hombres (19,7%). En esa línea, la brecha más significativa se presentaba en las mujeres del área rural, donde 33,6% de ellas no tenían ingresos propios, mientras que, en el caso de los hombres, era el 11,4%.

La falta de autonomía económica implica ausencia de ingresos propios y determina una mayor pobreza individual. Los perceptores de ingresos propios, con frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus ingresos, mayores posibilidades de reservar parte de su dinero para gastos individuales y mejores posibilidades de enfrentar su manutención, especialmente si hay cambios en la conformación familiar de origen.

En suma, en promedio, durante los últimos 10 años, el ingreso promedio mensual de la mujer peruana ha sido menor en 33,5% al de los hombres.

Incluso cuando trabajan por una remuneración, las mujeres peruanas tienden a estar sobrerrepresentadas en el sector informal que, en nuestro caso, es relativamente grande, lo que crea una barrera que les impide acceder a trabajos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad. Con un 75%, la tasa de empleo informal de las mujeres trabajadoras es significativamente más alta en el Perú que en el resto de América Latina.

Al mismo tiempo, es más probable que las trabajadoras perciban un ingreso bajo y menos factible que asciendan a puestos gerenciales. Además, es mucho menos probable que las niñas estudien en los campos más lucrativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

¿Qué debe hacerse? Seguramente, cosas que son del conocimiento general pero que nunca se han colocado entre las prioridades de los gobernantes como garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas, proporcionando apoyo adicional a niñas vulnerables y madres adolescentes, y recompensando los beneficios de completar los estudios.

Además, se requiere implementar una política de promoción al acceso de las mujeres a roles de liderazgos y gerenciales; proporcionar incentivos en el mercado laboral formal para la atracción de trabajadoras; apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres, facilitándoles la formalización y el acceso a servicios indispensables para la sostenibilidad del emprendimiento que llevan a cabo.

 

desco Opina - Regional / 24 de noviembre de 2023

descoCiudadano